Salhaketa asegura que la situación «sigue empeorando»

La situación de la prisión alavesa de Langraiz sigue siendo «insostenible». Es más, «ha empeorado» respecto a los últimos meses. Así lo hicieron saber en la mañana de ayer los portavoces de Salhaketa, Marta Aldanondo y Cesar Manzanos. Este último fue quien explicó que una cárcel que cuenta con capacidad para 550 plazas, acoge, actualmente, a más de 700 personas. A esta razón hay que sumarle la presencia, «cada vez mayor», de drogas adulteradas de todo tipo. Tras asegurar que el centro se encuentra «infectado», lamentó que «no se está tomando ninguna medida» al respecto. A todo ello agregó el hecho de que las condiciones higiénico-sanitarias hayan empeorado. Aseguró que las personas que enferman, algo que sucede frecuentemente durante los meses de invierno debido al «intenso frío que padecen, no quieren ir a la enfermería, con el riesgo de contagio que ello conlleva, porque es como si te condenarán a aislamiento». A todas estas razones agregó la «nefasta gestión» que, según Manzanos, ha tenido la dirección de la prisión durante todo este tiempo. «Ha tenido una línea de mano dura para con los presos pero no para garantizar la seguridad ni de sus funcionarios ni de las personas que están allí internadas», insistió. Salhaketa denunció que las muertes ocurridas en los últimos meses «no son más que una crónica anunciada y la punta del iceberg de la situación» que, a su juicio, «en general, se vive, en el sistema penitenciario español». Y advirtió que a pesar de que «dentro de quince días o un mes nos encontremos con otro muerto», quieren hacer creer que en la prisión de Langraiz «no pasa nada». Nueve muertes no naturales Manzanos quiso subrayar el número de personas presas fallecidas desde diciembre de 2004 en el centro penitenciario. «Se ha muerto una persona por causas naturales y nueve por motivos no naturales», manifestó. Respecto a estas últimas, seis lo hicieron dentro de la prisión, dos nada más abandonar la misma y otro alavés que falleció en El Dueso «al día siguiente» de ser trasladado desde Langraiz a Galicia. «Es importante que no nos olvidemos de esta cantidad», sostuvo. Así las cosas, solicitó el «inmediato cierre cautelar» de la prisión así como una investigación por parte del Congreso de Diputados de Madrid y del Gobierno de Lakua, que se encargue de evaluar «si las condiciones de prisión se ajustan a derecho». También pidió la destitución de la actual dirección de la cárcel. Aseguró que el "plan de choque" anunciado el pasado mes de julio por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para hacer frente a esta actual situación «no se está aplicando». Una iniciativa que, tal y como recordó, contemplaba el traslado de 50 personas presas y otras dos medidas que el portavoz de Salhaketa calificó de «absolutamente vergonzosas». Es decir, impartir cursillos de formación a los funcionarios con el fin de que tengan conocimiento alguno en torno a la prevención de suicidios e implicar a personas presas en tareas de prevención de suicidio a cambio de beneficios penitenciarios. «Estamos hablando de que en Langraiz hay un 80% de personas con problemas de enfermedad mental, y muchas de ellas deberían de estar en un centro psiquiátrico. Trabajar con ellos requiere especialistas», manifestó. A su entender, dicha iniciativa responde a «una cortina de humo» que únicamente pretende «vender algo que nunca ha podido hacer, que no es otro que el proyecto de construcción de macrocárceles». Recordó, al respecto, la intención de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de crear un centro de 1.008 celdas en Zubieta. «Algo que supondría 2.000 personas presas, teniendo en cuenta que se vulnera el derecho de tener una celda individual por preso». Manzanos se mostró al mismo tiempo «muy preocupado» por la «falta de implicación» que, a su juicio, tienen las autoridades judiciales al respecto. Citó, en particular, la «desidia» del Ministerio fiscal español para que «se puedan investigar de oficio» todos estos fallecimientos. Macrocárceles Como respuesta a esta situación, recordó que desde Salhaketa se está trabajando en la elaboración de la denominada Plataforma Vasca en contra de las Macrocárceles y a favor de un Nuevo Modelo de Ejecución Penal. Remarcó, así, la necesidad de que haya «un verdadero plan de intervención en el ámbito del apoyo y la reinserción social», en vez de «vertederos de seres humanos». A su juicio, los planes de la institución que dirige Mercedes Gallizo «no hacen sino asentar la apuesta» por un modelo de ejecución penal fundamentado en convertir el encarcelamiento de personas «en un negocio que va desde la construcción de las infaestructuras, hasta la gestión y administración de los centros». En relación con el manifiesto elaborado al respecto, Manzanos anunció que ha solicitado la adhesión al mismo de más de 60 partidos políticos, sindicatos y colectivos sociales. Se ha pedido la comparecencia en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Gasteiz así como reuniones con todos ellos, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias o el Ararteko, entre otros. Otra de las tareas pendientes pasa por conseguir la implicación de aquellos Ayuntamientos en los que están ubicadas las prisiones. También se pretende apelar a instancias internacionales como, por ejemplo, el Observatorio Europeo de Prisiones o Amnistía Internacional. A pesar de la delicada situación que padecen en Langraiz, Salhaketa valoró «muy positivamente» la iniciativa de «algunas» formaciones políticas y sindicatos de intervenir institucionalmente «mediante actos y declaraciones públicas». Manzanos señaló al respecto que es lo que ha propiciado la comparecencia que realizará esta misma semana el ministro de Interior español en el Congreso de los Diputados de Madrid con el fin de dar explicaciones en torno a la situación del centro penitenciario. Mostró, asimismo, su satisfacción con la actuación de la consejería de Justicia del Ejecutivo de Lakua al solicitar medidas de control así como con la sensibilidad mostrada por los medios de comunicación. Reunión de Azkarraga y Gallizo el jueves en Madrid El consejero de Justicia del Gobierno de Lakua, Joseba Azkarraga, acompañado por el director de Derechos Humanos del Ejecutivo, Txema Urquijo, acudirá el jueves a Madrid con el fin de reunirse con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Azkarraga trasladará a la directora de dicha institución, Mercedes Gallizo, su preocupación por la situación de la prisión de Langraiz y se interesará por las medidas a tomar. El ex subdirector de seguridad vuelve a declarar este jueves Salhaketa llamó a la sociedad en general a participar en la concentración que el próximo jueves, a las 11.00, se desarrollará frente al Palacio de Justicia de Gasteiz. Está previsto que a partir de dicha hora vuelva a declarar como imputado el ex subdirector de seguridad del centro penitenciario ante las denuncias interpuestas por dos presas por presuntas coacciones sexuales. Marta Aldanondo anunció que éste no será el único en pasar ante el juez. El director de la prisión de Langraiz también está llamado a declarar como testigo. Señaló que las diligencias abiertas a raíz de dichas denuncias siguen adelante al igual que las diligencias previas que se iniciaron con motivo del primer comunicado que se realizó desde Salhaketa denunciando esta situación. Todas ellas están actualmente unidas en un único procedimiento. Concretamente, en el Juzgado de Instrucción número 2. Se trata de la segunda vez que el ex subdirector de seguridad acude a declarar como imputado. La primera fue el pasado mes de junio. Carta con denuncia Aldanondo manifestó al mismo tiempo que en los últimos días Salhaketa ha recibido una carta de un preso, que actualmente se encuentra en Coruña, en la que denuncia unas presuntas coacciones sexuales hacia la novia de su hermano. Así las cosas, esta mujer también ha sido citada para este mismo jueves. Aprovechando la comparecencia realizada ayer en la sede que el colectivo tiene en Gasteiz, Cesar Manzanos solicitó, junto a la destitución de la actual dirección de la prisión de Langraiz, «el abandono inmediato» del dimitido subdirector de seguridad «para evitar influir en posibles nuevas coacciones a mujeres presas». Aseguró, en este sentido, desconocer si a fecha de hoy esta persona sigue trabajando o no en el centro penitenciario.

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