12-9, marchamos por el sobreseimiento de Esteche y Lescano - causa Sobisch. Comodoro Py, 10hs.

Este próximo MIERCOLES 12 de septiembre se llevará a cabo la Audiencia de la Cámara de Casación por las condenas a nuestros compañeros por el escrache al local partidario del asesino Jorge Sobisch.

Allí presentaremos los argumentos por lo que consideramos que nuestros compañeros deben ser absueltos. La única forma de que Fernando Esteche y Raúl “Boli” Lescano no sean llevados a prisión es que sean sobreseídos en la causa.

En abril de 2010, en un juicio que duró pocos días, Fernando Esteche fue condenado a 3 años y 8 meses, y Raúl Lescano a 3 años y 6 meses.

Esteche, tal como lo aceptaron los jueces que lo condenaron, no participó de los sucesos que se juzgan. Tal como también lo dijeron explícitamente esos mismos jueces, Fernando Esteche es condenado por ser un referente de Quebracho, atribuyéndole “autoría” o “responsabilidad ideológica”. Mientras tanto, Sobisch, quien mandó a reprimir a los docentes el día que Fuentealba fue asesinado, sigue impune. Como Duhalde, como De la Rúa, como tantos cómplices civiles de la última dictadura militar.

Se demuestra nuevamente el doble rasero de la "justicia": una justicia para los militantes populares, otra justicia para los poderosos.
También resolverán sobre el resto de las condenas, si confirman o no las condenas de tres años a otros seis compañeros (Osvaldo“Pantera” Lizzano, Francisco “El Churro” Da Silva, Joaquín Isasi, Facundo Lafit, Matías Lafit y Tomas Lafit).

Recordemos que estos compañeros del MPR-Quebracho UNA VEZ MAS están siendo juzgados por luchar, en este caso por repudiar el asesinato de Carlos Fuente Alba (docente) por parte del asesino Jorge Sobich, ex gobernador de Neuquén. Recordemos que estos compañeros salieron inmediatamente a manifestarse en contra del asesinato del maestro por parte de la policía de Neuquén, ordenado por el Gobierno local, señalando la cueva (un local partidario) de Sobisch en Bs.As. Hoy son acusados y pueden ir a prisión por esas manifestaciones.

Producto de la represión y persecución de militantes ese día, varios compañeros tuvieron que pasar meses en el penal de Marcos Paz, primero, y Ezeiza después. Los últimos en ser liberados fueron precisamente Esteche y Lescano (detenido por personal de civil de la Federal el 17/4/07, al finalizar el acto por el Día Internacional del Preso Político) sólo luego de una huelga de hambre que llegó a 43 días.

Miércoles 12 de septiembre a las 10:00hs. Tribunales de Comodoro Py. Concentramos en Plaza Canadá.

DOSSIER
Por el sobreseimiento de Fernando Esteche y Raúl “Boli” Lescano
Causa escrache al local partidario de Sobisch - 2007
El 15 de junio de 2010 el Tribunal Oral Federal n° 3 dictó condenas para 8 integrantes de la organización política MPR Quebracho: 3 años y 8 meses para Fernando Esteche y 3 años, 6 meses para Raúl "Boli" Lescano, y 3 años para otros 6 integrantes, por el escrache a un local partidario de Jorge Sobisch realizado en abril de 2007 a raíz del asesinato del docente Carlos Fuentealba en la provincia de Neuquén.

Por entonces, los más humildes de las barriadas, los que elegimos y pudimos desembarazarnos del punterismo de la política perversa, los invisibilizados y olvidados, tuvimos el descaro de llegar a la hostil Capital Federal e ir al local partidario de Jorge Sobisch. Envestimos contra ese lugar, en la medida de nuestras posibilidades, de nuestros capitales políticos, de nuestras fuerzas. Y se enteraron en toda la Argentina que en la Capital Federal hubo un puñado de argentinos protestaron desde las tripas contra los asesinos de quien consideraban su compañero, Carlos Fuentealba. Muchos fueron detenidos.

Luego siguió la represión sobre nuestra organización no solo en la calle, sino dentro de nuestro local político, donde pretendieron irrumpir por la fuerza a costa de gases lacrimógenos, a los fines de detener a Fernando Esteche, quien finalmente es detenido a varias cuadras del lugar. Días después, el 17 de abril, cuando estábamos realizando un acto en Callao y Corrientes por el día internacional del preso político, con un modus operandi propio de los secuestros de la dictadura, se llevan a golpes y en un auto sin patente a nuestro dirigente Boli Lescano, sin orden de detención alguna, violando todo tipo de derecho constitucional. Tuvimos que emitir un habeas corpus, porque nuestro compañero estuvo alrededor de tres horas “desaparecido”. Mientras que con toda celeridad actuaron sobre nuestra organización, Sobisch participaba de programas de televisión justificando su orden de represión. A ningún juez se le ocurrió siquiera citarlo para pedirle explicaciones por el asesinato o por la apología del fusilamiento que hizo días y semanas después. Todavía sigue impune.

Fernando Esteche y Raúl Lescano, dirigentes de Quebracho, estuvieron detenidos 6 meses, por fuera de derecho, negándoseles una y otra vez las garantías procesales, argumentando que podrían fugarse. Su extensa prisión preventiva se convirtió así en una condena de hecho, en un castigo. Sólo pudieron salir de prisión a expensas de una huelga de hambre de 43 días, donde Esteche, además de haber perdido 20 kilos de peso, perdió 25% de su masa muscular. Dispusieron a dictar la libertad de ambos, una vez que fueron internados con partes médicos de gravedad.

Luego vino el juicio. Durante cuatro semanas se llevó adelante un debate judicial donde no se discutieron ni juzgaron “hechos” o “acciones”, ni una vidriera rota, ni unos muebles dañados, ni la posible comisión de delito por parte de catorce militantes. No fue así fundamentalmente por la pesquisa ideológica, y el tipo y lo frondoso de las pruebas presentadas, que tenían que ver nada con los vidrios rotos y todo con el pensamiento de nuestra organización política y sus dirigentes. Durante el juicio se convalidaron pruebas recabadas sin ningún tipo de orden judicial: el expediente desnudó las tareas de seguimiento sobre ellos, tareas preventivas, colectando datos e imágenes para posibles futuras imputaciones. Ahí nuevamente se demolieron sus garantías procesales y constitucionales. En el expediente figuraba la participación de Raúl Lescano en un congreso internacional organizado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Chile. ¿Qué tenía que ver eso con los vidrios rotos, si aquel hubiese sido un juicio ajustado a derecho? Pero no fue un juicio ajustado a derecho. Fue un juicio político. Seguramente figuraba esa información porque los jueces consideran terroristas a quienes combatieron contra la dictadura de Pinochet. Otras hojas del expediente resaltaban la palabra “revolución” extraída de nuestros volantes y documentos.

Si allí se hubiesen juzgando hechos, conductas, culpabilidades, Fernando Esteche nunca tendría que haber estado sentado en aquel tribunal. Pero lo estuvo. Todo el tribunal oral, el fiscal general, el fiscal instructor que hizo la elevación a juicio, todos sabían que Fernando Esteche no participó de los hechos que se denunciaban. Pero fue juzgado y condenado. Sus abogados defensores, en todas las instancias, denunciaron la aplicación sobre su persona de lo que se denomina “derecho penal de autor” y “derecho penal del enemigo”. Se lo acusó por lo que es, un militante popular, un dirigente político, sin atribuírsele participación en los hechos.

Nosotros no fuimos a ese debate judicial a reivindicar una vidriera rota como la respuesta mejor y más efectiva contra el asesino, pero sí fuimos a reivindicar nuestro derecho a reclamar contra la impunidad, contra la injusticia.
Podemos decir que allí se juzgó la pobreza, nuestro derecho como hombres y mujeres a existir, a ocupar la calle, a organizarnos, a protestar. Por eso decimos, que no vamos a reivindicar una vidriera rota, unos muebles quemados, pero sí vamos a reivindicar nuestro derecho a putear a reclamar contra la impunidad porque en tanto haya impunidad habrá injusticia y en tanto haya injusticia estarán incubando rebeliones.

Sobre los jueces del Tribunal Oral Federal n°3.
El tribunal designado para el juicio fue, justamente, un tribunal compuesto por hombres que sin ningún prurito se animaron a juzgar a estos militantes pero que sistemáticamente se negaron a juzgar a genocidas, violadores, desfalcadores, roba-bebes: los jueces Larrambebere, Gordo y Pons.

Larrambebere fue juez en Morón e intervino en la causa por los hechos posteriores al copamiento del La Tablada el 23 de enero de 1989. Su intervención fue seriamente cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no investigar los homicidios y torturas cometidos por militares, por el tratamiento dado a los cadáveres de los caídos, por no investigar los desaparecidos y por el rol de la fuerza como auxiliar de la justicia, sin ningún control judicial. Los cuerpos fueron enterrados por su orden sin previo aviso a los familiares y sin realizar las medidas necesarias para establecer si hubo ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. Todo fue denunciado ante el mismo juez Larrambebere. Pero el juez prefirió no investigar ni castigar.

Gordo instruyó siete juicios en el Tribunal Oral Federal n° 5 por delitos de lesa humanidad y resistió con éxito los reclamos para garantizar la publicidad de los procesos. Trabajó hasta septiembre de 1976 en un Tribunal de Familia de Lomas de Zamora que se convirtió en símbolo de la complicidad de la Justicia con el plan sistemático de robo de bebés. El padre de Gordo, general de brigada Angel Andrés Gordo, fue designado por el dictador Jorge Videla como vicepresidente de Somisa. El juez se excusó de intervenir en una causa contra el coronel Mario Gómez Arenas, luego condenado por delitos de lesa humanidad en Neuquén, porque era amigo de su padre.

Pons, en 1985, como juez federal porteño, persiguió a distintos integrantes de la organización Montoneros por denunciar los crímenes de la dictadura. Inició una causa por las mismas razones contra Norman Briski, Juan Gelman, Osvaldo Lovey, Graciela Daleo sobreviviente de la ESMA, y tantos más. Por sus manos fueron tratados como delincuentes subversivos dos ex gobernadores: Obregón Cano, a quien encerró seis años, y Bidegaín. Ambos ganaron elecciones con el voto popular, con la más alta cantidad de sufragio democráticamente emitidos, en los dos principales estados de este país, Buenos Aires y Córdoba. Esos dos hombres, demócratas si los hay, revolucionarios si los hay, tuvieron que pasar los últimos años de sus vidas en la cárcel.

Más acá en el tiempo, este mismo tribunal tuvo el vergonzoso caso IBM-Banco Nación, por el cual nadie estuvo preso ni un día. Estos mismos jueces, por juicio abreviado, pidieron a los acusados devolver lo que pudiesen de las multimillonarias coimas. También tuvieron en sus manos el caso de la estafa del Banco Mayo. Y ahí tampoco nadie fue preso.

Finalmente, el representante del ministerio público, el señor Osorio, es el mismo fiscal denunciado por la familia Kosteki y Santillán como uno de los autores del gran encubrimiento en la causa sobre responsabilidad política contra Duhalde, Álvarez y tantos otros por la masacre del Puente Pueyrredón en 2002. Fue acusado por no investigar ni querer juzgar la autoría política o intelectual de los verdaderos asesinos del Puente Pueyrredón. Quien en todos estos años nunca pudo determinar el origen de cuatro líneas telefónicas, que salvo él, todo el resto sabía que eran de la SIDE.

Estos son los jueces que tuvieron las vidas y libertad de los integrantes de Quebracho en sus manos.

De un lado estuvieron aquellos que se animaron a juzgar a catorce hombres que no ostentan charreteras ni botas, pero que no se animaron a juzgar ni condenar a sus parientes generales o tenientes coroneles ni a ninguno de esos asesinos y violadores. Del otro load estuvieron los militantes populares y su defensa, nutrida justamente por abogados que se animaron a llevar a las cárceles a los genocidas, como la Dra. Liliana Mazea y el resto de los abogados que, como abogados o como parte, o ambas cosas a la vez, querellaron a los genocidas y defienden a los militantes populares, como el Dr. Soares o el Dr. Dib.

Allí quedó expuesto el abismo existente entre el cuerpo de valores del Tribunal que juzgaba y quienes eran juzgados. Allí quedó demostrada la voluntad de un Tribunal para juzgar y condenar a los dirigentes de la organización política Quebracho.

Fuimos y salimos de ese debate judicial con la certeza de que un día las cosas recuperarán su sentido, que los bandidos algún día van a ser llamados bandidos, los ladrones serán llamados ladrones, los asesinos serán llamados asesinos y las calles se llenarán de pueblo; los hombres y mujeres en aquella ocasión acusados, estigmatizados, criminalizados, condenados, un día, cuando las cosas se pongan en su lugar, poblaran las calles y de nuevo andarán con toda la dignidad que tiene nuestro pueblo encima. A los jueces cómplices, los violadores, los roba bebes, a los genocidas, y a los banqueros y gobernadores desfalcadores y fusiladores, este pueblo los va a llamar por lo que son, Hijos de Puta, y a nosotros nos llamaran por lo que somos, compañeros.