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Argentina, Argentina :: 01/09/2025

Argentina: Las crisis en grandes industrias las pagan los trabajadores

Mario Hernández
Celulosa Argentina, Ternium y Acindar enfrentan una caída en la producción y las consecuencias la pagan les trabajadores

Algodonera Avellaneda, La Suipachense, Tía Maruca, Mirgor, Lipo S.A. y Alpargatas, otros ejemplos.

Las crisis industriales se profundizan y golpean a grandes empresas del sector como Celulosa Argentina, Ternium y Acindar. En todos los casos, los efectos recaen sobre los trabajadores, con suspensiones y pérdidas salariales, principalmente.
En el caso de Celulosa Argentina, la empresa ya detuvo la producción en sus plantas de Capitán Bermúdez (Santa Fe) y Zárate (Buenos Aires). En mayo cayó en default, en junio presentó una propuesta de reestructuración financiera que quedó trabada, y al 31 de julio sigue sin resolución. Ya enfrenta un pedido de quiebra.
Mientras tanto, Ternium, del grupo Techint, cerró el primer semestre del año con una pérdida operativa y márgenes históricamente bajos. La producción en su planta de Villa Constitución estuvo paralizada desde el 26 de julio hasta el 4 de agosto.
“Se venía trabajando al 50% de capacidad, con un solo horno en funcionamiento. La situación es grave y crítica”, explicó Pablo “Piparra” González, secretario general de la UOM local. La planta cuenta con 940 trabajadores directos y casi 1.000 más de contratistas.
En Acindar, también propiedad de Techint, aparecen nuevos indicios de reconversión productiva. Las etiquetas del acero que comercializa ya informan origen China y la firma figura como importadora.

Algodonera Avellaneda volverá a pagar la quincena en cuotas

Algodonera Avellaneda anunció que sólo pagará el 70% de la quincena, mientras que el 30% restante sería abonado en los próximos días. Días atrás la firma del Grupo Vicentín despidió a 21 operarios lo que le suma presión a la situación.
El secretario general del Sindicato de Textiles delegación Reconquista, Juan Carlos Bandeo, advirtió que la situación es “complicada”.
Asimismo, señaló que la empresa planteó pagar un 70% de la quincena en estos días y el 30% restante el martes 26 de agosto.
“La empresa no tiene fibra, hay incertidumbre de cómo se va a seguir”, indicó Bandeo. Además, precisó que se están realizando asambleas con los operarios –que trabajan distribuidos en tres turnos de ocho horas–, al tiempo que cuestionó el impacto que un paro tendría en este contexto: “Si esto estaría funcionando normalmente, podríamos realizar una huelga, pero como la mayoría de las máquinas están paradas, es difícil hacer una medida de fuerza. Aparte, si paramos la empresa va a decir que cerró por nuestra culpa”.
El dirigente gremial señaló que la empresa está trabajando con “cuatro o cinco máquinas y quince o veinte operarios, hay una desolación tremenda”, y apuntó: “Si no hay fibra, no se produce, no sé cómo vamos a seguir. Hablé con el ministro de Trabajo (Roald Báscolo), que se comprometió a ver si podía conseguir fibra”.
“Esperaremos al martes a ver qué hacemos. El lunes tenemos una audiencia con la empresa en el Ministerio de Trabajo, para ver cómo seguimos. No sea cosa que a fin de mes o dentro de diez o quince días larguen gente, y que culpen a los trabajadores por lo que está pasando Vicentin”, continuó Bandeo.
La Algodonera Avellaneda es la textil más grande de Reconquista: actualmente tiene entre 350 y 400 trabajadores, sin contar los más de veinte que fueron despedidos semanas atrás. “La quincena ronda los $350.000, pero como van a pagar el 70%, le quedan a deber $90.000 u $80.000, es una miseria”, cuestionó Bandeo.
Por último observó que “a nivel nacional está cortada la venta de hilo y tela”, y responsabilizó de esta situación al gobierno de Javier Milei por abrir las importaciones.

La Suipachense fue tomada por sus empleados y cerraría en 15 días

En agosto de 2025, la crisis de la industria láctea en Argentina se profundiza debido a una combinación letal de factores económicos y estructurales. A pesar de que la producción total de leche muestra un crecimiento del 11% en el primer semestre del año, muchas empresas emblemáticas del sector, como SanCor, Lácteos Verónica y ARSA, enfrentan una grave situación financiera.
Estas firmas sufren atrasos salariales, acumulación de deudas millonarias y cortes en el suministro de materia prima por parte de sus proveedores, lo que reduce drásticamente su capacidad operativa. Las causas son múltiples: la inflación que erosiona los costos y márgenes, la caída del consumo interno, tarifas dolarizadas y la dificultad para acceder a financiamiento a tasas razonables. Esta crisis también se expresa en conflictos laborales con despidos masivos y falta de pago de sueldos, sumiendo al sector en un momento de enorme incertidumbre.
A nivel estructural, el modelo de negocios lácteos en Argentina se encuentra asfixiado, con una cadena de valor poco competitiva y una creciente concentración del mercado que perjudica a los productores y pequeños tambos. La pérdida de poder adquisitivo de los consumidores ha incentivado la migración hacia marcas más económicas, afectando las ventas de las empresas históricas. Además, muchas fábricas enfrentan juicios, procesos preventivos de crisis y están obligadas a reducir su producción o incluso a poner en riesgo su continuidad.
Este escenario impacta directamente en las comunidades rurales y urbanas vinculadas al sector, generando un círculo vicioso de desempleo, cierre de tambos y caída en la producción de leche, con consecuencias socioeconómicas profundas para la región y una industria estratégica para el país.
En este contexto, la histórica planta láctea La Suipachense, símbolo económico y social de la localidad bonaerense de Suipacha, enfrenta una crisis sin precedentes que pone en riesgo su continuidad después de más de 75 años de trayectoria.
En su mejor momento, la fábrica procesaba 250.000 litros de leche diarios; hoy apenas alcanza los 40.000 litros, producto de una profunda crisis financiera, atrasos salariales, deudas millonarias y un fuerte recorte en el abastecimiento de leche por parte de los productores locales.
Ante esta situación, los 140 empleados de la planta, con el aval del gremio Atilra, decidieron asumir la administración con la esperanza de mantener en pie las operaciones básicas y garantizar el pago de salarios, en un contexto donde el grupo venezolano Maralac, actual dueño de la firma, calificó esta medida como una “toma forzada”.
La Suipachense requiere alrededor de 3.000 millones de pesos mensuales para operar, pero actualmente solo logra ingresar aproximadamente 500 millones, creando un déficit imposible de sostener. Esta situación hizo que la planta no pudiera cumplir con los pagos tanto a sus empleados como a los productores que le proveen la leche, lo que ha generado retrasos salariales recurrentes y acumulación de deudas impagables.
Como consecuencia directa, la mayoría de los tambos proveedores cortaron el suministro, dejando a la planta con apenas 40 de los 180 tamberos originales tomando leche para procesamiento.

La Suipachense al borde del cierre

El descenso en la producción no es solo una cifra que refleja dificultades internas; tiene un impacto tangible en la economía local. La planta láctea es uno de los principales motores económicos de Suipacha, un pueblo de 12.000 habitantes, y su deterioro ya se traduce en restricciones crediticias de comercios y proveedores, así como en un ambiente de incertidumbre y temor por un cierre definitivo que afectaría a toda la comunidad.
Además, la situación amenaza con empeorar ante la posibilidad de cortes eléctricos y de gas natural por falta de pago, servicios vitales para mantener la planta en funcionamiento.
La decisión de los trabajadores de tomar la administración de la planta con el respaldo de Atilra busca principalmente sostener las operaciones básicas y garantizar el pago de salarios atrasados, en un gesto desesperado para evitar el cierre definitivo.
Sin embargo, la intervención enfrenta la oposición del grupo Maralac, que desde hace casi una década administra la firma y calificó la toma como una acción ilegal con posibles consecuencias negativas para la continuidad del negocio.
Los empleados y la comunidad local coinciden en que la planta se encuentra en una cuenta regresiva de apenas dos semanas para revertir su situación.
El futuro de La Suipachense parece atado a la llegada urgente de un inversor que pueda inyectar capital fresco y permitir la reactivación económica y productiva. Sin una solución financiera sólida, la histórica láctea podría cerrar sus puertas, no solo poniendo fin a una tradición de más de siete décadas, sino también desatando un impacto económico y social devastador para Suipacha y sus alrededores.

Mirgor suspende 500 obreros y pone en guardia a los metalúrgicos

Esta semana el grupo Mirgor anunció un plan de suspensiones en sus plantas de Industria Austral de Tecnología (IATEC), Famar y Brightstar, que fabrican celulares y otros productos electrónicos. ¿El argumento? La baja en las ventas. Son en total 500 trabajadores y trabajadoras metalúrgicas que no trabajarán una semana por mes. La empresa se comprometió a pagar el sueldo total, pero un porcentaje será “no remunerativo”.
Es un reconocimiento del clima que se vive en la provincia y sobre todo en el polo electrónico de Río Grande, donde están las plantas del grupo.
Las suspensiones con descuentos podrían avivar las brasas que todavía arden de la huelga de mayo, motivada por la quita de aranceles de Milei a los productos electrónicos importados. En ese momento la Cámara empresaria logró un precario acuerdo que implicaba levantar el paro con el compromiso de no afectar los puestos de trabajo hasta diciembre.
Mirgor fue el principal impulsor del acuerdo. Quería cumplir con los contratos que ya tenía firmados pero también negociar con el gobierno algunos “favores a cambio”. Si bien logró la quita de aranceles a los productos fueguinos en el continente y la “venta directa”, no se conformó. La recesión económica ha bajado sus ventas. Que no es lo mismo que decir que la empresa de Nicolás Caputo tenga alguna crisis. La empresa informó en marzo que tuvo 96.800 millones de pesos de ganancia en el ejercicio 2024. Además sus negocios están diversificados en rubros que gozan de buena salud, un 25% de las ventas en el exterior y los beneficios impositivos que sigue conservando.
La empresa cuenta con resultados “mixtos” en sus balances. En el sector autopartes las ventas aumentaron un 30% en “climatización” aunque cayeron en “autoradio”. En televisores aumentó la producción y las ventas. En el rubro celulares “la producción saltó casi 146% interanual en el segundo trimestre (802.583 vs. 288.853 unidades) y las ventas crecieron 58,82%: alcanzaron las 711.508 unidades desde las 438.675 registradas en el año 2024” (La Nación 25/8/2025).
O sea que ni siquiera estamos hablando de pérdidas. En algunos casos se trate de “menos ganancias” y en otras directamente de crecimiento.
Por eso hay que medir cada movida de Mirgor como parte de su estrategia como empresa líder del polo electrónico fueguino. Así como aprovechó la huelga para negociar mejoras impositivas, ahora quiere instalar un clima de más incertidumbre entre sus 2.000 trabajadores pero también en todas las plantas. ¿Se puede romper el acuerdo? ¿Habrá despidos masivos? ¿No se renovarán los contratos? ¿Comenzarán a presionar con retiros voluntarios?
La huelga de mayo mostró la inmensa fuerza que conservan los 10.000 metalúrgicos y metalúrgicas fueguinas. El paro con piquetes, acompañado por un paro provincial y una movilización histórica, asustó a las empresas y sentó en la negociación al gobierno. Pero no resolvió ningún problema. El acuerdo por 8 meses solo podía ser un “entretiempo” para prepararse. Las empresas están aprovechando ese tiempo. Incluso haciendo correr ataques como fueron Carrier y Fapesa (Phillps).
El paro con movilización del 6 de agosto fue un paso, pero los Mirgor, los Garfunkel y los Chernajovsky quieren seguir avanzando. Lo mismo que está haciendo Techint con los despidos en Tenaris y los que hace Acindar. Sin embargo, la crisis económica y del gobierno son una señal también para los trabajadores. No solo de Tierra del Fuego, de todo el país.
Van a venir momentos más críticos, no hay dudas. Por eso es importante dar nuevas respuestas obreras. No solo metalúrgicas. En la isla están en conflictos miles de docentes por el ajuste provincial.
Con la fuerza que demostró la lucha de mayo hay que plantear una salida obrera. Que las empresas abran los libros contables para mostrar sus ganancias de los últimos años y su situación actual. Si hay recesión, que se hagan cargo con las fortunas que ganaron estos años. No puede quedar una sola familia en la calle. Que se repartan las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, sin tocar el salario. No solo para los efectivos, para todas las formas de contrato.
El derecho a vivir en la isla es también luchar contra los despidos y el congelamiento salarial de Caputo y sus amigos. El plenario de delegados de la UOM tiene otro desafío histórico.

La crisis textil golpea a Alpargatas y no se descarta un cese de actividades

La crisis que atraviesa el sector textil en Argentina se profundiza con nuevos despidos y una marcada disminución en la producción, poniendo en jaque la estabilidad laboral de cientos de trabajadores en la empresa Alpargatas S.A en la ciudad correntina de Bella Vista. La situación se agrava por con un posible cese de actividades que impactará negativamente en los salarios.
El panorama salarial también es desalentador para los empleados que permanecen en la empresa. Espíndola señaló que la firma evalúa determinar "un cese de actividades de entre 3 y 7 días en los próximos días, lo que tendría un impacto directo en los salarios, que serían abonados al 80%".
"Actualmente, el sueldo promedio es de 900.000 pesos, por debajo de la Canasta Básica Familiar", señaló el dirigente.
En cuanto a las negociaciones, las paritarias se encuentran congeladas. Se han llevado a cabo cinco reuniones sin que se alcanzara ningún acuerdo, aunque no descartan la posibilidad de llegar a una conciliación.
En ese sentido, Eduardo Espíndola dijo que a pesar de la incertidumbre, "la empresa se ha comprometido a pagar el aguinaldo, siendo el viernes la fecha límite para dicho cumplimiento".
Frente a este escenario de incertidumbre y precarización, la Asociación Obrera Textil (AOT) se ha declarado en estado de alerta y movilización, anticipando posibles medidas de fuerza para defender los derechos de los trabajadores.

Tía Maruca

Tía Maruca frenó la producción de su planta de San Juan, ubicada en el departamento de Albardón, y el gremio denuncia una demora en el pago de los sueldos a los 300 empleados. La para da empezó a regir el lunes 25 de agosto.
En 2024, el 50% pasó a manos de Argensun Foods, empresa líder en girasol confitero y fabricante de las semillas de girasol Pipas, que compran 400.000 consumidores. Sus productos son comercializados por su firma Pro Novelties, con presencia en más de 20.000 puntos de venta a nivel nacional.
El año pasado, la compañía de la familia Díaz Colodrero y conducida por Pablo Tamburo adquirió el 50% del capital accionario de Tía Maruca con la idea de producir 20.000 toneladas de galletitas por año, a las que se suman las de las marcas Dale y Argentitas. El otro 50% quedó en manos de su fundador, Alejandro Ripani.
"La planta no está cerrada. Se paró esta semana la producción para trabajos de montajes y mantenimiento, con el objetivo de hacerla más productiva. Para esto, nos aseguramos de contar con stock suficiente y además se aprovechó para dar la semana como vacaciones al personal", explicaron.
Asimismo, Argensun Foods aclaró que "es una parada planificada" y que "no tiene nada que ver con la baja del consumo". Dijo que se mantienen los niveles de producción.

Cierra una fábrica de golosinas

La fábrica de golosinas Lipo S.A., en Lanús, enfrenta un proceso de cierre tras décadas de actividad en el rubro de la confitería industrial.
Fundada en 1969, la empresa llegó a producir dos millones de caramelos diarios y exportaba productos a países del Mercosur, Asia y Europa.
Actualmente, más de 100 trabajadores se encuentran en paro por tiempo indeterminado y denuncian que no cobran sus sueldos desde abril y que no da respuestas claras sobre su continuidad laboral. A su vez, indican que se presentaron en las instalaciones para cumplir su jornada, pero se encontraron con la fábrica prácticamente paralizada.
Según declaraciones de los trabajadores, el dueño de la firma, Osvaldo Iglesias, ofreció abonar lo adeudado con un descuento del 40%, argumentando que esos días no fueron trabajados debido a la falta de insumos. La propuesta fue rechazada por los empleados, quienes exigen el pago completo.
En 2023, la planta tenía una producción aproximada de dos millones de unidades diarias. Sin embargo, durante los últimos meses esta cifra se redujo drásticamente a apenas 400.000 unidades por día. En paralelo, la empresa fue achicando su personal de forma progresiva hasta llegar al centenar de empleados actuales.
Trabajadores denunciaron que parte del personal fue trasladado a una nueva planta en el partido de Ezeiza, mientras que otros fueron desvinculados.
Algunos sostienen que se trató de un proceso encubierto de vaciamiento.
Lipo fue proveedora de marcas mayoristas y cadenas como Carrefour. Además de sus caramelos tradicionales, también producía galletitas y otros productos de confitería. Durante muchos años, tuvo una fuerte presencia en kioscos, supermercados y distribuidores del país.
Actualmente, las instalaciones de la planta en Lanús presentan señales de abandono y algunos trabajadores aseguran que ya no hay materia prima para continuar con la producción y que la maquinaria fue apagada hace semanas.
Según fuentes con conocimiento del conflicto laboral, la protesta de los trabajadores surtió efecto y se les depositaron los sueldos adeudados a los empleados de la fábrica ubicada en el sur bonaerense. Por lo tanto, volvieron a sus puestos de trabajo luego de un conflicto que se extendió durante varios días y ya se produce con normalidad.

Cerró una histórica fábrica

En un escenario económico incierto y con una fuerte caída en la producción producto de la crisis económica generada por el Gobierno de Javier Milei, una emblemática fábrica comunicó su cierre luego de operar durante 65 años en Argentina.
La fábrica de bolsas de papel Fabi Bolsas Industriales, ubicada en Hinojo, Olavarría, tomó la difícil decisión de poner fin a sus operaciones argumentando que no eran sustentables en las actuales circunstancias económicas. Este anuncio implicó una gran pérdida de empleo para alrededor de 100 familias, lo que representa un duro golpe para una comunidad de apenas 3.000 habitantes, donde la fábrica era una de las principales fuentes de trabajo.
La situación de Fabi Bolsas Industriales refleja la difícil realidad que atraviesan muchas empresas en Argentina, donde la alta inflación y la inestabilidad económica han afectado considerablemente la viabilidad de numerosos negocios. Además, esta fábrica no es la única en sufrir las consecuencias de la contracción del sector productivo, ya que otras empresas como Cerro Negro también realizaron despidos masivos en los últimos tiempos.
El impacto del cierre de la fábrica se extiende más allá de los trabajadores directos, afectando también a los contratistas y talleres externos. El Sindicato Obrero de la Industria de Papel y Cartón denunció que la notificación del cierre fue abrupta, sin previo aviso, generando un profundo malestar entre los trabajadores. Se estima que alrededor de 120 personas se verán afectadas por este cierre repentino.
Frente a esta situación, la empresa ofreció a los empleados una indemnización que incluye un pago adicional del 15% si aceptan la propuesta. Sin embargo, algunos trabajadores mostraron su descontento y sorpresa ante esta decisión. Uno de los empleados expresó su indignación diciendo: "Nos dijeron hoy que se cerraba hoy mismo, sin previo aviso, y ahora les están liquidando a todos".
Ante el anuncio del cierre, representantes de la empresa matriz, CMPc, de origen extranjero, estuvieron presentes para comunicar la decisión y acordar las indemnizaciones correspondientes. Además, autoridades del Ministerio de Trabajo se hicieron presentes en el lugar para evaluar la situación y brindar apoyo a los afectados. Esto refleja la gravedad del impacto laboral y social que tendrá este cierre en la comunidad local.

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