Bolivia: seis meses de neoliberalismo

Organizaciones campesinas de toda Bolivia resolvieron radicalizar las movilizaciones y amenazaron con el posible corte de servicios básicos a la sede del gobierno boliviano. La decisión se produce cuando el levantamiento social cumple siete semanas de bloqueos carreteros, que han empeorado el deterioro económico y la escasez de productos básicos que, tanto en su campaña como en su toma de posesión, el presidente Rodrigo Paz Pereira prometió resolver.

Los bloqueos en las carreteras del país, al menos en cinco departamentos, se mantienen sin ninguna variación y los dirigentes de los campesinos anunciaron que se masificarán en los próximos días, hasta que Rodrigo Paz renuncie a la presidencia.

Las protestas continúan en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz y Potosí. También se informó de la reactivación de otros bloqueos en el departamento de Chuquisaca, luego de que se habilitará un corredor humanitario.

De acuerdo a un informe de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) los puntos de bloqueos alcanzan a alrededor de 50 puntos que interrumpen el paso de vehículos, principalmente pesados, de una región a otra.

Al mismo tiempo, dirigentes sociales y campesinos rechazaron este lunes la posibilidad de que la Central Obrera Boliviana (COB) participe en un diálogo con el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, advirtiendo que cualquier acuerdo alcanzado sin el respaldo de las bases movilizadas será desconocido.

El dirigente campesino Nelson Virreira calificó el llamado al diálogo como un “engaño”, afirmando que “Rodrigo Paz nunca ha dialogado con los sectores sociales”. En un mensaje dirigido al secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, Virreira le instó a no engañar al pueblo boliviano y a mantenerse firme en los “principios revolucionarios” de la organización sindical.

Por su parte, Aquilardo Caricari, líder de los Interculturales, advirtió que si la COB negocia al margen de las bases, perderá su autoridad para desmovilizar a los manifestantes. “Vamos a ver quién le hace caso para desmovilizar al pueblo que está en las carreteras”, sentenció Caricari, quien anunció la masificación de los bloqueos.

En la misma línea, Vicente Choque, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), señaló que aunque existen intentos de algunos dirigentes por negociar, las bases rechazan cualquier acercamiento debido al malestar por la situación económica.

El expresidente Evo Morales, el líder más reconocido por las organizaciones, reafirmó su apoyo a la COB, elogiando su resistencia y activismo que aun permanecen en las rutas donde realizan los bloqueos bajo temperaturas muy bajas. Las asociaciones cocaleras han ayudado a reforzar los puntos de bloqueo a 46 días de protestas, medidas realizadas por los manifestantes ante la falta de respuestas por parte del gobierno de Paz para resolver las necesidades del pueblo boliviano.

Antecedentes

Para entender la magnitud de las movilizaciones contra un régimen que en apenas seis meses se las arregló para desatender todas sus promesas y aumentar la crisis económica en que se encontraba sumida la nación andina, es preciso analizar los orígenes del mandatario, sus taras ideológicas y las decisiones que ha tomado desde antes de llegar al Palacio Quemado.

Hijo y sobrino nieto de ex presidentes, Paz ha ocupado puestos de poder público durante el último cuarto de siglo, siempre como parte de las alianzas y las redes de tráfico de influencias de su familia conservadora. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales lo puso frente a un antiguo correligionario, Jorge Quiroga, con quien coincidió en el mandato legal de Hugo Banzer (1997-2001), militar que mantuvo una dictadura de 1971 a 1978.

Al imponerse en los comicios, siguió los pasos de sus colegas en la ultraderecha latinoamericana contemporánea: peregrinó a Washington para recibir indicaciones de Trump. Así, formó su gabinete con una mezcla de personajes a su imagen y semejanza –educados en el extranjero, neoliberales a ultranza, miembros de los gobiernos que se enriquecieron con el saqueo del país en la década de 1990 e inicios de la siguiente– y empresarios en abierto conflicto de interés.

Como botón de muestra, puso frente a la cartera de Medio Ambiente a un talador de bosques y exportador de madera. En un país donde 60 por ciento de la población es indígena, eliminó toda representación de esos grupos con la consigna de que es “la hora de la meritocracia”, escudándose en la falacia de que los gobiernos indígenas no tuvieron ningún resultado positivo.

Los datos lo desmienten: la pobreza moderada se redujo de 60 por ciento en 2005 a 34 por ciento en 2018; la extrema cayó de 38 por ciento en 2005 a 15 por ciento en 2018; el índice de Gini (donde 0 es perfecta igualdad y 1 es absoluta desigualdad) bajó de un 0.59 en 2005 a 0.45 en 2016. Más de 3 millones de personas se incorporaron a los estratos de ingresos medios durante esos tres lustros. Para Paz, el problema es que no sólo mintió a la ciudadanía, sino que se privó a sí mismo de todos los canales de comunicación con organizaciones sociales de gran peso en los asuntos nacionales; canales que ahora intenta reconstruir a marchas forzadas tras dinamitar la confianza.

En su dogmatismo, el mandatario intentó imponer a Bolivia un programa de choque calcado del que Javier Milei infligió a Argentina, ignorando las abismales diferencias en los niveles de conciencia política y la capacidad de resistencia de cada sociedad. Con la misma perversidad y falta de realismo, intenta sustituir el Estado plurinacional por un Estado feudal, en el que los hombres fuertes de cada región deciden los destinos de la gente que habita los territorios bajo su poder. Este viraje responde a las exigencias centenarias de Santa Cruz, departamento de gran riqueza controlado por una oligarquía racista que nunca ha aceptado la existencia de un gobierno nacional encabezado por indígenas y que prefiere separarse del país antes que reconocer la igualdad de los pueblos originarios con los blancos “civilizados”.

Al verse acorralado, Paz confronta a las multitudes indígenas y campesinas con sectores urbanos y gremiales, entre los que se cuentan la Central Obrera Boliviana y poderosas organizaciones de transportistas, un juego peligroso que puede tener saldos sangrientos y perpetuar la división de la sociedad.