Caso Héctor Llaitul: cuando la justicia se convierte en persecución

La postergación de la audiencia de cautela de garantías de Héctor Llaitul podría parecer un detalle menor en el largo laberinto judicial que lo mantiene condenado a 23 años de prisión. Sin embargo, lo ocurrido en la sala del Juzgado de Garantía de Temuco desnuda algo mucho más profundo: cómo el aparato estatal chileno manipula procedimientos e instrumentos administrativos para reforzar una política de persecución política contra el pueblo mapuche.

La ficha que habla más que los jueces

Gendarmería, minutos antes de iniciarse la audiencia, ingresó un escrito con la “ficha actualizada” de Llaitul. Esa actualización consistía en borrar la imputación contemplada en el artículo 2, numeral 3, de la Ley Antiterrorista. Un dato que nunca debió figurar ahí, pero que sirvió para elevar la calificación de peligrosidad del werken y justificar su clasificación carcelaria más severa.

¿Error administrativo? ¿Desprolijidad? No. Aquí lo que queda al descubierto es la fabricación consciente de antecedentes falsos que distorsionan la situación jurídica de un dirigente social. Y lo que es aún más grave: que se corrige en silencio, como si bastara con hacer desaparecer el dato para borrar las huellas de una irregularidad que da la razón a lo que la defensa viene denunciando hace meses.

El derecho como coartada

Cuando la magistrada suspende la audiencia porque los querellantes no fueron notificados, se exhibe la fragilidad procesal de un sistema que parece más interesado en dilatar que en garantizar derechos. Y cuando Gendarmería manipula una ficha penitenciaria, se confirma que el derecho en Chile funciona como coartada para legitimar decisiones que ya están tomadas políticamente.

La cautela de garantías, concebida para resguardar los derechos fundamentales de los acusados o condenados, termina convertida en un escenario donde se demuestra, una vez más, que la justicia es incapaz de controlar a las instituciones que deberían estar subordinadas a la legalidad.

La persecución al werken

No hay que perder de vista lo central: Llaitul no está preso por actos violentos comprobados, sino por su discurso político. Su condena es la culminación de un largo proceso de criminalización que busca ejemplarizar con un dirigente emblemático de la CAM. Que se falseen antecedentes para reforzar su peligrosidad no es un accidente: es parte de la estrategia de hostigamiento del Estado chileno contra el movimiento mapuche.

Hoy la ficha de Llaitul se ha convertido en un documento político: evidencia que en Chile el derecho es maleable cuando se trata de reprimir la disidencia.

Una advertencia para todos

El caso Llaitul trasciende a la causa mapuche. Nos habla de cómo el Estado está dispuesto a desfigurar procedimientos jurídicos para perseguir a quienes cuestionan el orden capitalista y colonial. Si hoy se manipula la ficha de un werken, mañana podrá hacerse con cualquier dirigente sindical, estudiantil o popular que levante la voz.

En este sentido, la audiencia no será un simple trámite. Será una nueva oportunidad para mostrar que la justicia chilena no está actuando como un árbitro imparcial, sino como un instrumento dócil del poder político y económico.

Mientras tanto, Héctor Llaitul seguirá en prisión, no por lo que ha hecho, sino por lo que representa: la dignidad de un pueblo que resiste.