Caso hnos. Cerezo: entre el limbo jurídico y la impunidad (guerra sucia en méxico)

C. Federico Arreola

Director General de Milenio Diario

C. Carlos Marín

Director General Editorial

Presentes

A 23 de abril de 2005.

El martes 5 de abril del año en curso, en la página 16 del periódico MILENIO Diario, Lydiette Carrión (a quien admiro por su objetividad y valentía), escribió una nota por la que me enteré que mis hijos Antonio y Héctor Cerezo Contreras están en un "limbo" jurídico muy parecido al que han confinado al Sr. Andrés Manuel López Obrador, con la terrible diferencia de que éste es un Jefe de Gobierno, y Antonio y Héctor son ciudadanos "de a pie" que no tienen los instrumentos para hacer valer sus derechos de la misma manera. Muy parecido, porque a pesar de que la noticia y las declaraciones del Subsecretario de Seguridad Pública Miguel Ángel Yunes, (hoy sospechosamente callado) fueron difundidas en diversos canales televisivos y en Milenio Diario; a pesar de que según la reportera Carrión "...el boletín número 023/05 de la SSP llevaba tanto el sello de la PSF como de la PFP y afirmaba que el gobierno federal había tomado parte del traslado.", ahora resulta que "...un tribunal federal consideró que "no hay prueba jurídica"...de que efectivamente se realizó ese traslado..." ¿luego fueron trasladados físicamente pero no se puede comprobar jurídicamente? Esto ha provocado, siguiendo la nota que "... El amparo 108/05 -que revisó el juez segundo de distrito de amparo de materia penal del Distrito Federal- contra dicho traslado, se encuentra pendiente hasta que se compruebe que efectivamente Antonio y Héctor fueron llevados a penales de Matamoros y Puente Grande."

Lo doloso del caso es que mi hija Emiliana ya los vio y habló con ellos en los penales en cuestión, que en la página web del Comité Cerezo ya se publicó la relatoría que escribieran Emiliana y Héctor de esta visita y traslado y en la página web de Indymedia, se encuentra también un fragmento de la relatoría de la visita de Emiliana a Antonio en el penal de Matamoros.

Por lo que no hay duda de que mis hijos:

1. Antonio y Héctor sí fueron trasladados de La Palma a Matamoros y Puente Grande el 16 de enero del año en curso

2. Se encuentran físicamente en dichos penales

3. Es una manipulación más de las leyes el argumentar que no existe "prueba jurídica" de su traslado para negarles el amparo de no traslado

4. Que es un proceso plagado de irregularidades

5. Por lo que Antonio y Héctor debieran ser puestos en libertad de inmediato, teniendo como antecedente la libertad de Alejandro acusado de los mismos delitos que la PGR les fabricara.

Y qué ironía, mientras el ex director de La Palma ya fue puesto en libertad por falta de pruebas, mientras el Sr. Nahúm Acosta que permaneció 53 días arraigado y 6 días en La Palma, ya está en libertad gracias a la mediación política del Sr. Manuel Espino dirigente del PAN quedando en segundo plano la solución jurídica que tanto pregona el gobierno foxista y "...A pesar de ser considerados altamente peligrosos por la PGR y la SSP federal, 16 presuntos secuestradores y narcotraficantes ( ) serán trasladados del penal de alta seguridad de Matamoros, Tamaulipas, al Reclusorio Oriente y a la cárcel de Santa Marta Acatitla,..." (MILENIO Diario, jueves 21 de abril de 2005) mis hijos, Héctor en Puente Grande y Antonio con más de 90 días en el COC del penal de Matamoros, permanecen como rehenes del PRI-AN gobierno, sin que exista en la realidad la aplicación de las leyes ya no digamos del Estado de derecho, con un irregular proceso en el que desde un principio la PGR fabricó pruebas en su contra, en su momento no aceptó pruebas de descargo ofrecidas por la defensa, retiene arbitrariamente hasta la fecha los álbumes de fotografías familiares, los documentos oficiales de estudio que podrían haber sido pruebas contundentes de la inocencia de mis hijos, aplicó el delito de delincuencia organizada y terrorismo (ya deshechado) para poder "legalmente" recluirlos en La Palma. Todo lo han hecho "legalmente" pero, sobre premisas falsas, teniendo el resultado de la desproporcionalidad de la justicia, tan citada ahora en el caso del C. López Obrador.

Como podrán corroborar no es sólo en contra del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador que se está cometiendo una injusticia anteponiendo los intereses políticos a la acción jurídica, ha sido y sigue siendo en contra de ciudadanos pobres, de indígenas, de mujeres violadas, madres solteras, de luchadores sociales y de todo ciudadano como somos la mayoría que no tenemos "influencias políticas".

Por estas razones pregunto a la Señora Marta Sahagún, a Vicente Fox Quezada, a Rafael Macedo de la Concha, a Ramón Martín Huerta, a Miguel Ángel Yunes, a José Luis Santiago Vasconcelos y funcionarios que por comisión u omisión han pisoteado las leyes de nuestro México.

¿Cuál sería su actitud si sus hijos fueran acusados falsamente, sometidos a un irregular proceso y condenados por delitos que no cometieron, permaneciendo como rehenes y sometidos dentro de la prisión a la tortura del aislamiento y la incomunicación como lo están haciendo con mis hijos Antonio en el penal de Matamoros y Héctor en Puente Grande?

Porque lo que se ve no se juzga, y para ustedes es preferible conducir a sus hijos por el camino de la falta de respeto a las leyes de la que tanto acusan hoy al Jefe de Gobierno y desde siempre a los luchadores sociales, a la impunidad de la que ustedes mismos hacen gala y a la ambición por el poder y el dinero en lugar de formarlos como ciudadanos probos, solidarios y dignos.

Me siento sumamente indignada por la injusticia que prevalece en México, porque con la actitud personal y política de gobierno, continúan secuestrando a la democracia y condenando a la miseria a nuestro pueblo, porque son más de 500 presos políticos y de conciencia los que existen en el país, porque sigue prevaleciendo la tortura desde la detención, durante y después de ella en las prisiones, porque el limbo es la habitación de las víctimas de las desapariciones forzadas y de los mal conducidos procesos jurídicos actuales, por el uso de recursos extralegales que permiten el secuestro y la muerte para evitar responsabilidades de los jefes policíacos (guerra sucia).

Por todo esto, me dirijo a todos los que se han solidarizado con mis hijos para que lo continúen haciendo, que inunden la presidencia y la secretaría de gobernación con sus peticiones de justicia, porque aunque en estos momentos la injusticia del desafuero y el amago de arrebatar sus derechos políticos al Jefe de Gobierno para contender en las próximas elecciones presidenciales es lo más representativo, existen cientos de luchadores sociales, insisto, y ciudadanos que están sufriendo la falta de aplicación de JUSTICIA, sí con mayúsculas; y también se unan a la solicitud de garantías para salvaguardar la integridad del Lic. Leonel Rivero, Gloria Rico, Efrén Cortés y mi hijo Francisco Cerezo, defensores de Derechos Humanos que hacen Don Samuel Ruíz, la señora Rosario Ibarra de Piedra y distinguidos luchadores sociales en El Correo Ilustrado de La Jornada del día 14 de abril.

Por la atención que se sirvan prestar a la presente y el espacio que pudiera brindarme en su prestigiado Diario, gracias.

Emilia Contreras Rodríguez

Ccp. Ciro Gómez Leyva, Director adjunto de Milenio Diario

Ccp. Comité Cerezo.