Comité Nacional del Paro de Colombia suspende diálogos con el régimen

El Comité Nacional del Paro (CNP) de Colombia, que desde el pasado 13 de mayo mantenía una serie de reuniones con el narcogobierno para poner fin a las manifestaciones que se mantienen en el país desde el 28 de abril, suspendió la interlocución con el Ejecutivo.

Ambas partes mantenían diálogos sin mayores avances, pero con la voluntad de continuar, según habían expresado. De hecho, la última información entregada a los medios era que el domingo a las 15.00 hora local (20.00 GMT) los representantes del narcogobierno y los voceros del CNP se reunirían una vez más en un centro de convenciones en el norte de Bogotá. Sin embargo, a las 17.39 hora local (22.39 GMT) se conoció la suspensión por parte del CNP, ante la falta de compromiso del régimen.Desde semanas atrás el narcoejecutivo insiste en que las principales centrales obreras del país (que integran el CNP) intermedien para que se levanten los bloqueos en diferentes carreteras como única condición para avanzar en las negociaciones, mientras que el CNP sostiene que los cortes de rutas son legales en medio de la protesta y que el narcogobierno debe retirar a militares y policías de varios municipios como muestra de garantías para la protesta social.

En días pasados, el CNP anunció que el 24 de mayo se logró un preacuerdo con el narcogobierno, pero que después el propio Ejecutivo lo cambió, lo que terminó por dilatar aún más los diálogos. Al respecto, el comunicado oficial del domingo, it3entando justificar los retrocesos del régimen, señaló que dicho documento era un borrador, "el cual siempre se entendió como sujeto a revisión por ambas partes, lo que implicaría más trabajo, revisiones y variaciones".

Además, según la versión del narcogobierno, el CNP introdujo una petición sobre el decreto 575 de 2021 que implicaba una nueva discusión, ya que pide que se retire el Ejército y la policía de varios municipios, luego de que el 28 de mayo Duque anunció la "asistencia militar" (eufemismo por sacar el Ejército a la calle) en diferentes zonas, lo que es interpretado por el CNP y la oposición como una "conmoción interior disimulada"

."El Comité Nacional de Paro sigue a la espera de que el gobierno Nacional acoja el preacuerdo del 24 de mayo y derogue el decreto 575 que autoriza la asistencia militar para el manejo de la protesta social", señaló el CNP en un comunicado. El mismo hace referencia a un preacuerdo que, según el CNP, se logró el 24 de mayo sobre garantías mínimas para la protesta social pacífica, pero que "el narcogobierno dijo que lo sometería a consulta interministerial y regresó, a la mesa, a reabrir la discusión sobre el documento preacordado".

Aunque el CNP no ha rechazado los bloqueos de carreteras -iniciados el 28 de abril, en el marco del paro nacional-, como se lo pide el narcogobierno, sus voceros señalaron en días pasados que gracias a su mediación varias vías fueron liberadas y se han habilitado "corredores humanitarios", pero que pese a ello los bloqueos hacen parte de la protesta y por eso los respaldan.

En su comunicado, el CNP anunció que entregará a la Comisión Interamericana de DDHH el preacuerdo del 24 de mayo "sobre los mínimos para garantizar el ejercicio de la protesta social pacífica", en el marco de la visita que realizará una delegación al país entre desde el martes para evaluar la situación de DDHH en el marco del paro nacional.

Según denuncias de la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, una organización defensora de DDHH, entre el 28 de abril y el 4 de junio al menos 77 personas han muerto durante las protestas en Colombia, a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y 1.246 civiles han sido heridos, de las cuales al menos 74 sufrieron lesiones oculares, mientras que suman 87 los casos de personas heridas por armas de fuego.

Los datos, que fueron revelados el domingo, muestran además que en poco más de un mes de paro se detuvo de manera arbitraria al menos a 2.808 personas y se cometió violencia de género contra 106 personas.

Ante las denuncias de abusos por parte de la Policía, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y organizaciones de DDHH, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza publica.