Cuando la protesta es convertida en delito

La criminalización de la protesta social y la judicialización de luchadoras y luchadores llevado a cabo por las fuerzas de seguridad y el poder judicial ocurren diariamente a lo largo y ancho del país. Desde este accionar se marginan y demonizan luchas sociales, legitimando propuestas y posturas represivas. El asesinato de Víctor Choque en Tierra del Fuego en 1995; Francisco Escobar y Mauro Ojeda, asesinados por la Gendarmería en el correntinazo en 1999; las 35 victimas del 19 y 20 de diciembre; los asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki; la muerte del maestro Carlos Fuentealba, son solo algunos de los casos de esta triste lista.

A estos hechos se le suman la prisión, las causas, las imputaciones, las persecuciones, es decir el encarcelamiento y la marginación de luchadoras y luchadores del campo popular. Más allá de que pertenezcan o no a alguna organización política o social, o simplemente se organicen en el marco de un reclamo puntual. Siempre que el Estado considere que su lucha pone en riesgo la "gobernabilidad’ y utilice al poder judicial para detener personas en este contexto las convierte en presas y presos políticos.

En los últimos años, las comunidades originarias, campesinas, y las organizaciones que luchan por la preservación de los recursos naturales han empezado a ser nuevos blancos de esta política. Actualmente, el gobierno que conduce Néstor Kirchner, cuenta con el record de ser el gobierno democrático con más presas y presos políticos. Para el año 2004, había 22 personas presas y 4.000 procesadas y procesados, y esa cantidad se agranda diariamente.

Crónicas de la represión, la criminalización y la judicialización

El pasado 11 de mayo, siete campesinos de la comunidad de El Quebrachito (Provincia de Santiago del Estero), integrantes del MOCASE-Vía Campesina, fueron detenidos por hurto forestal y robo calificadohacia el terrateniente Ramón Vittar. Al momento de ser llevados, fueron golpeados cruelmente por la policía y uno de ellos sufrió la luxación de un hombro. Luego de diversas manifestaciones impulsadas por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero frente al Juzgado, los campesinos fueron liberados.

Días antes, el 3 de mayo, en la ciudad de Zapala (provincia de Neuquén), se inició el Juicio Oral y Público contra dos miembros de la Comunidad Mapuche Longo Puran. Esta causa fue iniciada en 2001, y ya lleva recorrido varios juzgados, y algunos jueces declarados incompetentes. La misma se origino a instancias de la petrolera Pioneer Natural Resources, que comenzó a explotar en el 2000 el territorio mapuche y denunció a la comunidad por varias acciones que realizaron para defender sus tierras. La causa está caratulada como "Usurpación y Turbación a la propiedad de la compañía" y es una causa penal. Hace dos años tuvieron un primer juicio en Cutral Có en el cual las personas de la comunidad mapuche resultaron absueltas.

El miércoles 4 de abril un grupo de docentes intentan cortar la ruta 22 en Neuquén. La policía reprime al grupo antes de que pudieran realizar el piquete. Mientras el maestro Carlos Fuentealba se retiraba en auto, luego de terminado el corte, un policía le disparó a quemarropa una granada de gas lacrimógeno que impactó en su nuca. Su muerte fue confirmada al día siguiente, luego de varias horas en estado de coma. Más tarde el gobernador Jorge Sobich se atribuye haber dado la orden de reprimir. Este asesinato sucede en el marco de un importante reclamo salarial por parte de docentes de todo el país.

Al ser conocida la muerte del maestro, a lo largo del país se suceden actos y manifestaciones en repudio. En Capital Federal, varias organizaciones (MPR- Quebracho, CTD Aníbal Verón, Movimiento estudiantil Liberación, Corriente de Trabajadores 19 de Diciembre, Confluencia Político Social, MTR Santucho, PRT Santucho, Cuba-MTR, Fogoneros, Movimiento Juventud 26 de Junio, MTD Resistencia Popular) se trasladan hacia la casa de Neuquén. Un importante operativo policial les impide llegar hasta el lugar. El grupo se dirige entonces al local partidario de Sobisch ubicado en Constitución y realiza un escrache que finaliza con la rotura de los vidrios. Inmediatamente la policía, que hasta ese momento no había actuado, recibe la orden de Aníbal Fernández -según consta en el expediente- de detener al mayor número posible de personas. En esa oportunidad se detiene a 13 integrantes de las organizaciones asistentes.

Posteriormente la policía se dirige a las inmediaciones del local de Quebracho, donde arrestan a tres militantes más y secuestra el auto del Secretario de Cultura y Educación de Suteba La Plata, diciendo que el auto pertenecía a Fernando Esteche. La policía intenta que las personas, que se refugiaron en el local de Quebracho, salgan del lugar y arroja gases lacrimógenos en el interior del local. El juez que entiende en la causa, según consta en el expediente, nunca dictó la orden de allanamiento. Mientras esto sucede se producen tres detenciones más, entre los detenidos se encuentra Fernando Esteche, referente del Movimiento Quebracho quien fue apresado a cinco cuadras de la sede de la organización. Más tarde Aníbal Fernández, en un medio radial, defiende el accionar de la policía y califica a Esteche como "bestia" que es llevada por "periodistas alcahuetes" a algunos programas para hablar en su contra.

En 17 de abril, en el acto realizado en Capital Federal, por "El Día Internacional del Preso Político", es detenido por policías de civil, Raúl Lescano, en cercanías del hotel Bauen. Luego de ser golpeado es introducido en un auto sin patente. Durantes tres horas es buscado por integrantes de organismos de Derechos Humanos. Ante la infructuosa búsqueda, se presenta un Hábeas Corpus y es recién allí que se notifica que Lescano se encontraba en la Superintendencia de Investigaciones de Villa Lugano. Cuando fue detenido no pesaba sobre él ninguna orden de captura, sin embargo el juez Ariel Lijo lo acusa de estar involucrado en los hechos sucedidos en el local de Sobich y el juez Oyarbide lo responsabiliza de los incidentes producidos mientras era detenido cuando sus compañeros intentaban rescatarlo. El 20 de Abril fueron liberadas 9 personas de las 12 que se encontraban detenidas, en la actualidad continúan encarcelados Fernando Esteche, Raúl Lescano, Joaquín Isasi y Martín Lizzano.

En diciembre, la violación y muerte de Ariana Azabache de 3 años en Corral de Bustos (provincia de Córdoba), desencadenó la indignación de vecinos y vecinas. La inoperancia demostrada por la policía y la justicia para evitar este hecho, desató la bronca del pueblo, dando como resultado el incendio total del Juzgado. Días después comenzó una verdadera persecución que arrojo como resultado 30 personas detenidas, entre ellas dos periodistas. Las mismas fueron encarceladas en la penitenciaria de Villa Maria (ubicada a 320km de Corral de Bustos). El juzgado interviniente imputó a los detenidos como coautores de incendio doblemente calificado, lesiones leves en riña y por tenencia y fabricación de bombas. Durante febrero y marzo de este año, varios de ellos fueron liberados. A 19 de los detenidos se les dictó la prisión preventiva, de estos, 13 fueron puestos en libertad pero continúan procesados. Actualmente 6 personas siguen detenidas.

Pocos días antes de la pueblada en Corral de Bustos, en Córdoba, la renegociación del contrato entre el gobierno de De La Sota y el grupo Suez-Roggio, grupo privado que explota el servicio de agua potable en la ciudad, se realizaba en medio de una brutal represión.

Ese día, por la tarde, se concentraron en protesta, los barrios del norte, del sur y diferentes agrupaciones políticas, sociales, sindicales y piqueteras. La legislatura provincial se encontraba vallada y custodiada por más de 100 policías y guardias de infantería. Iniciada la protesta, la policía reprimió con balas de goma primero, y gases lacrimógenos después contra hombres, mujeres, mayores y niños/as. Luego de este hecho, las fuerzas represivas, realizan una emboscada acorralando y golpeando a los/as manifestantes. Allí detienen a 7 personas, 2 hombres, 2 mujeres y 3 adolescentes y dejando más de 30 heridos. Finalizada la represión, las personas que se encontraban manifestando se trasladan a la comisaría donde estaban las detenidas y detenidos que en horas de la madrugada fueron liberados.

El 31 de agosto del 2005, en capital federal, luego de el repudio en las puertas del ministerio de Economía a la presencia de Rodrigo Rato, funcionario del Fondo Monetario Internacional, fueron detenidas 9 personas de diferentes organizaciones sociales acusados de "prepotencia ideológica", "intimidación publica calificada" entre otros cargos. Luego de 4 meses, los 9 militantes de MTR-Cuba, FTC y Quebracho fueron liberados. La Cámara Federal decidió su liberación admitiendo que no había posibilidad razonable de mantener la calificación legal elegida por el ex juez Galeano. En cuatro de los casos, sin embargo, se mantuvo la imputación por resistencia a la autoridad agravada.

En Las Heras (provincia de Santa Cruz), durante febrero del 2006, luego de 12 días de huelga, los trabajadores petroleros se movilizaron en el marco de una fuerte lucha salarial. La policía los espero con represión y detuvo al dirigente Mario Navarro. Al día siguiente, una multitudinaria manifestación marcho hacia la comisaría, pidiendo la libertad de Navarro. La policía los contuvo a balazos y en el enfrentamiento, murió el policía Jorge Sayazo. Esta muerte fue la excusa que utilizo el gobierno santacruceño para encarcelar a todo aquel que fuera "sospechoso", "subversivo" y "alborotador" y militarizar la zona con la Gendarmería Nacional. Hasta el día de hoy siguen presas 6 personas: Darío Catrihuala, Alexis Pérez, Ramón Cortés, Juan Pablo Bilbao, José Enrique Rosales y Horacio Humberto González. Pero este no es el único hecho sucedido en esa provincia. El 4 de octubre de 2004, trabajadores desocupados volvieron a cortar la ruta 3 y a ocupar las instalaciones de Termap en Caleta Olivia, Santa Cruz, pidiendo trabajo genuino. La justicia ordenó a gendarmería reprimir, dejando un saldo de 36 detenidos que denunciaron torturas. Treinta de ellos recuperaron su libertad relativamente rápido. Marcela Constancio, Elsa Orozco, Selva Sánchez, Jorge Mansilla, Mauricio Perancho y Hugo Iglesias permanecieron detenidos varios meses por los cargos de usurpación, resistencia a la autoridad y entorpecimiento de la explotación económica.

En Noviembre de 2005 se produce una revuelta popular en la estación Haedo (provincia de Bs. As.) de la ex línea Sarmiento de la empresa TBA. Luego que se quedara la formación en la estación y sin obtener ninguna respuesta, los/as usuarios/as que utilizan a diario los trenes iniciaron un reclamo por el servicio que ocasionando la quema de varios vagones y enfrentamientos con la policía. En aquella oportunidad apresaron a 84 personas que fueron imputadas por el delito de "incendio intencional y robo a mano armada". Se dictó "prisión preventiva" a 7 de ellos de entre 19 y 35 años.

Roberto Canteros, oficial tapicero, que se encontraba aguardado el tren ese día, es el único detenido que queda de estos hechos en el Penal de Ezeiza. Su caso puede considerarse una "causa fraguada" ya que esta acusado de robarle el arma reglamentaria a una policía. Sin embargo el arma nunca fue presentada ante la defensa de Roberto Canteros, ni la supuesta oficial de policía prestaba servicios en el lugar ese día. El robo de un arma reglamentaria, es un delito no excarcelable desde la implementación de las leyes que exigía Blumberg.

El 14 de diciembre de 2005 el dirigente del MTR-CuBa, se presento en la delegación Mar del Plata de la policía Federal y quedo detenido. La orden de captura la libro el juez Castellanos, luego que Berrozpe no se presentara a declarar por los incidentes producidos en las IV Cumbre de las Américas, realizada el 4 de Noviembre de 2005 en Mar del Plata. Los cargos que se le imputan son: "Incitar a la violencia publica" (Articulo 212) y "preparar artefactos explosivos" (articulo 189 bis - Inciso 1°) con una pena que va de ocho a veintiún años de prisión, meses después fue libreado.

En Abril de 2004, procesaron a Mártires López, Liliana Delgado y Esteban Medina, de la comunidad toba-qom, por un corte de ruta donde reclamaban asistencia básica para su comunidad. Actualmente este es el único juicio que por corte de ruta en la provincia.

El 16 de Julio del mismo año, fueron encarcelados, quince personas, durantes 14 meses, conocidos como "Los presos de la Legislatura" y fueron procesados por los delitos de "coacción agravada, privación ilegítima de la libertad y daños". El tribunal oral en lo criminal N° 17, en 2006, absolvió a trece de las quince personas imputadas en la denominada causa Legislatura. Doce hombres y tres mujeres fueron encarcelado durante 14 meses en los penales de Ezeiza y Devoto. El fallo sólo encontró culpables por "daño agravado" a dos imputados y fueron sentenciados a un año de prisión condicional.

El 31 de agosto, en Capital Federal, luego de el repudio en las puertas del ministerio de Economía la presencia de Rodrigo Rato, funcionario del Fondo Monetario Internacional, fueron detenidas más de 100 personas. De los detenidos 9 fueron acusados de "prepotencia ideológica", "intimidación publica calificada" entre otros cargos y estuvieron encarcelado durante 4 meses. Su liberación se produjo después que, la Cámara Federal admitió que no había posibilidad razonable de mantener la calificación legal elegida por el ex juez Galeano. En cuatro de los casos, sin embargo, se mantuvo la imputación por resistencia a la autoridad agravada.

Pero hay muchas metodologías utilizadas como lo sucedió a Gabriel Roser militante del Mup que estuvo detenido un año y siete meses en la cárcel de Marcos Paz. Roser fue liberado luego que se comprobara que era victima de una causa armada por la policía bonaerense.

Pero al represión de la protesta social no sólo se circunscribe a la Argentina sino que es una practica muy utilizada por otros gobiernos. Una muestra de esto es el encarcelamiento de los militantes campesinos Arístides Vera Silguero, Roque Rodríguez Torales, Simeón Bordón Salinas, Basiliano Cardozo Giménez, Agustín Acosta González y Gustavo Espínola, integrantes del Partido Patria Libre (PPL) de Paraguay, llegaron huyendo de su país a Argentina, buscando refugio político. Cuando se presentaron ante el Comité de Elegibilidad para los Refugiados de Buenos Aires, la Policía Federal los detuvo a instancias de la justicia de Paraguay que solicita su extradición.

Los militantes están acusados del crimen de la hija del ex presidente Raúl Cubas Grau, Cecilia Cubas, cometido tras el secuestro de la joven, en el año 2004. Los campesinos se encuentran detenidos en el penal de Villa Devoto, donde aguardan que la Corte Suprema se expida sobre su extradición dispuesta por el juez Ariel Lijo. Lijo también lleva la causa de los integrantes de Quebracho que están actualmente presos. Por otra parte, el ministro del interior Aníbal Fernández, ministerio del cual depende el Comité de Elegibilidad, ha manifestado al respecto que denegara el refugio político.

En Paraguay las graves violaciones a los derechos humanos, el abuso de poder y las prácticas de secuestro y tortura con fines políticos motivó la intervención de la CIDH OEA, que solicitó medidas cautelares a favor de los integrantes de Patria Libre y el juzgamiento por Terrorismo de Estado en el Parlamento Nacional del fiscal General del Estado Oscar Latorre y del Presidente de Paraguay.

El disciplinamiento social

Esta crónica es apenas un muestreo de la criminalización de la protesta social pero no son las únicas formas de perseguir o judicializar a los luchadores y luchadoras del campo popular. También son utilizados patotas que responden a gobiernos municipales o pertenecientes a barras de equipos de fútbol. Ejemplo de esto fue la agresión que sufrieron los trabajadores y trabajadoras del Hospital Francés mientras defendían su fuente de trabajo. La utilización de la represión policial para aplacar cualquier protesta, los cinematográficos operativos policiales, para desalojar a familias que realizan tomas de tierras para viviendas, o los traslados compulsivos de los habitantes de las villas.

El disciplinamiento social se aplica con las fuerzas de seguridad y se perfecciona con la complicidad del poder judicial y el poder político. Esta es una política que muestra la forma real que utiliza el gobierno -los gobiernos- para acallar la protesta social y sostener el superávit y el discurso sobre derechos humanos, mientras la alimentación, la salud, la educación, el salario; las demandas básicas de la mayoría de la población continúan bajo la línea de pobreza.