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06/08/2020 :: Argentina, Argentina

El capitalismo "virtuoso" es Vicentín

x Mario Hernández
El grupo Vicentín es parte del recorrido histórico del neoliberalismo

"El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa", argumentó Alberto Fernández en Twitter con el que realizó el anuncio de la derogación del DNU 522/2020 para intervenir y expropiar Vicentín. Cargó la responsabilidad sobre el juez Fabián Lorenzini y los integrantes del Directorio por lo que suceda con la cerealera, e instruyó a los funcionarios a que "recuperen los bienes del Estado" comprometidos.

El nuevo DNU, que deroga el anterior, fue presentado el mismo día que concluyó el allanamiento de la empresa ordenado por el juez federal Julián Ercolini buscando acceder a los balances y libros contables para comprobar si existió fuga de divisas y casi al mismo tiempo que otro juez federal, Aldo Arrualde, de Reconquista, aceptase la competencia del DNU y le ordenase a Lorenzini que deje de actuar, en un fallo que inmediatamente devino abstracto.

"El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía. Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019", escribió el Presidente en su cuenta oficial de Twitter.

Además, anunció que había dado "instrucciones" a los organismos públicos involucrados en el tema para que "realicen las acciones civiles, comerciales y penales" que "permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo" y otorgados durante el Gobierno anterior y "dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado".

Al argumentar la derogación, Fernández señaló que el Estado Nacional "no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo".

En ese sentido, el jefe de Estado sostuvo que su "intención" fue "siempre rescatar a la empresa, preservar los activos y mantener las fuentes de trabajo" y que la "obligación" del Estado es que se "investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído".

"La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentín S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial", sostuvo el mandatario, al referirse al decreto que firmó el mes pasado, cuando nombró a Gabriel Delgado como interventor por un plazo de 60 días, hasta que luego el juez diera lugar al reclamo de sus dueños y restituyera a su directorio.

"En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores", concluyó el Presidente.

El 8 de junio, el Presidente anunció, también sorpresivamente, la intervención de Vicentín y el envío de un Proyecto de ley al Congreso para la declaración de la utilidad pública y la expropiación de la cerealera, que en diciembre de 2019 había entrado en "estrés financiero" y cesación de pagos dejando un tendal de acreedores entre los cuales se cuentan el Banco Nación, con 300 millones de dólares, la Asociación de Cooperativas Argentinas ACA, con U$S 90 millones, y varias entidades crediticias internacionales.

Un día después se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia 522/2020 en el Boletín Oficial, que estableció la intervención, y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo viajaron a la localidad santafesina de Reconquista para reunirse con el juez en lo Civil y Comercial Fabián Lorenzini, que lleva adelante el concurso de acreedores.

Allí los recibió una "pueblada" de manifestantes de la coalición Cambiemos/Juntos por el Cambio, de la cual la empresa Vicentín fue la principal aportante de campaña.

Los medios hegemónicos Grupo Clarín, La Nación, Infobae y América, entre otros, presentaron la decisión oficial como un ataque a la propiedad privada y el estado de derecho. Al mismo tiempo que invisibilizaban las manifestaciones de los trabajadores aceiteros y desmotadores -junto a otros sectores- en apoyo a la medida.

Paralelamente al concurso que conduce Lorenzini, otras causas, casi completamente opacadas por el blindaje mediático, siguen su curso.

La primera es la causa penal que llevan el juez federal Julián Ercolini y el fiscal federal Gerardo Pollicita en la que se investigan "graves delitos" cometidos por integrantes del directorio del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri y directivos de las empresas Vicentín SA y Algodonera Avellaneda SA mediante maniobras en perjuicio de la entidad pública por "créditos millonarios en dólares irregularmente otorgados a Vicentín SA".

En esta causa el fiscal Pollicita pidió que se ordene la inhibición de bienes al ex presidente y vice del Banco Nación bajo el gobierno de Mauricio Macri, Javier González Fraga y Lucas Lach, a ex directivos y gerentes de la entidad y a ocho directores del grupo Vicentín, entre ellos sus actuales presidente y vice -Daniel Buyatti y Alberto Macua-, y el CEO, Sergio Nardelli.

De acuerdo al fiscal del expediente, hubo maniobras delictivas que posibilitaron que la empresa haya acumulado una deuda de 18.500 millones de pesos. Incluso, los elementos probatorios recabados hasta el momento permiten sostener que «funcionarios del Banco Nación, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria».

Por ello, otorgaron «irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentín y Algodonera Avellaneda, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba».

Según la Justicia, las «constancias recolectadas posibilitan afirmar que, del otro lado, los empresarios de la firma Vicentín, en connivencia con los funcionarios, solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones, con el objetivo de que finalmente, cuando las autoridades del banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos de dónde el Banco Nación pudiera hacerlo».

La segunda es la investigación penal abierta el 20 de julio por el fiscal provincial de Santa Fe, Miguel Moreno, para determinar si los directivos de Vicentín conformaron una asociación ilícita para estafar a proveedores y entidades financieras, a partir de una denuncia presentada por el abogado Gustavo Feldman, quien busca que se investigue si los directivos de la cerealera organizaron un plan para llevar adelante una estafa a través del llamado "esquema Ponzi", una suerte de pirámide especulativa por el cual se apalancan las últimas operaciones con las primeras.

La tercer causa es la que se tramita en Nueva York, EEUU, donde los acreedores extranjeros de Vicentín solicitaron la intervención del FBI y la justicia dispuso una medida denominada "Discovery" que apunta a descubrir dónde fue a parar el dinero que desapareció de la empresa. Esos acreedores, entre los que se cuentan algunos muy influyentes como el Rabobank y el FMO (Países Bajos) y la Corporación Financiera Internacional (Grupo Banco Mundial, Washington), declararon haber sido víctimas de una estafa internacional de largo alcance.

Un concurso trucho

Para iniciar el concurso de acreedores el Juez Fabián Lorenzini aceptó de parte de la empresa un resumen contable sin valor legal.

Sólo cuando en junio los representantes del gobierno y de los acreedores externos lo reclamaron, al tiempo que trascendió mediáticamente la irregularidad, Lorenzini le pidió al síndico del concurso que le requiriera a la empresa la presentación del Balance 2019 cosa que debería haber hecho en febrero y encima le dio 40 días para presentarlo.

Sin embargo, los aún directores Cristian Padoan y Martín Colombo respondieron que "el Directorio ha concluido que bajo las circunstancias en las que se encuentra la sociedad, tramitando su concurso preventivo y próximo a producirse los informes más relevantes del proceso, de verificación de créditos y el general, aparece de toda prudencia postergar la producción de esos documentos contables, para que se compadezcan adecuadamente con las actuaciones que se cumplirán en el trámite concursal y cuándo éstas hubieran agotado su Instancia".

Este juez se dio el lujo de no acatar el decreto presidencial que tiene fuerza de ley, no aceptó la intervención del gobierno nacional, no aceptó el planteo del gobierno de la provincia de Santa Fe, transformó al interventor de la provincia en veedor y se arrogó la convocatoria a audiencias de conciliación entre la provincia y los dueños de Vicentín a quienes repuso al frente de la empresa.

Las irregularidades jurídicas no son casuales. Uno de los lazos que unen al titular del Juzgado Nº 2 de primera instancia en lo Civil y Comercial de Reconquista con la empresa son los créditos millonarios del Banco Nación, sobre los que dictaminaba como apoderado de la sede local de la entidad.

Aunque Fabián Lorenzini tiene alrededor de un año y medio como magistrado, en los 20 años anteriores -desde 1999 hasta noviembre de 2018- fue empleado del Banco Nación en la sucursal de la misma ciudad santafesina y firmó dictámenes sobre empresas del grupo.

De este modo, el ahora juez hoy está fallando sobre una empresa que fuera su cliente, pero además, el Banco Nación tiene certificada su firma en decisiones sobre empresas del Grupo Vicentín. A modo de ejemplo, Buyanor (dictamen 141 de fecha 27 de abril del 2018), Biogas Avellaneda (dictamen 210 de fecha 9 de octubre del 2018) y Renopack (dictamen 218 de fecha 26 octubre 2018).

Con el directorio repuesto, el juez Lorenzini habilitó audiencias de "conciliación" en las que el gobierno de la Provincia le presentó a la empresa una propuesta de "salvataje" a través de un fideicomiso mixto, en el cual el directorio actual se correría de forma voluntaria e inmediata.

Sin embargo, y a pesar del optimismo desplegado por los funcionarios provinciales después de esa primera audiencia, la alternativa se fue diluyendo en las semanas siguientes.

Por su parte los integrantes del directorio levantaban la apuesta negándose a entregar el control de la empresa y exigiendo "inmunidad Judicial".

Tras la segunda audiencia, que tuvo lugar el jueves 30, los funcionarios de la provincia dieron por caída la posibilidad de un acuerdo.

"Lamentablemente no hemos podido acordar", aseguró Somaglia, secretario de Justicia de la provincia, quien relató que las dos condiciones que pretendía llevar adelante tanto el Estado Nacional como la Provincia, era que "los directores actuales se apartaran inmediatamente de sus cargos y han decidido no hacerlo", al tiempo que relató que "en relación a las acciones que pedíamos que sean transferidas en fideicomiso en administración tampoco se logra su cometido".

Por este motivo, "hemos decidido dejar aquí la negociación" declaró el funcionario, tras marcar que esa era "nuestra línea de tolerancia".

Ahora el futuro de la empresa entra en un cono de sombra, con el tendal de miles de acreedores, muchos de ellos pequeños y medianos productores, y otros tantos miles de trabajadores junto a sus familias pendiendo del hilo de las decisiones de un juez -Lorenzini- que hasta ahora no hizo más que actuar como escudo defensivo de los responsables del desfalco.

Claudio Lozano: "el gobierno debe construir consenso"

En el marco de una charla sobre Renta Universal, organizada por Unidad Popular, organización política de la que forma parte Claudio Lozano, actual directivo del Banco Nación y mentor del decreto que impulsaba la intervención estatal sobre el grupo Vicentín, fue consultado ante el sorpresivo anuncio presidencial sobre la derogación del DNU 522/2020 que ordenaba la intervención de Vicentín S.A.I.C. por 60 días.

"El decreto se deroga por la sencilla razón que fue presentado en la justicia federal para validar su constitucionalidad y la justicia federal lo remitió al Juzgado Federal de Reconquista, donde también está Vicentín. Entonces la decisión oficial de derogar es para evitar que el juez de Reconquista diga que este decreto es inconstitucional porque seguramente es eso lo que iba a hacer. Y lo que está definido acá es que el gobierno debe empezar de vuelta si quiere resolver el tema de Vicentín, pero debe empezar bien. Debe empezar discutiendo con los trabajadores, con las cooperativas, con los productores agropecuarios y construyendo el consenso sobre el delito y el fraude construido por este grupo empresario, sobre la base de la investigación que debe llevar adelante la AFIP, que tiene causas suficientes de sus declaraciones de exportaciones. La Unidad de Información Financiera (UIF) tiene que ver qué pasó con la plata en las relaciones que Vicentín estableció con sus subsidiarias en el exterior y qué pasó con la venta que hizo dos días antes de entrar en cesación de pagos de su participación de una empresa como es Renova y se llevó la guita afuera.

"Vicentín está siendo juzgada en New York, en Suiza, en Rosario, en Buenos Aires. El fiscal Gerardo Pollicita -que interviene en la causa que sigue en Comodoro Py sobre el trámite irregular del Banco Nación que le inhibió los bienes a González Fraga y a los dueños de Vicentín- pidió el allanamiento de Vicentín en el día de ayer y el juzgado Federal de Reconquista no lo permitió y le dio 24 horas, para que así el allanamiento sea retrasado. Es decir, llevate todo lo que te pueda comprometer. Esta es la razón de la derogación del decreto. "Sería una pena que, en el marco de algo que no se hizo bien, directamente se resigne el objetivo. Y este objetivo es que tenemos la oportunidad de transformar el fraude y la estafa de Vicentín en una empresa testigo en el comercio exterior de granos. Perder esa posibilidad sería realmente una pena. El objetivo de la derogación fue evitar que se consume una decisión judicial de inconstitucionalidad."

En declaraciones previas, Lozano había afirmado: "No hubo una conversación con los 1.895 productores que están colgados del pincel por la estafa de Vicentín, no se llevó a cabo una conversación con las 98 cooperativas que quedaron defraudadas. No hubo una tarea de diálogo con los 7.000 trabajadores atrapados con esta crisis del grupo empresario y, por lo tanto, no se gestaron las condiciones para que esto pueda lograrse. Lo que permitió al poder económico inducir una discusión falaz en donde se utilizaron cuestiones como el problema a la violación jurídica y la afectación a la propiedad privada; cosa que en la práctica ha violado estas dos premisas dejando un tendal de productores, la banca pública, trabajadores estafados. Toda la argumentación que han utilizado ha sido mentirosa, pero intentó generar obstáculos contra el proyecto de expropiación que era el más adecuado. A pesar de ser el planteo adecuado la expropiación no tenía la preparación política y comunicacional necesaria y apareció como alternativa el plan Perotti".

Pronunciamiento de organizaciones sociales

"Cada día aparece un nuevo dato que corrobora lo que el capital concentrado y la prensa hegemónica buscan ocultar: lo de Vicentín es una brutal estafa al pueblo argentino en general, orquestada por los accionistas de la empresa y con el guiño de las máximas autoridades políticas del gobierno anterior", comienza el comunicado del Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular, que está integrado por organizaciones de productores, cooperativas, de la agricultura familiar campesina e indígena, sociales, gremiales y políticas firmantes. Y continúa: "entendemos que no debemos ceder ante las presiones del poder, y estamos dispuestos y dispuestas a sostener la pelea por la intervención de la empresa y su expropiación, para reconvertirla en una Empresa Pública al servicio de la Soberanía Alimentaria de nuestro pueblo, que es una necesidad impostergable".

En la misma línea, remarcan: "nuestras organizaciones han sido protagonistas de la derrota política del proyecto neoliberal en nuestro país, y ahora en plena pandemia seguimos demostrando nuestra vocación solidaria y nuestro rol esencial para atender tanta necesidad. Para encarar la reconstrucción sobre un nuevo piso de derechos debemos ponerle límite a la actitud desestabilizadora y especulativa del poder concentrado. Esa es nuestra vocación porque queremos y peleamos por un país para todos y todas".

Finalmente, remarcan el rol central que deben tener en el caso Vicentín las cooperativas y las organizaciones de productores: "es necesario asignarle al sector cooperativo y otras organizaciones de productores, asociadas con el Estado, y con los y las trabajadoras, un rol protagónico como actores y actrices de una nueva matriz productiva nacional, que produzca alimentos sanos para los y las argentinas y para exportar al resto del mundo. Esta es la Soberanía Alimentaria, de manera de hacerle frente a las empresas transnacionales que solo buscan el lucro afectando el precio y la calidad de los alimentos que consumimos", sostienen. Por todo lo expuesto, sostienen: "frente a las presiones de arriba, es necesario avanzar en la intervención y expropiación de Vicentín. Para que no le roben a nuestro pueblo, para desandar la concentración y extranjerización de sectores estratégicos para el país, para que la presencia del Estado termine con la evasión, elusión y la fuga de divisas en el comercio exterior, para plantearnos un cambio en la matriz productiva agraria y avanzar hacia la Soberanía Alimentaria".

Ver documento y listado completo de organizaciones firmantes: http://foroagrario.org/vicentin-vamos-por-la-intervencion-y-la-soberania-alimentaria/

El referente de la CTA Pablo Micheli cuestionó al presidente Alberto Fernández por haber dado marcha atrás con la expropiación de Vicentín bajo el argumento de que la gente no salió a festejar dicho anuncio.

«Desde la CTA no estamos de acuerdo con ese criterio. Es un error de lectura decir que el pueblo no está feliz con la expropiación. La mayoría de los argentinos lo apoya. Obvio que si le preguntás a los que se movilizaron en Plaza de Mayo o en Avellaneda, Santa Fe, van a decir lo contrario. Pero no es ese el pueblo nada más. La mayoría del pueblo está a favor», afirmó.

A mediados de julio, el Presidente había admitido que se equivocó con Vicentín por creer que «iban a salir todos a festejar» tras el anuncio de intervenir la firma, al reconocer que tuvo una «percepción errada» sobre una medida que apuntaba a rescatar la empresa. Quienes me conocen saben que no soy un loco suelto, no ando con una chequera de expropiaciones», manifestó el Presidente.

Por su parte, el secretario general de la CTA Autónoma de Río Negro, Rodolfo Aguiar, advirtió en declaraciones a la prensa que "el Gobierno debe profundizar sus políticas y estatizar la empresa para que no se repitan viejas experiencias", porque "de lo contrario se correrá el riesgo que retorne un CEO a la Casa Rosada en el 2023?.

En una sintonía similar se expresó el dirigente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi: «Milito para que no claudiquemos con el tema Vicentín». A su vez, afirmó que la empresa "es un cadáver, el tema ahora es que los buitres no carancheen el cuerpo», y añadió: «En este caso el fin justifica los medios, espero que el gobierno no claudique con el tema. Me parece que esta propuesta es superadora».

El Banderazo que no te mostraron

El 9 de julio, Rosario y Reconquista, en Santa Fe, y Tancacha, en Córdoba, vieron sus calles colmadas de trabajadores y trabajadoras con un único objetivo: manifestarse en defensa de los puestos de trabajo y a favor de la expropiación de Vicentín.

Los medios de comunicación que responden a intereses empresarios tomaron partido. Silenciaron el Banderazo de los trabajadores e inundaron la tarde con imágenes y palabras del otro Banderazo, el que exigía por "libertades".

En este contexto fue que se desarrollaron caravanas, banderazos y actos por parte de los trabajadores y trabajadoras de la multinacional. No estuvieron solos. Vecinas y vecinos, así como otros sindicatos y organizaciones sociales, acompañaron su reclamo.

Leandro Monzón, de la Comisión Interna Vicentín Avellaneda, afirmó que "el Estado es el único que está garantizando los puestos de trabajo. La empresa, en estos meses de conflicto, nunca nos dijo qué van a hacer y vienen cerrando procesos productivos. Además, el gobierno ejecutivo de la Ciudad sale a apoyar a Vicentín y cuando a nosotros nos cerraron dos procesos productivos nunca se solidarizó con los trabajadores". Respecto a la deuda que Vicentín mantiene con sus acreedores, Monzón -como sus compañeros- considera que el dinero "está afuera, que la fugaron", al tiempo que asevera que la empresa "está haciendo un gran lobby político. No quieren pagar, quieren que paguemos todos los ciudadanos".

Por su parte, el Secretario General del Sindicato de Reconquista, Dionisio Alfonso, sostuvo: "apoyamos la intervención del Estado porque es una alternativa para salvar los puestos de trabajo y la empresa en sí. Cofco Valentín Alsina, en Buenos Aires, a manos de una empresa china, cerró sus puertas de un día para otro y dejó sin trabajo a 195 personas. Eso es lo que tememos en nuestra región. No queremos que otras empresas extranjeras vengan, compren nuestras empresas y después quiebren. Queremos que todo se solucione. La transparencia para nosotros es muy importante, las fuentes de trabajo también. Le quiero reiterar al gobierno nacional, a nuestro Presidente, que hoy fue una caravana de trabajadores", concluyó.

Marco Pozzi, secretario de salud laboral de la Federación de Aceiteros y Desmotadores, aseguró: "damos nuestro apoyo como trabajadores a la intervención y expropiación de Vicentín. Queremos alzar el grito en defensa de los puestos de trabajo tanto en la aceitera como en la algodonera y darle el apoyo al gobierno nacional para que realice la intervención, la expropiación, y que haya una investigación y que paguen los que tengan que pagar. No nosotros con nuestro trabajo, sino los empresarios".

En el acto de cierre de la jornada, que tuvo lugar en el Monumento a la Bandera, Daniel Yofra, secretario general de la Federación, expresó: "empecemos a ganar la calle, que es la que nos corresponde a nosotros, a la clase trabajadora, y no a esos que defienden a empresarios y estafadores, no a esos que defienden a la Mesa de Enlace, no a esos que defienden a una clase que nos odia. Necesitamos un gobierno que realmente se ponga los pantalones, se ponga la pollera, y defienda a la clase trabajadora de una vez por todas. Si no ocurre eso, tendremos que salir, porque la calle es de los trabajadores, no se la podemos dejar a los empresarios".

Miguel Ferreyra, Secretario del Sindicato de Tancacha (Córdoba), sostuvo que "es una barbaridad que en este país los poderosos, los millonarios, hacen lo que quieren, nadie les dice nada y los medios hegemónicos tapan todo. No estamos de acuerdo con esa lógica" y agregó: "si te ponés a hacer un análisis, solamente de trabajadores aceiteros de Reconquista y Avellaneda, que es donde nace Vicentín, del año 70 que tenía 1.000 trabajadores ahora quedan menos de 200. El desguace ha venido lentamente. La trama de Vicentín es muy grande. Son empresas que exportan vía Paraguay o Uruguay para evadir impuestos y no pagar retenciones. Eso también es un fraude al Estado. Es importante que la justicia investigue y que los diputados y senadores también investiguen. Ellos se deben al pueblo, no a un grupo minúsculo de empresarios".

El Frente de Izquierda, desde las bancas de Nicolás del Caño y Romina del Plá, fue la única fuerza política que oficialmente presentó un proyecto de expropiación sin pago de la empresa, bajo gestión de sus trabajadores y trabajadoras. La propuesta plantea «la apertura de libros contables y la eliminación del secreto bancario» para demostrar "la estafa y el desfalco». También propone una Comisión investigadora independiente para contribuir a dejar en claro las maniobras fraudulentas de estos empresarios".

Entrevistamos a Daniel Yofra, Secretario general de la Federación de trabajadores del complejo industrial oleaginoso de la República Argentina

«Ojalá que esta política de intervención/estatización de Vicentín no sea casual«

M.H.: Queríamos dialogar contigo sobre la idea de enviar al Congreso un Proyecto de ley de intervención a la empresa Vicentín por parte del gobierno nacional. ¿Cuál es la posición de los y las trabajadoras?

D.Y.: Nosotros estamos a favor de la intervención del Estado como política de Estado. Porque creemos que la empresa privada cuando hace mal las cosas y peligran los puestos de trabajo, el Estado tiene que intervenir. Si no lo hace pasa como lo que ha pasado con las empresas en donde el Estado no lo hizo, a veces ni estatizando, interviniendo, solo tratando de gestionar para que otro utilice las instalaciones y las capacidades de cada fábrica.

El caso que para nosotros es muy conocido fue la estatal china Cosco que compró Nidera y terminó cerrando la planta de Valentín Alsina a los dos o tres años de haber comprado. Y estamos hablando de una empresa de 200 trabajadores, con una tecnología avanzada, que era una de las tres empresas envasadoras, junto con Vicentín y General Deheza que era la que más capacidad tenía de envasado. Nosotros cuando se cerró le pedimos al gobierno macrista que intervenga, no lo hicieron y la planta cerró. Y no porque la planta no fuera rentable, sino porque no les interesaba el negocio.

M.H.: ¿A cuántos trabajadores involucra la empresa Vicentín?

D.Y.: De la parte del aceite hay alrededor de 2.200 trabajadores. Después hay contratistas que de esos nunca nadie se acuerda. Por otro lado hay otros 4.000 más de frigoríficos que están en la ciudad de Reconquista, tienen la hilandería en la ciudad de Avellaneda, los viñedos en Mendoza, una envasadora de jugos en San Juan, tiene otras actividades en donde también tienen mucho personal. Son alrededor de 6.000 más otros 20.000 en forma indirecta.

M.H.: ¿Cuál es la situación actual de los trabajadores?

D.Y.: Los trabajadores de la empresa donde nosotros intervenimos, que es la planta de Avellaneda, han tenido continuidad laboral. Están a un 30/40% de la capacidad instalada. Pero Vicentín se declaró en estrés financiero, la empresa de Ricardone estuvo parada, hablo de la del norte de Santa Fe, en San Lorenzo estuvieron parados. La actividad era totalmente incierta. Incluso en las distintas audiencias que hemos tenido con la empresa reclamando la deuda que tenía con los trabajadores de un bono que se había conseguido hacia fin de año, del aumento que habíamos logrado el 30 de abril, que no lo habían pagado y no sabían si iban a poder pagar la quincena. Esto también comentaban los compañeros de San Lorenzo que están fuera de la Federación.

M.H.: ¿Querés agregar algo?

D.Y.: Lo que nos dijo el gobernador Perotti fue que cualquier medida que tome el gobierno nacional se va a ir negociando, que no va a ser nada por decreto sino que a través del Congreso. Que todo lo que se está hablando, que puede ser expropiada, que se intervenga, que la tome otra empresa, todo va a ser pensando en la continuidad laboral de los trabajadores. Eso a nosotros nos da cierta tranquilidad porque es lo que buscábamos. Ojalá que esta política de intervención hacia la empresa que peligra la fuente de trabajo y que ha dejado en el camino a muchos trabajadores sea una política de Estado y no una política casual. Que sea producto de políticas nuevas que garanticen la continuidad laboral de los trabajadores argentinos, que la necesitamos porque en la medida que sigan cerrando empresas se va a incrementar el nivel de desocupados y miseria que viene en el país. Porque no hay una crisis económica, sino una crisis social donde muy pocos tienen muchísima plata y muchos son pobres.

Entrevista al diputado nacional y referente de la CCC, Juan Carlos Alderete

«Pensamos que el tema Vicentín debe ser debatido en el Congreso Nacional»

M.H.: El 24 de junio, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otras organizaciones, fue a entregar una carta en la sede porteña de Vicentín, en el marco de una jornada nacional de ollas y banderazos por "Vicentín para el pueblo". ¿Qué nos podés comentar al respecto? En cuanto al contenido de esa carta y al motivo de esa jornada nacional.

J.C.A.: Para que quede clara la enorme deuda que tiene Vicentín con la banca pública durante los últimos meses del gobierno de Macri que entró en cesación de pagos y, sin embargo, le otorgaron un préstamo que no debían. Está cargado de ilícitos el tema de Vicentín. Por eso tiene mucha importancia que llegue al Congreso nacional, que se debata allí, porque la gravedad de los hechos es de mucha magnitud. Porque estamos hablando de la principal producción nacional en una de las principales ramas que es la exportación de grano, por todo eso pensamos que lo mejor es que lo trate el Congreso nacional y que no solo se discuta el tema de Vicentín, sino que además el Congreso nacional aporte con una Comisión bicameral en la investigación de los hechos que son realmente graves. Acá si robás una estación de servicio o manoteás una billetera vas en cana, estos tipos han hecho un desastre de ilícitos, que se tienen que investigar, tanto en la Justicia como el Congreso nacional, porque es un hecho de profunda importancia para el futuro de la Nación.

M.H.: Me consta que fuiste de los primeros en plantear este tema a nivel parlamentario. Este es un debate que la oposición no quiere dar ¿verdad?

J.C.A.: Por supuesto que no es una cosa menor, justamente la empresa Vicentín fue la mayor aportante de la última elección presidencial para Juntos por el Cambio, por lo tanto, hay una responsabilidad allí y por eso la defensa a ultranza que están haciendo con esa empresa, no tienen en cuenta a los pequeños productores, a las cooperativas de servicios que tienen deudas importantísimas inclusive algunas con sede en Avellaneda. Hace pocos días lo escuché al Presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, que ha dicho lo más justo, que hay un vaciamiento de la empresa y a la vez en todas las cooperativas y productores que han sido estafados.

M.H.: Jornada nacional convocada por la CCC, Movimiento Evita, Somos barrios de pie, Movimiento de los Trabajadores Excluidos, Movimiento La Dignidad, FPDS. ¿Qué características tuvo esta jornada nacional?

J.C.A.: En todos los comedores populares entregamos folletos explicando lo que significa lo de Vicentín para que todos nuestros compañeros tengan la información y puedan ver que ha sido una gran estafa que han hecho en nuestro país. Esto arranca desde la dictadura de Onganía, ha sido favorecida por el Estado desde entonces, Cavallo nacionalizó deuda y los argentinos la tuvimos que pagar. Es un proceso largo de estafa.

M.H.: Incluso bancos extranjeros han pedido una investigación.

J.C.A.: Han pedido juicio varios bancos extranjeros, como también de Paraguay, algunas organizaciones con las que también tienen deuda, ha presentado la justicia del Paraguay este tema de la estafa. Como cuidamos la vida de los compañeros y estamos en emergencia sanitaria, estamos en el peor momento, entonces no vamos a movilizar masivamente y vamos a hacer esto en comedores, copas de leche, en todos los lugares que seamos visibles, pero no va a ser con presencia masiva sino más bien mediática.

M.H.: Hablaste de comedores y copas de leche, ¿cuál es la situación que están viviendo las organizaciones sociales respecto a las medidas sanitarias y los alimentos?

J.C.A.: La verdad es que me da un orgullo y una alegría enorme al ver a mis compañeros y a los compañeros de las demás organizaciones, arriesgando su vida entregando alimentos a gente que los necesita. En el caso de nuestra organización son 30.000 los compañeros y compañeras que están arriesgando su vida en el frente de la lucha contra la pandemia. Se están haciendo maravillas aunque siempre es insuficiente. Se tiene que apelar al comercio de la esquina que siempre ha brindado su solidaridad y ayuda, sabiendo que también está muy mal. De esa manera se está soportando la cuarentena y la falta de trabajo.

M.H.: Evidentemente el rol de las organizaciones sociales es clave en este momento y me remonto a aquellas grandes primeras movilizaciones, algunas de las cuales tuve el honor de acompañar, al inicio del año 2001.

J.C.A.: Nosotros decimos que las organizaciones tienen presencia en los lugares que el Estado abandonó hace muchos años, esas organizaciones están haciendo un aporte muy grande, tanto al sistema sanitario, como al poder político de la zona. Es el aporte que podemos hacer nosotros que somos los que vivimos en esos barrios, que tenemos presencia allí. El barrio cuida al barrio, estamos acompañando al programa Detectar y hay muchos intendentes que merecen un reconocimiento político importante. Hace pocos días estuve con Juan José Mussi, Intendente de Berazategui, y me manifestaba que hasta hace 2 años no entendía lo que era la Economía popular y mucho menos a las organizaciones sociales, que creo que nos hemos ganado un lugar y un reconocimiento político. Las organizaciones no paran de trabajar, lo hacemos todo el año.

Reprimen a trabajadores

El viernes, obreros y obreras de Algodonera Avellaneda -del Grupo Vicentín- realizaban una volanteada en la localidad santafesina homónima para informar a los vecinos de la situación laboral que atraviesan y en reclamo de salarios dignos y estabilidad económica. En ese marco, agentes de la policía de Santa Fe "interrogaron, reclamaron datos personales, les sacaron fotos y les impidieron continuar con la actividad de difusión".

Desde el 6 de julio las trabajadoras y los trabajadores de Algodonera Avellaneda sostienen una medida de fuerza reclamando aumento de los salarios de miseria que perciben, de entre 20.000 y 25.000 pesos mensuales promedio. Parte de los cuales la empresa abona con vales de mercadería que se descuentan del ingreso salarial, una medida patronal que recuerda a las viejas épocas de La Forestal.

Además, las trabajadoras y los trabajadores están cobrando parcialmente los salarios: sólo los montos correspondientes al programa de asistencia del gobierno nacional ATP. Al día de la fecha la empresa no les ha pagado lo restante, esto es, la diferencia entre el monto del ATP y los sueldos.

En este contexto y tras 23 días de huelga, la empresa se niega al diálogo y ni siquiera se presentó a la audiencia en la sede del Ministerio.

Ante esta clausura del diálogo por parte de la patronal, las trabajadoras y los trabajadores de la Algodonera Avellaneda han decidido la continuidad de la huelga en la planta, y manifestarse desde el día de hoy en el ingreso al Parque Industrial de Reconquista. Así también, junto a su representación gremial, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón de los Departamentos General Obligado y San Javier, evaluarán nuevas medidas de fuerza que pueden incluir la extensión a otros establecimientos.

Comunicado del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón de los Departamentos General Obligado y San Javier:

Amedrentamiento y hostigamiento policial contra volanteada de Algodonera Avellaneda

Las trabajadoras y los trabajadores de la Algodonera Avellaneda, parte del grupo Vicentín, fueron hostigados hoy por agentes policiales mientras intentaban repartir volantes para informar a la población de su situación, donde no están cobrando ni siquiera la totalidad de los salarios de hambre que paga la empresa.

El amedrentamiento policial ocurrió en el día de hoy en la localidad de Avellaneda, provincia de Santa Fe, en las cercanías de la planta Buyanor, también del grupo Vicentin. Patrulleros se dirigieron específicamente hacia el pequeño grupo de diez obreras y obreros, quienes cumplían con todas las medidas sanitarias y de distanciamiento correspondientes a la Fase 5 vigente en la provincia. Los agentes policiales los interrogaron, reclamaron datos personales, les sacaron fotos y les impidieron continuar con la actividad de difusión.

Esto ocurre en la misma localidad donde el intendente Dionisio Scarpín convoca repetidamente aglomeraciones en defensa del directorio de la empresa Vicentín, violando medidas sanitarias, insultando y agrediendo periodistas sin ningún inconveniente policial.

Este repudiable hecho se suma a otra práctica de amedrentamiento que la fuerza policial ha desplegado en los últimos días: citar a delegados y referentes gremiales a las comisarías como "testigos" de su propio conflicto, práctica que es ilegal y que este sindicato ya ha denunciado ante el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Ante lo ocurrido en el día de la fecha, se está realizando una presentación conteniendo la suma de todas estas situaciones ante el ministro de Seguridad de la Provincia, Marcelo Saín.

Que sepa la sociedad cómo son tratados los trabajadores cuando reclaman por sus derechos: cobrar los salarios en su totalidad y también, que esos salarios no sean de hambre.

Hacemos responsable a la Provincia de Santa Fe de que la policía local actúa como fuerza de choque de la empresa Vicentín.

Esta misma empresa que usa la fuerza pública como su guardaespaldas privado, es la misma empresa que es investigada penal y legislativamente por una monumental estafa contra la banca pública, contra cientos de productores rurales que hace meses no cobran un centavo de lo que les debe Vicentín, contra las trabajadoras y los trabajadores que reclaman cobrar sus salarios y en suma, contra el conjunto del pueblo argentino.

La Haine

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