El Salvador: Días de problemas para Bukele

En el mes de diciembre, en el ‘Pulgarcito de América’, tres simbólicas efemérides coincidieron con la agitación de tensiones diplomáticas, deudas históricas con la justicia por crímenes de lesa humanidad, y una marcha masiva contra el presidente.

Las casualidades no existen, las causalidades, sí”, filosofaba Sebastián Torogoz, ex combatiente del FMLN y actual líder del mítico grupo musical, Los Torogoces de Morazán. Su reflexión coincidía con tres efemérides que, en una misma semana, y mediante actores distintos, han acrecentado las tensiones con las que se dibujan los nuevos paradigmas que afectan a los salvadoreños, a su clase política y a EEUU. Casualidad, causalidad o coincidencia, así fue como transcurrieron esos días.

9 de diciembre, Día Internacional Contra la Corrupción

A San Salvador le caracteriza el caos de una ciudad centroamericana cualquiera, pero transcurre una paz inquietante. La gente vende, compra, viaja en bus, camina por la calle, llena restaurantes y se desplaza como en cualquier otro lugar del mundo, sólo que hay 19,5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Llama la atención que, pese al tráfico denso, no suena ni una bocina. “Acá nadie pita porque no sabes si en el carro de enfrente van unos mareros. Las maras ya no son un montón de tipos tatuados, ahora puede ser desde esa señora que está ahí palmeando tortillas, hasta un ejecutivo o un político”, cuenta un lugareño. Esa ‘paz’ deja entrever fotógrafos del gobierno con aparatos carísimos por toda la ciudad, documentando la obra pública del presidente para el universo paralelo de las redes sociales.

Entre las estampas cotidianas que en el presente sólo pueden divisarse en El Salvador, hombres y mujeres de apariencia humilde buscan asesoría en los puestos de la Chivo Wallet —la cartera oficial de bitcoin del gobierno— para retirar los 30 dólares prometidos a todo aquel que descargase la aplicación en su teléfono.

Lejos de estos cajeros custodiados por militares y policías, las relaciones entre las administraciones de Joe Biden y Nayib Bukele se acercan a un punto de ebullición. Hace un mes que Jean Manes, la Encargada de Negocios interina (máximo representante comercial entre la diplomacia), sorprendió anunciando que dejaba su cargo. En alusión a un acercamiento con la Casa Blanca, Manes declaraba en un programa de televisión local que “no podemos pensar que hay interés si están usando su maquinaria de comunicación pagada para atacarnos todos los días.
Ataques a la Embajada, a mi persona y hasta al presidente Biden”.

Así, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el Departamento del Tesoro de EEUU procuró la primera coincidencia: bajo la Ley Global Magnitski sobre Responsabilidad de DDHH, tres piezas clave del gobierno de Nayib Bukele fueron sancionadas. El director de Centros Penales y viceministro de Seguridad de El Salvador, Osiris Luna y el encargado de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, protagonizaron el escándalo semanal. Se confirmaba así lo que el diario local El Faro ya había destapado: las negociaciones del gobierno de Bukele con las maras MS-13 y Barrio 18, consideradas organizaciones de crimen transnacional por los EEUU y terroristas por El Salvador. Además, a la jefa de Gabinete del Ejecutivo, Carolina Recinos; se le acusaba de dirigir “un esquema de corrupción multimillonario en múltiples ministerios”, según un comunicado del Departamento del Tesoro.

Las negociaciones con las pandillas consistían en que estas mantuvieran bajos los homicidios y la violencia, a cambio de incentivos económicos y otras exigencias. También, se negoció apoyo político al partido Nuevas Ideas de cara a las próximas elecciones y la ayuda de las maras para mantener la cuarentena durante la pandemia en las zonas que ellos controlaban. “Las pandillas también obtuvieron beneficios para los líderes encarcelados en los centros penitenciarios, como la provisión de teléfonos celulares y prostitutas”, señalaba un comunicado del Tesoro estadounidense. Bukele, por su parte, negó los hechos desde su cuenta de Twitter.

Combatir la corrupción es una de las estrategias con las que la administración Biden dice pretende reducir la inmigración del Triángulo Norte. Así, mientras EEUU excluía a El Salvador de la lista de invitados de la Cumbre por la Democracia que se celebraba el mismo fin de semana, el autodenominado ‘CEO de El Salvador’ arremetía en Twitter publicando pantallazos de supuestas conversaciones privadas de Whatsapp mantenidas con Manes, que posteriormente eliminó.

10 de diciembre, Día Internacional de los DDHH

En la víspera del 10 de diciembre, un mensaje se difundió por las montañas de Morazán. Alertaba de la visita de Bukele a la plaza central de El Mozote, donde el 11 de diciembre de 1981, en plena guerra civil, el Batallón Atlácal del ejército salvadoreño financiado por EEUU, pronunció frases como éstas: “¡Mayor! Aquí hay uno que dice que no quiere matar niños”, “¿Quién es el hijo de puta que dice eso?”.

Asesinaron a 558 pequeños, utilizaron la violación a mujeres y niñas como arma de guerra y los hombres fueron torturados y aniquilados. Después quemaron sus cuerpos y sus casas y prosiguieron a hacer lo mismo en otros caseríos de la zona. ‘Tierra arrasada’ se llamaba la técnica contrainsurgente. No quedó nada. Fueron cerca de mil personas en tres días en varios cantones de la zona. Cuarenta años han pasado de un crimen que permanece impune, y la comunidad llevaba semanas preparando la conmemoración.

Pero Bukele decidió hacer un evento propio y no acompañar a las víctimas en aquel que ellas mismas, sin ayuda del gobierno, habían organizado. Fue acompañado de un equipo de alrededor de cien personas que incluía una veintena de fotógrafos y videógrafos (la materia prima del bukelismo), policías y —en un desliz de tacto con las víctimas— hasta militares. “Todo el mundo sabe que esto es para desestabilizar la conmemoración de mañana. Las instituciones querían apropiársela, pero como no se les permitió, entonces hacen sus escenarios autónomos”, espetaba Nancy Guevara, miembro de la Asociación Promotora para los DDHH de El Mozote (APDHEM).

La masacre de El Mozote y Lugares Aledaños es un punto de inflexión en su historia contemporánea, tanto por la magnitud del crimen, como por los implicados (alto mando militar, apoyo económico y asesoría militar de EEUU) y por el hecho de ser el primer proceso judicial por delitos graves de la guerra civil que se realiza en el país. Pero el juicio se tropezó con varias piedras lanzadas desde la administración.

Una de ellas fue la reiterada negativa de los militares a las exigencias del juez Jorge Guzmán de entregar los archivos relacionados con el caso. La otra, un decreto legislativo que jubiló a un tercio de los 690 jueces del país y que acabó por sacar a Guzmán del caso. “No vengo a pedir perdón, qué pidan perdón los asesinos”, dijo Bukele iniciando su discurso.

“Hace poco atacaron un decreto de la Asamblea Legislativa porque dicen que yo ataco al juez de El Mozote, y pienso: ¿No hubo Asamblea Legislativa, sistema judicial, Corte Suprema de Justicia durante 40 años? ¿No fue suficiente tiempo para probar si iban a hacer justicia o no?” Así, en su discurso, el autodenominado CEO de El Salvador, prometió una inversión de 32,4 millones de dólares, pero en ningún caso se refirió a la desclasificación de los archivos militares, imprescindibles para la investigación y condena de los autores intelectuales y materiales de la masacre. Varias organizaciones le acusaron —ya que es también comandante general de las Fuerzas Armadas— de “obstruir” la justicia y solicitaron una investigación a la fiscalía. Mientras tanto, Bukele ya prepara constitucionalmente el camino para su reelección, así como la duplicación de los efectivos militares de 20.000 a 40.000 en los próximos cinco años.

“El Gobierno de Bukele está exacerbando el militarismo, tiene un pacto muy claro con el alto mando. Es un autoritario que no dialoga con los sectores sociales, que impone y está demoliendo los pocos estándares democráticos que se habían conseguido en El Salvador. En apenas dos años ha desbaratado la separación de poderes y la independencia judicial, además de acosar a la sociedad civil organizada”, explica David Morales, abogado de las víctimas.

En ese sentido, El Salvador busca aprobar una Ley de Agentes Extranjeros para que las organizaciones civiles y los medios de comunicación que reciben fondos de cooperación extranjera paguen un impuesto del 40% por las donaciones recibidas. Su incumplimiento supondría penas de hasta cinco años de prisión. El Anteproyecto de Ley fue rechazado por las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH), el Comité de Protección a Periodistas (CPJ) y la Sociedad Interamericana de Prensa. “En muchas cosas este gobierno es impredecible, se ha caracterizado por la audacia, impetuosidad, frecuentes cambios de rumbo y desdén por el Estado de derecho. Pero tiene una constante que me preocupa mucho: la ambición desmedida de controlar todos los hilos de la vida política del país”, explica Héctor Lindo, profesor emérito en historia de Fordham University.

11 a 13 de diciembre, Aniversario de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños

Al día siguiente de la visita del presidente, comenzaron las conmemoraciones en medio de un escenario teñido de solemnidad, recuerdos dolorosos y una plaza repleta de víctimas. Hay quienes dicen que el caso de El Mozote es un tema local, sin embargo, entre los asistentes se encontraba Brendan O’Brien, sucesor de Manes, quien aprovechó la ocasión para anunciar la entrega de nuevos documentos desclasificados del gobierno de EEUU. “Preservar nuestra memoria histórica es un elemento fundamental para garantizar nuestro futuro. Debemos comprender que impulsó los conflictos del pasado si queremos lograr una reconciliación significativa con ese pasado, una paz duradera, y así asegurar que tales abusos no se repitan”, expresó O’Brien en su intervención.

Según las investigaciones de la doctora Terry Karl, perito cuyo testimonio fue también clave juicio de la Audiencia Nacional por el asesinato de los jesuitas españoles, la masacre de El Mozote generó un fuerte encubrimiento de Washington. David Morales lo sintetizaba así: “Washington estaba muy incómodo ya que las constantes violaciones a los DDHH por parte de las Fuerzas Armadas de El Salvador complicaba la aprobación de la ayuda militar por el Congreso estadounidense. Karl demuestra el deliberado rol de encubrimiento de la masacre por parte de EEUU, ya que el interés era seguir financiando la guerra por sus objetivos contrainsurgentes. Hubo un militar estadounidense que estuvo presente en la zona en ese momento, rompiendo las reglas que tenía como militar asesor de los EEUU”.

El domingo 13, mientras unos honraban a sus muertos y desaparecidos, a 150 kilómetros de ese antiguo territorio guerrillero, la policía salvadoreña restringía el acceso de autobuses llenos de manifestantes a la capital. Pese a ello, la sociedad civil, sindicalistas, exjueces, excombatientes militares y guerrilleros y heridos de guerra, tomaron las calles por cuarta vez en una protesta masiva cuyas razones se resumen en un cartel que decía así: “Marchamos por la restauración del Estado de derecho y la independencia judicial. Por la liberación de los presos políticos, por los desaparecidos, por la eliminación del bitcoin, por los despidos masivos en el sector público, por el alza de la canasta básica y el alto costo de la vida, por los salarios y pensiones indignas, por el nepotismo y la misoginia del presidente y sus secuaces”.

Para Lindo, pese a que Bukele cultiva la imagen de un “nuevo tipo de líder”, su comportamiento “no dista de los hombres fuertes de la política salvadoreña del siglo XX”. En ese sentido, el profesor destaca sus “intentos de silenciar a la prensa, supeditación de los poderes del Estado a la voluntad presidencial, dar privilegios al ejército y total falta de respeto al espíritu y la letra de la Constitución”. Pero más allá de las fantasías distópicas de Nayib Bukele y su Bitcoin City volcánico, ante el fracaso de la implantación del bitcoin como moneda de curso legal, una serie de fracturas políticas, sociales, económicas y diplomáticas comienzan a hacerse sentir y a colarse en viejas consignas de los años 80. Los ojos azules de Sebastián buscan el suelo: “Estoy muy preocupado por El Salvador”, dice. Pero él, quién asegura no haber combatido en las montañas de Morazán para ocupar asientos políticos, bromea: “Si estuve dispuesto a dar mi vida por el cambio social de mi país…¿te imaginas a Sebastián Torogoz, diputado, votando por el Chivo Wallet?”

El Salto