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Argentina :: 31/12/2009

Familia Noble Herrera (Grupo Clarin) denunciada por apropiacion de sus hijos durante la dictadura.

Red Eco Alternativo
Organizaciones de derechos humanos criticaron al Gobierno de la Ciudad por irregularidades en el manejo del Banco de Datos Genéticos.

Después de seis años, Marcela y Felipe, hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, aceptaron hacerse el análisis de ADN para verificar si son hijos de desaparecidos, apropiados ilegalmente por la dueña del diario Clarín. Pero lo hicieron bajo sus propias condiciones y amparados por el juez federal de San Isidro Conrado Bergesio. El estudio se hizo en el Cuerpo Médico Forense (que fue recientemente intervenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por graves irregularidades internas) y solo será cotejado con dos familias (García-Gualdero y Miranda-Lanuscou, las primeras en reclama la realización de los análisis). Pero según indica la Ley 26.548, regulatoria del Banco Nacional de Datos Genéticos, las extracciones de sangre deben efectuarse exclusivamente en este Banco, que funciona en el Hospital Durand, ya que es el único lugar que cuenta con las muestras genéticas de las familias de los desaparecidos. Desde Abuelas de Plaza de Mayo señalaron que es necesario cotejar con todas las familias que están buscando y que con estas irregularidades los Noble Herrera procuran obtener un resultado negativo y cerrar la causa.
Extrañamente, durante esta mañana, el juez Bergesio realizó allanamientos en las casas de Marcela y Felipe con el objetivo de recoger muestras de material genético de uso personal. Esta medida fue rechazada por los abogados de los Noble Herrera, al considerarla ilegal y sin fundamento.
Sin dudas la pelea que los organismos de derechos humanos llevan adelante contra la impunidad con la que se maneja el poder es dura. La búsqueda de la verdad es una pelea que no se abandona, pero que se hace cuesta arriba, ante las complicidades de la justicia (como ocurrió la semana pasada en Rosario, cuando la Cámara Federal de Apelaciones local resolvió dejar en libertad a Carlos Sfulcini, uno de los secuestradores y asesino de Tito Messiez) y de muchos gobiernos. Los obstáculos aparecen de formas hasta impensadas. Tal es el caso de lo que ocurre hoy en el Banco Nacional de Datos Genéticos.
Las organizaciones Herman@s de Desaparecidos por Verdad y Justicia, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Servicio Paz y Justicia denunciaron la actuación irresponsable del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en relación al Banco Nacional de Datos Genéticos. Afirman que su continuidad está en riesgo a partir de un dictamen del Ministerio de Salud porteño que paraliza la adquisición de los reactivos necesarios para las pericias genéticas que se realizan en el Hospital Durand, en el marco de investigaciones judiciales por la restitución del derecho a la identidad.
En los últimos meses, el Congreso de la Nación aprobó la ya mencionada Ley 26.548, que entre sus principales puntos prevé el traspaso del Banco Nacional de Datos Genéticos de la órbita del Ministerio de Salud de la Ciudad (del cual depende el Hospital Durand) a la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. La ley aún no está reglamentada, porque lo que todavía no está en implementación. Parece que desde el Ministerio de Salud no lo entendieron así por lo que dejaron sin efecto la compra de reactivos imprescindibles para hacer las pericias genéticas.
Parece que el titular de la cartera, Jorge Lemus, y sus asesores no leyeron todos los artículos de la norma, porque sino sabrían que en los incisos 28 y 29 se establece que: “En virtud de que el Banco Nacional de Datos Genéticos constituye una herramienta de reparación de graves violaciones a los derechos humanos, se asegurará que en la implementación de la presente ley, sus tareas se seguirán realizando con normalidad, evitando suspensiones y demoras” (…) “Los estudios genéticos que se encuentren en trámite en virtud de juicios de filiación al tiempo en que la presente ley entre en vigencia, se concluirán preservándose la información genética hasta la finalización de dicho juicio”.
Las consecuencias inmediatas de esta situación son la paralización de las pericias en trámite y de los procedimientos judiciales destinados a la extracción de muestras, el desmantelamiento del equipo que posee la experiencia de gestión del Banco Nacional, que ha validado su método internacionalmente, y se pone en pone en riesgo la cadena de custodia del material genético entregado al banco.
Es por esto que las organizaciones de derechos humanos exigen “la compra inmediata de los reactivos para continuar con los peritajes y estudios en trámite, la continuidad del Banco Nacional con sede y funcionamiento actual en el Hospital Durand, hasta que se implemente con las debidas garantías el órgano que dé continuidad al trabajo pericial y el almacenamiento de muestras genéticas.
Ante estas irregularidades jurídicas y políticas, bien vale recordar algunos fragmentos de la carta abierta de nietos restituidos y hermanos que buscan a sus hermanos y hermanas nacidos en cautiverio, escrita ante el tratamiento de la Ley 26.548, y que recuerda la importancia de que las personas conozcan su identidad: “Nosotros hoy somos libres porque podemos elegir qué hacer con esta historia, ya que haber recuperado nuestra identidad no nos convirtió nuevamente en cautivos de alguien, sino todo lo contrario: nuestras familias respetan nuestros derechos y cada uno genera el vínculo que quiere con ellas. Somos libres porque recuperamos lo que nos robaron, porque pusimos las cosas en su lugar y así pudimos entender nuestro A.D.N., ese que nadie pudo cambiar… Si en algún momento de nuestras vidas nos ocultaron cuál era nuestro origen, hoy lo sabemos y podemos hablar en primera persona de eso; hoy somos capaces de construir con esa historia un futuro. El derecho a la identidad es un derecho humano y como tal irrenunciable. Es tan importante como el derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física. Nadie debe decidir si quiere o no ejercer ese derecho, porque es el Estado el responsable de garantizarlo y preservarlo”.

 

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