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02/12/2019 :: Bolivia, Bolivia, Brasil

Golpe en Bolivia

x Frei Betto
Fragilidad de las instituciones en América Latina

Sucedió lo inaceptable: Evo Morales derribado por un golpe militar. Horas antes de ser depuesto, Evo había aceptado convocar a nuevas elecciones presidenciales. No obstante, los militares prefirieron violar la Constitución y cambiar los votos por las armas.

Estamos de vuelta en el pasado, cuando golpes militares derribaron a presidentes democráticamente electos. Los últimos: Guatemala y Paraguay (1954), Brasil (1964), Perú (1968), Uruguay y Chile (1973), Argentina (1976), República Dominicana (1965), El Salvador (1979), Bolivia (1980) y Venezuela (2002).

En nuestro continente han tenido lugar también en fechas recientes golpes parlamentarios, como los que derribaron a los presidentes Zelaya en Honduras (2009), Lugo en Paraguay y Dilma en Brasil (ambos en 2016).

Esta coyuntura demuestra la fragilidad de las instituciones en América Latina. Ni los gobiernos progresistas lograron fortalecer la estructura democrática y, en especial, el 'empoderamiento' popular, base de la democracia, mediante la valorización de los movimientos sociales.

Las recientes manifestaciones en Ecuador y Chile demuestran que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos está más atenta a los dictados neoliberales del FMI y el Banco Mundial que a los preceptos constitucionales. Se gobierna para que el PIB crezca, no para mejorar la calidad de vida de la población ni, sobre todo, para reducir la desigualdad social. Los privilegios de la elite empresarial y financiera se consideran más importantes que los DDHH.

Lamentablemente, Brasil no es inmune al virus golpista. Basta recordar que el diputado federal Eduardo Bolsonaro declaró en un video en julio pasado que bastarían un cabo y un soldado para cerrar el Tribunal Supremo Federal. Y, en fecha reciente, mencionó la puesta en vigor nuevamente del AI-5[1] como salida para la crisis brasileña. Su padre, el presidente Bolsonaro, admitió en público en septiembre de 2018: “No acepto ningún resultado de las elecciones que no sea mi elección”.

El sistema judicial no procedió contra un candidato que, sin medias tintas, se manifestó a favor de la tortura, el fusilamiento de los opositores a la dictadura, la homofobia y el prejuicio contra negros, indígenas y nordestinos.

La inercia de la sociedad civil puede servir de caldo de cultivo para las semillas autoritarias diseminadas por el país y fecundadas por el desmontaje de la cultura, los impasses de la economía y el agravamiento de la miseria (según el Instituto Brasileño de Estadísticas, 13,5 millones de brasileños sobreviven con ingresos diarios inferiores a 8 reales (1,9 dólares), y 52,5 con una entrada mensual inferior a los 420 reales).

Brasil no se merece que vaya a dar al basurero de la historia la sufrida y heroica lucha de quienes, a lo largo de 21 años (1964-1985), resistieron a la dictadura hasta que fue barrida de nuestra historia por el advenimiento de la redemocratización en 1985 y la aprobación de la Constitución Ciudadana en 1988.

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[1] El Ato Institucional No. 5 o AI-5 fue el quinto de una serie de autos emitidos por la dictadura militar brasileña después del golpe de estado de 1964. El AI-5 le otorgaba poderes extraordinarios al presidente de la República y suspendía varias garantías constitucionales.

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