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Perú: Cuatro años de prisión para campesinos que protestaron contra Yanacocha
Nueve campesinos fueron sentenciados ayer por el Primer Juzgado Penal de Cajamarca a cuatro años de cárcel no efectiva por protestar para que se les restableciera las aguas de sus manantiales que habían sido afectadas por la construcción de un pozo tubular por parte de minera Yanacocha.
El 11 de setiembre de 2007, los usuarios de riego del canal de El Quilish bloquearon el kilómetro 14 de la carretera a Yanacocha para exigir que la compañía minera restableciera el agua de sus manantiales.
En respuesta, efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES), quienes según el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) se encontraban trabajando bajo contrato privado para la compañía minera, intervinieron para desbloquear la vía. Producto del enfrentamiento, varios campesinos resultaron heridos.
La sentencia será apelada por la defensa legal de los campesinos, la cual es ejercida por Mirtha Vásquez, directora de GRUFIDES en Cajamarca. “ Si se hubiera producido una sentencia privativa de libertad para los campesinos, ésta habría sido utilizada como un escarmiento para cualquier otro campesino que quisiera defender sus aguas”, reza el comunicado enviado por la ONG ambientalista.
Cabe indicar que aunque los campesinos no tendrán que cumplir pena efectiva de prisión, estarán cuatro años bajo libertad condicional y tendrán que pagar una multa de tres mil nuevos soles.
Campesinos de Porcon fueron sentenciados a pena de cuatro años de cárcel y multa por defender las aguas del Quilish
El día lunes 23 de marzo de 2009, nueve campesinos fueron sentenciados por el Primer Juzgado Penal de Cajamarca a cumplir pena de cuatro años de cárcel suspendida (lo que significa que no irán a prisión efectiva pero que tendrán que firmar los 30 de cada mes, así como al pago de una multa de 3,000 nuevos soles en forma solidaria.
El “delito” que cometieron los campesinos fue que, agotada toda vía de reclamo pacífico con la Minera Yanacocha y las autoridades locales para que se les restableciera las aguas de sus manantiales que habían sido afectadas por la construcción de un pozo tubular por parte de Minera Yanacocha, los usuarios de riego del Canal de El Quilish decidieron protestar pacíficamente, delante de la Parroquia “Cristo Ramos” de Porcón en el km. 14 de la carretera a la mina, lo cual provocó que un escuadrón de las fuerzas especiales de la policía (DINOES) que se hallaba trabajando bajo contrato privado para la empresa minera interviniera con una brutalidad inusitada que dejó varios campesinos heridos (11.setiembre.2007)
El juez exculpó a los campesinos de los delitos de Violencia y Resistencia a la autoridad y disturbios, sin embargo retuvo el cargo de bloqueo de carreteras, que como sabemos es hoy un delito muy grave debido a las leyes de criminalización de la protesta social del gobierno de Alan García. Estas leyes permiten encarcelar o aún eliminar físicamente a quienes protesten por la vulneración de sus derechos.
La sentencia será apelada por la defensa legal de los campesinos, la cual es ejercida por la Dra. Mirtha Vásquez, directora de la ONG GRUFIDES de Cajamarca. El caso reviste especial importancia puesto que Minera Yanacocha, amparándose en la crisis financiera viene intentando apoyo político y desplegando costosas campañas publicitarias que le permitan expandir sus operaciones en el Cerro Quilish, si se hubiera producido una sentencia privativa de libertad para los campesinos ella habría sido utilizada como un escarmiento para todo otro cualquier campesino que quisiera defender sus aguas.
Aunque, en justicia, hubiera sido de esperar que el juez absolviera a los campesinos de toda pena, la actual sentencia será apelada y se espera que la instancia superior, la justicia alcance de verdad a los campesinos y el poder judicial recupere la legitimidad y credibilidad tan necesarias para el estado de derecho que ha sido trastocado y menoscabado por la influencia, la manipulación o casos de corrupción que los grupos de poder económico tienen sobre este poder del Estado. Casos como el la sentencia de hoy muestran cómo las leyes de criminalización de las protestas del gobierno de García pueden terminar calificando como delincuentes a quienes defienden su derecho al agua.
Cajamarca, 23 de marzo de 2009
Observatorio de Conflictos Grufides
