Perú: Pliego de demandas de las comunidades afectadas por la mineria

La coordinadora Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, (CONACAMI-PERU) se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

1.- (...) Expresamos nuestro respaldo y compromiso de seguir impulsando el desarrollo de nuestro Perú, desde las comunidades, haciendo respetar nuestros derechos, como la propiedad territorial y un ambiente libre de contaminación.

2.- Censuramos la falta de responsabilidad de las empresas mineras y la incapacidad del Ministerio de Energía y Minas de hacer cumplir las normas ambientales y fiscalizar efectivamente los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental, Estudios de Impacto Ambiental y otros, demandamos su cumplimiento adecuado erradicar la contaminación minera en el plazo oficialmente establecido para las empresas mineras (2001) y la reducción del plazo en el caso de operaciones de fundición y refinación. En ese mismo sentido, exigimos la urgente auditoria y revisión de éstos instrumento de gestión ambiental, así como la consulta a las comunidades sobre el otorgamiento de los petitorios y concesiones mineras para nuevos proyectos.

3.- Derogatoria de la Ley Inconstitucional Nº 26570 - "Ley de Servidumbre Minera"- y su reglamento, puesto que atenta contra los derechos a la propiedad comunal, y como producto de ello, miles de comuneros son despojados de sus tierras. Del mismo modo, pedimos se revisen las demás leyes que perjudican los intereses y los derechos humanos, económicos y sociales de los más pobres.

4.- Exigimos que se revise el proceso de privatización durante los últimos 10 años, se nos explique los mecanismos utilizados y cómo se utilizaron los recursos obtenidos de ellos. Además, se debe investigar la participación de la familia Fujimori y sus funcionarios en el accionariado de las empresas nacionales privatizadas en el país, debiendo revisarse íntegramente los contratos suscritos por el Perú con las empresas Volcan, Antamina, Yanacocha, BHP Tintaya, Pierina, Hochschild, Buenaventura, Shougang y otras transnacionales.

5.- Exigimos la participación efectiva y directa de nuestras Comunidades en los proyectos mineros e hidroenergéticos, desde las fases de exploración, explotación, plan de cierre, Estudios de Impacto Ambiental, Programas de Adecuación y Manejo Ambiental, vigilancia y monitoreo, seguro ambiental, plan de contingencia; así como el derecho a la participación porcentual de las utilidades por las ventas anuales de las empresas mineras como compensación por el uso de nuestras tierras y recursos naturales..

6.- Solicitamos que, como política de gobierno, se priorice la actividad agropecuaria antes que la actividad minera, por ser ésta fuente generadora de empleo y beneficios complementarios y múltiples, especialmente en los valles fértiles del Perú.

7.- Exigimos que se respete y ejecute el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y que las poblaciones rurales sean debidamente consultadas antes de la instalación de los proyectos mineros e hidroenergéticos, en los territorios comunales, y tengan el derecho a decir iNO! Cuando ven en peligro su integridad y derechos.

8.- Proponemos constituir inmediatamente una Comisión Nacional Tripartita, integrada por el Estado, las comunidades y empresas, para resolver los conflictos ambientales y sociales generados por la minería, mediante el diálogo.

9.- Exigimos la reestructuración inmediata del Consejo Nacional del Ambiente, CONAM, y la incorporación de las comunidades afectadas por la minería y otras al Consejo Directivo Nacional y a las Comisiones Ambientales Regionales instaladas a la fecha, así como la destitución de su actual presidente, Luis Campos Baca, por haber sido uno de los que, como integrante de la Comisión de Ambiente y Ecología del anterior Congreso, facilitó la aprobación de leyes que atentan contra los derechos de las comunidades y no haber fiscalizado el cumplimiento de las normas ambientales, los EIAs y PAMAs.

10.- Solicitamos que el canon minero e hidroenergético se aplique en beneficio directo de las Comunidades, considerando una distribución más humana y equitativa, así como la distribución del derecho de Vigencia minera.

11.- Expresamos nuestra solidaridad con la lucha de las comunidades en defensa de sus derechos en todas las regiones del Perú, y exigimos el cese a la persecución de los dirigentes en Tambogrande (Piura), Choropampa y Llapa (Cajamarca), Huarmey, Bolognesi y Pampas (Ancash), San Francisco de Pucará Yauli y La Oroya (Junín), San Mateo de Huanchor (Lima), Lago Chinchaycocha (Pasco, Junín), Tintaya-Marquiri (Espinar, Cusco), Antapite (Ica), Quellaveco e Ilo (Moquegua) y demás comunidades.

12.- Pedimos la creación de una Sala de Asuntos Ambientales dentro de la Administración de Justicia y la creación del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, debiéndose erradicar toda clase de corrupción judicial y administrativa; reestructurar la administración pública destituyendo a los funcionarios del Consejo Nacional del Ambiente, Consejos Transitorios de Administración Regional, Instituto Nacional de Recursos Naturales, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud y desactivar el Ministerio de la Presidencia, para así contar con la participación imparcial de organismos públicos.

13.- Solicitamos la promulgación de procedimientos y leyes que faciliten acuerdos entre empresas y las comunidades, si éstas últimas están de acuerdo con la explotación minera, en caso contrario se respeta la decisión de la comunidad. Igualmente de una nueva ley que exija la implementación del seguro ambiental para atender a las poblaciones en situaciones de emergencia ambiental causadas por actividades mineras e hidroenergéticas, así como para la recuperación ambiental en casos de contaminación ambiental.

14.- Planteamos la descentralización de la administración del Estado, con una efectiva y eficiente gestión democrática.

Lima, diciembre del 2000
DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL
CONACAMI - PERU

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