Plan de guerra contra los trabajadores y el pueblo en Argentina

El vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, confirmó que el gobierno buscará reducir el gasto en jubilaciones y que los trabajadores vuelvan a pagar impuesto a las ganancias, cuya modificación fue aprobada por el Congreso y votada a favor por el entonces diputado nacional, y hoy presidente, Javier Milei.
Aunque no dio precisiones, Adorni sí dijo que son dos de las medidas que permitirán mejorar las cuentas del Estado y le echó la culpa a la “herencia” que dejó el gobierno anterior con el “plan platita”.
“Y después va a haber otro 0,5% de ingresos adicionales por modificaciones en bienes personales, moratoria y un blanqueo general. En términos de gastos, se estima que va a haber una baja del 0,4% del producto en el esquema de jubilaciones y pensiones de la República Argentina”, expresó durante la conferencia de prensa el miércoles.
El vocero Manuel Adorni dijo también que la reducción de subsidios al transporte y a servicios como la luz, el gas y el agua, comenzará a aplicarse desde enero.
Por último, Adorni no respondió si habrá alguna medida para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a los fuertes aumentos de precios que provocarán los anuncios del gobierno.
El economista Lavih Abraham opinó que las medidas económicas anunciadas por el gobierno de Javier Milei generan “que los salarios pierdan fuertemente poder adquisitivo, es decir, que seamos un poco más pobres”.
El integrante del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) explicó que, en general, los programas económicos buscan la estabilización a través de un “ancla”. Esto quiere decir que se busca “a partir de cierto precio que quede clavado para que los demás precios no suban tanto. Siempre fue el dólar, pero en este caso el dólar se libera y el ancla pasa a ser el salario”.
Por lo tanto, Abraham comentó que el planteo de este plan económico es que “los trabajadores y trabajadoras congelen sus salarios, o no aumenten, a la par de los precios. Entonces, que no haya consumo, tampoco inversión y que baje la demanda en general de la construcción, del comercio, de los servicios, como el turismo, la gastronomía, y un aumento de la desocupación”.
La idea del equipo económico que lidera el ministro Luis Caputo es que “esta combinación recesiva, de una economía planchada, con fuerte desocupación y con pérdida de poder adquisitivo, frene la inflación”, opinó Abraham.
El especialista en economía consideró que se viene “una economía difícil de transitar, mucho más dura para toda la población, particularmente para la clase media y los sectores populares”.
La puesta en marcha de lo que el gobierno nacional llama “paquete de urgencia económica” beneficiaría a sectores poderosos y acomodados de la Argentina como, por ejemplo, las empresas exportadoras relacionados con el agro.
“Se van a beneficiar porque ahora sus dólares de exportación valen muchos más pesos, es decir por cada dólar que antes exportaban les daban entre 300 y hasta 600 pesos. Ahora van en un piso de 800 y hasta 1000 pesos. De la noche a la mañana pasan a ganar entre un 40 y un 60% más por la misma producción que ya tenían”, analizó Abraham. Esto no sería parte del plan, “pero básicamente se van a beneficiar estos sectores y van a perder los asalariados, jubilados y todos los que apuestan al mercado interno”.
“Los trabajadores van a perder poder adquisitivo y van a dedicar su poder adquisitivo a comprar comida y no van a comprar ropa. No van a salir de vacaciones y gastar en el sector turístico. No van a salir a comer afuera. Entonces, todos los empresarios dedicados al mercado interno van a ser también perjudicados”, concluyó.

Convocan a movilizarse el 20 de diciembre

Luego de la conferencia de prensa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, los dirigentes del Frente de Izquierda salieron a responder sus amenazas de represión y ratificaron la convocatoria que se viene organizando para el próximo miércoles 20 de diciembre.
Al ajuste y las medidas anunciadas este martes por Caputo, que hundirán a millones de personas en la pobreza y aumentarán la ya crítica situación social actual, ahora se sumaron las amenazas públicas e inconstitucionales que realizó Patricia Bullrich en la tarde del jueves en conferencia de prensa. Los anuncios de la ministra, que pasan por alto que el derecho a la protesta se encuentra contemplado en la Constitución, son una confesión de que el ajuste no será contra "la casta", sino contra millones de personas que viven de su trabajo y de su salario, y que se verán seriamente afectadas en sus condiciones de vida.
Las declaraciones de Bullrich, además, muestran que el Gobierno pretende imponer sus medidas de terrorismo económico contra la población con amenazas, represión y persecución contra cualquiera que se manifieste en contra de este plan. Un grosero error que ya cometió durante el macrismo, cuando anunció su "protocolo antipiquetes" que naufragó rápidamente y que dejó en claro que no se puede regular la protesta a través de un decreto mientras aumenta la pobreza y la miseria. Este nuevo intento pretende ir por el mismo camino, pero será difícil que tenga el consenso necesario, sobre todo si crece el descontento rápidamente producto de la situación social y la inflación descontrolada que generarán la devaluación y los tarifazos.
Frente a esto, los dirigentes del Frente de Izquierda salieron a contestar públicamente. "Este 20 de diciembre vamos a estar en la calle una vez más, acompañando todos los reclamos, ejerciendo el derecho a manifestarnos y mostrando que somos miles los que no aceptamos que este ajuste brutal lo pague el pueblo trabajador", señaló Myriam Bregman.
Los dirigentes del Partido Obrero y el Polo Obrero también realizaron declaraciones públicas luego de los anuncios de Bullrich. En una conferencia de prensa, ratificaron la convocatoria y cuestionaron la "ilegalidad" de lo dicho por la ministra. "Hay amenazas luego de un plan de guerra. Patricia Bullrich vino a amenazar a los que van a protestar", aseguró Eduardo Belliboni. Gabriel Solano se manifestó en el mismo sentido: "Reafirmamos el derecho a peticionar, a manifestarse, que es el derecho a defenderse frente a semejante agresión".

Espert amenazó con "cárcel o bala" a Myriam Bregman y Nicolás Del Caño

El aliado de Milei, también referenciado como liberal y defensor de la mano dura, realizó una gravísima amenaza sobre la ex candidata a Presidente, la diputada Nacional Myriam Bregman.
La amenaza llega el mismo día en que la ministra de Seguridad lanzó un “Protocolo del Orden Público” que busca criminalizar a todos aquellos que salgan a movilizarse para enfrentar las políticas de ajuste de este gobierno de ultraderecha. Luego de esto el derechista también amenazó gravemente a Nicolás del Caño.
Los amigos de Milei buscan mostrarse envalentonados luego del triunfo electoral del libertario, tal como lo hizo el mismo Macri que llamó a enfrentar en las calles a los “orcos” para referirse a todos los sectores populares que enfrentarán el ajuste. Ahora otro integrante de Juntos por el Cambio pide “bala” contra la izquierda, digno de admiradores de la Triple A, que en los setenta se dedicó a perseguir a la izquierda y los sectores combativos en la previa del golpe.
Sin embargo, mientras se ubican como matones, el combo de ajuste y amenazas represivas ya empiezan a despertar un fuerte repudio en los barrios, las fábricas y las universidades.
Es necesario no dejar pasar este tipo de ataques intimidatorios de parte de esta derecha desatada. Es necesario construir desde hoy la más amplia unidad contra sus planes represivos y el ajuste que ya está en marcha.

Bullrich anunció represión a la protesta social

El jueves, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del presidente Javier Milei, realizó una conferencia de prensa para anunciar un "Protocolo de Orden Público". La intención es prepararse para la respuesta en las calles contra la batería de anuncios de ajuste que incluyen tarifazos, despidos y un salto del tipo de cambio del 118% que revienta el salario. Un ataque brutal y generalizado sobre los sectores populares, mientras los salarios, jubilaciones y planes sociales no aumentan.
Bullrich dispuso que sean las fuerzas federales las responsables de intervenir para desalojar cualquier corte, piquete o bloqueo de las vías de tránsito, sean totales o parciales. "La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple" afirmó, argumentando que las fuerzas actuarán aplicando el código procesal vigente para los delitos que ocurran en flagrancia.
Anunció que próximamente tienen intención de enviar un nuevo proyecto de ley para reformar el artículo 194 del Código Penal. Cabe mencionar que este artículo se utiliza para perseguir y procesar a la protesta social, pero resulta inconstitucional por restringir el derecho a la protesta y fue instituido por la dictadura de Onganía. Incluso muchas personas que fueron procesados por el artículo 194 finalmente fueron sobreseídos porque se demostró que no era aplicable, dejando en evidencia la criminalización de protestas legítimas y no penables.
Además, Bullrich sumó medidas que lejos de relacionarse con garantizar el tránsito, como argumentan justificando la política represiva, son para perseguir a cualquier opositor al gobierno o que intente manifestarse en oposición a sus políticas. Afirmó que "se van a identificar vehículos, conductores, infracciones administrativas, proceder a incautar los vehículos que no estén bajo las normas de tránsito o cuyos conductores no tengan la documentación que tengan que tener." También que se revisará en las estaciones de tren a las personas por "materiales que deban ser incautados" y a quienes no deseen ser reconocidos por las fuerzas de seguridad. Asimismo, que los datos de los organizadores serán remitidos a las autoridades de aplicación pertinentes y se creará un registro para quienes participen de las protestas.
Bullrich mostró su especial ensañamiento con mujeres e inmigrantes, ya que se sancionará a quienes participen de movilizaciones con sus hijos/as, menores, y en caso de que las personas participando de una manifestación tengan nacionalidad o procedencia de otro país, su información será remitida a Migraciones.
Un protocolo similar quiso implementar Patricia Bullrich como ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri, pero su efectiva aplicación nunca llegó. Las movilizaciones no se frenaron a pesar de las amenazas represivas, y hubo movilizaciones masivas que dejaron en crisis al gobierno de Macri, como fue la aprobación de la reforma jubilatoria en el 2017.
Esta nueva versión del mismo intento fallido viene recargado con una formulación que busca endurecer la persecución antes, durante y después de cada movilización, a los individuos y a las organizaciones que participen. La idea de "mandarle la factura" a quienes realicen los cortes de calle, para cubrir los costos del uso de las Fuerzas de Seguridad, resulta una provocación novedosa.
El reconocido constitucionalista Roberto Gargarella criticó duramente la conferencia de prensa de la ministra de Seguridad de Milei. Señaló que “lo urgencia democrática es otra: frente a medidas que causan daño y afectan derechos, todos necesitamos enterarnos de las quejas que se generan, su dimensión, sus razones”.
Los argumentos de Bullrich que buscan darle apoyo legal al nuevo protocolo son tan falsos como el objetivo de hacerlo en función de la "libre circulación". El derecho a expresarse, a criticar las medidas del gobierno, a manifestarse e incluso a la huelga son derechos reconocidos por nuestro orden constitucional y a nivel internacional como de primer orden.
Porque es la única forma que tienen las grandes mayorías de defenderse de las políticas de hambre, de los ataques al movimiento feminista o de diversidad sexual, de los despidos arbitrarios y ajuste en las condiciones de vida. Las protestas surgen de la necesidad, y bajo los nuevos anuncios de Caputo y Milei, las necesidades vitales se hacen más urgentes.
El plan de gobierno es anunciar un brutal mazazo a los ingresos populares, a las condiciones de vida de la clase trabajadora, junto con medidas represivas. Buscan que la crisis económica sea descargada sobre nuestras espaldas. Pero al mismo tiempo buscan cambiar una relación de fuerzas más profunda, en todos los planos: económicos, laborales, sociales y libertades democráticas. Por eso es el momento de organizarse y mostrar la fuerza que tanto temen se muestre en las calles. El próximo 20 de diciembre, ya organizaciones sociales y de trabajadores están convocando a mostrar en las calles el rechazo a las políticas de Milei. En cada lugar de trabajo, barrio, escuela, colegio y universidad, las mujeres, la juventud, los y las trabajadoras necesitamos unirnos para torcer la balanza a nuestro favor.

La Haine