ePub
pdf
Últimos asesinatos del genocidio en curso
Defensores de derechos humanos, integrantes del movimiento social. Los departamentos más afectados son: Antioquia con 14 asesinatos, Arauca y Cauca con 8 asesinatos, Norte de Santander con 6 asesinatos. Las poblaciones más afectadas son la campesina, indígena y afrodescendiente, líderes de sustitución de cultivos ilícitos, integrantes de Juntas de Acción Comunal, asociaciones de víctimas, defensores ambientales y del territorio.
En el mes de abril ocurrieron 6 asesinatos, 2 de estos en el municipio de Chocó. Claudio Chávez y Wilson Arnulfo Quetama fueron asesinados el mismo día, 8 de abril. Claudio era el presidente de la Asociación Campesina del corregimiento La Italia; Wilson fue el coordinador de la mesa de participación entre 2016 y 2017; representante de las víctimas para la reparación colectiva de las comunidades de San José del Palmar en Chocó. Este mes inició con el asesinato Belisario Benavides Ordoñez integrante de la Mesa de Víctimas del departamento del Cauca y líder comunal en el municipio de Rosas. Álvaro Pérez, asesinado el 5 de abril, responsable del Comité barrial de San Calixto y miembro del equipo de dirección de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT). Yobany Velasco Ariza, asesinado el 9 de abril en el Guaviare, representaba a su comunidad en la ruta de construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. James Luis Jiménez Estrada, asesinado el 20 de abril en el Urabá antioqueño, presidente de la Junta de Acción Comunal de Cacahual, corregimiento de San Vicente del Congo, municipio de Turbo.
Mayo ha sido un mes crítico para el departamento de Antioquia con los asesinatos de Hugo Albeiro George Pérez y Luis Alberto Torres Montoya, en el municipio de Valdivia, ambos líderes sociales y defensores ambientales que enfrentaron la construcción del megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango, al norte de Antioquia, ejecutado por Empresas Públicas de Medellín (EPM). Hugo Albeiro de 47 años, pertenecía a la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos (ASVAM), además estaba trabajando por la construcción de una asociación específica del corregimiento El Aro, fue asesinado el 2 de mayo junto a su sobrino Domar Edigio Zapata de 23 años; seis días después fue asesinado Luis Alberto de 35 años, integrante de la Asociación de pequeños mineros y pesqueros de Puerto Valdivia (AMPA). Ambos pertenecían al Movimiento Ríos Vivos. Estos asesinatos coinciden con el desastre presentando días atrás en Hidroituango, por la obstrucción de los túneles de desviación del río Cauca, afectando a cientos de familias. Desastre que había sido advertido por las comunidades de los 12 municipios donde incide directamente el proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia.
Según el informe especial de derechos humanos sobre la situación de líderes/as y defensores/as de derechos humanos en los territorios. 2016-2018 “Todos los nombres, Todos los rostros” presentado el pasado 18 de mayo por Indepaz, Marcha Patriótica, La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y la Fundación Henrich Boll Stiftung, desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC han sido asesinados 385 líderes sociales y defensores de derechos humanos, de los cuales 161 pertenecían a Marcha Patriótica y 63 eran excombatientes. 57 por ciento de los asesinatos fueron cometidos por sicarios, con arma de fuego de largo o corto alcance. Además, se han utilizado el secuestro y la tortura antes de cometer los asesinatos.
El informe también expresó que en la gran mayoría de los asesinatos se desconocen los autores, sin embargo, se relacionan principalmente con estructuras paramilitares, seguidos de la Fuerza Pública. En ocasiones previo a los asesinatos existieron amenazas a los líderes.“Los homicidios se presentan en zonas en donde históricamente hacían presencia las FARC y han sido copadas por grupos criminales y organizaciones sucesoras del paramilitarismo”.
Hasta el mes de abril 3.700 personas se han desplazado en Colombia producto de la violencia. Principalmente en la región del Catatumbo y el Litoral Bajo San Juan.
“La afirmación de algunos funcionarios del Gobierno Nacional que atribuye el móvil principal de los asesinatos de líderes a causas personales, se basa en una lectura equivocada de sentencias o de posibles causas. Más de la mitad de los asesinatos registrados por organizaciones defensoras de derechos humanos, por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos o la Defensoría del Pueblo aún no tienen presunto responsable”.
