2001-2011. Una década "interesante" en Argentina

Diciembre de 2001 marcó un momento de crisis que atravesó todos los planos de la sociedad (político, económico y cultural) y sobre todo puso en entredicho la autoridad del estado y el sistema político. Por primera vez en la historia del país un gobierno (en el caso elegido por sufragio en elecciones limpias) era derribado por una movilización popular que alcanzó ribetes de rebelión. Si bien la genealogía de lo sucedido el 19 y 20 de diciembre puede filiarse en las luchas en resistencia contra las consecuencias de las reformas neoliberales y las privatizaciones, los hechos tomaban un carácter inusitado, rompían con la lógica de reclamarle al gobierno, para encarar la eliminación del mismo. El régimen aparecía cuestionado en su carácter representativo, emergía un movimiento reacio a dejarse “representar” en el marco de la institucionalidad vigente.

La consigna ¡que se vayan todos! entrañaba un cuestionamiento raigal de la mal denominada “clase política”, pero exhibía a su vez los límites del “programa” de la rebelión. Salvo los bancos, protagonistas del bloqueo de los fondos depositados, el empresariado capitalista no era cuestionado tan activamente. Puestos a especular sobre el futuro inmediato de la Argentina, en ese momento el resultado parecía un horizonte de mayor autonomía e iniciativa popular, pero sin un correlato en una transformación radical de la estructura económico-social. De la triáda de formas de organización popular que aparecían con fuerza en la coyuntura (piqueteros, asambleas, empresas recuperadas), solo la última ponía en cuestión la propiedad capitalista, y en una forma limitada: se “recuperaban” empresas quebradas, abandonadas por sus dueños, o en trance de estarlo, y no aquéllas que funcionaban más o menos en plenitud. El objetivo más evidente era la preservación de la fuente de trabajo, aunque las experiencias de autogestión se propusieran en algunos casos como “modelos” para espacios productivos más amplios.

Ante el derrumbe del poder ejecutivo, las instituciones parlamentarias actuaron en suplencia, una y otra vez (Camaño, Rodríguez Saa, Puerta) hasta lograr un primer atisbo de estabilización con el interinato de Duhalde, que se encargó de tomar las medidas que restauraran la “confianza” de los capitalistas y procuró reestablecer la autoridad presidencial.

Con el asesinato de Kosteki y Santillán se tambaleó el precario modus vivendi alcanzado en el vértice del poder (pesificación asimétrica y otras medidas mediante) pero el rápido llamado a elecciones fructificó en una candidatura como la de Kirchner (K), un semidesconocido que podía ser presentado como externo o al menos marginal a la “clase política”, a la que sin embargo pertenecía, y que triunfó gracias a un aparato del PJ [Partido Justicialista, peronista] al que no le respondía plenamente. K pareció comprender desde el primer momento que no había margen para insistir en las políticas neoliberales salvo que se asumieran dosis crecientes de represión, y que una reconstrucción efectiva y duradera de la autoridad presidencial en primer lugar y de la democracia parlamentaria como “ejercicio normal de la hegemonía” requería tomar las demandas de las clases subalternas, aunque en un modo limitado y reduciendo su iniciativa en la mayor medida posible, algo aproximado a lo que Gramsci denominaba “revolución pasiva”.

La relación con la deuda externa, el modo de negociación entre capital y trabajo, la política internacional (sobre todo hacia A.L), la política de DDHH debían ser distintas a las seguidas durante el largo período que iba desde 1989 a 2003. En el plano simbólico, el gobierno Kirchner se asumía como continuador de las luchas populares de los 70’, aunque en una peculiar relectura que no compartía sus objetivos (el socialismo) ni por supuesto sus medios (la lucha armada), sin desdeñar tampoco el entendimiento con “aparatos” del peronismo detestados por los militantes de hace unas décadas. También fungió como abanderado de una recuperada autonomía nacional, cuyo punto más alto fue el enfrentamiento al ALCA, que terminó sepultando el proyecto norteamericano.

Un capitalismo “serio” o “nacional” fue el horizonte presentado como permisible para las transformaciones, y dentro de ese esquema se propiciaba un rol directriz del estado, paralelo a un acotamiento de la “libertad de mercado” predicada hasta 2001. Pero aún dentro de las reformas capitalistas hay senderos que no se exploran, como el cambio del regresivo sistema tributario, la defensa del medio ambiente frente a los abusos de las grandes empresas, o la renacionalización de sectores fundamentales de la economía como el petróleo o los ferrocarriles. La senda escogida apunta a un desarrollo capitalista en el que la “iniciativa privada” aunque no se la denomine así, tiene un rol protagónico, acompañada de una dosis de tutela estatal que puede no confrontar con sus intereses.

El gobierno K no disimula su alianza con vastos sectores de la burguesía, tanto industrial como financiera y de servicios, mucho mas amplios que el grupo del “capitalismo de amigos” vilipendiado por la oposición, que distan de ser sus compañeros de rutas más importantes en el campo de la gran empresa. Con todo, no rehúye conflictos cuando ciertos sectores empresarios chocan con sus objetivos financieros o políticos, encontronazos que suelen ser presentados en términos de enfrentamiento con “la oligarquía” o “las corporaciones”, como forma de distinguir a esos adversarios respecto a una “burguesía nacional” o empresariado patriótico a mantener y consolidar como aliados del gobierno. El caso más sustantivo, el del “campo”, tuvo el límite de que confronta con los propietarios rurales pero no contra las empresas monopólicas del agronegocio, de Dreyfuss a Cargill pasando por Nidera o Syngenta. Sin embargo alcanzó una dimensión simbólica enorme, al plantearlo como un conflicto entre un gobierno que quería distribuir riqueza vía impuestos, y productores egoístas que procuraban preservar y maximizar sus ganancias sin ninguna otra consideración, y fueron apoyados por todo un arco opositor contrario al carácter “nacional y popular” de las medidas de gobierno y dispuesto a llegar incluso a la destitución de éste. El gobierno cosecha allí las oposiciones más empedernidas, pero también apoyos organizados como el de los intelectuales del grupo Carta Abierta y un nivel de movilización popular que fue expresión de una politización creciente. Y asimismo consigue presentarse ante amplios sectores de las clases subalternas como defensor de los intereses populares, aún a costa de costosos conflictos.

El otro enfrentamiento importante en ámbitos de la clase dominante es el sostenido contra el grupo Clarín, en el que se combinan los empeños por contrarrestar a un periodismo opositor con las iniciativas tendientes a democratizar el espectro de medios de comunicación, todo incluido en una épica de enfrentamiento entre “gobierno popular” y monopolios de la comunicación manipuladores de la conciencia de las masas.

En cuanto al núcleo de las reformas neoliberales de los 90’ era cuestionado, pero sin plantear una vuelta atrás de tipo radical. Más bien se pensaba en términos de reversión de algunos casos puntuales, como en su momento se materializaría en Aerolíneas y las AFJP [Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones]. Una innovación más fuerte se da en la política laboral, campo en el que se retoman los convenios colectivos y se auspicia un “reencuentro” con el sindicalismo, con la CGT fungiendo como aliado importante y con sectores de los trabajadores formales, ya desde antes dotados de salarios relativamente altos, que logran al menos no perder la carrera frente a la inflación.

El kirchnerismo tiene una base fundamental en el crecimiento económico sostenido, en gran medida basado en la exportación de commodities, vinculado a políticas de concesiones materiales a las clases subalternas. Las medidas políticas y económicas de tono más progresista le facilitaron la adhesión de ciertas organizaciones populares a las que rápidamente se les da ayuda desde el estado en un proceso de cooptación. Desde Madres de Plaza de Mayo a Barrios de Pie, pasando por el Movimiento Evita y la Federación de Tierra y Vivienda, algunas de las organizaciones que habían participado en las movilizaciones previas, contemporáneas y posteriores a diciembre de 2001 apoyan con entusiasmo al gobierno y reciben variadas formas de aquiescencia estatal, incluyendo cargos públicos de algún nivel. Correlativamente pierden autonomía e iniciativa, al quedar sometidas a un sistema de lealtades que las excede y a renunciar en la práctica a una perspectiva de transformaciones radicales.

Hay un amplio arco de organizaciones populares que mantienen su autonomía y su programática radical, y siguen tomando parte en los más variados conflictos sociales. Su acción puede ser entendida como el intento de hacer fructificar la herencia de 2001, desde una perspectiva propia de las clases subalternas. Pero no logran todavía una articulación política efectiva. En tiempos recientes comienzan a intentar la identificación en un proyecto nacional completamente distinto al del kirchnerismo, sin caer en ninguna de las tentaciones de la oposición liberal-republicana. Esas acciones todavía no han fructificado en iniciativas de alta visibilidad, pero parecen ganar en amplitud y profundidad de la construcción “por abajo”.

Mientras tanto el gobierno va armando su propio “relato” y su mística, de un modo que se acentuó durante los años de presidencia CFK [Cristina Fernández de Kirchner]. Ello incluye adoptar cierto tinte antiimperialista en política exterior, presentarse como una herencia renovada del peronismo que vuelve a los valores iniciales, exaltar el “pensamiento nacional” en sus variadas expresiones, y más ampliamente, plantea un rescate del patriotismo, de la misma idea de nación relegada bajo el cosmopolitismo neoliberal anterior. El Bicentenario operó como una amplia vidriera de ese retomar de las “grandes tradiciones nacionales”. También aúnan a la posición de defensa histórica de los derechos humanos con la idea de que el gobierno renuncia a la represión del conflicto social, la que, si bien desmentida una y otra vez por la realidad, no queda por eso privada de eficacia. Son medidas judiciales, acciones de gobiernos locales o de patotas privadas las que intentan el disciplinamiento de las luchas sociales.

La muerte de Kirchner aportó un componente sustantivo, al convertirlo en una suerte de héroe, incorporado a un panteón en el que comparte con Perón y Evita el lugar supremo. Con intensidad creciente se invoca un renacer a la política por parte de la juventud, lo que se intenta corporizar en iniciativas que tienen al menos tanto que ver con los salones ministeriales y el parlamento como con la movilización callejera. Otro elemento importante es la construcción un enemigo identificado con elementos bastante plásticos (la “derecha”, las “corporaciones”), que le prestan un perfil impreciso pero eficaz de legitimación de las acciones de gobierno, que se autositúa a la izquierda de adversarios muy poderosos.

Otro rasgo es que ante la pérdida de popularidad que le acarreó el conflicto de 2008 y se manifestó en las elecciones de 2009, se lanzaron medidas atentas a reivindicaciones económicas populares (ampliación de las jubilaciones, asignación universal por hijo), y otras que apuntaban a afirmar la idea de un estado presente y activo a favor de los intereses nacionales (nacionalización de Aerolíneas, de las AFJP, ley de Medios), acciones que tuvieron mucho que ver con el rotundo triunfo en las presidenciales de este año.

La perspectiva hoy es de una restauración de la hegemonía por parte de amplios sectores de la burguesía que se han encolumnado tras un gobierno que les ha facilitado la realización de elevados niveles de ganancias, al mismo tiempo que conquistaba una adhesión social más que apreciable. Algunos sacrificios en el plano “económico-corporativo” viabilizan un sustento social apreciable para un capitalismo que se reorienta, sin contrariar un proceso de concentración del capital y extranjerización de la economía, que se ha seguido expandiendo a despecho de la índole “nacional y popular” del gobierno actual. Hay en el trasfondo una tarea de alcance histórico, que es la reconstrucción de legitimidad para un Estado devastado y desprestigiado durante el prolongado lapso del neoliberalismo, que hasta ahora avanza con éxito

Un interrogante crucial es acerca de la “sustentabilidad del modelo” en el tiempo, incluyendo la proclamada pretensión de “profundización” del mismo, siendo que el gobierno depende de factores potencialmente tan volátiles como el precio de los alimentos exportables, en particular la soja, y circunstancias mundiales más criticas pueden enfrentarlo al agotamiento de su perspectiva reformista.

La respuesta está ligada a los caminos que abran las luchas populares, en la perspectiva de superar la tramposa dicotomía “kirchnerismo-antikirchnerismo”, para perfilar una alternativa realmente popular, que pueda construir un vasto sustento en el ámbito de las clases subalternas, privilegiando la construcción desde abajo sin excluir la participación en la institucionalidad política. 2001 marcó un agotamiento de las dirigencias existentes, sus modos de construcción política y articulación con la sociedad, que por cierto no excluyó a las de la izquierda tradicional. Hoy se encuentra a la orden del día una reconfiguración del movimiento popular que pueda articularse como una izquierda radicalmente nueva, dispuesta a demostrar que las perspectivas contrahegemónicas de transformación radical siguen abiertas, a diez años de la rebelión de 2001.

La Haine