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28/12/2016 :: Argentina

A un año de la revolución de la alegría

x Maria del Carmen Verdú
Unidad, organización y lucha contra el ajuste y la represión

En diciembre de 2015, por primera vez en la historia reciente de nuestro país, la derecha más conservadora llegó al gobierno por la vía institucional. El Frente Renovador y el Frente para la Victoria, principales bloques de la oposición patronal en el Congreso, y los gobernadores e intendentes de esas fuerzas, o de otras como el Partido Socialista en Santa Fe y el sapaguismo en Neuquén, más allá de esporádicos fuegos de artificio, negociaron con el gobierno nacional y no obstruyeron las principales medidas para el ajuste y la represión.

Miles y miles de despidos en el ámbito privado y estatal, tarifazos, inflación, aumento de la precarización, leyes y fallos judiciales dirigidos a cercenar derechos laborales y a restringir el derecho de huelga, son apenas si un pálido recuento de las medidas que hacen cada día más difícil la vida de los trabajadores.

Del mismo modo, es necesario apretar la síntesis para pasar revista al conjunto de iniciativas con las que el gobierno de Cambiemos fue perfeccionando las herramientas represivas.

La primera señal fue el perfil de los elegidos por Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta para dirigir las áreas de “seguridad” y comandar las fuerzas federales, provinciales y de la Ciudad.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; su segundo, Eugenio Burzaco, y los ministros del área en la provincia de Buenos Aires y CABA, respectivamente Cristian Ritondo y Martín Ocampo, son profesionales de la represión, con nutridos antecedentes al servicio de anteriores gestiones[1].

Con esos nombres al timón, las primeras medidas en materia represiva, fueron la declaración de emergencia nacional, que permite al poder ejecutivo nacional y los provinciales cambiar el destino de partidas presupuestarias y hacer contrataciones directas sin siquiera los tibios controles formales, y el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas, que pretendió establecer un mecanismo de comunicación y autorización previa de las movilizaciones, bajo amenaza de disolución por la fuerza, y encerrar a los trabajadores de prensa en un “corralito”.

La tercera fue el anuncio de la unificación de la PFA y la Metropolitana. Después de una primera etapa de funcionamiento bajo un doble comando, cerca de fin de año se presentó en la Legislatura el proyecto definitivo de la futura Policía de la Ciudad y el “Sistema Integral de Seguridad Pública de la CABA”.

La nueva fuerza tendrá 25.000 efectivos exclusivamente afectados a la tarea de patrullaje urbano, lo que convierte a la CABA en líder mundial en presencia policial en las calles, con más de 860 policías cada 100.000 habitantes (la ONU recomienda 300 por cada 100.000 habitantes, tasa que superan unos pocos, como Rusia, España y Turquía). Y a esa barbaridad de un policía cada 112 personas, debemos agregar los gendarmes y prefectos, presentes en los barrios del sur de la ciudad, y los millares de agentes de seguridad privada.

El poder legislativo aportó lo suyo al renovado arsenal represivo. La ley de flagrancia, votada el 7 de septiembre en el Senado, introdujo para el ámbito federal un sistema que permite que, en cuestión de semanas, cualquier causa se eleve a juicio y tenga sentencia. Para el pobre que debe confiar en el defensor oficial, implica que se entere de qué lo acusan cuando le están dictando sentencia, la que, sin defensa, difícilmente será absolutoria. Se abre, también, un nuevo y enorme terreno para la promoción de causas armadas, sin siquiera el esfuerzo del plantado de pruebas.

Junto con la flagrancia, el poder ejecutivo presentó otro proyecto, que requirió de mayores negociaciones y concesiones entre oficialismo y oposición patronal. Pero, una vez que acordaron, se validaron las figuras del “agente encubierto”, el “agente revelador” y el “informante”.

El agente encubierto es, sencillamente, un espía: un miembro de las fuerzas de seguridad que se infiltra “en una organización criminal para conseguir información”, al que se perdonan los delitos que pueda cometer durante ese tiempo. Dado que la diferencia entre “organización popular” y “organización criminal” es una simple cuestión semántica definida por policías, jueces y fiscales, es claro el peligro concreto para los sectores organizados de la clase trabajadora.

El agente revelador es un miembro de una fuerza de seguridad, que “simula interés en cometer un delito para poder identificar a los involucrados en un hecho”. O sea, más que “revelar”, incita y provoca el hecho por el que luego serán juzgadas sus incautas víctimas, por lo que mejor lo define el término “agente provocador”.

De más está agregar que el “informante” no es otra cosa que el triste buche de todas las comisarías, que dice lo que sus patrones quieren escuchar, o lo que mejor le garantiza el pago de una suma de dinero.

Paralelamente, el histórico sistema de detenciones arbitrarias recibió un renovado impulso con el aval explícito del poder judicial. A lo largo del año se sucedieron, en todo el país, fallos judiciales que ratificaron la “legalidad” y ampliaron las facultades policiales para detener personas para “identificar” o “averiguar antecedentes” y por faltas o contravenciones, y las razzias se multiplicaron en los barrios.

Una de las sentencias que más trascendió fue la del Tribunal Superior de la Ciudad, apenas horas después del anuncio formal del traspaso de la PFA a la CABA, que llegó al extremo de afirmar que ni siquiera es necesario el indicio de “sospecha” para que un policía intercepte alguien en la calle y le pida sus documentos.

Estas detenciones, además de ser la gran fuente para las prácticas extorsivas de recaudación, son la puerta de entrada a la tortura y la muerte. Como lo prueba el Archivo de Casos de CORREPI, más de la mitad de los muertos en comisarías, desde 1983 a hoy, estaban detenidos por una contravención o “para identificar”, no por un delito.

La intensificación de las detenciones arbitrarias fue de la mano con más militarización de los barrios, con un impresionante aumento de uniformados de todos los colores y una fuerte campaña de reclutamiento. Ya mencionamos el increíble aumento de personal policial en la ciudad de Buenos Aires, con la fusión de la PFA y la PM y la presencia sostenida de gendarmes y prefectos, al costo de episodios brutales como los de la Villa 21/24 y la Villa Zavaleta, con aprietes, torturas y asesinatos.

En la provincia de Buenos Aires, además del sostenimiento y ampliación de las policías locales y comunales, cuerpos de la Bonaerense creados por Scioli, en sucesivas oleadas, Patricia Bullrich anunció el “desembarco” de casi 10.000 efectivos de las fuerzas federales en territorio bonaerense. Salieron a militarizar los distritos con más potencialidad de que estalle el conflicto social, que siempre se incrementa en vísperas de las fiestas de fin de año, como el conurbano bonaerense y Mar del Plata. Aunque Bullrich haya dicho que no le “preocupa diciembre”, no es nada inocente la elección de esos destinos para sus gendarmes, prefectos y policías federales.

Para reprimir a esa escala, hacen falta recursos. Por eso, para 2017 hay un aumento del 29,9% en el presupuesto para Defensa, y 14,9% para Seguridad Interior. En la provincia de Buenos Aires, en 2017 habrá un 74% más de recursos para Seguridad que en 2015.

El avance represivo contra los trabajadores organizados, imposible de enumerar en pocas líneas, se expresó desde Cresta Roja hasta los choferes de la línea Este y los trabajadores de ATE Sur, con extremos de gravedad como el ataque a los estatales y docentes de Tierra del Fuego y el encarnizamiento de la persecución en Jujuy, que incluye la detención de Milagro Sala.

Desde el 10 de diciembre de 2015 a mediados de noviembre de 2016, el aparato represivo estatal asesinó por lo menos 259 personas, lo que da un promedio de una muerte cada 25 horas, superando todas las gestiones anteriores en materia de gatillo fácil, desapariciones y muertes en lugares de detención[2].

El marco general detrás de todas las medidas que resumimos –y las muchas que quedan afuera- se inscribe en una expresa y frontal reivindicación de la dictadura y sus protagonistas militares y civiles, que comenzó apenas horas después de que Mauricio Macri ganara las elecciones, con la editorial del diario La Nación titulado “No más venganza”, que instaba a jueces y fiscales a poner un “freno al juzgamiento” de los genocidas. El 14 de enero, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, recibió al grupo de presión por la impunidad “Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas” (CELTyV). El ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido salió a negar la existencia de 30.000 desaparecidos y completó el cuadro el presidente Macri, cuando dijo “No tengo idea, no sé, es un debate en el cual no voy a entrar” y usó la expresión “guerra sucia” en lugar de terrorismo de estado.

El 9 de julio, en Tucumán desfilaron miembros del “Operativo Independencia”, el plan genocida al mando del general Antonio Bussi; en Junín los Ford Falcon verde oliva de los grupos de tareas, y en la Ciudad de Buenos Aires, la columna de “veteranos de Malvinas” incluyó a Aldo Rico, alfil también de la represión post dictadura.

A eso se sumó la provocación de la presencia del presidente yanqui Barak Obama el 24 de marzo, y luego la de otros mandatarios con indudable perfil represor, como Peña Nieto y Temer.

Pero el movimiento popular no estuvo inmóvil frente a estos ataques.
Enfrentamos este escenario, cada vez más plagado de obstáculos, con organización y lucha unitaria.

El protocolo antipiquetes fue derrotado en la calle, con la rápida reacción de organizaciones antirrepresivas y de DDHH y masivas movilizaciones que lo desafiaron. Frente a la represión, surgieron iniciativas colectivas como la Campaña Nacional contra las Detenciones Arbitrarias, que se lanzó en el 25º aniversario de la detención, tortura y muerte de Walter Bulacio, y se multiplicó en las plazas y las calles con actividades de todo tipo. Fue enorme la movilización a 40 años del inicio de la dictadura cívico-militar-eclesiástica; marchamos en repudio a la presencia del presidente yanqui; los trabajadores estatales y privados en lucha protagonizaron históricas movilizaciones, en las que no estuvieron solos; marchamos a 10 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López y contra la violencia patriarcal en varias oportunidades, y el cierre de año nos encuentra listos para volver a salir a la calle, a 15 años de la rebelión popular de 2001.

El escenario de la Argentina actual sólo promete empeorar, con tristes metáforas de luces al final de un túnel, mientras cada vez llegamos menos a fin de mes, y vemos cómo los que nos gobiernan se enriquecen a costa nuestra. Sabemos que en la medida en que el ajuste crezca, será necesaria la represión para forzarlo.

Este panorama, lleno de crecientes dificultades para el pueblo trabajador, no debe debilitarnos, paralizarnos o desanimarnos. Por ahora pueden esconderse detrás del uniforme, la chapa y el fierro. Pero no les va a durar para siempre, porque somos muchos y muchas más. Nuestra tarea es construir y fortalecer la coordinación y la unidad de acción que nos exige esta etapa, con la responsabilidad de no abandonar la pelea en ninguno de los espacios, conscientes de que es la única manera de lograr que la situación cambie de verdad.

________________

* María del Carmen Verdú es miembro de CORREPI – Izquierda Revolucionaria

[1] Ver Comando unificado para la represión, 6/12/2015, en www.correpi.lahaine.org/?p=1593.

[2] Fuente: Archivo de Casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal 1983/2016, www.correpi.lahaine.org.

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