Bolivia: se va organizando el nuevo poder revolucionario

En abierta rebeldía contra el régimen neoliberal y ante las amenazas de masacre y represión, las organizaciones sociales y populares de Bolivia han decidido volcarse a construir y consolidar los órganos del poder revolucionarios, que han comenzado a emerger en la lucha por la expulsión de las transnacionales y la nacionalización del gas y el petróleo.

"Se ha decidido constituir a la ciudad de El Alto como cuartel general y bastión de la revolución boliviana", dice una resolución de un masivo ampliado de dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales y de la Central Obrera de El Alto, que contó con la participación de dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de las principales organizaciones movilizadas en La Paz.

Las organizaciones sociales han decidido levantar la Asamblea Popular Revolucionaria en todos los rincones del país para organizar a la población empobrecida y a los trabajadores del campo y las ciudades, con el fin de ponerlos en pie de combate contra el neoliberalismo y las clases dominantes, que también se alistan para arrasar con la rebeldía popular y así continuar saqueando impunemente a uno de los países más ricos de Sudamérica (ver: Tres fuerzas disputan el poder en Bolivia*)

Las Asambleas Populares, que estarán bajo la dirección de la COB, a nivel nacional, y de las Centrales Obreras Departamentales, a nivel regional, tienen la tarea de ejercer el poder en su respectivo territorio, organizar el suministro de alimentos y vituallas y preparar a los hombres y mujeres, a viejos, jóvenes y niños, en la autodefensa y en la previsible lucha contra el Ejército, la Policía y los grupos de choque fascistas.

Las Asambleas estarán conformadas por delegados y representantes de todas y cada una de las organizaciones sociales, populares, culturales, sindicales, campesinas e indígenas y de cualquier naturaleza que luchen contra la opresión imperialista que vive Bolivia, a través de los gobiernos neoliberales y de los poderes públicos puestos al servicio de las transnacionales y de oligarquía de latifundistas y burgueses.

La intención declarada de los dirigentes de la COB y de los sectores más combativos y radicalizados del movimiento popular es lograr que todos los trabajadores, vecinos y clases medias se incorporen activamente en estas Asambleas, que en los hechos ya funcionan, aunque parcial e intermitentemente, en la ciudad de El Alto, en las carreteras del Altiplano y los barrios más pobres de La Paz. Allí, los vecinos organizados en Juntas, en sindicatos, en barrios y distritos, tienen el control territorial y definen sobre aspectos vitales de la población, como es la alimentación, el transporte y la participación en las movilizaciones y vigilias.

"Se ha decidido la conformación de la Asamblea Popular revolucionaria y originaria, como instrumento de poder nacional a la cabeza de la Federación de Juntas Vecinales, la Central Obrera regional, la Central Obrera Boliviana, la Federación de campesinos, la Federación de Mineros, Gremiales y otros sectores movilizados", dice el manifiesto que instruye que en cada Asamblea Popular deben establecerse los Comités de autoabastecimiento, de autodefensa, de prensa y política.

Las organizaciones sociales y populares de Bolivia, con la excepción de las fracciones de campesinos, cocaleros, colonizadores y otras federaciones menores ligadas al Movimiento al socialismo (MAS), han decidido "ratificar la lucha inclaudicable por la nacionalización e industrialización de los hidrocarburos", y que hasta ahora ha sido sistemáticamente ignorada por los poderes públicos, por el gobierno saliente de Mesa y por el Congreso dominado por los neoliberales, a pesar de cuatro semanas de multitudinarias manifestaciones y bloqueos que han paralizado al país.

Las clases dominantes de Bolivia, aunque unidas en la defensa de los millonarios intereses de las petroleras extranjeras y de los grandes latifundios improductivos del oriente, están divididas en la lucha por el poder. Los más duros quieren que el presidente del Congreso, Hormando Vaca Diez, asuma el gobierno y barra con metralla la insurgencia popular. Los moderados, con apoyo de los reformistas del MAS y la Iglesia pugnan por hacer presidente al primer hombre de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez, quien convocaría de inmediato a elecciones. La Embajada de Estados Unidos, el Ejercito y las petroleras apoyan ambas salidas, aunque su prioridad es la primera.

En cambio, en los sectores sociales y populares que luchan por la nacionalización, estas opciones sólo ofrecen hambre, pobreza y la continuación del saqueo de Bolivia por las transnacionales y la burguesía local.

"Los trabajadores y vecinos rechazamos todas las maniobras de la clase dominante de sucesión constitucional o elecciones entre los mismos politiqueros", dice otra de las conclusiones del encuentro revolucionario celebrado en El Alto, a pocas horas de la convocatoria a la sesión del Congreso, en la ciudad de Sucre y que definirá entre Vaca Diez y Rodríguez, entre la vía militar y la vía electoral, como respuesta de las clases dominantes a la crisis estatal.

"El Congreso no representa al país. Nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas", dice Gerardo Bustillos, uno de los dirigentes de la Central Obrera de El Alto.