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Chile :: 27/09/2017

Chile: Breve reseña de los complots militares

Manuel Salazar S.
Antes del Golpe sangriento de 1973, existían muchos antecedentes que demostraban la tradición golpista, tanto en las Fuerzas Armadas como en Carabineros

Salvador Allende confiaba en la lealtad del general Augusto Pinochet. Creía que gran parte del ejército y de Carabineros permanecerían fieles a la Constitución y al legítimo gobierno de la Unidad Popular. Pero no fue así.

Existían muchos antecedentes que demostraban la tradición golpista, tanto en las Fuerzas Armadas como en Carabineros. Allende y muchos de sus colaboradores lo habían sufrido en carne propia, desde las primeras décadas del siglo XX. Los nombres de los conjurados se repetían una y otra vez en las asonadas promovidas desde los salones o desde los clubes militares. No obstante, pareciera que nadie en la UP midió en su justa dimensión lo que eso significaría para el país.

Dos complots de uniformados se registraron en 1955, bajo el gobierno y el auspicio del general Carlos Ibáñez del Campo. Se les conoció como Puma (Por Un Mañana Mejor) y Línea Recta. Pese a que varios de los involucrados fueron sancionados, la mayoría se mantuvo en importantes puestos políticos y militares desde donde -finalmente- propiciaron el golpe militar de 1973.

Carlos Ibáñez, ex dictador, fue elegido presidente en 1952 con 46,8% de los votos. Llegó a La Moneda sin el apoyo de ninguno de los partidos tradicionales, pero en brazos de grupos que mostraban claro disgusto hacia los conglomerados políticos. En su campaña, Ibáñez acusó a los políticos de antipatriotas y azuzó a la ciudadanía contra ellos.

Seis años antes, en 1946, el abogado radical Arturo Olavarría Bravo -“Pitín” le decían- fundó la Acción Chilena Anticomunista, ACHA, de cara a las elecciones presidenciales de septiembre de ese año. Su propósito era luchar contra los comunistas y lograr que fuesen marginados del sistema político.

Olavarría había sido ministro de Agricultura y del Interior de Pedro Aguirre Cerda y, desde este último cargo, envió al manicomio a Jorge González von Marées, líder de los nacionalsocialistas criollos. En 1946, tras la muerte del presidente Juan Antonio Ríos, “Pitín” se enfrentó en las primarias internas del radicalismo a Gabriel González Videla, siendo derrotado.

Poco después conoció al joven abogado Jorge Prat Echaurren, nieto del héroe naval chileno, y formaron la ACHA, solicitando fondos al gobierno estadounidense para su “guerra” con el comunismo. En 1952, Olavarría fue generalísimo de la campaña de Ibáñez y más tarde su canciller y ministro del Interior.

El grupo militar Puma se organiza luego de las elecciones de 1952, cuando se pensó que el triunfo de Ibáñez podría ser desconocido por la derecha. Luego, en 1955, surgió Línea Recta para sostener a Ibáñez frente a la salida del gobierno de los partidos Socialista Popular y Agrario Laborista, pilares del ibañismo.

Jorge Prat, en tanto, había fundado en 1946 la revista nacionalista Estanquero , cuyo director fue Rafael Valdivieso Ariztía, quien treinta años después sería secretario del Consejo de Estado, creación de la dictadura del general Pinochet.

LA LINEA RECTA

Prat Echaurren apareció involucrado en la conspiración de la Línea Recta, formada por oficiales del ejército y de la Fuerza Aérea que respaldaban a Ibáñez. Los conjurados pretendían remover a los mandos de las Fuerzas Armadas y dar un golpe de Estado. Ibáñez se reunió el 22 de febrero de 1955 con 58 conspiradores en su residencia de Dublé Almeyda 2854. Uno de los líderes de los oficiales que participaban en la cita era el mayor Roberto Viaux Marambio, pertinaz conspirador a fines de los años 60 y comienzos de los 70.

Prat elaboró un manifiesto para Línea Recta donde hacía un llamado a los “habitantes sanos e incontaminados del país a unirse en torno a un plan de austeridad, progreso y bienestar, junto a hombres limpios, patriotas y capaces, poseídos del fervor del servicio a la patria”. Afirmaba que “el país se encuentra sumido en un grado increíble de postración, decaimiento moral y material y anarquía política”, porque “el partidismo electoral ha hecho del país una tierra de conquista, dividiendo a los chilenos”. Alertaba, además, “que las fuerzas traidoras del comunismo internacional están alertas para aprovecharse del caos y la desintegración”.

Luego del encuentro con los uniformados, Ibáñez solicitó a Olavarría que se incorporara a Línea Recta.

Los conjurados fueron descubiertos y el movimiento denunciado al comandante en jefe del ejército, general Raúl Araya Stiglich. El 19 de mayo de 1955 el fiscal militar de la Segunda División del Ejército, coronel (J) Máximo Honorato Cienfuegos, inició un proceso contra los involucrados, inicialmente caratulado “por sedición” y luego reemplazado por “transgresión a la disciplina”. El 21 de diciembre de 1955, el juez militar general Horacio Gamboa (autor de un intento de golpe en marzo de 1970), dictó sentencia y sobreseyó a los implicados, por estimar que no habían cometido delito. La Corte Marcial acogió posteriormente una apelación contra esa resolución y condenó al general Ramón Salinas Figueroa, al comandante de escuadrilla Oscar Squella Avendaño, al capitán de bandada Carlos Arredondo y al capitán Hugo Barros Barros a ser eliminados de las Fuerzas Armadas. Respecto a otros 19 encausados, recomendó la aplicación de medidas disciplinarias administrativas.

VINCULOS GOLPISTAS SORPRENDENTES

En 2011 la doctora en historia María Elisa Fernández, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y actual asesora de la Cancillería, publicó una investigación sobre Puma y Línea Recta y su relación con el golpe militar de 1973. Afirma que un análisis de la literatura militar de principios del siglo XX revela un discurso político-ideológico que caracteriza a los soldados chilenos como dueños de cualidades particulares, tales como superioridad moral, patriotismo y nacionalismo; y que se definen como salvadores de la sociedad chilena. Por lo tanto, agrega, algunos oficiales verán su participación en política en los años 50 como el deber de un soldado patriota, más que como una intervención político militar.

Fernández sostiene que en la Escuela Militar y la Academia de Guerra el entrenamiento, la preparación en los cuarteles y las misiones asignadas, obliga los militares a desarrollar relaciones de amistad, conexiones y lealtades que originan un sentimiento de pertenecer a una corporación con intereses comunes, conformando una especie de “clase militar”.

Para reconstruir estos movimientos y lograr un análisis de la composición de cada uno de los movimientos, María Elisa Fernández revisó las fichas personales, hojas de servicio e informes de cortes marciales, fuentes que nunca antes habían sido consultadas. La historiadora analizó las hojas de servicio de 130 oficiales de los 187 identificados como miembros de Puma y/o Línea Recta. A fines del gobierno de Ibáñez, sólo 25 de ellos estaban en retiro y, al menos veinte continuaban en servicio para la década de 1970. Esto quiere decir que un tercio del alto mando -generales y coroneles- estaba aún en el ejército para el golpe de 1973.

“Uno de los deberes más importantes de este grupo -y en general del alto mando- es el control de la educación en las instituciones militares. Es decir, los que integraron Línea Recta y Puma resultaron ser influyentes en las nuevas generaciones de oficiales; además, fueron el pilar del golpe de Estado de Pinochet”, señala la investigadora.

PF revisó los antecedentes de los veinte oficiales que participaron en Línea Recta y que continuaban en servicio activo bajo la dictadura del general Augusto Pinochet. Entre ellos, destacaban Víctor Barría Barría, subdirector del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) en 1973 y luego jefe de la Dina en Buenos Aires, cuando fue asesinado el general Carlos Prats, comandante en jefe del ejército durante la Unidad Popular; Eduardo Gillmore Stock, hermano del vicario castrense; Camilo Valenzuela Godoy, general que intentó impedir que Allende llegara a la Presidencia y que estuvo involucrado en el asesinato del general René Schneider, predecesor del general Prats; Ramón Larraín Larraín, oficial a cargo del campo de concentración de Pisagua en 1973; Manuel Pinochet Sepúlveda, responsable directo de la matanza de obreros en la mina de cobre en El Salvador, en 1966; Mario Meneses Navarrete y Ernesto Guiraldes, ex directores de la Fábrica y Maestranza del Ejército (Famae). Todos ellos y el resto de los oficiales en servicio en 1973 y que participaron en Línea Recta en 1955, eran profesores en diversos institutos militares bajo el régimen de facto de Pinochet

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Otras conspiraciones

GOLPE DE ESTADO DE 1932

El 4 de junio de 1932, en la noche, acompañado por un centenar de adherentes alessandristas, socialistas e ibañistas, el coronel Marmaduque Grove Vallejo entró a La Moneda y se dirigió al presidente, el radical Juan Esteban Montero, quien había sucedido el año antes al derrocado coronel Carlos Ibáñez del Campo.

“Como comandante en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas he resuelto deponer al gobierno que usted preside y establecer en Chile la República Socialista, en cuyo nombre procedo a tomar el mando de la nación para el pueblo de Chile y con el pueblo de Chile”, notificó Grove a Montero.

Se instaló entonces una Junta de Gobierno que duró doce días en el poder (la llamada “República Socialista”), integrada por el general (r) Arturo Puga, el socialista Eugenio Matte y el periodista Carlos Dávila. La Junta disolvió el Congreso designado por Ibáñez. También indultó a los marineros condenados por la sublevación de la Escuadra.

El 16 de junio una conspiración militar acusó a Matte y a Grove de estar conduciendo el país al comunismo. La prensa informó que dos barcos de guerra estadounidenses se dirigían a las costas chilenas para proteger las vidas e intereses de los ciudadanos norteamericanos.

Matte, Grove y otros socialistas fueron hechos prisioneros y desterrados a la isla de Pascua. Se decretó el estado de sitio y Carlos Dávila, quien derrocó a sus ex compañeros, asumió como presidente. Su gobierno duró 89 días, hasta el 13 de septiembre de 1932, cuando renunció y entregó el poder a su ministro del Interior y se exilió en Estados Unidos.

EL ALZAMIENTO DE ARIOSTO HERRERA

En 1939 gobernaban Pedro Aguirre Cerda y el Frente Popular. Parecían superados los problemas de anarquía vividos entre 1924 y 1932. Alessandri había llevado al país a una aparente calma, pero en la derecha y en alguna oficialidad uniformada, activa y en retiro, crecía el descontento con el “régimen comunistoide del negro Aguirre”, como llamaban despectivamente al presidente.

Unos pocos oficiales demostraron su molestia de malas maneras. El general Ariosto Herrera Ramírez, comandante de la Segunda División, fue llamado a retiro. Había sido agregado militar en la Italia de Benito Mussolini y no ocultaba sus simpatías por aquel, ni por Hitler y Franco. Su anticomunismo lo había llevado a negarse a desfilar frente a La Moneda el 21 de mayo, al ver que flameaban banderas rojas. Ordenó sacarlas a punta de sables y amenazas.

El 25 de agosto de 1939, Ariosto Herrera intentó levantarse contra el gobierno. Salió de su casa de madrugada y se acuarteló en el regimiento Tacna. Dentro del cuartel, envalentonó a sus oficiales: “El que esté de acuerdo conmigo, un paso al frente”. Sólo dos soldados decidieron dar el paso. Ahí terminó esa aventura golpista.

COMPLOT DE “LAS PATITAS DE CHANCHO”

Casi al finalizar 1948, Gabriel González Videla dictó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia destinada a perseguir a los comunistas. Para afirmarse en el gobierno formó una coalición que bautizó como “gabinete de Concentración Nacional”, conformado por radicales anticomunistas, liberales, conservadores y miembros de una fracción escindida del PS. En Argentina gobernaba el general Juan Domingo Perón, amigo personal de Carlos Ibáñez, con quien le unían ideas cercanas al fascismo italiano. Perón era un convencido de que Argentina tenía un destino divino en la costa del Pacífico, y veía en un posible gobierno ibañista la puerta para cumplir su sueño. Por ello alentó la intentona de Ibáñez para derrocar a González Videla y/o ganar después las elecciones de 1952.

Ese año la mano de Perón, tras los desbaratados intentos golpistas, apareció mencionada como cómplice del complot conocido como “Las patitas de chancho”, en el cual participó una rama de la logia masónica La Montaña y militares afines a un gobierno dictatorial de corte nacionalista, que pretendía deponer a González Videla y a todo el escenario político-partidista de la época, para imponer un régimen militar nacionalista.

Esa confabulación, desarrollada entre septiembre y octubre de 1948, tenía como fin crear condiciones para un golpe de Estado que permitiera al general Carlos Ibáñez tomar el poder. El complot fue bautizado así porque las tertulias golpistas se efectuaban en un restaurante de San Bernardo cuya especialidad era el típico causeo de patitas de chancho.

CONJURA DE COLLIGUAY

Ocurrió tras la denominada Marcha del Hambre convocada por organizaciones sindicales, como la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH), la Federación Bancaria y organizaciones populares, como el Comando Nacional Contra las Alzas y la Especulación. También esta acción apareció asociada al Partido Agrario Laborista, a la coalición ibañista Alianza Popular Libertadora y al Partido Socialista Popular de Raúl Ampuero. También se contaba con el apoyo de dirigentes y militantes del ilegal Partido Comunista, llamado transitoriamente “Partido de los Trabajadores”.

La marcha se realizó el 22 de agosto de 1951 en Santiago, culminando con un acto en la Plaza Artesanos. Entre los oradores estuvieron el dirigente comunista Domiciano Soto y el dirigente bancario socialista popular Edgardo Maass, quienes pronunciaron incendiarios discursos contra el gobierno. Al día siguiente, circuló la noticia del secuestro de ambos por agentes de Investigaciones, creándose gran efervescencia social. El gobierno ofreció recompensas por información sobre los desaparecidos. El domingo 26 de agosto, Soto y Maass fueron encontrados junto a su custodio armado -Carlos Fellemberg- en las proximidades de una mina abandonada en Colliguay. El propósito de los conjurados era desestabilizar al gobierno.

REBELION EN LA ACADEMIA DE GUERRA

En mayo de 1967, la oficialidad joven de la Armada entregó una carta a su alto mando y a las autoridades políticas donde manifestó “...la urgente necesidad de mejores medios técnicos y de alza en los sueldos”. La misiva, denominada por la prensa como el “Manifiesto de los tenientes”, mostró la inquietud de los mandos medios de la Armada convencidos de la desidia de sus jefes y autoridades políticas. Por esos días también se congregó en el Club Militar más de un centenar de oficiales jóvenes del ejército. En el encuentro, conocido como la “Reunión de la pílsener”, los uniformados deliberaron sobre la situación económica que afectaba a su institución.

La rebeldía estalló el 1º de mayo en la Academia de Guerra del Ejército, cuando 98 oficiales alumnos pertenecientes al curso regular y al de informaciones, a través de sus profesores jefes, presentaron sus renuncias a la institución. En la Academia Politécnica, en tanto, otros 54 oficiales tomaron igual decisión. Esa actitud, según el general (r) Horacio Toro Iturra, involucrado en el movimiento, comenzó a ser imitada en los demás institutos militares.

El malestar en el ejército no se detuvo con el cambio de ministro de Defensa ni con el nuevo comandante en jefe. Es más, se encauzó a través de dos altos oficiales que aparecieron como sus líderes naturales. Los oficiales de Infantería y Blindados se identificaron con el mayor Arturo Marshall Marchesse; y, los de Artillería, Ingeniería y Caballería, con el general Roberto Viaux Marambio. Ambos oficiales, obstinados conspiradores, darían que hablar en los años siguientes.

Punto Final

 

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