Contra los estudiantes, disparos de policías federales, estatales y ministeriales

LA VERSIÓN PREPARADA por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el asesinato del 12 de diciembre de 2011 de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, debe ser corroborada de manera imparcial por las instancias adecuadas, ya que, supuestamente, los únicos que hicieron tiros mortales en la Autopista del Sol, a la altura de Chilpancingo de los Bravo, fueron los policías ministeriales, cuando de conformidad con lo declarado por la Procuraduría General de la República el mayor número de descargas fueron hechas por elementos de la Policía Federal. Debe precisarse, sin lugar a dudas, quiénes dispararon las balas que quitaron la vida a Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

Con base en estudios de las áreas de Servicios Periciales, la Dirección Ejecutiva de Laboratorio, la Dirección de Laboratorio de Química y el Departamento de Química Forense de la PGR, se arribó al resultado siguiente: 22 armas de la Policía Federal, una de la Policía Ministerial y una de la Policía Estatal fueron disparadas el pasado Día Guadalupano, y algunas de ellas mataron a los dos normalistas guerrerenses. Dicho en otras palabras: es la misma deducción que se presenta, desde el principio de la crisis, si se ven y analizan con objetividad y sin prejuicios los videos y fotografías que circulan con amplitud en Internet y en periódicos y revistas de México y el extranjero.

Lo que aún no se aclara es el incendio de la gasolinera que produjo la muerte, el 1 de enero del año en curso, de Gonzalo Miguel Rivas Cámara, trabajador de esa estación de servicio, ocurrida como consecuencia de sus graves quemaduras. Lo que sí resalta en los videos y las expresiones de los empleados de ese expendio de gasolina es que los autores de ese atentado no fueron los normalistas, sino individuos que vestían playeras rojas con el letrero Ayotzinapa y que todo hace suponer eran provocadores infiltrados.

Pregunta incómoda, ¿sólo los policías locales?

EL PROCESO DE elaboración de las conclusiones de la CNDH ha sido el siguiente: el 5 de enero, Raúl Plascencia Villanueva, presidente de dicha Comisión, informó que no se había podido determinar quién disparó, pero sí que la Policía Federal, la Ministerial y la Preventiva Estatal, alteraron la escena del crimen.

El día 9, en un informe preliminar de la CNDH dado a conocer por el ombudsman, quedó establecido que durante la represión contra los estudiantes campesinos de Ayotzinapa se cometieron dos ejecuciones extrajudiciales, intento de crear delitos, hechos de tortura policíaca, tratos inhumanos y degradantes en contra de los detenidos y abuso de autoridad. Se indicó también que la Policía Federal hizo los primeros disparos “para dispersar a los jóvenes”, y luego, las fuerzas policíacas balearon a los normalistas “de manera indiscriminada”.

En la agresión oficial contra los miembros guerrerenses de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, los policías federales, estatales y ministeriales violaron “diversas garantías constitucionales”, siendo violentados los derechos a la vida, la seguridad e integridad personal, la libertad, el trato digno, la seguridad jurídica y la legalidad por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Federación y del gobierno de la entidad suriana, tanto de “aquellos que intervinieron directamente, como de quienes ordenaron o toleraron dichas acciones u omisiones”.

De acuerdo con la indagatoria, en la escena del crimen hubo 165 policías destacamentados, “67 de los cuales portaban armas de fuego”, 24 personas fueron detenidas de manera arbitraria y “14 de los arrestados fueron sometidos a un trato indigno y uno de ellos a torturas”. Los agentes policíacos que intervinieron en el criminal desalojo se negaron a “brindar atención a los heridos por arma de fuego”.

El 13 de enero, la CNDH sacó como conclusión que fueron los policías ministeriales los que mataron a los estudiantes. En razón de esto, La Jornada señaló en su editorial del 14 de enero: “A reserva de esperar la versión final del documento del ombudsman nacional, la información difundida permite concluir con claridad que en los trágicos acontecimientos, integrantes del gobierno que encabeza Ángel Aguirre incurrieron en responsabilidades de tipo penal que deben ser sancionadas conforme a derecho. Por desgracia, la violencia criminal ejercida contra los manifestantes ha sido complementada con un manejo impresentable de los hechos por parte de la administración estatal, que ha obstaculizado la acción de la justicia y ha mermado las perspectivas de esclarecimiento: desde un principio las autoridades estatales se negaron a reconocer la responsabilidad de los disparos –pese a la evidencia gráfica que muestra a presuntos policías estatales vestidos de civil disparando contra los manifestantes–; buscaron desvirtuar los hechos mediante la siembra de una arma a uno de los estudiantes –el cual, según el informe de la CNDH, fue torturado–, y señalaron a efectivos de la Policía Federal (PF) como autores de los disparos contra los manifestantes.

“En días recientes, por añadidura, el ex procurador de justicia de la entidad Alberto López Rosas ha intentado desvirtuar el expediente de la CNDH y ha acusado al organismo de proteger al personal de la PF. Ahora, sin embargo, a la luz de la evidencia disponible, lo procedente sería que ese y otros funcionarios y ex funcionarios del gobierno estatal enfrenten las acciones judiciales a que dé lugar el atropello cometido contra los normalistas de Ayotzinapa. Por su parte, el titular del Ejecutivo estatal tendría que asumir cuando menos una responsabilidad de tipo político por el turbio accionar de su administración durante el episodio.

“Ahora bien, aunque la investigación de la CNDH se encamine a determinar que los disparos provinieron de los agentes ministeriales, ello no exime a la Policía Federal de responsabilidad en estos hechos: al fin de cuentas, esa corporación tiene, entre otras funciones, la de vigilar el tramo carretero en que ocurrió la referida tragedia; en consecuencia, si sus efectivos no realizaron los disparos que privaron de la vida a los dos estudiantes e hirieron a varios más, cabe atribuirles, al menos, responsabilidad por omisión, pues habrían debido evitar las agresiones letales contra los manifestantes”.

Enfrentamientos sociales y políticos en Guerrero

CON MOTIVO DE los graves acontecimientos de la Autopista del Sol, en el estado de Guerrero se ha generado y se desarrolla una crisis política que atraviesa toda la sociedad local. Proliferan en la entidad manifestaciones, mítines, tomas de radiodifusoras y bloqueos de carreteras; declaraciones, desplegados, artículos y volantes de los alumnos de Ayotzinapa y sus amigos, aliados, adversarios y enemigos; detención de camiones que transportan normalistas y amenazas de marinos, policías e individuos de la derecha contra los participantes en la lucha de los estudiantes campesinos. En tales condiciones, es muy difícil que alguien se considere y sea neutral. No queda de otra: hay que definirse. O, acaso, ¿existe el justo medio?

El gobierno de Ángel Heladio Aguirre Rivero no logró actuar bajo una misma orientación y con un solo mando. La descoordinación imperó en toda la línea. Para empezar, los policías represores, según el gobernador, desacataron la orden de no ir armados a la concentración; Alberto López Rosas, a la sazón procurador de Justicia del Estado, acusó gratuitamente a los estudiantes de Ayotzinapa de ir armados, de portar “cuernos de chivo” y de haber disparado primero, así como difundió la idea no descabellada de que los agentes federales fueron los que dispararon, idea que, por cierto, continúa divulgando de manera reiterada. Otros funcionarios simplemente “desaparecieron” del escenario. Todo mundo actuaba de acuerdo con su buen entender. No existía dirección.

Mientras tanto, la salvaje represión contra el normalismo introdujo la división en las filas de la izquierda. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Taller de Desarrollo Comunitario, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, la Organización Campesina de la Sierra del Sur, la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, el Frente de Masas Populares de Guerrero y otras organizaciones demandaron y demandan juicio político a Layo Aguirre, mientras el Partido de la Revolución Democrática asume una posición mucho más moderada, aunque hay una franja importante de perredistas que caracterizan al gobierno aguirrista de represor. Del Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano, mejor no hablar, pues tienen la callada por opinión y tesis.

La derecha busca ajuste de cuentas

LA REACCIÓN NO se anda con medias tintas. En el homenaje a Gonzalo Miguel Rivas Cámara, trabajador de la gasolinera Eva, fallecido a consecuencia del incendio de este expendio, llamaron “asesinos” a los normalistas de Ayotzinapa. El acto fue organizado en la alameda Granados Maldonado de Chilpancingo, por grupos empresariales apoyados por militantes de derecha y acarreados, entre ellos muchachos de la calle. A esta farsa asistieron el gobernador y sus más significados colaboradores y achichincles.

Destacan los letreros que dibujan de cuerpo entero a sus promotores, como los que a continuación se señalan: “La normal de Ayotzinapa no es de formadores, es de destructores y asesinos”; “Cierren la normal de Ayotzinapa”, y “En Guerrero se necesitan maestros responsables. Cierren Ayotzinapa”.

Abundaron las expresiones de odio hacia los normalistas del municipio de Tixtla, Guerrero, y el objetivo claro de cerrar la normal, al mismo tiempo que en la prensa, la radio, la TV e Internet pro Aguirre se vitupera y calumnia a los normalistas. De vándalos, asesinos y terroristas no los bajan. De hecho, existe un linchamiento mediático.

En Tecpan de Galeana, Iguala, Chilpancingo y otras ciudades del estado sureño se han celebrado reuniones, mítines y manifestaciones en apoyo del gobierno “perredista” de Aguirre Rivero y, en ciertos casos, en abierta militancia contra el estudiantado de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, e, incluso, por la desaparición de esta noble e histórica institución educativa.

La reportera Francisca Meza Carranza, de La Jornada Guerrero, escribió: “Aguirristas aglutinados en la asociación civil Movimiento Ciudadano por un Guerrero Mejor, encabezada por el subsecretario de Finanzas de la SEG, Raúl Salgado Leyva, expresaron su respaldo total al gobernador Ángel Aguirre Rivero en el conflicto generado luego del asesinato de dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa; aseguraron que están dispuestos a marchar a la CNDH, levantarse en armas e incluso dar su vida para defenderlo”. De ese tamaño es el encono contra la lucha estudiantil normalista. Naturalmente, los jefes gubernamentales del estado de Guerrero repudiaron, de dientes para afuera, los señalamientos cavernícolas de sus huestes reaccionarias.

En abierta contradicción con la historia de la Universidad Autónoma de Guerrero, el rector de ésta, Ascencio Villegas Arrizón, afirmó, pese a reconocer que no está al tanto de los hechos, que “detrás de las acciones de los estudiantes, existen intereses ocultos para desestabilizar a un estado donde el pueblo eligió democráticamente a un gobernante”. Así se las gasta este negador de Rosalío Wences Reza y Pablo Sandoval Ramírez, ejemplos de alineamiento con las mejores causas de los trabajadores, el pueblo y la nación. El “rector” renuncia a la tradición democrática y combativa de la UAG, y más bien parece ser representante de la universidad fascista que lleva las mismas siglas que la guerrerense: la Universidad Autónoma de Guadalajara, que por cierto premió a los agentes gringos Alfredo Stroessner, dictador paraguayo, y Álvaro Uribe Vélez, prominente narcoparapolítico colombiano.

Nombramientos de impresentables

EL 5 DE ENERO, en Casa Guerrero de Chilpancingo, Ángel Heladio Aguirre Rivero dio posesión a Juan Manuel Herrera Campos como encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, y a Guillermo Herrera Campos, como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil.

De cara a los nombramientos anteriores, La Jornada Guerrero expresó en su editorial del 15 de enero: “En lugar de López Rosas, nombró a Juan Manuel Herrera Campos como encargado de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y como director de la Policía Ministerial a Esteban Juárez Escalera.

“Llama la atención que de cuatro sustituciones, al menos dos sean cuestionadas por antecedentes negativos en su anterior desempeño: Herrera Campos fue acusado por el ex policía guerrerense Daniel García Pérez, originario de Copala, de haberle fabricado pruebas en una acusación por secuestro en Campeche, donde aquél era procurador; y Juárez Escalera viene saliendo de un conflicto en el Distrito Federal donde encabezó un operativo en el que fue asesinado un joven, por el cual fue destituido”.

No obstante el encono en el enfrentamiento, quizá sea útil insistir en que el conflicto entre el estudiantado normalista de Ayotzinapa y el gobierno de Ángel Heladio Aguirre tiene una posible salida positiva y benéfica para el pueblo de Guerrero: satisfacer las demandas de los estudiantes campesinos, en especial las de mejoras en las instalaciones y servicios de la escuela, las plazas a los egresados, las condiciones de ingreso y el nombramiento del director del plantel; juzgar a los culpables materiales e intelectuales de la agresión del 12 de diciembre de 2011, y adquirir el compromiso, por parte de la administración aguirrista, de tratar los problemas sociales con medidas políticas y no con acciones represivas. De esta manera, se enrumbaría al estado de Guerrero por una senda de progreso y paz. Otra vía es improcedente.

La Haine