Córdoba: la narco-policía se cobra factura y el Gobierno garantiza mano dura contra el pueblo

A primera hora de la mañana del martes 3 de diciembre, se conocía la noticia de que la policía de Córdoba se encontraba acuartelada en el barrio Cerveceros exigiendo un aumento salarial, quedando la provincia literalmente sin policías en las calles. Con el pasar de las horas comenzaron a conocerse noticias de saqueos y asaltos en diferentes puntos de la ciudad. El gobernador De la Sota se encontraba de viaje en Panamá y sus ministros, sobre todo aquellos encargados de las políticas de seguridad, brillaron por su ausencia, y los pocos que dieron la cara sólo se animaron a vociferar que no podían dar respuesta a la situación “hasta que vuelva el Gobernador”. La situación llegó a su punto mayor de caos cuando, frente a los hechos que se iban sucediendo, los comerciantes y vecinos en general decidieron armarse y “resistir” los saqueos. Esta situación dejó hasta ahora el saldo de dos muertes y un joven internado en grave estado, producto de una feroz golpiza que recibió cuando se trasladaba en su moto mientras gritaba “no soy chorro”, además de incontables heridos producto de la violencia desatada en las calles de la provincia. Como primer reacción, y frente al conocimiento de lo que estaba sucediendo, el gobierno nacional se desentiende de la situación declarando que es un problema de la provincia, para luego terminar anunciando que enviará a la provincia 2 mil gendarmes. Por su parte el gobierno provincial justifica los hechos haciendo responsable al estado nacional. Nunca más claro: mientras el pueblo se desangra, la vieja y miserable política especula tirándose la pelota unos a otros a través de operaciones de prensa y twitter. El miércoles 4 el gobernador dio una conferencia anunciando un acuerdo con los policías acuartelados: “por pedido de nuestro poder judicial y de este gobernador, a perseguir a todos los delincuentes y saqueadores que han cometido toda clase de atrocidades, y pedirle a los medios de comunicación a los comerciantes y a los civiles las filmaciones de todos los saqueos y destrozos producidos por estos mal vivientes para que la justicia pueda instruir causas en contra de cada uno de ellos. Que ninguno quede impune por el daño que han hecho en la ciudad de Córdoba. También darle la tranquilidad a la policía de Córdoba que cuentan con todo nuestro apoyo para salir a trabajar y poner orden, de la mano de nuestros vecinos que son los que pagan los impuestos de los cuales ellos cobran sus salarios”, anunciaba con toda su soberbia y autoritarismo un reaparecido De la Sota. El discurso del gobernador demuestra que la crisis fue saldada dándole más poder a una institución que, como quedó expuesto en el llamado "narcoescándalo" que derivó en la renuncia del Ministro de seguridad de la provincia Alejo Paredes, el jefe de la policía Ramón Frías y de varios jefes de la división Drogas Peligrosas, está totalmente vinculada al narcotráfico. A su íntima relación con el crimen organizado se le suma la violencia con la que suele actuar, sobre todo contra jóvenes de los barrios populares en la aplicación del discriminador Código de Faltas, generando gatillo fácil -como el caso de Facundo Rivera Alegre, el "Rubio del Pasaje"-, reclutamiento de jóvenes para robar para la policía, torturas y “ahorcamientos” en cárceles y comisarías, y detenciones arbitrarias. Las conjeturas que pueden sucederse en torno a los hechos no corren de lugar la situación concreta y conocida de la narco-policía enviando un mensaje mafioso bien claro -“cria cuervos y te comerán los ojos”- liberando zonas para que se produzcan los saqueos -cuando no organizándolos ellos mismos-, por un lado, y la acuciante situación de miseria y hambre que se vive en la provincia, producto de la creciente inflación y desempleo, por el otro. El enfrentamiento entre vecinos, así como el reclamo que se fue instalando con el correr de las horas de que las fuerzas de (in)seguridad vuelvan a cumplir su rol represivo, sólo ayuda a confundir y aumentar más la brecha entre el pueblo y a re-legitimar el rol de las fuerzas policiales ante la sociedad, fuertemente desprestigiadas luego del referido “narcoescándalo”. Mientras los grandes medios de comunicación anunciaban que la situación “se está normalizando”, los sectores del pueblo que sufrimos cotidianemente el accionar de las fuerzas represivas tenemos muy en claro que, una vez más, quieren apagar el incendio con más fuego. La lógica que prevalece es la más perversa, y el mensaje no admite dobles lecturas: a la policía, salgan a reprimir; al pueblo, súmense a hacer justicia por mano propia; a los pobres y excluidos, vamos por ustedes. Todo entre sobreactuados agradecimientos, y dejando un saldo sumamente preocupante: una vez más las disputas, negociaciones y reacomodos de la narcopolítica lo van a pagar los de abajo, que ahora, y frente a la estigmatización que ya están sufriendo los habitantes de las barriadas populares de Córdoba, van a tener que salir a explicar que no formaron parte de los saqueos. Estigmatización fogoneada irresponsablemente por el establishment político cordobés, como es el caso del ex ministro de Trabajo Omar Dragún, que declaró que los responsables de los saqueos eran "los que estuvieron en la Marcha de la Gorra”, de la cual participaron cerca de 20 mil personas que se manifestaron contra el Código de Faltas provincial, instrumento fundamental que utiliza la Policía para controlar, hostigar, perseguir y extorsionar a los pibes para que delincan para ellos. Mientras tanto el gobierno provincial sigue desoyendo los reclamos populares y garantiza que el gran saqueador Monsanto tenga vía libre para seguir operando en la provincia, amparado por las fuerzas represivas y las patotas de la UOCRA. La policía es violenta y corrupta. No necesitamos “leyes duras” contra los pibes ni llenar de policías las calles: necesitamos el fin del proyecto represivo delasotista que, junto al poder judicial, protege a la policía del gatillo fácil, la que extorsiona a niños y adolescentes para que delincan, la que le cobra su parte en el negocio a tratantes y narcos, cuando no son éstos ellos mismos. Lo que necesitamos es romper la relación íntima entre crimen organizado y policía. En todo el país, en cada provincia, y a nivel de fuerzas federales -Gendarmería, Prefectura, PFA-, la situación es la misma: la trata, los secuestros, el robo de automotores, el narcotráfico, no hay delito en el que no esté involucrado la policía. Córdoba es un perfecto ejemplo de cómo el poder político apuesta a reforzar la relación entre mafias y fuerzas de (in)seguridad. (...) FPDS