Crónica desde un Haití al rojo vivo

En Haití, “la población aprovechó para gritar”

Camila Parodi y Daniel Sticotti

Contra el gobierno de Jovenel Moïse, por la actual crisis económica, política e institucional y por la solidaridad de los pueblos.

Desde el jueves 7 de febrero las y los haitianos se encuentran movilizados con cortes masivos en las autopistas de las principales ciudades. La elección de esta fecha se debe a la conmemoración de un nuevo aniversario de la caída de Jean-Claude Duvalier en 1896, así lo explico el profesor Camille Chalmers que es haitiano, economista, docente universitario y militante político en su país, referente de PAPDA (Plataforma Haitiana por el Desarrollo Alternativo) y de la organización mundial Jubileo 2000.

Desde el pasado jueves se sostienen focos de manifestaciones en las principales ciudades del país, porque se reclama la renuncia del actual gobierno de Moïse. “La población aprovechó para gritar” aseguró Chalmers, contra el gobierno de Jovenel Moïse que continúa acentuando su política de ajuste, tal como lo viene haciendo desde hace meses, y para que esta se sostenga su única inversión: la represión. Durante las últimas acciones la Policía Nacional se cobró la vida de tres personas junto a decenas de heridos.

En ese sentido, Chalmers explicó que existen actualmente 12 mil policías apoyados por las fuerzas de las Naciones Unidas conocida como Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH) que es “gestionada por el mismo gobierno y que participó de las matanzas de diciembre pasado”. Ante esto las y los manifestantes acentuaron su accionar atacando con piedras y fuego en las principales autopistas como así también la casa del propio presidente.

Chalmers resume en tres las principales reivindicaciones de esta movilización. Primero y principal la renuncia del presidente Jovenel Moïse por la ejecución de una seguidilla de políticas que afectan directamente la vida de la población. Por otro lado, la elaboración de ciertas medidas urgentes que respondan ante la pérdida de valor de la moneda nacional que, en los últimos dos años se devalúo en un 50% en relación al dolar. Y por último, exigen la realización de instancias judiciales mediante las cuales identificar a los responsables del desfalco de los Fondos Petro Caribe otorgados desde hace diez años por el Gobierno Bolivariano de Venezuela como un aporte genuino de ayuda humanitaria al país vecino.

Solidaridad con Venezuela

En este contexto las organizaciones políticas, sociales y sindicales de Haití firmaron una declaración en apoyo el Gobierno de Nicolás Maduro, al tiempo que hacen un explícito reconocimiento a la legitimidad de su investidura presidencial, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

“El Pueblo haitiano y las organizaciones que luchan a favor de la transformación social del país arrojan en el basurero de la historia el voto de vergüenza del Presidente inculpado Jovenel Moïse en la OEA el día del 10 de enero 2019” explicaron en su comunicado. A su vez señalaron que el pasado 24 de enero, el acusado accionó como un “títere de EEUU”, al reconocer al golpista Juan Guaidó.

En su comunicado, las organizaciones haitianas explicaron que el levantamiento popular del 7 de febrero demuestra que el pueblo se divorcia con la Administración Moïse-Céant. “El Pueblo haitiano estaba en las calles en todo el país para denunciar el complot del Presidente procesado Jovenel Moïse contra el pueblo venezolano” y a su vez, agradecen a “la Revolución Bolivariana por el acuerdo Petro Caribe” como “una cooperación solidaria que tiene el objetivo de invertir en sectores sociales y productivos a favor de la población haitiana” afirmaron a continuación. Se trata de una real ayuda humanitaria que contó con miles de millones de dólares y la instalación de tres centrales eléctricas por parte del Gobierno Bolivariano. Estos fondos fueron malversados por las distintas gestiones gubernamentales durante los últimos 10 años, entre ellos el actual gobierno de Moïse.

Por su parte, Camille Chalmers explicó que el voto en contra de Venezuela por parte de Moïse fue un detonante para las recientes manifestaciones, dada la larga tradición de solidaridad con el pueblo Venezolano quién ayudó de forma muy contundente durante los últimos 10 años de crisis humanitaria en Haití. Para Chalmers, este accionar se trató de una “traición en contra de la propia moralidad” de su pueblo que tiene una histórica “tradición de lucha contra los imperios”.

Si bien algunas ciudades volvieron en parte a la cotidianeidad, se mantiene una sensación de tensa calma en todo el país. La población continúa con los reclamos de forma indeterminada en el marco de un plan de lucha que se articula con diferentes organizaciones de base y diferentes coaliciones de partidos políticos de oposición. Sin embargo, el movimiento de fondo que sostiene el accionar de indignación está caracterizado por la espontaneidad y para Chalmers “no responde sólo a las coaliciones” se trata para el de un “cólera global”.

Mientras los grandes monopolios de concentración mediática se centran en construir las mentiras del “minuto a minuto” contra la Revolución Bolivariana de Venezuela, como era de esperar, nada informan sobre la existencia de ayuda humanitaria de Venezuela hacia Haití. Mucho menos se exige la intervención en dicho país.

Como hace siglos, Haití continúa siendo faro de luchas y rebeldías a pesar del cerco mediático al que está sometido. ¿Qué lugar ocupa Haití en las agendas de las izquierdas? ¿Porqué su experiencia de resistencias no es levantada como bandera en el continente? ¿Qué diferencia existe entre la barricada contra Moïse en Haití y los chalecos amarillos contra Macron en Francia? ¿Qué lugar ocupan el racismo y el colonialismo en nuestra matriz de pensamiento a la hora de valorar las luchas?.

Resumen Latinoamericano

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Crónica desde un Haití al rojo vivo

El pueblo haitiano continúa con las protestas contra el gobierno nacional, al que acusan de corrupción y de la situación crítica que vive el país.

Por Lautaro Rivara, desde Haití

El clima social viene caldeándose en Haití, conforme las frustraciones sociales se acumulan en un polvorín que nunca termina de desactivarse. Después de las intensas movilizaciones del año pasado, con epicentros masivos y radicales en los meses de julio, octubre y noviembre, la tregua tácita de fin de año dio lugar a unas navidades materialmente precarias, pero tranquilas. Pero las festividades no fueron más que un interludio breve. Pronto se reanudarían las batallas contra la carestía de la vida, la corrupción endémica, la crisis social y económica y la ausencia de un modelo de nación para la primera República independiente surgida a la historia de este lado del Río Bravo. Las protestas ya llevan ocho intensas jornadas, y nada parece señalar que vayan a detenerse.

Los primeros síntomas de este nuevo ciclo de protestas se manifestaron en nuestro propio pueblo, cuando jóvenes descontentos por el accionar policial en un conflicto de tierras prendieron fuego a la comisaría de policía de la localidad de Montrouis, en el departamento Artibonite. La respuesta, previsible, fue la rápida militarización de un poblado por lo demás pacífico. Al día siguiente del hecho, las fuerzas especiales del CIMO ya dormían su siesta larga frente al mercado del pueblo, y nadie podía recordar cómo era que habían ido a parar allí, ni con qué propósito. Pero pronto el conflicto comenzó a multiplicarse en diferentes focos del país hasta llegar a la explosiva jornada del 7 de febrero, aniversario de la huida del país del dictador Jean-Claude Duvalier. Desde entonces comenzó a combinarse todo el repertorio de acciones callejeras habidas y por haber: concentraciones esporádicas, inmensas movilizaciones espontáneas, caravanas de motocicletas, huelgas de transportistas, la quema de comisarías y edificios gubernamentales y, sobre todo, miles de barricadas que rápidamente tabicaron la capital y los diez departamentos del país.

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Hace semanas que la escasez de combustible no deja de agravarse. Las largas colas que poblaban las estaciones de gas han cedido paso a puertas cerradas y playones vacíos, sin autos ni transeúntes. Los últimos galones de circulación legal fueron engullidos por el contrabando, y ahora sólo es posible conseguir combustible en la calle, tras arduas negociaciones y a precios imposibles. En estas refriegas es el pequeño consumidor quién lleva todas las de perder, desde el chofer que necesita echar a rodar su motocicleta para comprar su ración diaria de arroz con frijoles, hasta la vendedora que precisa encender su mechero para continuar sus ventas al menudeo en las horas sin sol. Las causas del desabastecimiento tienen que ver con las responsabilidades contraídas por el deficitario Estado haitiano, que adeuda pagos millonarios a la empresa que concentra las importaciones. Los monopolios, sin remordimientos, ajustan cuentas haciendo rechinar los dientes de toda la población con su poder de paralizar el país. Las calles están casi vacías, y los precios de todas las cosas, desde el transporte hasta la alimentación, se han disparado por los aires. La economía cotidiana está deshecha y está paralizado el trajinar diario de quiénes cada día luchan por su subsistencia en el país más pobre (o más bien, empobrecido) de todo el hemisferio.

Mientras la agenda internacional se empecina en volver la mirada hacia la agredida Venezuela, la grave crisis haitiana pasa, una vez más, prácticamente desapercibida. Y es que a los motivos del aislamiento que sufre la nación caribeña, en donde los factores políticos y económicos son aún más determinantes que su condición insular o su singularidad lingüística, se suma un hecho fundamental. El ensimismado gobierno nacional de Jovenel Moïse, jaqueado por ocho días de protestas y repudiado por prácticamente todos los sectores de la vida nacional haitiana, viene de dar una significativa señal de alineamiento a la diplomacia de guerra norteamericana, al reconocer en la OEA al autoproclamado Juan Guaidó: “White dog”, como se ha dado en llamar al recientemente ungido “presidente” del Departamento de Estado.

La política abstencionista que Haití venía sosteniendo junto a otras naciones caribeñas, había sido determinante para evitar que los EEUU y el Grupo de Lima expulsaran a Venezuela del mismo organismo interregional en el mes de febrero del 2018. Ahora bien, la política pragmática y mendicante de Moïse malamente podría ser confundida con afinidad ideológica con el socialismo del siglo XXI. Al ser jalado de la correa, Moïse volvió rápidamente al redil, traicionando los vínculos históricos del país con Venezuela y, sobre todo, la generosa política sostenida por Hugo Chávez Frías y la plataforma de integración energética Petrocaribe desde el año 2005.

Así es que a casi nadie conviene hoy señalar que si se trata de urgencias humanitarias, éxodos migratorios, inseguridad alimentaria, represión estatal y ausencia de democracia, el foco de las preocupaciones debería recaer sobre el devastado Haití y las miradas admonitorias sobre su clase política y sus puntales internacionales. Pero es evidente, dado el apoyo irrestricto de los EEUU al apartheid israelí o al desquiciado régimen de la monarquía absolutista saudí, que de lo que se trata es de garantizar la explotación del crudo venezolano y de completar el proceso de recolonización continental, inaugurado con el golpe de Estado en Honduras hace ya exactamente una década. Lo demás son tan sólo coartadas más o menos imaginativas, como las armas de destrucción masiva de Iraq o el patrocinio de Cuba al terrorismo.

A esta resonante indiferencia ante la crisis haitiana, debemos sumar también una explicación ligada al secular racismo de un mundo colonialmente estructurado desde los tiempos de la esclavitud plantacionista y el comercio triangular. Racismo que hace que diversos sectores, incluso progresistas o de “izquierda”, se encandilen ante la “elegancia” con que luchan en las calles parisinas miles de Chalecos Amarillos (ciertamente dignos), pero desprecian las batallas desesperadas de un pueblo negro y tercermundista que no ha cesado de movilizarse de a cientos de miles, e incluso de a millones, desde la insurrección popular de julio de 2018.

La palabra “ladrón” tiene en creol, la lengua nacional de los haitianos, una connotación mucho más subida que en otras lenguas continentales como el portugués, el español y el inglés. No es un término de uso tan frecuente ni un vocablo para dispensar a la ligera. El robo es considerado una ofensa grave a toda la comunidad, por lo que en algunas zonas rurales aún se lo castiga severamente, con métodos de justicia autogestionados por las propias comunidades. Por eso es que caracterizar al presidente de la República y a toda la clase política como viles ladrones, es un hecho menos frecuente y aún más significativo que en muchos de nuestros países. La acusación se relaciona al desfalco de fondos públicos, probado por el Senado haitiano e investigado por el propio Tribunal Superior de Cuentas, que inculpa a altos funcionarios de Estado de la actual administración y de la anterior gestión presidencial de Michel Martelly. La suma, dilapidada por la clase política local en convenio con capitales diversos, es de unos 3.800 millones de dólares, previstos para atender las infinitas urgencias de infraestructura que tiene el país. Se trata de fondos que la Revolución Bolivariana otorgara generosamente en el marco de los programas de desarrollo de la Plataforma Petrocaribe.

Si a esta corrupción endémica sumamos la delicada situación de la economía y la sociedad haitianas, podremos comprender fácilmente los rencores acumulados y las ansias de trasformación social, expresadas en las calles por un mosaico que expresa contradictoriamente a sectores sindicales y políticos, urbanos y campesinos, eclesiásticos y empresarios, conservadores y radicales. Algunos indicadores económicos pueden ayudarnos a resumir rápidamente la situación: una devaluación de la moneda nacional, el gourde, de un 20 por ciento a lo largo del 2018; una inflación de dos dígitos que algunos analistas estiman en el orden del 14 o 15 por ciento; el derroche de recursos públicos en prebendas de todo tipo absorbidas por la clase política; el desmanejo económico de un Estado que ni siquiera cuenta con un presupuesto oficial desde que fuera retirado el previsto para el ciclo 2018-2019; los niveles alarmantes de desempleo y la completa informalidad del mundo laboral; la ruina pronunciada de la producción agrícola; el éxodo permanente de los jóvenes, expulsados del campo a la ciudad y de allí a países dónde son discriminados y super explotados; y por último, el hambre que golpea duramente a prácticamente un 60 por ciento de toda la población.

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Un carro blindado de las Naciones Unidas, conducido por militares extranjeros, perdió el control y embistió de lleno a un tap tap, el popular medio de locomoción haitiano. El saldo, trágico, fue de cuatro muertos y nueve heridos. Un accidente involuntario, sin dudas. Pero el estupor y la bronca de los ciudadanos de a pie no parece deberse a la impericia del conductor, sino al hecho de no poder entender por qué un carro blindado, un vehículo de guerra, circula amenazante por un país pobre y sin fuerzas armadas, que no representa una amenaza para la seguridad de terceros países. Hace 15 años comenzó la llamada pacificación de Haití, impulsada por las Naciones Unidas y plasmada en la intervención de una fuerza militar y civil multilateral, la MINUSTAH (hoy MINUJUSTH). Pero al día de hoy, la principal amenaza para la población, más que la inseguridad local (baja si la comparamos con su incidencia en el resto de la región) y aún más que el accionar sus propias fuerzas policiales, lo constituye la presencia de una fuerza de ocupación. Entre los atropellos se cuentan las violaciones sistemáticas a mujeres de los llamados “guetos”, entre siete mil y nueve mil víctimas fatales por la epidemia de cólera traída al país por un contingente de soldados nepalíes, y un número incierto de jóvenes asesinados en las barriadas de la capital Puerto Príncipe. En Haití, cómo podría suceder en Venezuela, la llamada “ayuda humanitaria” no ha sido más que una excelente coartada para violar la soberanía territorial de nuestras naciones. La pequeña nación caribeña es hoy un muestrario de lo que el “capitalismo humanitario” podría generar en Venezuela.

Diez muertos ya reconocen las fuerzas policiales. Una media centena, e igual número de heridos, afirman enfáticamente sectores de la oposición y los movimientos sociales. En los últimos días, las calles y las redes sociales muestran una serie de imágenes escabrosas. Jóvenes y niños tendidos, agonizando, en las calles de la capital. Un militante popular socorrido por sus compañeros, tras ser derribado por una bala policial en las inmediaciones del parlamento. Una densa humareda negra que cubre la ciudad de forma casi permanente, generando un clima irrespirable. El mercado de Croix-des-Bossales, mil veces incendiado, mil veces reconstruido, otra vez reducido a una maraña de hierros retorcidos. Pero también hay imágenes indudablemente heroicas, con ese heroísmo propio de las gentes sencillas, sin margen, que se animan. Estar en las calles de Haití es hoy mucho más que una opción política y un gesto de coraje: es una necesidad vital, el cross desesperado de un pueblo contra las cuerdas. Hombres en sillas de ruedas o en muletas marchando bajo el sol abrasador de mediodía. Vendedoras y mujeres ancianas gritando sus consignas desaforadas frente a la represión policial. Y también, pequeños gestos de solidaridad internacional que titilan como luces tenues, y llegan al país saltando las barreras del idioma y la desidia.

“Nou gen dwa viv tankou moun” (“Tenemos derecho a vivir como personas”), se lee en una pancarta que sintetiza un programa mínimo, elemental, meramente humano. El programa de un pueblo que aún recuerda las glorias pasadas, que aún cree en las posibilidades de regeneración nacional y que busca fanáticamente, y por segunda vez, su independencia y su dignidad. Un pueblo que sufre, sí, pero que jamás se resigna.

* Sociólogo y miembro de la Brigada Dessalines de Solidaridad con Haití.
Nodal / La Tinta