De la clausura simbólica a la clausura real

Encontrando en cada operativo una veintena de mujeres esclavizadas. El lugar también había estado involucrado en los crímenes de prostitutas que se atribuían al mítico asesino serial “loco de la ruta”, por los cuales nueve policías fueron imputados. No obstante, La Posada seguía funcionando con total impunidad, hasta que un escrache con clausura popular el martes pasado precipitó que, esa misma noche, el local fuera clausurado por la Municipalidad y comenzara a practicarse la asistencia local a las víctimas de trata de personas. Si bien los responsables del lugar están siendo investigados por la justicia, todavía no hay ningún detenido.

Foto: La Alameda

Medio centenar de personas marcharon desde la Plaza España hasta La Posada la mañana del martes. La movilización estuvo convocada por la Mesa permanente contra la Trata de personas, conformada por organizaciones feministas y de derechos humanos como la Multisectorial de la Mujer, La Alameda Mar del Plata, el grupo de apoyo a Madres de plaza de Mayo, filial Mar del Plata, entre otras. El escrache estaba dirigido a los jueces federales Rodolfo Pradas y Alejandro Castellanos, quienes habían rechazado realizar los allanamientos pertinentes en el lugar.

Simultáneamente, La Alameda difundía en los medios de comunicación las pruebas en video que daban cuenta del delito de trata de personas y de la complicidad policial con el prostíbulo. El nombre del dueño, Juan Carlos Mottillo, un testaferro cercano a la mafia de la Liga de Rematadores se hacía público y junto a él resonaba el del Intendente Gustavo Pulti, que algunos meses atrás, por un presunto “error” había intentado habilitar el uso de suelo de La Posada.

El escrache de las organizaciones anti trata tuvo una fuerte repercusión mediática y movilizó la voluntad política de los funcionarios locales, que esa misma noche se dispusieron a clausurar el local. Es la primera acción municipal en la que se aplican dos ordenanzas cuyo objetivo es la lucha contra la trata, una imposibilita la habilitación de locales donde se explotase la prostitución ajena y la otra posibilita la asistencia integral a las víctimas de trata. Ambas ordenanzas fueron sancionadas por la presión de las organizaciones al Concejo Deliberante a instancias de la Mesa de Trabajo contra la Trata del Concejo Deliberante.

Policías en la mira

Sin embargo, no todo funcionó en regla. El jueves pasado, la municipalidad convoca a una nueva Mesa de Trabajo contra la Trata. Patrulleros estacionados en la entrada del municipio y una cantidad exagerada e inédita de funcionario policiales en el recinto fue leído por La Alameda como una “intimidación”. Una vez comenzada la reunión, el subsecretario de Control Adrián Alveolite, reconoció para la sorpresa de las concurrentes que habían sido efectivos policiales los primeros en tomar declaraciones a las víctimas, todas de nacionalidad paraguaya.

Aún más grave, es lo que un testigo afirma haber visto horas antes de la inspección municipal en La Posada. Según éste, efectivos policiales dialogaron con gente de La posada, en la misma entrada del Prostíbulo.

Antecedentes

El prostíbulo La Posada había sido allanado en el marco de la causa por la desaparición de Ana María Nores (julio de 1997), Silvana Carballo (octubre de 1997) y Verónica Chávez (enero de 1998). Ellas eran tres de una veintena de prostitutas que formaban la lista de asesinadas y desaparecidas por el mítico “loco de la ruta”. En la causa que inició en 2001, nueve policías fueron imputados por extorción, privación de la libertad y asociación ilícita, puesto que todavía no regía en el país una legislación en materia de trata. En 2002, La Posada fue allanada, y una veintena de mujeres fueron encontradas en situación de esclavitud sexual.

Más tarde, en 2009 fue allanado, y aunque la Ley de trata existía, pasó lo que pasaba en la mayor parte de los allanamientos en prostíbulos: utilizando el Código Contravencional de la Provincia, multaban a las mujeres en situación de prostitución.

Prensa De Frente