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09/12/2018 :: Colombia

Despojo y desplazamiento campesino en Colombia

x Jorge Orjuela
Los medios que tanto hablan de la emigración de venezolanxs no cuentan que solo durante el narco-régimen de Santos hubo 970 000 desplazadxs

Comunidad de Puerto López, El Bagre (Antioquia).

En Colombia el desplazamiento forzado ha sido un fenómeno recurrente en la historia nacional, en gran medida porque el país ha estado envuelto en hostilidades internas casi de manera permanente durante la época republicana. Por ejemplo, en la época de La Violencia, que transcurre entre 1948 y 1958, la violencia conservadora y liberal obligó a desplazarse aproximadamente a dos millones de personas, sacudiendo la estructura agraria del país a favor de una pequeña minoría que erigía su fortuna sobre miles de muertos y en detrimento de campesinos, indígenas y afrodescendientes que se vieron forzados a desplazarse y a engrosar el ejército de desempleados y los tugurios de las ciudades.

No obstante, es a partir de los años ochenta cuando el desplazamiento forzado tomaría dimensiones exorbitantes, razón por la cual la Corte Constitucional marcaría el año de 1980 como el punto de partida de su dinámica actual. Calificándolo como “un problema de humanidad que debe ser afrontado solidariamente por todas las personas, principiando, como es lógico, por los funcionarios del Estado” (T-025 de 2004).

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas [1], el desplazamiento forzado ha tenido, cualitativamente, un crecimiento desde mediados de la década de los noventa, alcanzando su máximo histórico en 2002 cuando la cifra de desplazados llegó a 618,058 (Ver Gráfica 2).

Gráfica 2. Evolución de número de personas desplazadas forzosamente en Colombia (1980 – 2014).

En el estudio realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, Una nación desplazada [2], se establecen cuatro etapas de análisis sobre éxodos de violencia que permite entender la dimensión contemporánea del desplazamiento forzado en Colombia: 1) 1980-1988: desplazamiento silencioso en el escalamiento del conflicto armado; 2) 1989-1996: continuidad del desplazamiento en el nuevo pacto social; 3) 1997-2004: gran éxodo forzado en la Colombia contemporánea; 4) 2005-2014: persistencia del desplazamiento en escenarios de búsqueda de la paz. Esta periodización se basa en las transformaciones de las políticas públicas para la atención al desplazamiento forzado en Colombia, a saber, 1980, año declarado por la Corte Constitucional como el punto de inicio de la dimensión actual del fenómeno; 1997, año en que se expide la Ley 387, por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia.

La primera etapa, durante los años ochenta, se caracteriza por “la degradación del conflicto armado interno debido al surgimiento del paramilitarismo moderno, la redefinición estratégica de la lucha insurgente, el auge del narcotráfico y los procesos de paz con las guerrillas” [3]. Muestra de tal degradación del conflicto armado, el 3 de diciembre de 1981, Carlos Lehder, utilizando una avioneta blanca, lanzó miles de pasquines sobre el Estadio Pascual Guerrero de Cali que anunciaban el nacimiento del MAS, abreviación de Muerte A Secuestradores, para reaccionar contra el secuestro de la hija de uno de los capos de Medellín y contrarrestar las acciones de los grupos guerrilleros; el MAS fue la primer experiencia a gran escala de justicia privada en el país, y entre sus integrantes se contaban 59 oficiales activos o en retiro de las 163 personas acusadas de pertenecer a esta organización, según investigaciones de la Procuraduría General de la Nación. La creación del MAS también significó el reforzamiento de los grupos paramilitares de su presupuesto, armamento y número de mercenarios a sueldo. El MAS original se disolvió cuando Martha Ochoa fue liberada por el grupo guerrillero M -19; no obstante, el nombre siguió siendo utilizado por otros grupos paramilitares e incluso por miembros de la fuerza pública para velar la guerra sucia contra los movimientos de izquierda.

El número de desplazados que dejó la oleada de violencia durante esta época, según las estimaciones de CODHES, “basadas en los registros de la Conferencia Episcopal, dan cuenta de 227.000 personas desplazadas solamente entre 1985 y 1988” [4].

Por su parte, el desplazamiento forzado en el periodo que comprende de 1989 a 1996 se da en medio de la instauración de un nuevo pacto social, a través de la adopción de una nueva Constitución para el país. En contraste con el desbordamiento de las acciones de los grupos paramilitares, ya con claros vínculos con el narcotráfico, los cuales recrudecieron las masacres y los asesinatos selectivos, incluso contra funcionarios judiciales del mismo Estado, como sucedió en el municipio de Simacota, región del Magdalena Medio. En esa ocasión, el grupo paramilitar Los Masetos retuvo a 15 integrantes de una Comisión Judicial, asesinándolos posteriormente con “tiros de gracia”.

El nuevo pacto social, sin embargo, impone dos obstáculos para la estabilización política y económica, pues por un lado, inicia la descentralización del país lo que incentiva a los actores armados y no armados a luchar para controlar el territorio y sus recursos; así mismo establece unas nuevas reglas de juego en el ámbito económico sobre las cuales se eliminan entidades e incentivos que protegían la economía nacional, la cual queda a merced del libre mercado y de la competencia con naciones más productivas que la colombiana. Estimulando la guerra y la depredación de los nuevos recursos con los que contaban las regiones, en medio de la grave crisis económica de los años noventa. No obstante, para esta época se dio un avance histórico en el tratamiento gubernamental al desplazamiento forzado con la adopción del Programa Nacional para la Atención Integral de la Población Desplazada (CONPES 2804 de 1995) que reconoció por primera vez la existencia del desplazamiento a raíz del conflicto armado.

Con la unificación de los diversos grupos paramilitares que existían en el país para ese entonces, inicia el periodo denominado por el Grupo de Memoria histórica como el gran éxodo forzado en la Colombia contemporánea, entre 1997 – 2004. Este periodo tiene dos hitos iniciales importantes, el primero tiene que ver con la unificación paramilitar bajo la denominación de Autodefensas Unidas de Colombia y la aprobación de la Ley 387 de 1997 que se convierte en el paradigma normativo más importante para la atención y protección de la población desplazada. Definiendo la categoría de desplazado como toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional humanitario [5]. No obstante esta ley no abordó problemáticas acuciantes que permitieran comprender el fenómeno en su conjunto como la identificación de las causas estructurales del desplazamiento forzado. Que entre 1997 y 2004, se convirtió en un crimen sistemático a raíz del recrudecimiento del conflicto por parte de todos los actores armados que intentaban hacerse con el control del territorio y su población (Ver Gráfica 3). Porque, según lo planteado en el primer capítulo, fue en los gobiernos de Ernesto Samper (1994 – 1998) y Andrés Pastrana (1998 – 2004) cuando los grupos paramilitares se expandieron por todo el país; siendo en funcionales a los megaproyectos económicos de empresas nacionales e internacionales.

Gráfica 3. Personas desplazadas por periodos presidenciales (1978 – 2014).

Finalmente, el contexto explicativo del desplazamiento forzado en Colombia entre 2004 y 2014, se da en medio de la búsqueda de paz por parte de los gobiernos nacionales: Álvaro Uribe (2004 – 2010), negoció la desmovilización de los grupos paramilitares; mientras que Juan Manuel Santos, haría lo propio con la guerrilla de las FARC-EP.

Tan pronto se posesionó como presidente, Álvaro Uribe buscó iniciar negociaciones con los grupos paramilitares y luego de unos meses el país asistía a la firma del Acuerdo de Santa Fe de Ralito entre el Gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia, en el que acordaron “crear las condiciones para que en un tiempo prudencial se concentren -con las debidas garantías de seguridad-, los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, en sitios previamente acordados. La concentración de sus integrantes incluirá todos los rangos de mando, disponiendo de las garantías que para tal efecto se convengan entre las partes. Dichas zonas contarán con la presencia permanente de la fuerza pública” [6].

La instalación formal de la zona de distención se dio en julio de 2004 en Santa Fe de Ralito [7], Córdoba. Días más tarde, jefes paramilitares visitaron el Congreso de la República, Zulema Jattin, parlamentaria por Córdoba, había gestionado la visita de Salvatore Mancuso, ‘Ernesto Báez’ y Ramón Isaza a una sesión en el templo de la democracia colombiana, allí se evidenciaron las diferencias internas del paramilitarismo, debido a que los tres representaban tendencias distintas, “Isaza representaba a las autodefensas históricas herederas de la experiencia de Puerto Boyacá, de mediados de los años ochenta; Mancuso, la segunda etapa de mediados de los años noventa, con epicentro en Córdoba y Urabá; y Báez, la expansión nacional del Bloque Central Bolívar, a finales de los noventa y comienzos del siglo XXI, que expresaba la emergencia de los nuevos narcotraficantes con pretensiones de actores políticos” [8], aunque todos con una estela de muerte sobre sí. En sus discursos exaltaron su gesta patriótica y heroica de lucha contra el enemigo comunista, los casi 60 parlamentarios asistentes ovacionaron a los jefes paramilitares. Mientras un centenar de víctimas reclamaban justicia a las afueras del recinto.

En el tiempo que duró la zona de ubicación, los paramilitares la utilizaron para traficar, cometer múltiples asesinatos y realizar extravagantes festejos, “los paras ingresaban cajas de whisky y se divertían con reconocidas modelos, actrices y prostitutas traídas de Medellín, Barranquilla y Bogotá. Organizaban bacanales con los mejores conjuntos vallenatos, cuenta chistes y hasta pianistas” [9]. En Santa Fe de Ralito los paramilitares continuaban gobernando a sus anchas ante la aquiescencia del Estado.

Además, la Ley de Justicia y Paz sancionada por el Gobierno de Álvaro Uribe, permitió a los paramilitares desmovilizarse en la casi total impunidad, desconociendo los derechos de las víctimas, a quienes después de la extradición de los líderes de las autodefensas se les esfumó la esperanza de su derecho a la verdad, justicia y reparación, exportando así las verdades más atroces sobre el desarrollo y consolidación del paramilitarismo en las últimas décadas en Colombia.

Estas deficiencias en el proceso de desmovilización provocaron el agravamiento del desplazamiento forzado, que trajo consigo, además, el rearme de las estructuras paramilitares, aunque el Gobierno y los medios de comunicación los denominan como “Bandas criminales”, paradójicamente las estructuras están conformadas por antiguos paramilitares, además sus fines, financiamiento y accionar parecen calcados, el paramilitarismo, entonces, se ha transformado superficialmente porque, en esencia, sigue activo controlando el territorio y a su población.

Razón por la cual lejos de ser una fenómeno del pasado, el desplazamiento sigue siendo una problemática acuciante que padecen miles de colombianos, quienes día a día continúan engrosando los cinturones de miseria de las principales ciudades del país.

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Notas

[1] El Registro Único de Víctimas (RUV) fue creado a partir del artículo 154 de la Ley 1448 de 2011 como un mecanismo para garantizar la atención y la reparación efectiva de las víctimas.

[2] Centro Nacional de Memoria Histórica. Una nación desplazada. Informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá: Imprenta Nacional, 2015, pág. 63.

[3] Ibíd., pág. 63.

[4] CNMH, Una nación desplazada, pág. 69.

[5] Ley 387 de 1997 por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia.

[6] Acuerdo de Santa Fe De Ralito para contribuir a la paz de Colombia, 2002, como resultado de la Fase Exploratoria entre el Gobierno Nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia.

[7] El Espectador. “Ralito fue un ‘despeje’ en el que se delinquió”. 29 de mayo de 2008.

[8] Centro Nacional de Memoria Histórica. ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. pág. 184.

[9] Citado en Iván, Cepeda. (2009). A las puertas de El Ubérrimo. Bogotá: Editorial DEBATE, p. 107.

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