Deuda y extractivismo: ¿La pesada herencia de Macri?

¿Será el ambientalismo el sepulturero de este gobierno?

En nuestro país [y en casi todos] ya es un clásico que cada nuevo gobierno que asume haga referencia a la penosa herencia que recibe de la administración anterior. La repetición periódica de que han recibido un país al borde de la ruina quita credibilidad a estos argumentos. Sin embargo, hoy hay números que son contundentes, como por ejemplo el peso de la deuda externa heredada.

Cuando se hace referencia a esto, la mayoría de los economistas de distinta procedencia ideológica no comparan deuda en términos absolutos, la cantidad de dólares adeudados, sino en términos relativos con el conjunto del PBI.

Medida así podemos decir que el kircherismo recibió una deuda en 2003 que equivalía al 139,5% del PBI y en el último dato oficial disponible correspondiente a 2013 la había reducido al 45% del PBI. Sobre lo que ocurrió en 2014 hay distintas versiones. Las estimaciones privadas difieren entre que alcanzó un 47% o hasta un 63%, segun fuentes afines con el kirchnerismo o el PRO. El gobierno de Macri tomó nuevos créditos, el más oneroso fue acordado con el FMI de forma totalmente irregular. También permitió la fuga de 88 mil millones de dólares y elevó el peso de la deuda a más del 90% en relacion al PBI.

Parece indiscutible que el Gobierno de Alberto Fernández recibió una pesada herencia en lo que hace a la deuda externa, pero también recibió ese compromiso afectado por una serie de irregularidades y no puso nunca en duda que debía pagar esa deuda. Por eso, lo poco que la investigó fue para obtener algunas concesiones en la negociación de los pagos. Antes de tomar la decisión de pagarla, debió investigarla en profundidad, y hubiera concluído que lo que recibió fue una estafa. Y esa estafa vuelve a convertirse en deuda cuando el gobierno decide pagarla, aún estirando plazos y consiguiendo algunas concesiones. Además, la decisión de pagar la deuda significa hacerse cargo de un condicionamiento externo del proyecto de país por varias generaciones. Y una de sus consecuencias más evidentes es el incremento del extractivismo.

El gobierno de Alberto Fernández no inventó el extractivismo, ni siquiera Macri. El extractivismo definido como una avanzada del capital multinacional para apropiarse y explotar grandes volúmenes de recursos naturales de un país, generando enconomías de enclave, con producciones destinadas a la exportación, que perjudican a las economias regionales y y generan impactos negativos en el ambiente y las poblaciones locales, viene de mucho mas atrás, y fue favorecido con la reforma constitucional de 1994 que cedió a las provincias el patrimonio de los recursos naturales.

La cuestión es que un proyecto de país que incluye honrar los intereses de una deuda externa ilegítima e impagable centra su interés en la exportación a cualquier precio y por eso sus prioridades son hacer crecer el proyecto de Vaca Muerta, apelando al 'fracking', aumentar las exportaciones agropecuarias, destruyendo suelos con el modelo agropecuario industrial exportador, obtener recursos por exportaciones mineras, volando montañas para hacer megaminería a cielo abierto y ahora a explotar petroleo en el mar. No mucho mas.

La discusión sobre el extracción de bienes naturales no renovables no es una discusión puramente ideológica, tambien es política. Es admisible que un gobierno con un proyecto de país soberano y solidario asuma algunos costos ambientales para obtener energía, o para conseguir recursos imprescindibles para sostener las condiciones de vida y de bienestar de su población.

En Cuba, en 1993, en pleno período especial cuando el pueblo cubano pasaba enormes dificultades económicas el gobierno habilitó la exploración de empresas mixtas para que buscaran petróleo en el mar. En esta iniciativa las empresas extranjeras corrían con todos los costos y el gobierno cubano garantizaba el control de los trabajos porque poseía mayoría en el paquete accionario y la mitad de lo producido si tenían exito.

En la actualidad se ha avanzado en esa iniciativa. Hay plataformas de origen chino o españolas operando en el mar territorial cubano, respetando las condiciones ambientales que impone el gobierno. Se perfora a 1700 metros de profundidad, lo que agrega complejidad a estas operaciones. También se ha avanzado con la explotación de petróleo en tierra firme. Al evaluar estas iniciativas, el gobierno cubano ha debido contemplar que no puede poner en peligro el turismo que es uno de sus principales aportante de ingresos.

Y que debe garantizar el abastecimiento de energia a un país que todavía depende mayoritariamente de combustibles fosiles, mientras avanza en la transición a energias alternativas donde destacan los calentadores solares de agua que se utilizan en el sector estatal y el polo turístico y la biomasa cañera, los biodigestores y molinos para el riego y bombeo de agua que se emplean en la agricultura.

El gobierno de Alberto Fernández, impulsa el extractivismo y asume costos ambientales para obtener divisas para pagar los intereses de la deuda. No hay un proyecto nacional que se plantee fortalecer áreas productivas estratégicas que permitan sustentar la soberanía nacional y el crecimiento del bienestar de la población.

El grave problema que está encontrando esa orientación es que ya no se enfrenta a la resistencia exclusiva de un puñado de ambientalistas. En el conjunto del pueblo ha crecido la conciencia de que es necesario tomar algunas medidas para enfrentar el desastre ambiental que se avecina y que ya está mostrando sus primeros avances, con los incendios, temperaturas extremas, sequías e inundaciones.

A esa resistencia se han empezado a sumar quienes defienden intereses de las economías regionales. Por ejemplo, en las playas atlánticas el proyecto petrolero del mar es rechazado porque se ven afectados intereses del turismo, de la pesca y del comercio. Se repite en Mendoza con los productores vitivinicolas que se sumaron en la lucha por el agua, en Tierra del Fuego donde el proyecto de las salmoneras afectaba a la gastronomía y el turismo, o en las provincias del noroeste donde los productores agrícolas advierten que las mineras le están quitando las aguas para riego. En las zonas de influencia de las comunidades originarias aparecen también grupos muy activos que no sólo están protegiendo los bosques, los cerros y las fuentes de agua, sino que están reclamandoe territorios ancestrales.

La diversidad de intereses que se conjugan en la resistencia a los proyectos extractivistas dificulta también la posibilidad de que el gobierno pueda acallarlos con prebendas o subsidios. No hay un partido político, una cámara corporativa, un sindicato, un cacique originario o jefe territorial con quien sentarse a negociar. Enfrentan a un sujeto diverso que ha demostrado en puebladas como la de Chubut, que no puede ser engañado con maniobras leguleyas y tiene disposición de sostener sus demandas incluso en escenarios represivos.

Las astucias políticas, como publicitar el 24 de diciembre el acuerdo con la empresa noruega Equinor para explorar el mar frente a la costa atlántica, no parecen haber dado resultados. [Más bien es al contrario: se demuestra como un grueso error político hacer ese anuncio justo cuando la costa aumentó tres veces su población por un turismo que busca playas y aguas limpias]. El ministro Cabandié, mas allá de sus intenciones, ha demostrado que no ofrece garantía alguna de que velará por los intereses ambientales del conjunto de nuestro pueblo, y la empresa YPF, que ni siquiera es estatal, no ofrece seguridades de controlar a las multinacIonales petroleras. Puede ser que no se conozcan los detalles pero quienes se suman a las movilizaciones antiextractivistas estan convencidos y convencidas que ni el gobierno, ni el Estado Nacional, puede ponerle límites a estos buitres ambientales.

Lo más pesado de la herencia de Macri ha sido sin duda la abultada factura externa. Tratar de enfrentar esa estafa por la vía de promover mayor extractivismo es una decisión que le compete a Alberto Fernández, que la dirigencia opositora de derecha acompañará, por razones ideológicas y económicas, pero también por conveniencia política, porque advierten que el ambientalismo puede ser el sepulturero de este gobierno.

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