El Salvador: siguen sin permitir el aborto que puede salvar una vida

En El Salvador, una joven enferma y embarazada corre el riesgo de morir por la salvaje aplicación de unas leyes que tienen como finalidad preservar el derecho de los hombres a decidir sobre la vida de las mujeres.

Beatriz, nombre supuesto, tiene 21 años y 21 semanas de un embarazo que los médicos recomiendan que interrumpa porque es poco probable que lo sobreviva: padece Lupus Eritematosos, insuficiencia renal, preclancia e hipertensión arterial.

Además el feto ha sido diagnosticado con anencefalia (ausencia de buena parte del cerebro) por lo que morirá apenas al nacer.

Pero en El Salvador el aborto está prohibido en toda circunstancia. Así que si Beatriz se lo practica será procesada criminalmente, ella y los médicos que la atiendan. Los fiscales, aunque extraoficialmente, ya lo han dejado claro.

El agravante en este caso es que las instancias que podrían facilitar la solución del caso no han dado una respuesta que, mientras más tarda en llegar, más complica el cuadro de salud para Beatriz.

La troglodita ley salvadoreña, influenciada por la iglesia católica y las grandes familias oligárquicas, estipula que quien practique un aborto o la mujer que se someta a una operación de tipo pueden ser encarcelados hasta por 50 años.

Naturalmente, en la práctica sólo se aplica a las mujeres pobres, amplísima mayoría en este país con un 85% de pobreza, según el prestigioso economista Salvador Arias. Ni los médicos ni las mujeres de clase media tienen ningún problema cuando se hacen abortos terapéuticos, ya sea en clínicas privadas o en hospitales públicos. Pero en cuanto llega una mujer pobre se pone en marcha una amplia red de represores, que va desde las enfermeras a los médicos, pasando por vecinas de cama, celadores y vigilantes privados. Está tan metida la religión en la gente que los mismo pobres denuncian a otra pobre.

El caso de Beatriz ha provocado una intensa polémica en el país centroamericano. Las iglesias católica y evangélicas, además de organizaciones de ultraderecha como 'Sí a la Vida' y los partidos de derecha, aseguran que el caso es una fachada para legalizar el aborto en el país.

Curiosamente el gubernamental partido FMLN, que se autoerige en defensor de los derechos de las mujeres, no ha dicho una palabras sobre el caso. La única expresión pública provino de la "primera dama", como gustan llamar a las esposas de los presidentes. Su comentario, ante la movilización de organizaciones feministas y otros movimientos sociales favorables, como mínimo, al aborto terapéutico, fue que "se está politizando el tema".

Beatriz ya tiene un hijo de un año de edad quien nació tras un embarazo que también fue de alto riesgo. Durante 38 días el bebé estuvo en terapia intensiva pues el parto ocurrió a los siete meses de gestación.

La joven y su familia viven en Jiquilisco, una zona rural de El Salvador. El niño necesita terapia de estimulación pues por el nacimiento prematuro aún no es capaz de caminar. Pero hace un mes interrumpió el tratamiento porque su madre fue hospitalizada, y su padre tuvo que viajar con él a la capital del país para acompañarla.

El abogado Dennis Muñoz, de la 'Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico de El Salvador' solicitó a la Corte Suprema de Justicia un amparo que permita inducir el parto.

La Sala de lo Constitucional de la Corte aceptó el caso pero solicitó opiniones del Consejo Nacional de Bioética, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud y la Fiscalía General de la República (FGR).

Los tres primeros están en favor de que se practique un aborto terapéutico, señala el abogado Muñoz, pero hasta el momento el Ministerio de Salud y la FGR no han respondido a los ministros. Un elemento fundamental pues la Fiscalía, históricamente de derecha, es responsable de perseguir los delitos y por lo tanto, es quien puede encarcelar a Beatriz y a los médicos que interrumpan su embarazo. Ya lo ha hecho en otros casos.

La feminista Mónica Roa recuerda que la situación económica de la joven ha sido fundamental en este caso. "Si Beatriz fuera una mujer con recursos, esto no le estaría pasando", señala en un comunicado.

"La prohibición del aborto, incluso cuando la propia vida está en riesgo, obliga a las mujeres pobres a tener que escoger entre morirse o convertirse en criminales", afirma Roa.