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Argentina :: 27/08/2007

El conflicto de la celulosa: Bailando por una inversión

Víctor L. Bacchetta
Los asambleístas de Gualeguaychú [Argentina], pese a un fallo judicial argentino, siguen realizando cortes y exigiendo el traslado de la planta de Botnia [Uruguay, al otro lado del río]. Mientras tanto, ante la falta de soluciones políticas, los incidentes y la elevación de las tensiones promete volverse algo permanente.

Las duras declaraciones de asambleístas de Gualeguaychú a raíz de las pruebas de la planta de Botnia, emitidas 12 días atrás, reforzadas por la prensa uruguaya con fotos de un mísil de museo y la calificación de "terroristas", sirvieron de base al gobierno uruguayo para enviar una nota diplomática diciéndole a su par argentino que "no está actuando acorde a sus compromisos asumidos internacionalmente en la lucha contra el terrorismo". Tres días después, la cancillería argentina rechazaba con "indignación" estas alusiones.

Entre una y otra nota, un accidente con un producto tóxico en la planta de Botnia, el martes 14, incorporó un elemento más a "la batalla". El gobierno argentino pidió explicaciones y el uruguayo tuvo que reaccionar en forma exigente y a la vez comprensiva con la empresa por los obreros afectados, mientras rechazaba denuncias de que la contaminación había llegado a Gualeguaychú. Cuatro días después, un diario argentino de alcance nacional afirmaba que el accidente de Botnia "mató a nueve obreros".

El domingo último, tras una nueva evaluación del gobierno uruguayo, el canciller Gargano anunció que no enviará más misivas diplomáticas y que Uruguay responderá a los planteos argentinos "de manera seria y descartando cualquier agravio". A esa altura del intercambio oficial, que incluyó la insistencia argentina en la relocalización de la planta de Botnia, ya había quedado en evidencia que no hay solución a la vista y que la 'facilitación' española está, si no muerta, congelada.

Pero ese mismo domingo, por primera vez en el conflicto, por orden de un juez, la policía impidió el bloqueo del puente desde Concordia. Entonces el lunes 20, los asambleístas de Gualeguaychú resolvieron cortar la Ruta Nacional 14, llamada la Ruta del mercosur, paralela al río Uruguay y de intenso tránsito vehicular. Sin incidentes ni represión policial (que algunos medios de la prensa uruguaya anticiparon), más de 12.000 personas se congregaron a la altura del kilómetro 52 de la ruta y se leyó una proclama con varias exigencias al gobierno argentino.

Los asambleistas exigen un pronunciamiento sobre la intoxicación sufrida por ciudadanos de Gualeguaychú como consecuencia de pruebas realizadas por Botnia, la sanción de la Ley Nacional de la Madera que prohibe la exportación de materia prima para la producción de celulosa y que la Prefectura Nacional impida el arribo de barcos al puerto de Botnia. Y la proclama, luego de reclamar una respuesta urgente al pedido de audiencia hecho a la senadora y candidata a la presidencia Cristina Kirchner, concluyó así: "Señor presidente, ¿dónde está la causa nacional que nos prometió? Exigimos medidas concretas frente a las reiteradas violaciones del Estatuto del Río Uruguay y el dragado por parte del Estado uruguayo".

De hecho, Néstor Kirchner ha venido oscilando entre esa promesa y sus compromisos con las empresas forestadoras y de celulosa instaladas en el país, para las cuales el triunfo del movimiento de Gualeguaychú reforzaría la acción de grupos similares surgidos en otras provincias. La Unión de Asambleas Ciudadanas reúne hoy a decenas de asociaciones de vecinos que, como la de Gualeguaychú, nacieron para defender sus recursos y medios de vida frente a grandes proyectos de agroindustria y minería instalados unas décadas atrás. "Contra el saqueo y la contaminación" es el lema común de este nuevo tipo de organizaciones que objetan los apoyos del gobierno federal y los gobiernos provinciales a tales inversiones.

El gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, intentó a su vez evitar el corte en la Ruta 14 y apeló nuevamente a la causa nacional diciendo que esto "no perjudica en nada a Botnia" y "divide a la familia argentina". Para Busti, es mejor dirigir todas las baterías contra Uruguay que responder a los reclamos de los entrerrianos contra los impactos sociales y ambientales de los monocultivos forestales, de soja y, ahora, de biocombustibles que se han expandido por la provincia, contaminado tierras, ríos y provocado serios problemas de salud.

Por último el sábado 18 se formalizó la confluencia entre los asambleístas de Gualeguaychú y grupos uruguayos afectados por la forestación y las plantas de celulosa. Muchos de estos grupos consideran que las decisiones del gobierno de Tabaré Vázquez ignoran su problemática, por lo que buscan sumar fuerzas más allá de fronteras y crear un frente regional en defensa de la vida y los recursos naturales.

"Por primera vez nos reunimos, desestimando la xenofobia fomentada por los gobiernos, como así también las acusaciones de terrorismo y la supuesta peligrosidad", expresaron asambleístas argentinos y delegados del grupo Movitdes (Fray Bentos), del movimiento Unamu (Colonia) y de productores rurales de Soriano presentes el sábado en Arroyo Verde, el punto de corte de Gualeguaychú.

Algunos asesores del gobierno uruguayo han apostado a que el enfrentamiento pierda fuerza una vez iniciadas las operaciones de la planta de Botnia y, mientras tanto, sólo "administrar el conflicto." Sin embargo, la falta de alternativas entre los gobiernos y el desarrollo de los movimientos sociales avisoran un futuro mucho más complejo.

Litigios fronterizos en América Latina

Los pleitos fronterizos entre los países latinoamericanos son fruto de la aparición y consolidación de los estados nacionales. Una herencia de las fragmentaciones producidas durante la lucha independentista, las guerras civiles e intervenciones extranjeras posteriores que, en la disputa por las tierras y riquezas de la región, generaron litigios que persisten hasta hoy y se reavivan cada tanto.

Tales son los casos, por ejemplo, de la disputa argentino-chilena por el Canal de Beagle, las secuelas de la Guerra del Pacífico entre Chile, Perú y Bolivia (que han recobrado fuerza en las últimas semanas luego que Perú decidiera recurrir a La Haya y Bolivia replanteara su salida al mar), los litigios fronterizos pendientes entre Perú y Ecuador, Venezuela con Colombia y Guyana, así como los de Colombia con Nicaragua y Guatemala con Belice.

El conflicto entre Uruguay y Argentina puede ser entendido como una nueva generación de este tipo de problemas fronterizos. Algo impensable algunos años atrás, ya que Uruguay no parecía ser un país muy nacionalista. Pero a través de las agresiones y falsedades, los términos bélicos y la exacerbación pasional en el enfrentamiento con un enemigo externo, se ha generado un nuevo escenario. Un camino en donde las posibilidades de entendimiento racional y de concesiones mutuas, en vez de abrirse, se cierran y que, a la larga, será muy difícil desandar.

Nada de ello suele ser inocente o escapar al control de los gobiernos. Históricamente, los conflictos externos son un recurso para esconder debilidades o apagar disputas internas. Un ejemplo cercano, la decisión de reavivar el conflicto con Chile permitió al frágil gobierno de Alan García obtener la unanimidad del dividido Parlamento peruano.

Si los países no arriban conciente y libremente a acuerdos negociados, los conflictos persisten por encima de mediaciones, facilitaciones e incluso de decisiones de tribunales como el de La Haya, que no disponen de medios para obligar a los estados a que las cumplan.

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