El proceso de desmovilización promovido por el Gobierno colombiano supone la legalización del paramilitarismo y del crimen organizado

Tres rutas a la impunidad

El proceso judicial por la para-política está a punto de extraviarse. Por tres vías diferentes está caminando hacia la impunidad. Primero, el principal testigo de la infiltración paramilitar en el DAS no quiere seguir declarando. Segundo, dos de los magistrados de la Sala Penal, que con valor han emprendido la investigación, terminarán su período en los próximos meses. Y tercero, las deliberadas limitaciones de la llamada Ley de "Justicia y paz" están permitiendo a los cabecillas del paramilitarismo concentrar sus confesiones en los muertos, para que los vivos sigan libres y ayudando.

Rafael García, ex jefe de informática del DAS y detenido por borrar antecedentes de narcotraficantes, se rehúsa a continuar declarando contra el ex director Jorge Noguera. García teme por su vida y por la seguridad de su familia y sostiene que la Fiscalía no le ha brindado la protección necesaria. A la sombra de esa situación, Noguera puede salir indemne o procesado por un delito menor.

Así se perdería, tal vez de manera definitiva, la pista del fraude electoral auspiciado por el paramilitarismo en el año 2002. Tampoco se sabría el alcance de la penetración de 'Jorge 40' en la central de inteligencia del Estado. Ni cuál fue la participación real de funcionarios públicos en la elaboración de listas negras de personas que fueron asesinadas por los paramilitares. Para no hablar de la millonaria corrupción administrativa en la entidad que, según Rafael García, también beneficiaba a jefes de las autodefensas.

Por eso resulta inexplicable que la Fiscalía no le dé al testigo detenido las garantías que pide.

Los relevos en la Corte Suprema de Justicia tampoco ayudan al proceso. Dos magistrados de la Sala Penal, Álvaro Orlando Pérez y Marina Pulido, terminan su período en junio. Las personas que los reemplacen serán elegidas por la propia Corte, pero de listas presentadas por el Consejo Superior de la Judicatura.

Esto quiere decir, entre otras cosas, que José Alfredo Escobar Araújo participará en la decisión. El magistrado de los botines, el mismo que recibía regalos del lavador italiano de Salvatore Mancuso, propondrá quiénes deben ser los jueces que procesarán a los aliados políticos de Mancuso y compañía.

El magistrado Escobar Araújo que, pese a todas las evidencias públicas sobre su relación con Giorgio Sale, no quiso renunciar a la magistratura, tampoco se declarará impedido en este asunto.

El tercero de los caminos a la impunidad se está construyendo con las versiones que empiezan a entregar los paramilitares amparados por la vergonzosa Ley de "Justicia y Paz".

Ningún observador puede pasar por alto la estrategia usada por Salvatore Mancuso para proteger a sus aliados. Entre los militares recuerda solamente a personas fallecidas, o ya condenadas, y entre los políticos menciona a todo el mundo. Si todos somos monstruos, nadie es monstruo.

Los vacíos en la ley permitirán que Mancuso se salga fácilmente con la suya. Sus declaraciones, y las de los demás paramilitares, no tienen como propósito contribuir a la verdad, sino ocultarla. De esta manera conservarán intactos los aliados que tuvieron -y siguen teniendo- en la legalidad. El absurdo normativo es tan grande, que los criminales tienen ahora la atribución de absolver a sus socios.

Lo más grave de todo es que el proceso de la para-política se ha empezado a morir, sin haber nacido del todo.

Los políticos mencionados hasta ahora no son los únicos involucrados, y tampoco los más importantes. El paramilitarismo no operaba solamente en los departamentos de la costa, ni eran costeños todos sus aliados.

Ojalá no fuera así, pero todo indica que está en marcha una ley de perdón y olvido no declarada.

Así se 'tejió' el pacto secreto del 2001 entre políticos y 'paras', en Santa Fe Ralito

Después de firmar un documento, los congresistas eliminaron el estatus político como requisito para negociar, ofrecieron cupos en el Congreso a las autodefensas y votaron la Ley de Justicia y Paz.

Las invitaciones para asistir a la reunión llegaron de distinta forma. A Reginaldo Montes, entonces representante a la Cámara de Mipol y actualmente senador de Cambio Radical, lo abordaron dos sujetos en el aeropuerto Los Garzones de Montería para indicarle el día, el lugar y la hora.

"Me dijeron que el señor Mancuso me citaba a una reunión", dijo esta semana, después de que EL TIEMPO reveló que su nombre estaba entre los firmantes del documento "confidencial y secreto" que agitó de nuevo el escándalo de la 'parapolítica'.

Otros dijeron estar confiados en la palabra del ex representante Luis Carlos Ordosgoitia, quien actuaba como enlance entre el Gobierno Pastrana y las autodefensas, y por eso aceptaron ir a una reunión con los 'paras' bajo la garantía de que el encuentro estaba autorizado. Ordosgoitia, después, dijo que no había sido así y que cada uno fue invitado de manera individual.

A algunos concejales y funcionarios municipales los contactó el propio Mancuso. Mientras que a Miguel de la Espriella -senador que reveló la reunión en noviembre del año pasado- la citación le llegó a través del 'comandante Sebastián'. Juan Manuel López dijo que la 'invitación' le llegó de forma accidental, después de reunirse con Mancuso en una finca llamada 'La 06', para salvar su pellejo, pues este había dado la orden de asesinarlo porque creía que el político liberal había 'palanqueado' un allanamiento en su contra.

Con invitaciones, citaciones, engaños o presiones, cerca de 40 personas llegaron al kilómetro 15 de la vía que de Montería conduce a Planeta Rica. Era la mañana del 23 de julio de 2001. En ese lugar había hombres armados que tenían un retén, en el que los políticos estacionaron en fila sus camionetas para esperar la hora de ingreso.

Alrededor de las 11 de la mañana, arribaron al corregimiento Caramelo. Luego partieron hacia Santa Fe Ralito. Mancuso, quien vestía una camisa de lino y un pantalón de bolsillos en los lados. A su lado estaban dos asesores, uno de ellos identificado como Mario Sandoval, y una mujer de apellido Castaño que hizo las veces de secretaria.

De lino y con meseros

Mancuso fue el primero en tomar la palabra. Duró algo más de 25 minutos para explicar el motivo de la reunión: buscar convertir a las autodefensas en un actor político para negociar con el Gobierno. También hablaron 'Diego Vecino' y Diego Fernando Murillo, conocido como 'Don Berna'. "Entre los tres, se gastaron unas tres horas".

Cuatro meseros con corbata, camisa blanca y pantalón negro atendieron a los asistentes en la casa del 'Comandante 08' que estaba rodeada de guadua, tenía un amplio kiosco con baños al fondo y estaba ubicada frente al lugar donde el Gobierno se sentó después a negociar la desmovilización de las autodefensas.

Los dos asesores, a quienes algunos atribuyen la nacionalidad argentina y que se presentaron como profesores de La Sorbona, fueron los encargados de leer el documento secreto de Ralito. "En mi caso, no escuché la lectura de documento alguno ni se me entregó ningún texto para leerlo...", dijo Juan Manuel López, senador liberal.

Pero la mayoría confesó que el documento sí fue leído, pero no fue discutido. "Inmediatamente dijeron que se debe suscribir un documento y quien no lo firme no podía abandonar el sitio de la reunión", aseguró Reginaldo Montes. "El documento yo lo leí, no lo iba a firmar sin leer", añadió la ex representante Eleonora Pineda.

Ese fue el momento más tenso de la reunión. José María Imbeth, ex representante conservador, simuló ir al baño para evitar firmar el documento, pero a la salida unos hombres armados lo estaban esperando para evitar que se escabullera. Miguel de la Espriella y Juan Manuel López, que para la época eran socios políticos, comenzaron a dar vueltas por el lugar, pero fueron llamados por nombre y apellidos para que se acercaran a estampar su rúbrica.

"Nos llamaron uno a uno y frente al documento había una persona constatando que firmáramos", dijo De la Espriella. "A 'Juancho' López Mancuso le dijo en cuatro ocasiones que firmara. Fue como una reconvención", contó un congresista conservador, bajo la condición del anonimato.

Los 32 invitados y cuatro comandantes 'paras' firmaron el pacto secreto de Ralito y de inmediato sacaron algunas copias que distribuyeron entre algunos de los asistentes. Sin embargo, los jefes de las autodefensas guardaron el original con las firmas. "Todos entendimos la gravedad del asunto, por eso, después de la reunión le encargamos al gobernador Jesús María López que tratara de recuperar el original para destruirlo", dijo uno de ellos.

Pero el gobernador, tío del senador Juan Manuel López, fracasó en el intento. El original siempre lo conservó en su poder Mancuso y solo lo hizo público cuando lo entregó a la Fiscalía en la audiencia que se realizó el pasado lunes en Medellín.

El documento dice en su primer párrafo "...hoy nos confiere la irrenunciable tarea de refundar nuestra patria, de firmar un nuevo contrato social", toda una afrenta contrala Constitución Política que los 11 congresistas, 2 gobernadores y 5 alcaldes que fueron a la reunión se comprometieron a respetar el día de sus posesiones.

Guardar el secreto

Conscientes de las implicaciones, algunos de los asistentes aprovecharon el momento de informalidad que se produjo después de la firma para tratar de buscar una explicación. "El documento del Nudo de Paramillo -que se firmó en 1998 entre representantes del Gobierno y la sociedad civil con las autodefensas- es peor, porque ahí se ofrecían hasta cupos en el Congreso para las autodefensas", decían algunos en voz baja.

Pero sin darles más vueltas al asunto, todos decidieron guardar como un secreto esta reunión confiados en que jamás saldría a la luz pública. "Al fin y al cabo, fueron ellos -los 'paras'- los que titularon el documento como algo confidencial y secreto", dijo De la Espriella.

"En ningún momento fuimos cómplices. Fue un silencio que garantizaba nuestra supervivencia", justificó después Reginaldo Montes, quien recordó que a uno de sus candidatos a la alcaldía de Canalete, llamado Pedro Pablo Montiel, lo asesinaron las autodefensas en el año 2000, por no asistir a una reunión que había citado ese grupo armado. "Por rehusarse dejó tres hijos huérfanos y una viuda. Pagó con la vida su rebeldía". Otros, sin embargo, dijeron que "no todos fueron obligados. Algunos firmaron cagados de la risa".

Todos guardaron silencio y siguieron con sus proyectos políticos en las elecciones parlamentarias del año siguiente: Miguel de la Espriella se convirtió en senador de la República después de esperar 8 años en la Cámara de Representantes. Eleonora Pineda, su fórmula a la Cámara llegó a esa corporación, después de obtener una sorprendente votación en las zonas de influencia paramilitar. Juan Manuel López se consolidó como el barón electoral en Córdoba con una de las más altas votaciones. Reginaldo Montes y José María Imbeth mantuvieron sus curules en la Cámara.

Fue entonces cuando el Congreso discutió un paquete de leyes con las que se abrió todo un sendero jurídico para las autodefensas: se eliminó el requisito de declarar el estatus político para negociar con un grupo armado ilegal, se ofrecieron cupos en el Congreso en el proyecto original del Referendo -que fracasó en las urnas- y se aprobó la Ley de Justicia y Paz, que inicialmente se llamó de alternatividad penal.

Todos olvidaron la reunión y se confiaron en que los 'paras' nunca la destaparían. Sólo José María Imbeth decía entre sus allegados: "¿Se imaginan el mierdero que se va armar el día que les dé por contar esta vaina?".

"¿Se imagina el mierdero que se va a armar el día que les dé -a los comandantes paramilitares que asistieron a la reunión'- por contar esta vaina?". [José María Imbeth, ex representante conservador.]

"El documento yo lo leí. No lo iba a firmar sin leer. Pero recuerdo que lo leyó en voz alta uno de los asesores de La Sorbona. Lo leyeron y procedimos a firmarlo". [Eleonora Pineda, ex representante uribista.]

Estos son los principales políticos que asistieron a la cita y el cargo que ocupaban:

* Juan Manuel López, senador liberal
* José 'Pepe' Gnecco C., senador liberal
* Rodrigo Burgos, senador conservador
* William Montes, senador conservador
* Salvador Arana, gobernador de Sucre
* Jesús María López, gob. de Córdoba
* Reginaldo Montes, representante a la Cámara de Diputados
* Alfonso Campo E., representante a la C.
* José María Imbeth, representante a la C.
* Luis C. Ordosgoitia, representante a la C.
* Freddy Sánchez, representante a la C.
* Miguel de la Espriella, representante a la C.
* Eleonora Pineda, concejal de Tierralta
* José de los S. Negrete, ger. D. Conservador

El Acuerdo de Ralito fue un pacto con el diablo

El 23 de julio de 2001, en medio del sofocante calor de las sabanas de Córdoba, parte del Estado colombiano pactó su destino con una de las organizaciones criminales más temibles de la historia reciente del país. En una finca recién construida a pocos kilómetros de Santa Fe Ralito se reunieron los jefes paramilitares, que estaban a la cabeza de un ejército ilegal de 15.000 hombres, con 11 congresistas, dos gobernadores, tres alcaldes, varios concejales y funcionarios públicos. En total, 32 personas, custodiados por tres anillos de seguridad.

Los políticos fueron convocados al cuartel general de las autodefensas por Salvatore Mancuso, jefe del Estado Mayor de las AUC; 'Don Berna', inspector general de las AUC, y 'Jorge 40', comandante del Bloque Norte de esa organización, para sellar un acuerdo que buscaba "refundar nuestra patria" y hacer "un nuevo contrato social".

Esa mañana, varios académicos presentaron el proyecto ideológico y político de las autodefensas. Después de un debate sobre los pilares para construir "una Nueva Colombia", Mancuso, como portavoz de los paramilitares, remató la reunión con unas palabras e invitó a sellar el compromiso con la firma de un documento confidencial y secreto. Finalmente, pasaron a manteles.

Sólo dos meses antes, 150 hombres de las Fuerzas Especiales y 40 de la Fiscalía habían iniciado la más grande ofensiva al corazón de las AUC en Montería. Iban detrás de Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. En ese momento eran los dos hombres más buscados de Colombia. Estaban pedidos en extradición por narcotráfico y la justicia colombiana los perseguía por cometer crímenes de lesa humanidad.

Mancuso y Castaño estaban liderando una maquinaria de guerra que estaba en su apogeo militar y que se había construido sobre una lucha contra la guerrilla y el exterminio de la población civil. La estela de sangre previa a la reunión no podía ser más escalofriante. En los cinco años anteriores los paramilitares habían cometido más de 250 masacres que dejaron más de 1.700 muertos, según cifras de las propias autoridades. Desde la matanza de Mapiripán -donde mostraron que podían llegar hasta el último rincón del país para sembrar el terror-, pasando por las masacres de El Aro y la Granja -donde hubo un plan de exterminio sistemático a la población civil-, hasta las matanzas del Salado y Chengue -donde mostraron que su grado de sevicia y crueldad no tenía límites. En estas últimas, los hombres de las AUC llevaron la muerte a su estado más denigrante: convertir la tortura y la muerte en un espectáculo público. Este macabro telón de fondo de la reunión no pareció importarles a los políticos.

Para ese momento, la expansión militar de las autodefensas ya había atenazado al país. Con 10 bloques, un estado mayor y presencia en 20 departamentos, sólo faltaba dar el siguiente paso: consolidar el poder político. Y la reunión en Ralito se hizo para eso.

Combinar las formas de lucha

Las cuatro hojas que consignan el pacto de sangre entre políticos y paramilitares constituían el documento más buscado de Colombia hace dos meses, cuando el senador Miguel de la Espriella, firmante de la reunión, reveló su existencia. Para la prensa, que había destapado el escándalo de la para-política, el documento era la prueba reina de que el paramilitarismo tenía un caballo de Troya en el corazón de la democracia.

Mientras la obsesión en las salas de redacción era encontrar la pieza clave del rompecabezas, las 32 copias eran celosamente custodiadas por los asistentes a la reunión de Ralito.

Con la declaración de Mancuso ante la Fiscalía se empezó a correr el velo de lo que muchos colombianos sospechaban pero se negaban a creer: que gran parte del Estado estaba subyugada ante la dialéctica del terror paramilitar. Y los políticos eran el último eslabón en una cadena de complicidades.

La semana pasada, Mancuso reveló cuál fue el pecado original del Estado con los paramilitares: la alianza de sectores de las fuerzas militares con este poderoso grupo criminal. Mancuso señaló cómo oficiales del Ejército, Armada, la Fuerza Aérea y la Policía transportaban a paramilitares en sus camiones, elaboraban listas para masacres y asesinatos selectivos, entrenaban a los combatientes de las AUC en sus cuarteles y les entregaban las armas a los futuros verdugos de la población civil.

Nombres que el país asociaba con coraje y heroísmo como mariscales de campo en la lucha contrainsurgente aparecen ahora como parte del engranaje de una guerra ilegítima cuya punta de lanza son los paramilitares.

El general Alfonso Manosalva, a quien no le cabían más medallas en su pecho, apoyó, según Mancuso, las masacres de Ituango (El Aro y la Granja) mientras era comandante de la Cuarta Brigada en Medellín. El coronel Jorge Eliécer Plazas, quien fue oficial de inteligencia en Urabá, filtraba nombres de las futuras víctimas. El general Quiñónez habría facilitado la entrada de los paramilitares a El Salado, para cometer la masacre de casi 30 campesinos que murieron a golpes. En su relato, Mancuso se abstuvo de mencionar decenas de otros nombres de oficiales que colaboraron durante una década con la expansión paramilitar, pero dio indicios suficientes para que la Fiscalía investigue.

Los militares que mencionó Mancuso son sólo la punta del iceberg. Desde el nacimiento del paramilitarismo en el Magdalena Medio en los 80, durante su crecimiento en los 90 y su consolidación en 2000, nombres de generales tan importantes como Faruk Yanine Díaz, Iván Ramírez y Rito Alejo del Río han gravitado alrededor de este sombrío capítulo de nuestra historia. Estos procesos casi siempre terminaron archivados, pero pusieron a Colombia en la picota mundial por tener un Estado violador de los derechos humanos.

Esta histórica connivencia de algunos sectores de las fuerzas militares con las AUC convierte el documento de Ralito en un instrumento desestabilizador de la democracia. La firma del acuerdo no era sino la refrendación política de una estrategia militar. Era un proyecto perverso y por eso, como le dijo uno de los asistentes a SEMANA, a varios les tembló la mano al firmarlo.

Alcance de la carta

Con esa agenda oculta bajo el brazo, los políticos salieron del lejano caserío y cada uno regresó a sus funciones públicas. Los gobernadores de Córdoba y Sucre, José María López y Salvador Arana, respectivamente, volvieron a sus despachos a regir los destinos de sus departamentos. Los cuatro senadores y ocho representantes, de partidos tan disímiles como el Liberal, el Conservador y movimientos independientes, volvieron a ocupar sus curules en el Congreso de la República. Los alcaldes de San Antero (Córdoba) y San Onofre y Ovejas (Sucre) volvieron a sus oficinas de representantes del pueblo en sus municipios.

Y los jefes paramilitares volvieron al monte a diseñar el proselitismo armado más eficiente de que se tenga memoria en el país y que, según ellos mismos, les llevó a tener el control del 35 por ciento del Congreso.

A todos los firmantes del documento les fue bien electoralmente. Si bien en el texto no está plasmada una estrategia electoral, sus postulados, erigidos a punta de fusil, producen escalofríos. ¿Qué quiere decir que ellos asumen "la irrenunciable tarea de refundar la patria"? ¿En qué consiste el "nuevo contrato social" del que hablan? ¿Cuál es esa "Nueva Colombia" que se plantean como desafío?

¿Implica acaso la "refundación del país" la destrucción de las actuales instituciones? ¿Pretende el "nuevo contrato social" subvertir el Estado social y liberal de derecho que actualmente nos rige? ¿Será esa "Nueva Colombia" una nación con menos derechos políticos y libertades civiles?

Pero quizá lo más impresionante del documento es que todos los presentes en aquella reunión de Ralito asumen "el compromiso de garantizar los fines del Estado como defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo". Todas estas tareas encomendadas, según la Constitución, al Estado.

¿Acaso se estaba pensado suplantar la fuerza pública legítima por una fuerza paramilitar financiada por el narcotráfico? ¿Era el objetivo una alianza entre militares y paramilitares, respaldado por un sector político, para sabotear la negociación del gobierno Pastrana con las Farc en el Caguán?

Cualquiera de las anteriores hipótesis es tenebrosa. Por eso es lamentable oír al actual ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, decir en los medios que "no hay nada impropio" en el documento y que "se podría refrendar". Si bien los asistentes a la reunión han sacado comunicados dando explicaciones y justificando su presencia en la reunión por presión, temor o la complejidad regional del conflicto, es insólito que el ministro de la política y de la justicia lo asuma de manera tan banal.

La mayor parte de los políticos firmantes del documento y de los demás involucrados en el escándalo de la para-política son de departamentos que han sido azotados por la violencia. Uno de los congresistas de la reunión ha salido a decir que la única autoridad en ese momento eran las autodefensas. Si bien es cierto que la sombra del paramilitarismo se ha extendido por todo el país y que en algunas regiones la presencia del Estado es precaria, esta complejidad regional de ninguna manera justifica la complicidad con estrategias criminales.

Es irónico que quienes han tenido la responsabilidad de representar al Estado en las regiones, como estos gobernadores, alcaldes y senadores que hicieron parte del acuerdo con las AUC, salgan ahora a justificar la hegemonía de los paramilitares por la falta de Estado. Es decir, no hay Estado porque nosotros, los políticos, no fuimos capaces de representarlo. Ha sido una clase política regional que se ha caracterizado por ser sedienta de clientelismo y que concibe el poder como una oportunidad para darles un zarpazo a las finanzas públicas. Una clase política que hoy se lamenta de una fragilidad del Estado que ellos se encargaron de debilitar y deslegitimar. Y una clase política que hoy minimiza un vergonzoso episodio de nuestra democracia, y que puede tener graves consecuencias penales.

Nunca más

Este documento tiene una dimensión simbólica que muestra hasta dónde se traspasaron las fronteras morales y éticas de algunos gobernantes. Pero también tiene una dimensión judicial para cada uno de los que suscribieron el acuerdo con la cúpula de las autodefensas. Para Alfonso Gómez Méndez, ex fiscal general de la nación, este pacto configura dos delitos: omisión de denuncia, por tratarse de personas prófugas de la justicia, y complicidad con grupos criminales. De otro lado, un ex magistrado de la Corte Constitucional considera que incluso se puede hablar de que estas personas promovieron la actividad de los grupos paramilitares y que esto podría configurar el delito de concierto para delinquir.

Queda en manos de la Corte Suprema de Justicia investigar a los 11 congresistas en ejercicio que fueron a dicha reunión y en las de la Fiscalía, a los gobernadores, alcaldes, concejales y particulares que también están implicados.

No basta, sin embargo, un castigo severo de la justicia para mandar un mensaje ejemplarizante a la sociedad. En este tipo de procesos, donde el país entra en una catarsis colectiva y trata de mirarse en el espejo de su propia realidad, es fundamental afrontar todas las caras de la verdad. Y la verdad hasta ahora está asomando la cabeza. La confesión de Salvatore Mancuso, que la semana pasada estremeció al país y al mundo con la narración detallada de 336 crímenes, es sólo el preámbulo del libro de la verdad que está por escribirse.

Mancuso tiene mucho más que revelar. Y ojalá su calculada estrategia de defensa no deje enterrados en el olvido algunos capítulos -como el asesinato de Jaime Garzón- que siguen en la impunidad.

Después de la declaración de Mancuso vendrán las de 'Jorge 40', 'don Berna', Ramón Isaza y otros 50 jefes paramilitares que se presentarán ante los fiscales de Justicia y Paz. Frente a la avalancha que se viene, los colombianos tendremos que saber asimilar las dosis de verdad, por más increíbles y desgarradoras que resulten.

La verdad no sólo debe servir para dejar una constancia histórica o para castigar a los responsables. La verdad es sobre todo fundamental para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Porque el país, si quiere salir algún día de la espiral de la violencia, no puede seguir haciendo pactos con el diablo.

Texto original del "Acuerdo de Ralito"

Documento confidencial y secreto

Conciudadanos como enuncia nuestro preámbulo; "el pueblo de Colombia, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes, la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz " (1) hoy nos confiere la irrenunciable tarea de refundar nuestra patria, de firmar un nuevo contrato social.

Todos los aquí presentes hoy asumiremos el compromiso de garantizar los fines del Estado: "Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo". (2)

Construir esta nueva Colombia, en un espacio donde "toda persona tiene derecho a la propiedad’ (3) y "tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad’ (4). Es nuestro desafío.

Todo colombiano tiene el deber y la obligación de trabajar por la paz, en aras de cumplir con el mandato constitucional que nos insta a "propender el logro y mantenimiento de la paz" (5). Esta tarea no es prerrogativa de unos pocos, sino deber de todos.

A propuesta de los aquí presentes, se formarán comisiones de trabajo, las que presentarán sus resultados en nuestra próxima reunión del mes de octubre.

*VIVA COLOMBIA*

Las citas de pie de página se refieren al preámbulo de la Constitución Nacional, a sus artículos 21 y 95 y también hacen referencia a los artículos 17 y 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La Fiscalía entregará en las próximas horas a la Corte Suprema de Justicia, el "Pacto Secreto de Ralito" firmado por paramilitares y dirigentes políticos. Asi mismo, la Fiscalía le remitió a la Dirección Nacional de Fiscalías el escrito donde tambien firman con su puño y letra 2 gobernadores, 4 alcaldes, varios ex concejales, ganaderos entre otros.

*Lista de firmantes del acuerdo de Ralito*

Este es el listado de los firmantes del acuerdo de Ralito. Se especifica el cargo que ocupaban los dirigentes políticos el 23 de julio de 2001, fecha en la que se firmó el documento.

1. Santander Lozada (Salvatore Mancuso)
2. Diego Fernando Murillo (Don Berna)
3. Edward Cobo Tellez (Diego Vecino)
4. Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40)
5. Jose María López (Gobernador de Córdoba)
6. Salvador Arana Sus (Gobernador de Sucre)
7. Reginaldo Montes (representante a la Cámara por Córdoba)
8. Luis Alvarez (suplente cámara de Representantes por Córdoba de Reginaldo Montes)
9. Jaime García (director de la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge)
10. Alvaro Cabrales (ex diputado conservador de Córdoba)
11. Sigifredo Senior (Alcalde de Tierralta, Córdoba)
12. Alfonso Campo Escobar (representante a la Cámara por el Magdalena del partido Conservador)
13. Jose María Imbeth (representante a la Cámara por el partido Conservador)
14. William Montes (Senador por el Bolívar, conservador)
15. Rodrigo Burgos de la Espriella (Senador conservador)
16. Jose "Pepe" Gnecco (senador Bolivar) Luis Carlos Ordosgoita (representante a la Cámara por Córdoba)
17. Fredy Sanchez (representante a la Cámaras por Córdoba)
18. Miguel de la Espriella (representante a la Cámara por Córdoba)
19. Eleonora Pineda (concejal de Tierralta)
20. Marciano Argel (secretario de Planeación de Córdoba)
21. Wilmer Pérez (Alcalde de San Antero)
22. Jose de los Santos Negret (gerente del Partido Conservador)
23. German Ortiz (Asesor Alcaldía de San Antero)
24. Remberto Montes (representante a la Cámara por Córdoba) aparece anulado en la lista.
25. Juan Manuel López (senador Liberal)
26. Antonio Sanchez (Periodista)
27. Rodolfo Vargas (funcionario de la Alcaldía de Sincelejo)
28. Jose Luis Feris (Ganadero)
29. Victor Guerra (Ganadero)
30. Luis Saleman ( Ex alcalde de San Onofre Sucre)
31. Sabas Balserio (Alcalde de San Onofre)
32. Edwin Mussi (Alcalde de Ovejas Sucre)
33. Felipe Quedaga (Funcionario de la alcaldía de Ovejas Sucre)