El sindicalismo mexicano en tiempos del Tratado de Libre Comercio

En mayo de 2006, en Oaxaca, México, la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se plantaba para reivindicar lo que todos los años por esas fechas denunciaba: el cacicazgo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que todavía gobierna en esa región y controla todas las estructuras de poder. La reivindicación era gremial, sobre las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, y también social, sobre la deteriorada situación de las condiciones de vida de una mayoría empobrecida. La violenta represión del gobierno del Estado de Oaxaca (en el suroeste mexicano) hacia este sindicato, que causó 4 muertos y 92 heridos, fue respondida con una mayor resistencia y con la convergencia con otros movimientos sociales, hasta formar la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y dar a conocer internacionalmente este proceso.

Otro episodio en el ámbito laboral que quizás no ha causado tanto revuelo a nivel internacional, pero que desde luego sí que ha removido mucho los ánimos a nivel nacional, fue la muerte de 65 mineros en el estado de Coahuila (en el noroeste del país) en febrero de 2006 por una negligencia empresarial. En este caso, los trabajadores, en su mayoría subcontratados y sin una mínima seguridad laboral, fueron obligados a seguir trabajando a pesar de que en la mina se habían identificado grandes acumulaciones de gas que, posteriormente, provocaron la explosión que causó su muerte.

Son dos ejemplos de las realidades que tienen que vivir los trabajadores y trabajadoras de México, ejemplos que muestran una cotidianidad sombría si miramos las condiciones laborales dentro de las maquilas, o si se tuviera más presente la situación dentro del mercado informal del trabajo en el campo o en la ciudad, o el avance de la subcontratación en todos los sectores. Son realidades laborales que surgen de una política económica fiel seguidora del paradigma neoliberal, que incluso sufriendo los rigores de la crisis de la deuda externa desde la década de los ochenta, implementó una reforma drástica basada en la apertura al comercio exterior y a la inversión extranjera así como la reducción del papel y el tamaño del Estado.

La puerta de entrada a la globalización económica y la puerta de salida de los derechos laborales

El desmantelamiento de las estructuras del Estado se refleja en dos escalas. A escala local o regional, a través de los gobiernos de los estados y municipios que han promovido la inversión extranjera a través de "condiciones especiales", tales como la exención o rebaja de algunos impuestos locales, la dotación de infraestructura de acceso, la entrega o rebaja en el precio de los terrenos y reducciones en el precio de los servicios básicos. Y a escala nacional, en los múltiples Tratados de Libre Comercio que ha firmado México, tanto con Estados Unidos y Canadá (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) en 1994, como con varios países de América Latina (Bolivia en 1994, Chile en 1998, El Salvador, Guatemala y Honduras llamado Triángulo del Norte en 2000), así como con la Unión Europea en 2000 y con Japón en 2004. Son dos líneas que se complementan.

A través de los TLC, la competencia en el mercado mundial se forja por las ventajas fiscales, de infraestructuras, el abaratamiento de recursos locales y, por supuesto, la precarización y el abaratamiento de la mano de obra. Y, como muestra de ello, sólo hace falta un dato: en México, para satisfacer la Canasta Básica Indispensable se necesitan 10,25 salarios mínimos. La responsabilidad de esta espectacular cifra recae en la contención salarial que han fijado los sucesivos gobiernos, mientras dejaban que la inflación se disparara más de un 3.000 % en los últimos veinte años. Por todo eso, en 2005 México ha sido el destino predilecto de las empresas extranjeras en América Latina, sobre todo en el sector manufacturero de exportación, es decir, las maquilas. Y en este sector quien domina claramente es Estados Unidos, que aporta el 63,4% de la Inversión Extranjera Directa (IED).

Basar una parte importante de la economía en la atracción de capital foráneo a partir de la reducción de costes de producción (laborales, de recursos, infraestructuras) tiene un peligro al que ya se está enfrentando México: existen países con costes aún más bajos y, por lo tanto, más atractivos para el capital procedente de los países del Norte. En el caso de la maquila, el país de referencia es China. Así, uno de los axiomas del neoliberalismo, la competitividad de la economía, incrementa la plusvalía de los grandes empresarios y a la vez somete a la población a una brutal competencia por la reducción de sus condiciones laborales. Son dos hechos que representan las dos caras de una misma moneda.

El libre comercio y las privatizaciones no sólo han representado el deterioro de las condiciones laborales, también han supuesto la pérdida de la economía local, gracias a la importación de productos agrarios fuertemente subsidiados por Estados Unidos y a la entrada de multinacionales como Wal-Mart. Además, el control del sector financiero está ahora en manos de dos grupos bancarios españoles, el BBVA-Bancomer y el Santander-Serfin, lo que sitúa a España como el segundo país con mayor IED en México (10,3%).

El único bastión que, teóricamente, quedaba fuera del control de los grandes capitales foráneos es uno de los sectores estratégicos para la actividad de un país: la energía. Pero ya está situado en el centro de las miras de las multinacionales. En el sector de los hidrocarburos, Repsol tiene un contrato con PEMEX para extraer gas en exclusiva en la frontera norte con Estados Unidos, mientras en el sector eléctrico Iberdrola y Unión Fenosa avanzan en el control de la generación de electricidad.

La realidad sindical de México

El contexto económico que tienen que afrontar las organizaciones en defensa de los derechos laborales se complementa con una historia política que ha fortalecido los llamados sindicatos de protección. Durante décadas, los líderes del sindicalismo oficialista y corporativo, ligado a los regímenes autoritarios y populistas del PRI -que gobernó durante más de 70 años-, han mantenido el control de las principales centrales obreras a través de la violencia, la coerción y la represión abierta.

El trabajo que desarrollan los sindicatos de protección es la antítesis de la defensa de las condiciones dignas de trabajo, ya que se constituyen en mafias, bajo la protección de autoridades laborales y políticas, para proteger los intereses del empresario y tener controlados a los trabajadores y trabajadoras. El control se realiza mediante amenazas, intimidaciones o agresiones ante cualquier intento de la plantilla por mejorar sus condiciones laborales o constituir un sindicato independiente. Este sistema, que lleva décadas instaurado, no sólo no se ha debilitado con las reestructuraciones de la economía hacia el neoliberalismo, sino que ha sido una herramienta más de los sucesivos gobiernos para atraer la inversión extranjera, debido a la garantía que ofrece para mantener la "paz social". Está extendido hasta tal punto que, como indica un integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, nueve de cada diez convenios son de protección.

Los contratos de protección se originan con el acto de simulación de la firma entre un patrón y el líder sindical de su elección, suelen mantenerse en secreto y tienen como finalidad esencial evitar que los trabajadores se organicen autónomamente o puedan reivindicar sus derechos laborales, decidiendo sobre sus condiciones de trabajo. Pero, si bien estas estructuras siguen arraigadas en el ámbito laboral, también existe una creciente respuesta que lo denuncia y crea las condiciones necesarias para enfrentarlo.

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La entrada de los tratados de libre comercio y de las corporaciones globales ha hecho que las políticas de incremento de competitividad tengan la condición de ineludibles. Estas políticas llevan a implementar lo que se ha llamado la "producción esbelta", término con el cual definen la eliminación de todo lo que no sea productivo en la jornada del trabajador y trabajadora, es decir, los pequeños descansos o el tiempo para la comida. Además, definen también la eliminación de la destreza del operario para suplirlo más fácilmente en caso de huelga, la subcontratación o la estrategia para convencer a la plantilla de la necesidad de trabajar más y establecer relaciones competitivas entre ellos para la "mejora continua" de la empresa. Ante esta situación, las preguntas que surgían expresaban la necesidad de revisar qué respuesta se había dado desde las organizaciones sindicales y qué modificaciones han tenido dichas organizaciones para hacer frente a las grandes corporaciones.

Observatorio de Multinacionales en América Latina. www.omal.info. Correspondencia de Prensa. germain5@chasque.net. Extractado por La Haine