¿Qué pasa en Bolivia?

En las gasolineras de La Paz y las instalaciones petroleras del país, una gran pancarta dice: "NACIONALIZADO. Propiedad de los bolivianos" y montan guardia militares. El decreto DS 28701, anunciado el 1º de mayo como la "nacionalización" del gas despertó amplias expectativas en la población y muchas simpatías fuera de las fronteras de Bolivia, como un intento de ejercer un elemental derecho de soberanía y asestar un golpe al poder descomunal de las petroleras, aunque el decreto y las acciones posteriores del gobierno de Evo Morales están lejos de impulsar una verdadera nacionalización.

El MAS busca negociar desde una posición de fuerza "rayando la cancha" para presionar a las petroleras y que éstas acepten mayores impuestos, la reconstrucción de la estatal YPFB y su participación en emprendimientos mixtos y un mayor control estatal. Las petroleras tienen 180 días para negociar y migrar a nuevos contratos de operación o de asociación y producción compartida.

La estatal YPFB será reconstruida [1] pero su peso será muy limitado ante el poder de Petrobras, que domina la exportación a Brasil, y REPSOL, que controla las ventas a Argentina y "triangula" gas boliviano a Chile. Ambas, junto con Total, controlan 83% de las reservas de gas y 86% de las de petróleo [2].

El gobierno dice que los ingresos fiscales llegarán a 780 millones de dólares anuales (duplicando los actuales), pero lo cierto es que resigna a favor de las transnacionales la gran mayoría de la renta potencial de reservas valuadas en 150 mil millones de dólares, y que sólo por los bajos precios del gas exportado a Brasil y Argentina se pierden unos 3 mil millones al año. Las petroleras retendrán gigantescas ganancias y el dominio estratégico del negocio gasífero en el mercado energético del Cono Sur.

La política de "seminacionalización" ni siquiera alcanza los términos limitados de un "capitalismo de estado" como la nacionalización del petróleo en México en 1938, o de la Standard Oil en 1938 (después de la Guerra del Chaco) o la Gulf en 1969 (bajo el gobierno militar del Gral. Ovando), lo que hubiera significado que se expropiara a las transnacionales y se concentrara toda la explotación, procesamiento y comercialización de hidrocarburos en manos del Estado.

Las petroleras, el imperialismo y sus agentes Lula y Kirchner presionan sobre Bolivia

Sin embargo, y pese a sus estrechos límites, esta medida es resistida por las transnacionales, el imperialismo y los "gobiernos amigos", que rechazan cualquier control o recorte en sus superganancias y temen que el "mal precedente" cuestionando las reglas impuestas por el capital extranjero, sea "contagioso" y aliente la movilización antiimperialista en América Latina. Como explicamos en la declaración de la FT-CI, los "progresistas" Lula y Kirchner actúan como abogados defensores de los intereses petroleros.

La ronda de negociaciones que el gobierno de Evo Morales ha iniciado con los personeros de las petroleras y los gobiernos que las protegen implica una dura prueba de fuerzas en el marco de presiones, chantajes y amenazas para "moderar" a un mínimo las pretensiones bolivianas y dejar a salvo la supremacía y los intereses del capital internacional.

Los límites del giro seminacionalista del MAS

En este marco, la política petrolera de Evo Morales es la clave de un giro "seminacionalista", para "golpear y negociar" que se extiende también a otros campos de la política nacional, como muestra una anunciada política de reforma agraria.

Al cabo de sus primeros 100 días, en que nada o casi nada cambió para los trabajadores y campesinos, se mantuvo una política económica conservadora con importantes concesiones a la derecha (como las pactadas en la convocatoria a la Asamblea Constituyente y el referéndum autonomista exigido por las oligarquías regionales). Con el nuevo rumbo el gobierno de Evo contesta al acoso de la derecha y renueva la adhesión popular en vísperas de las elecciones a Constituyente. Hay que señalar que el gobierno se ve obligado a recurrir a los decretos, renunciando a buscar "consenso parlamentario" y a intentar apoyarse en las FF.AA. dándoles un papel renovado en la "custodia del interés nacional", para ampliar sus bases de sustentación.

El gobierno anunció una nueva reforma agraria, prometiendo que se combatiría al "latifundio improductivo" y se afectarían unas 4,5 millones de hectáreas. Pero busca "concertar a alto nivel" con la oligarquía cruceña y garantiza que se respetarán las grandes propiedades que cumplan "función económico social", esto es, que produzcan. Con ello, no se tocará a los ganaderos y agroindustriales pese a que 7.000 grandes propietarios acaparan en Oriente más de 30 millones de hectáreas.

El 1º de mayo había anunciado un aumento del salario mínimo de apenas un 13%, (de 440 pasa a 500 Bs. -unos 62 dólares) tras cuatro años de congelamiento, ni siquiera compensa la inflación y sólo llega a un tercio del mínimo de 1.500 Bs. reclamado por la COB. También derogó el Art.55 del DS 21060 de "libre contratación" pero sigue vigente la Ley General del Trabajo (LGT) que otorga amplísimas facultades a los empresarios para despedir y contratar en condiciones precarias y flexibilizadas.

Polarización política a las puertas de la Constituyente

Mientras el gobierno negocia con las grandes empresas, se agrian las relaciones con la derecha empresarial, las oligarquías regionales y las camarillas burguesas más afectadas por las nuevas medidas.

La oligarquía cruceña rechaza duramente los anuncios sobre la tierra, reclamando "autonomía" también en este terreno y contraponiendo su propio proyecto a las propuestas oficiales. La oposición parlamentaria y los "cívicos" agitan la demagógica acusación de que Evo Morales es un "títere de Chávez", alineándose con el discurso norteamericano.

La polarización teñirá la campaña electoral durante este mes, pues el 2 de julio se elegirá a los constituyentes y se votará en el referéndum autonómico vinculante. La Constituyente será escenario de mayor confrontación entre el bloque conservador y el proyecto reformista del MAS, y puede que se genere una intensa presión de masas, aunque basta para anticipar que la misma no resolverá las grandes cuestiones nacionales el hecho de que dos problemas cruciales como el gas y la tierra se discutan antes y por fuera de la Constituyente.

La lucha por una nacionalización integral queda en manos de los trabajadores y el pueblo

El MAS convoca a "estar alertas, movilizados, para defender a nuestro gobierno popular y a nuestro hermano presidente" [3] pero en los hechos sólo pide el voto por sus candidatos el 2 de julio y se cuida mucho de apelar a la movilización pues ésta podría rebasar su política de concertación.

Lejos de confiar en las tibias medidas del gobierno, la única formar de quebrar el poder de las petroleras y sus aliados de la "nueva rosca" empresarial, financiera y terrateniente, es apelar a la movilización general de los trabajadores, los campesinos, el pueblo pobre, que espera una verdadera recuperación de sus hidrocarburos, consigna por la que ha luchado con heroísmo y a un alto precio en los levantamientos de los últimos años, como fue en Octubre de 2003.

Contra el chantaje de las petroleras, será necesaria la ocupación y gestión obrera de los campos y refinerías y la apertura de los libros de contabilidad, para abrir paso a la nacionalización "100%" del gas, sin pago y bajo control colectivo de los trabajadores.

Los campesinos pobres y sin tierra y los trabajadores agrícolas tienen que luchar por una reforma agraria radical basada en la liquidación del latifundio.

Es preciso la nacionalización del LAB, las empresas capitalizadas y la banca sin pago y bajo control de los trabajadores.

Para desarrollar y unificar la movilización será preciso impulsar comités, coordinadoras y otros organismos amplios y democráticos, preparando una verdadera Asamblea Popular. Frente a las amenazas reaccionarias no se puede confiar en las FF.AA. masacradoras, sino sólo en la autodefensa de masas y las milicias obreras y campesinas.

La Paz, 16 de mayo de 2006.

Notas

[1] Se quita a las AFPs la administración de las acciones del Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) lo que junto a la adquisición de un pequeño porcentaje de acciones permitiría la participación estatal del 51% en las tres empresas "capitalizadas": Transredes, Chaco y Andina, que sólo manejan 9,7% de las reservas de gas y 9,8% del petróleo.

[2] La Prensa, 5/05/06.

[3] Soberanía, vocero del MAS, nº 3, 1a. quincena de mayo de 2006.

Fuente: La Verdad Obrera N° 187