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Argentina :: 22/06/2023

Jujeñazo día a día. Miércoles 21: Se concretó otra masiva marcha en Jujuy

Mario Hernández
Luego de que el martes el pueblo se movilizó contra la reforma constitucional y fue duramente reprimido por la policía del gobernador, el reclamo social se mantiene

Pese a los hechos de extrema violencia policial el pueblo no quiso retroceder y volvió a manifestarse en las calles.
También los docentes concretaron la tercera “marcha de antorchas” por salarios dignos exponiendo que su protesta es genuina. La misma volvió a tener gran adhesión de los educadores.
Pero no fueron los únicos que decidieron exponer su descontento con las decisiones del gobierno en la provincia. Organizaciones sociales, personal sanitario autoconvocado, comunidades originarias y hasta agrupaciones gauchas se plegaron a la movilización.
También fueron parte de la misma, los mineros de El Aguilar quienes se trasladaron a la capital jujeña para hacer pública su situación.
A pesar de la represión que sufrieron este martes 20, el pueblo jujeño volvió a llenar las calles, dedicándole cánticos al gobernador Morales.
No faltó el 'hit', "Morales gato, sos un ladrón, le robaste a la educación" y en otros puntos de la Ciudad se escuchaba: "Libertad, libertad, a los presos por luchar"; "Morales, basura, vos sos la dictadura", y también "abajo la Reforma. Arriba los salarios".
La convocatoria partió de los sindicatos docentes, profesionales de la administración pública y municipales. Antes concentraron en sus sedes gremiales y realizaron una conferencia de prensa y una radio abierta en la plaza.
Las consignas que levantaron fueron:

Libertad inmediata de los presos.
Basta de represión.
Abajo la Reforma de la UCR y el PJ.
Arriba los salarios y los derechos de las comunidades.

Mercedes Sosa, secretaria general del CEDEMS, en el cierre de otra enorme Marcha de Antorchas, manifestó: “...detener a jóvenes con discapacidad, docentes, trabajadores, a transeúntes. Entrar a las casas, reventar las casas, perseguir a los manifestantes, entablar una lucha campal. Policías arrojando piedras con hondas, patear gente en el piso… toda la brutalidad que fue exhibida ayer, como docentes que somos y quienes vienen denunciando lo que vieron ayer, no podemos avalarlo, no podemos dejar de denunciarlo.
No podemos dejar de reclamar”.

Organizaciones sociales y sindicatos protestaron frente a la Casa de Jujuy en Buenos Aires

Sin caer en la provocación del vallado y custodia policial que abrazó la casa jujeña desde el martes por la noche, los manifestantes de diferentes corrientes unificaron sus voces para pedir por la libertad a los más de 60 detenidos y detenidas, entre ellos menores de edad.
Con carteles hechos a mano y la convicción intacta, jóvenes y personas mayores fueron los protagonistas de la jornada. Unidos en el pedido de cuidar las tierras y los recursos naturales de Jujuy y el resto del país, la edad no fue un impedimento para salir a pelear por el futuro.
“No pienso sólo en mí, salgo a la calle a pelear por el país que les va a quedar a mis nietos, no quiero que vivan en un mundo en donde les cobren por tomar agua”, sostuvo una señora notablemente conmocionada por el desastre ambiental que causará la sobreexplotación del litio que habilita la nueva Constitución jujeña.

El gobierno porteño castiga a los docentes

“Gremios docentes de Buenos Aires que hacen paro por lo que sucede en Jujuy se les descuenta el proporcional del salario por día no trabajado.” El mensaje lo publicó en sus redes sociales el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel. El castigo aplicado a los gremios docentes porteños se publicó cuando una masiva columna convocada por la CTA, CGT, partidos de izquierda y organizaciones sociales repudiaba frente a la Casa de Jujuy por la cruda represión ocurrida ayer en San Salvador de Jujuy, con 60 detenidos y decenas de heridos, y lo que ocurrió el sábado en Purmamarca.
El mensaje de Miguel confirma la decisión tomada por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de montar su campaña electoral rumbo a las PASO en la represión desatada por su aliado, el gobernador Gerardo Morales. Larreta y su contrincante en la interna de JxC, Patricia Bullrich, salieron a la conquista del voto de mano dura sin medir las acusaciones, sin pruebas contra el gobierno nacional, ni escuchar el reclamo de los docentes jujeños, que cobran salarios por debajo de la línea de pobreza, ni de las comunidades originarias que exigen ser respetadas frente al avance del extractivismo.
Los gremios de docentes porteños Ademys y UTE iniciaron este miércoles un paro por 48 horas en repudio a la represión a las protestas por parte del gobierno de Morales en Jujuy, que incluyó una concentración en el Obelisco y marcha hasta la delegación que esa provincia tiene en la Ciudad de Buenos Aires. La protesta de los gremios incluye también el reclamo por una recomposición salarial de los docentes porteños y el jueves continuará con la adhesión al paro convocado por la Ctera.
De esta forma, Ademys y UTE se adelantaron por un día al paro convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) para el jueves, ante “la grave situación que vive la docencia y el pueblo jujeño”, tras la represión policial contra manifestantes que reclamaban por la reforma de la Constitución de esa provincia.
Ctera explicó que la convocatoria se debe a “la grave situación que vive la docencia y el pueblo jujeño” y que reclamará por el cese de la “represión al pueblo jujeño”, un “aumento salarial a los docentes” y el rechazo a la “reforma constitucional” de esa provincia aprobada el viernes pasado.
La Confederación que nuclea a educadores de todo el país responsabilizó por la “creciente conflictividad en Jujuy” al “accionar” del gobernador y precandidato presidencial de la UCR, Gerardo Morales, a quien denunciaron por “otorgar aumentos por decretos, sin diálogo”.
La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, junto a sectores de la CGT como la Corriente Federal de los Trabajadores y el Frente Sindical para el Modelo Nacional, realizaron una movilización en repudio a los hechos ocurridos en Jujuy “ante el recrudecimiento de la represión” en esa provincia, informaron fuentes gremiales.
La convocatoria se inició a las 13:00 en el Obelisco, y desde allí se movilizaron hacia la Casa de la provincia de Jujuy, ubicada en Santa Fe y la avenida 9 de julio, en Buenos Aires, donde se realizó el acto, en reclamo del “cese de la represión” y “el restablecimiento de la libertad de petición y del accionar de los sindicatos”.
Junto a las dos CTA y a las corrientes internas de la CGT, otras organizaciones llamaron a marchar en condena a la represión en Jujuy, entre ellas la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

Docentes en Jujuy fueron convocadxs a negociar salarios

Luego de otro contundente reclamo en las calles, los principales referentes tanto de ADEP como de CEDEMS confirmaron que fueron citados para reabrir la paritaria salarial este jueves en horas de la tarde en el ministerio de Educación provincial. Los maestros y profesores volverán a marchar en horas de la mañana, luego asistirán a la reunión y dependiendo de la oferta, decidirán si continúan con las medidas de fuerza. Así lo confirmaron sus secretarias generales.
Este miércoles, se concretó otra masiva marcha de antorchas por parte de docentes jujeños quienes acompañados de otros sectores cantaron que “el pueblo unido jamás será vencido”.
Mercedes Sosa del Centro de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS):
“Queremos enviar una información para todos los docentes de nivel medio y superior, nos acaba de llegar una notificación para paritarias mañana a las 16:30. Este fue un logro de nuestra lucha sostenida hace semanas y el acompañamiento recibido de todos los sectores que entendieron que es una lucha justa por salarios dignos”.

Nuevo llamado de atención del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH

Tras la advertencia de la Comisión Interamericana de DDHH dependiente de la OEA, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, recibió un llamado de atención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH (ACNUDH) que, a través de una nota enviada también a la Cancillería Argentina, expresó su preocupación por la represión a manifestantes en Jujuy y por algunos puntos de la reforma constitucional aprobada por la provincia.
En la misiva, el responsable le solicita una reunión “con el fin de abordar el impacto que la implementación de la reforma constitucional provincial adoptada puede tener en el ejercicio de los DDHH”.
“La Oficina estima que el diálogo institucional con su despacho podría resultar beneficioso para el correcto seguimiento de la situación actual y, en general, para abordar cuestiones sobre el derecho a la reunión y los derechos de los pueblos indígenas”, sostiene.
La nota la firma el representante para América del Sur del ACNUDH, Jan Jarab, quien señaló que recibió informes sobre al menos 20 personas heridas durante las manifestaciones y solicitó un diálogo constructivo e intercultural, garantizando la participación efectiva de los pueblos indígenas y de otras partes interesadas para superar la crisis de Jujuy.
De este modo, en menos de 48 horas, Morales quedó bajo el escrutinio de dos organismos internacionales cuya misión es custodiar la protección y plena realización, para todas las personas, de los derechos contemplados en la Carta de las Naciones Unidas y en las leyes y tratados internacionales en materia de DDHH a los que adhirió la República Argentina.
Este hecho fue rápidamente destacado por el canciller Santiago Cafiero y por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de sus redes sociales. “¿Leyó bien Morales lo que dice el representante del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH? ¿Qué más necesita para admitir su responsabilidad y actuar en consecuencia?”, advirtió la vicepresidenta.
“El objeto de la presente comunicación es expresar la preocupación de la Oficina que represento por la gestión de las recientes manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad, así como por algunas de las disposiciones del texto de reforma constitucional provincial aprobado”, comienza la nota. Y agrega: “Primeramente, quisiera hacer un llamado al diálogo constructivo e intercultural, garantizando la participación efectiva de los pueblos indígenas y de otras partes interesadas para superar la crisis que en este momento vive la provincia de Jujuy. La Oficina estima que es de suma importancia evitar una escalada de violencia”.
“Hemos recibido informaciones sobre hechos que podrían constituir un uso indebido de la fuerza en contra de personas en el contexto de las manifestaciones. La Oficina ha tomado conocimiento que al menos 20 personas han resultado heridas, incluido un joven de 17 años que sufrió trauma ocular severo y otra persona que habría sufrido un trauma craneal, supuestamente por uso de armas menos letales disparadas directamente en contra de la parte superior del cuerpo. La Oficina también recibió información sobre detenciones y judicialización de manifestantes, de líderes de comunidades indígenas, de una legisladora provincial y de dos periodistas, así como de obstrucción de la labor de personas defensoras de DDHH” enumeró.

La crítica de la ONU a la Constitución de Jujuy

Jarab advierte que la Oficina recibió información indicando que, hoy (por el martes), en el contexto de una protesta pacífica en las inmediaciones de la legislatura jujeña, “se desarrollaron hechos violentos cometidos por algunos particulares y la irrupción de algunas personas en las instalaciones de esa Legislatura”. Acto seguido le aclara a Morales que los mecanismos internacionales de protección de DDHH han destacado que “la mera perturbación de la circulación del tráfico o de los peatones o de las actividades cotidianas no equivale a violencia”.
Y de inmediato cuestiona ese punto clave de la reforma constitucional jujeña aprobada a las apuradas y sin debate previo esta semana: “Esto resulta relevante en el contexto de la reforma constitucional provincial que hace referencia a la prohibición de cortes de calles y de rutas y a “toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas”. Esta disposición no se encuentra en línea con las obligaciones y estándares internacionales en materia de DDHH”.
“Me gustaría resaltar que el derecho internacional de los DDHH ha reconocido sistemáticamente que el derecho a la reunión, junto con otros derechos conexos, constituyen el fundamento mismo de todo sistema de gobierno participativo basado en la democracia y el estado de derecho.
El derecho de reunión pacífica es, además, un valioso instrumento que se puede utilizar y se ha utilizado históricamente para reconocer y concretizar muchos otros derechos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, siendo especialmente importante para las personas y los grupos más discriminados en la sociedad”, agrega.
A continuación, enumera los mecanismos internacionales de protección de DDHH referidos a esta temática, como el Comité de DDHH de las Naciones Unidas, y las distintas relatorías que se pronunciaron sobre el uso legítimo del espacio público para reuniones pacíficas aun cuando “puedan causar perturbaciones, por ejemplo, a la circulación de vehículos o peatones o la actividad económica”.
“Estas consecuencias, intencionadas o no, no ponen en entredicho la protección de la que gozan esas reuniones”, advierte.

Reclamo a Morales por una salida pacífica

Los mandatarios que integran la Liga de gobernadores repudiaron la violencia ejercida por el gobierno de Gerardo Morales y llamaron a construir una "salida pacífica" al conflicto que recrudeció en los últimos días tras la sanción exprés de la reforma constitucional y la posterior represión de las protestas.
El documento, que replicó el mandatario bonaerense Axel Kicillof, sostiene que los gobernadores de la Liga "expresamos nuestro más enérgico repudio a la represión desatada que está sufriendo el pueblo jujeño. La democracia y el federalismo se construyen sin violencia". A continuación, señalan que en el marco de los 40 años de democracia "es muy doloroso observar cómo nuevamente se presentan al ajuste salvaje y a las medidas regresivas como las únicas alternativas y a la represión como la contrapartida para garantizarlas. Abogamos por una salida pacífica que preserve la democracia y el bienestar de los jujeños y jujeñas".
Por su parte, trece vicegobernadores también expresaron su rechazo a la violencia ejercida desde el gobierno jujeño en un texto titulado "Políticas como las de Morales en Jujuy sólo pueden aplicarse con represión y cancelaciones". Además, plantearon su "profundo desagrado por el intento de aprovechamiento político" de los dirigentes de Juntos por el Cambio.

El PJ jujeño ratificó su apoyo a la reforma y justificó la represión

Rubén Rivarola, el presidente del Partido Justicialista (Frente de Todos, peronista) de Jujuy, ratificó su apoyo a la reforma votada, con el articulado que prohíbe la protesta social.
En particular, Rivarola ratificó que los convencionales constituyentes del PJ estuvieron de acuerdo en la prohibición de la protesta social: uno de los articulados más repudiados por el pueblo trabajador y las comunidades indígenas de Jujuy. "El bloque de nosotros no acepta los cortes de rutas", dijo.
En el mismo sentido opinó sobre los cortes que actualmente se mantienen en la provincia, en rechazo de esta reforma aprobada a espaldas del pueblo, que además beneficia a las grandes empresas extractivistas avasallando el derecho de las comunidades sobre sus territorios.
"Había un montón de turistas que ya se fueron y no sé si van a venir más", se quejó Rivarola y agregó: "Las empresas hoy tienen todas las rutas cortadas".
Incluso luego de que el periodista Alejandro Bercovich le leyó lo que plantea la Comisión Interamericana de DDHH: "el derecho a peticionar puede afectar el tránsito y determinadas actividades económicas". Rivarola insistió: "No me haga decir lo que no pienso. Yo no tengo acuerdo en que se hagan los cortes de rutas". A pesar de ir contra los tratados internacionales, la UCR y el PJ jujeños decidieron prohibir estas manifestaciones por la Constitución provincial, basándose en un artículo del Código Penal que fue incorporado en la dictadura de Onganía.
"¿Qué piensa de la represión de la policía de Jujuy? ¿Qué piensa del muchacho que perdió el ojo o del otro muchacho que quedó en terapia intensiva porque le rompieron la cabeza?", le preguntó Bercovich. Rivarola eligió contestar: "57 policías hay también internados". Y se dedicó a señalar a los pocos que llegaron hasta la Legislatura, sorteando las vallas y la represión policial que buscó impedir que la manifestación popular llegara al lugar donde se juraba la Constitución a espaldas del pueblo.
Frente a la insistencia del periodista, para que tomara posición sobre los heridos por la represión Rivarola respondió: "uno perdió un ojo y otro tenía una bala de… no sé si de goma, en la cabeza, que ahí le brotó la sangre. Estaba parado en la puerta de la Legislatura".
El rol cómplice del peronismo jujeño no fue solo votar la reforma antipopular de Juntos por el Cambio; incluidos los artículos que luego Gerardo Morales decidió retirar a ver si así podía calmar los ánimos sociales. El PJ además fue cómplice de mantener en silencio todo el debate que se daba adentro de la Convención Constituyente. El pueblo de Jujuy se enteró de lo que se cocinaba ahí adentro, solo porque los legisladores del PTS y el Frente de Izquierda Unidad, fueron informando, minuto a minuto, cada uno de los atropellos que se preparaban; incluso a pesar de que tanto la UCR como el PJ los censuraran adentro del recinto.
El propio Rubén Rivarola, es dueño de El Tribuno de Jujuy, uno de los dos periódicos provinciales. Aun así, el peronismo no usó ningún medio de difusión para contar absolutamente nada de lo que se tramaba. A pesar de que el pueblo quería saber, como se demostró una vez que fueron avisados por los legisladores de izquierda, quienes además alentaron y participaron de las acciones de protesta como vía legítima para enfrentar la reforma.
Así Natalia Morales, convencional constituyente por el FITU fue detenida en un corte junto a las comunidades indígenas de Purmamarca.
La excusa de Rivarola fue la siguiente: "Acá medios televisivos hay tres.
Uno libre, al aire. Y dos, normales… de cable. Diarios, uno es mío. Son cinco medios. Y no hay más. Ellos (la UCR) se ponen firmes, como ha pasado y dicen que no entran y no entran, ¿qué quiere que haga?”.
Rivarola también criticó a la izquierda: "Nosotros no hicimos lo que hicieron otros, que se levantaron y dijeron renuncio, me voy".
Por otro lado, desde la apertura de la Convención, el PJ aceptó que la Reforma se pudiera aprobar por mayoría simple, en vez de requerir que fuera por dos tercios de los votos. Fue una decisión política consciente del peronismo, que sabía que el oficialismo jujeño tenía 29 de los 48 convencionales. Solo el Frente de Izquierda Unidad rechazó este reglamento, que le entregó todo el poder de decisión al bloque de Gerardo Morales.

Morales amenaza con emplear la Gendarmería para desalojar los cortes de ruta

En medio de un paro general de protesta por la represión y la aprobación de una reaccionaria reforma constitucional, el dictador Gerardo Morales, habilitado por un juez federal, intenta acabar con los cortes de ruta con la Gendarmería. Ante esta nueva amenaza, los pueblos originarios responden que no aceptarán más violencia institucional y resistirán.
Las protestas persisten en distintos puntos de la provincia. En Perico, pese al restablecimiento de los vuelos en el Aeropuerto aún es difícil acceder al mismo debido a los cortes que mantienen en la Ruta Nacional 66, donde entre los que se manifiestan están los productores de Finca El Pongo.
SAME 107 informó que brindó asistencia a 96 personas heridas, entre manifestantes y policías. Un hombre con fractura temporal de cráneo permanece internado en terapia intensiva. Jujuy vivió una jornada lamentable y de extrema violencia tras la jura de la reforma constitucional en la Legislatura.
Manifestantes y policías tuvieron una batalla campal con balas de goma, gases lacrimógenos, pedradas, autos dados vuelta y prendidos fuego.
En el Hospital Pablo Soria, con capacidad para la respuesta a situaciones de mayor complejidad, se efectuó la atención a un total de 30 personas, incluido el caso de un paciente mayor de edad por traumatismo grave de cráneo con fractura temporal quien se encuentra en Unidad de Terapia Intensiva y numerosas asistencias por traumatismo ocular leve, fracturas, traumatismo de cráneo, heridas cortantes y por balas de goma y policontusión.
En la institución permanecen 5 personas en internación y 3 en observación.
En tanto, 47 personas fueron asistidas en Hospital San Roque, entre ellas 44 integrantes de la Policía de la Provincia; además 10 personas recibieron atención en la Guardia del Centro de Especialidades Norte (CEN); 5 en Hospital Snopek de Alto Comedero; 3 en Hospital Gallardo de Palpalá y 1 en Hospital Materno Infantil.

La policía jujeña usa camionetas de empresas privadas para reprimir

El gran operativo represivo desplegado por la policía de Gerardo Morales para reprimir y perseguir a quienes se manifestaron contra la reforma constitucional en Jujuy utilizó los mismos métodos que el terrorismo de Estado: camionetas sin identificación que pertenecen a empresas privadas fueron vistas por toda la capital provincial para llevar a miembros de las fuerzas de seguridad y realizar detenciones.
Según el medio local Jujuy Dice, fueron vistos al menos tres vehículos que no tenían identificación y que a partir de sus patentes se los pudo vincular con empresas privadas ligadas a la provincia.
-Una Toyota Hilux patente AA982GP, registrada a nombre de Marcelo Zarif, titular de la empresa constructora Hormixa, que fue adjudicataria de obras públicas del gobierno de Morales. Esta camioneta fue filmada mientras transportaba a un grupo de Infantería de la policía provincial que irrumpió en una casa sin orden de allanamiento.
-Una Renault Alaskan patente AF377ZI, pertenece a la empresa Sidera SRL, que hace desarrollos inmobiliarios y obras públicas.
-Una Toyota HILUX AE841QN que se encuentra registrada a nombre de Toyota Compañía Financiera de Arg. S.A.
Además, otras tres camionetas marca Toyota que fueron utilizadas para la represión aparecen ligadas a dependencias oficiales: una pertenece al ministerio de Seguridad de la provincia, que está a cargo del ex gendarme Luis Martín, otra a Agua de los Andes S.A., una empresa del Estado que proveía agua a toda la provincia, y la última al ministerio de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy.
La utilización de vehículos privados para la represión recuerda inmediatamente la participación de la empresa Ledesma durante la última dictadura, cuando camionetas y camiones del ingenio perteneciente a la familia Blaquier fueron usados para el secuestro y desaparición de personas durante las Noches de los Apagones en las localidades de Libertador San Martín y Calilegua. Por esos delitos, el empresario Carlos Blaquier llegó a estar procesado, pero murió impune el año pasado.

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