Keir Starmer usó el poder para pisotear los DDHH

Keir Starmer le aseguró a su biógrafo Tom Baldwin una frase categórica: «No hay ninguna versión de mi vida que no gire, en gran medida, en torno a mi faceta como abogado de DDHH». En una carrera política marcada por la mentira en serie, esta declaración resalta como uno de sus mayores engaños.

Starmer se vendió como un defensor de los DDHH y de las leyes que los protegen. Sin embargo, una vez instalado al frente del laborismo, se desvivió por socavar los mismos principios que afirmaba defender.

Antes de convertirse en parlamentario, Starmer se desempeñó como director de la Fiscalía de la Corona británica. Su gestión en ese cargo ya daba una idea mucho más clara de lo que se podía esperar de su liderazgo que los inicios de su carrera jurídica. Sin darse cuenta de lo que hacían, los militantes laboristas eligieron a un burócrata del aparato de seguridad (o de violencia) estatal, un conformista chato para quien la razón de Estado es la ley suprema.

Licencia para matar

Uno de los primeros movimientos clave de Starmer fue dar luz verde a la llamada Spy Cops Bill. Esta medida buscaba otorgar inmunidad judicial a los agentes encubiertos tras una ola de escándalos que involucraba a espías policiales que se habían infiltrado en grupos de protesta de izquierda. Starmer quería enviar un mensaje contundente a los funcionarios del aparato de seguridad británico: a diferencia de su predecesor, Jeremy Corbyn, él sentía mucha más simpatía por los espías que por las víctimas de sus abusos.

El desprecio de Starmer por el derecho internacional se hizo evidente cuando el régimen israelí lanzó su ofensiva genocida contra el pueblo de Gaza a partir de octubre de 2023. En la primera semana de la campaña de asesinatos masivos, el líder laborista declaró públicamente que Israel tenía derecho a cortar el suministro de electricidad y agua a los civiles palestinos. Alguien con la formación profesional de Starmer entendía a la perfección que esto constituía un aval explícito a crímenes de guerra.

Tras enfrentar una fuerte condena política, Starmer insultó la inteligencia de todos al fingir que había entendido mal la pregunta. Si ese hubiera sido el caso, habría aprovechado las siguientes oportunidades para condenar el ataque sistemático de Israel contra civiles e infraestructura básica a medida que el horror se desplegaba ante los ojos del mundo. En lugar de eso, continuó respaldando el genocidio en Gaza mientras demonizaba a quienes se plantaban para oponerse a ella.

Para cuando Starmer asumió como primer ministro británico en julio de 2024, Israel ya estaba siendo juzgado por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). De nuevo, su experiencia legal implicaba que comprendía perfectamente la gravedad de este hecho. Aunque los jueces de la CIJ no hubieran dictaminado de forma definitiva la culpabilidad de Israel, jamás habrían permitido que la demanda presentada por Sudáfrica siguiera adelante si no hubiera argumentos serios para sostener los cargos.

El propio Starmer tuvo una participación breve en los juicios derivados de las guerras balcánicas de los años 90. Esos procesos demostraron lo difícil que es probar la intención genocida contra un Estado o sus gobernantes. Si no hubiera existido evidencia creíble de que el régimen de Netanyahu atacaba deliberadamente a civiles en Gaza, la demanda habría naufragado en la primera instancia.

La CIJ también ordenó a Israel implementar una serie de medidas provisionales mientras avanzaba el caso. El tribunal exigió al régimen israelí prevenir actos de genocidio y garantizar el ingreso de ayuda humanitaria suficiente para la población de Gaza. Israel desafió abiertamente las órdenes de la CIJ desde el primer día y lo sigue haciendo hasta el presente.

Antes de que terminara 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) también emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, bajo cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Como firmante del tratado que creó la CPI, Gran Bretaña está obligada a ejecutar esas órdenes. Para un hombre supuestamente comprometido con los DDHH, difícilmente podría haber un asunto más grave: Israel no solo enfrentaba cargos por genocidio, sino que su líder era ahora un prófugo de la justicia internacional, acusado de los peores crímenes.

Criminalizar la protesta

Starmer reaccionó a las órdenes de arresto de la CPI del mismo modo en que lo hizo frente al caso de genocidio en la CIJ: fingiendo no darse cuenta. Hubo una especie de coherencia macabra en la conducta de Trump, que lanzó una campaña de intimidación al estilo mafioso contra los jueces de la CPI para castigarlos por intentar responsabilizar a Netanyahu. Starmer, por su parte, se limitó a seguir apoyando a Israel como si no supiera de la existencia del tribunal.

En mayo de 2025, los abogados del gobierno británico intentaron desestimar una demanda interpuesta por organizaciones de DDHH contra el suministro de componentes de fabricación británica para aviones de combate israelíes. Presentaron un documento que despachaba todas las pruebas de los crímenes de guerra israelíes con total ligereza: «No se ha visto evidencia de que Israel esté atacando deliberadamente a mujeres o niños civiles. También hay pruebas de que Israel realiza esfuerzos para limitar los daños colaterales a la población civil».

El respaldo de Starmer a las atrocidades del régimen israelí también lo llevó a lanzar una ofensiva contra los derechos democráticos en Gran Bretaña. La proscripción del grupo de acción directa Palestine Action es la manifestación más alarmante de esa campaña en múltiples frentes. El año pasado, el gobierno laborista colocó a esta organización --que jamás ha matado ni ha intentado matar a nadie-- en la misma categoría legal que el Estado Islámico y Boko Haram.

Las autoridades británicas consideran ahora que apoyar a este grupo es un acto de terrorismo, incluso si eso significa simplemente sostener un cartel que diga «Apoyo a Palestine Action». El miembro laborista de la Cámara de los Lores, Peter Hain, quien fuera ministro bajo el mandato de Tony Blair, denunció la prohibición:

Estamos viendo cómo detienen a magistrados retirados, médicos activos y todo tipo de personas para luego equipararlas de hecho con terroristas de Al Qaeda, lo cual es una aberración absoluta (...). El trato hacia Palestine Action va en contra de cualquier forma de protesta pacífica en la historia británica, ya hablemos de los cartistas y las sufragistas o de los manifestantes contra el apartheid y el fascismo.

Para finales de 2025, el número de «detenciones relacionadas con el terrorismo» en Gran Bretaña se había disparado un 660% en comparación con el año anterior. La gran mayoría de esos arrestos --el 86%-- estaban vinculados a Palestine Action.

El perfil típico de un «terrorista» británico es hoy el de una mujer de casi sesenta años que sostiene una pancarta en una manifestación pacífica. Eso resume el legado de Starmer en una sola frase. Por supuesto, la forma en que los Estados definen el terrorismo siempre ha sido tendenciosa e interesada. Pero incluso para esos estándares tan bajos, esta es una farsa de proporciones históricas que resultaría cómica si no fuera tan siniestra.

Al momento de dejar el cargo, el gobierno de Starmer ya ha puesto en marcha planes para restringir el derecho a un juicio por jurado. Esto tendría consecuencias alarmantes para los procesos contra activistas climáticos, quienes por lo general han encontrado en los jurados mucha más empatía hacia sus argumentos que en los jueces. Asimismo, Starmer impulsó una iniciativa para debilitar el Convenio Europeo de DDHH, en sintonía con la derechista primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

Un supuesto abogado de DDHH que ataca la arquitectura básica de esos mismos derechos mientras avala crímenes de guerra y presenta los juicios por jurado como un lujo inaccesible: solo en la mente de Keir Starmer esa fórmula podría tener sentido. Por fortuna, esa mente ya no estará al timón del Estado británico. Por desgracia, la clase política de Westminster está llena de ambiciosos autómatas que comparten plenamente el desprecio de Starmer por los derechos que él mismo pisoteó.

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