La sociedad descartable

En Argentina -no es ninguna novedad- existe la pena de muerte de hecho, si bien la Constitución y el código penal vigentes no la contemplan. Existe desde antes de los fusilamientos de la Patagonia, y perdura a través de los de José León Suárez, Trelew, los 30.000 desaparecidos, los muertos por todas las policías, etc.

Kosteki y Santillán son un claro ejemplo de ejecución sumaria por parte del estado, a cargo del gobierno de Duhalde en esa instancia.

Pero esto parece no importarle a nadie.

La Justicia se olvida de los condenados y no se preocupa por las condiciones de vida de estos ciudadanos ¿o es que no los consideran ciudadanos?

La Justicia se preocupa sólo por condenar a las personas y, después de ello, parece que los olvida hasta el momento de su liberación. Los jueces de ejecución penitenciaria no existen, por decisión política de este mismo gobierno (la ley que crea estos juzgados ha sido sancionada y promulgada pero no publicada en el boletín oficial, lo que en la práctica es lo mismo que si no existiera).

Los integrantes de las Cámaras del Crimen, que deberían cumplir la función de control de la ejecución de la pena, miran para otro lado y, ante las denuncias de los presos, se hacen los tontos. El único resultado son las represalias de la administración de la cárcel sobre el denunciante.

Ya sabemos que ocurre en la policía. Ellos son quienes dirigen focos de delincuencia. ¿Autorizaremos a muchos delincuentes de uniforme a decidir sobre la vida y la muerte de muchos ladrones de gallinas?

En el Servicio Penitenciario Federal -tampoco es ninguna novedad- se viola la ley.

Tráfico de drogas, salidas de presos a "trabajar" para el Servicio, torturas y muertes por decenas. Siempre por "peleas entre internos", quemas de colchones y asfixias.

Muchas veces se han utilizado los "incendios de colchones" para encubrir fusilamientos, torturas y "muertes dudosas"

A todo esto hay que agregar una ley penitenciaria que no se cumple. Más allá de la propia irracionalidad y de la ideología profundamente cuestionable de esa ley, los presos no exigen más que su cumplimiento a un Estado que paradójicamente los ha condenado a ellos por infringirla.

¿Es que el Estado no está obligado a cumplir las leyes? ¿Cómo un Estado que se sume a sí mismo en la ilegalidad puede exigir a los particulares que cumplan la ley?

Sin embargo, para la "gente", la situación penitenciaria actual está bien. Es más, la "gente" considera que no debería haber ninguna consideración con los "delincuentes".

Por lo demás, les importa poco y nada que la pobreza mayoritaria y en crecimiento sea considerada hipótesis de conflicto por la justicia burguesa.

El tema es que nadie sabe, en Argentina, cuando se puede atravesar la barrera de la pobreza, o cuando puede ser fabricada una causa, o por donde le puede venir "algo", y muchos que reclaman más hacinamiento y dureza en las cárceles, pueden terminar también presos o muertos en una comisaría o unidad carcelaria.