La tentación de reprimir

El gobierno ha elegido el camino fácil para enfrentar los problemas sociales. Prefiere ignorar su verdadera naturaleza -que tiene que ver con la naturaleza misma del modelo económico y su correspondiente política social-, para recurrir a la represión para sofocar las protestas.

Más de 1.500 manifestantes han sido detenidos en movilizaciones realizadas en los últimos treinta días. En los primeros cuatro meses del año, hubo más de dos mil detenidos. Apaleados, arrastrados del pelo hasta los vehículos policiales, atacados con gas lacrimógeno y otras sustancias tóxicas, las víctimas del abuso policial han sido objeto de tratos ofensivos y degradantes en las comisarías y lugares de detención.

Todo parece destinado a intimidar a los actuales y futuros manifestantes, haciendo un escarmiento y motivándolos -a ellos y a sus familias- a que se resignen a la pasividad.

A la cabeza de esta política represiva están el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma y el subsecretario, Felipe Harboe. La responsabilidad de ambos es clara. Sin embargo no elimina la que corresponde a la presidenta de la República, Michelle Bachelet, que tolera y respalda esos excesos.

Una verdadera guerra interna preventiva está en desarrollo. Carabineros utiliza nuevos métodos. Inteligencia e infiltración permiten anticipar las movilizaciones y detectar a los reales y posibles dirigentes. Sindicatos, agrupaciones de vecinos, estudiantes, gremios profesionales, movimientos mapuches y de otros pueblos originarios son los principales objetivos. Ellos son, para el gobierno, el enemigo.

Las fuerzas represivas, con abundante apoyo técnico y de infraestructura, utilizan tácticas importadas de otros países. No se desdeña la utilización de montajes. En tiempos del ministro Belisario Velasco, antecesor de Pérez Yoma, se inventó una fábrica de bombas molotov en una casa “okupa” y un arsenal en la Universidad de Santiago, que no era sino material de utilería de un conjunto folclórico. Pérez Yoma y Harboe no se quedan atrás. El caso de Elena Varela, la documentalista detenida hace más de dos meses en Rancagua, lo demuestra.

Pérez Yoma prefiere siempre la represión al diálogo. Hay algo en su temperamento que lo lleva a optar por el autoritarismo, como lo demostró en las muy buenas relaciones que mantuvo con Pinochet y su círculo de altos oficiales cuando le correspondió ser ministro de Defensa. Más que ser un servidor público que tiene el deber de escuchar las demandas populares y buscar soluciones adecuadas, prefiere usar el lenguaje de la fuerza.

La Comisión Etica contra la Tortura, formada por más de una docena de organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre ellas las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura, el Serpaj, Amnistía Internacional-Sección Chilena, Cintras, el Centro Diego de Medellín y otras, exigió el 26 de junio al gobierno “el cese de la represión que se ejerce sistemáticamente contra todos los sectores sociales que se movilizan por sus justas demandas”.

Y exigió “el término de la ‘guerra preventiva interna’ contra las manifestaciones públicas, el cese inmediato de la represión, la tortura a los presos políticos mapuches y las violaciones a la libertad de expresión y movimiento que hoy tiene encarcelados”.

De no cambiar las cosas, las manifestaciones sociales irán en aumento. Las alzas afectan implacablemente a los sectores más modestos: el kilo de pan bordea los mil pesos, crece la cesantía y la prepotencia de los patrones, mientras aumentan las ganancias de las transnacionales.

Problemas como la educación pública y la situación del pueblo mapuche movilizan a enormes sectores de la población. La represión aumentará, de acuerdo a lo observado hasta ahora. Y la respuesta se hará también más organizada y violenta, sin duda.

(Editorial de revista “Punto Final”)