Las sociedades transnacionales y la Unión Europea

Un periodista y sindicalista belga, Gérard de Selys, cuenta (1) cómo, mediante el trabajo en equipo de la Comisión Europea (que emite directivas extralimitando sus atribuciones) y de la Mesa Redonda de los Industriales Europeos ERT (las transnacionales Volvo, Olivetti, Siemens, Unilever y otras), ayudados por el Tribunal Europeo de Luxemburgo que interpreta a su manera las reglas comunes sobre la competencia del Tratado de Roma de 1957 que instituyó la Comunidad Económica Europea, está culminando el despojo al patrimonio público de los países europeos de las industrias actualmente más dinámicas y rentables: las telecomunicaciones y las comunicaciones electrónicas.

El libro de de Selys es de 1995, pero desde entonces y hasta hoy la ofensiva privatizadora de la Comisión Europea contra los servicios públicos (con el respaldo activo de las sociedades transnacionales) no ha cesado: en su punto de mira se halla ahora el correo, la salud, la educación y el medio ambiente. En un artículo publicado en Le Monde Diplomatique de julio del 2000 (Susan George y Ellen Gould, Libéraliser, sans avoir l"air d’y toucher ) se cita un documento de la Comisión Europea en el que se afirma lo siguiente: "la participación activa de las industrias de servicios en las negociaciones es crucial para permitirnos alinear nuestros objetivos de negociación con las prioridades de las empresas. El AGCS (Acuerdo general sobre el comercio de servicios -OMC) no es solamente un acuerdo entre gobiernos. Es ante todo un instrumento en beneficio del mundo de los negocios" (2).

El 4 de junio de 2003, el Parlamento Europeo, reunido en sesión plenaria en Estrasburgo, acordó por amplia mayoría autorizar la liberalización de los mercados de la electricidad y el gas, incluido el suministro a particulares, a partir del 1º de julio de 2007.

El 23 de setiembre de 2004 la Comisión Europea publicó un "Libro verde" titulado "Los contratos públicos de la defensa"en la perspectiva de abrir a la "libre competencia" la compra de material militar. Al comienzo de la Introducción se dice:

"El presente Libro Verde constituye una de las acciones anunciadas por la Comisión Europea en su Comunicación titulada «Hacia una política de la UE en materia de equipo de defensa», adoptada el 11 de marzo de 2003. A través de estas acciones, la Comisión Europea se propone contribuir a la construcción progresiva de un mercado europeo de equipos de defensa («European Defence Equipment Market», EDEM), más transparente y más abierto entre los Estados miembros, que, sin dejar de respetar las especificidades del sector, lo haga económicamente más eficaz".

El 7 de diciembre de 2006 la Comisión Europea emitió nueva directrices tendientes a limitar las excepciones a la «libre competencia» en materia de contratos con la industria militar, con el propósito proclamado de continuar «liberalizando» dicho sector.

Esta presión a favor de la liberalización del sector vendría de los mismos industriales del armamento.

Pero ¿quiénes son estos industriales del armamento?

En el diario Le Monde del 14 de julio de 2005 (Les fonds américains irriguent l’industrie de défense européenne) se informaba que poderosos fondos de inversión americanos, Blackstone, KKR, One Equity Partner entre otros, están tomando el control de sectores de la industria europea vinculadas a la defensa: QinetiQ, Bofors Weapons, Gemplus

Y proporcionaba los siguientes datos, entre otros: en julio de 2003, Carlyle (3) y Finmeccanica compraron el 70 y el 30 por ciento, respectivamente de Fiat Avio. También en 2003, el fondo KKR compró un tercio del capital del motorista militar Eurojet y a fin del mismo año compró MTU, primer motorista alemán. En 2000, Texas Pacific Group adquirió el 25% de Gemplus. En febrero 2003, Carlyle compró el 33,8% de QinetiQ, etc.

No puede excluirse que además de los objetivos puramente económicos de buscar mayores beneficios, estos movimientos de capitales responda a una geoestrategia político-militar de los centros de poder estadounidenses, en la cual el proyecto de "liberalizar" la industria europea de la defensa, contenido en el Libro Verde de la Comisión Europea, desempeña el papel de caballo de Troya.

Algunos Gobiernos europeos, cuando se les reprocha la política de privatizaciones, incluidos los servicios públicos, responden que lo hacen "obligados por Bruselas" (sede de la Comisión Europea). Pero la práctica demuestra que cuando no quieren seguir las indicaciones de "Bruselas" en otras materias no lo hacen y si no conservan en el dominio público los servicios públicos fundamentales es porque no tienen la voluntad política de hacerlo.

La Comisión Europea presidida por el señor Barroso tiene una tonalidad más neoliberal que la anterior. Quizás el ejemplo más sobresaliente es el de la señora Neelie Kroes-Smit, de Holanda, Comisaria de la Competencia. Como ministro de Transportes y de Telecomunicaciones de su país procedió a la privatización parcial del Correo y en la actividad privada estuvo en puestos de dirección en varias sociedades transnacionales (4).

Las grandes empresas transnacionales europeas, agrupadas en la UNICE -Unión de las Confederaciones Industriales y de Empleadores de Europa- controlan estrechamente a la Comisión europea y los 39 miembros de la organización patronal mantienen representaciones permanentes en Bruselas y un verdadero ejército de «lobbystas» para influir sobre las decisiones de la Comisión (5).

El Proyecto de Tratado Constitucional europeo, destinado a dar jerarquía constitucional a la política neoliberal actualmente dominante en Europa, fue preparado por una asamblea de personas cooptadas y presidida por Valéry Giscard d’Estaing y el texto definitivo del proyecto fue aprobado por los jefes de Estado y de Gobierno. No hubo participación de los ciudadanos, salvo en los países donde se decidió someter el texto a referendo, para su rechazo o aprobación. Para su entrada en vigor el proyecto requería la aprobación unánime de los Estados miembros. Pero en los referendos celebrados en Francia y Holanda fue rechazado por la mayoría de los votantes, de modo que el proyecto, en su redación actual, quedó archivado.

Si hubiera entrado en vigor, para su ulterior reforma hubiera necesitado el acuerdo unánime de todos los Estados miembros, de modo que su enfoque neoliberal y antisocial hubiera resultado prácticamente inmodificable. Los dirigentes europeos ahora reflexionan e intercambian opiniones sobre la manera de dar vida a un nuevo proyecto al parecer tan o más reaccionario que el anterior.

El Proyecto no proporcionaba respuesta alguna a los problemas sociales que se plantean actualmente en Europa : al amparo de la «libre circulación de industrias y capitales» la formación de enclaves industriales modernos en los países pobres del Este de Europa con salarios un poco más elevados que la media nacional (entre 5 y 10 veces inferiores a los de los países ricos del Oeste), la persistencia de una alta tasa de desocupación en esos mismos países y, como contrapartida, la caída de los salarios, el deterioro de los derechos laborales y el aumento de la jornada de trabajo y de la desocupación en los países más desarrollados del continente europeo.

La Unión Europea está negociando una serie de acuerdos regionales de asociación económica, llamados EPA por sus siglas en inglés, con países pobres. Los EPA son convenios de preferencias comerciales recíprocas en el marco del llamado Pacto de Cotonou, entre la UE y el grupo de 77 países que fueron enclaves coloniales europeos en Africa, el Caribe y el Pacífico (ACP). La UE, en sus propuestas de acuerdos comerciales, exige a los países del Sur que abran sus mercados a las empresas europeas, amenazando así empleos, industrias y servicios públicos en las naciones más pobres.

La UE sostiene que los EPA integrarán a los países ACP a la economía mundial, promoverán el desarrollo sustentable y contribuirán a la erradicación de la pobreza. Los convenios propuestos bajo el pacto de Cotonu eliminarían los aranceles a los productos de importación y facilitarían a los países de la UE la venta de bienes subsidiados. La UE negocia acuerdos similares con otros países pobres.

Dos organizaciones no gubernamentales, Traidcraft de Gran Bretaña y EcoNews Africa, de Kenia, señalaron en un informe titulado 'Los EPA a través de los lentes de Kenia', publicado en setiembre de 2005, que el deteriorado sector manufacturero, la creciente pobreza y el desempleo en países como Kenia deben ser seriamente considerados antes de firmar estos convenios, agregando que la liberalización económica y comercial de los últimos años en ese país africano produjo 'situaciones extremas', incluyendo altos índices de criminalidad y de prostitución, deterioro de la educación e incluso suicidios y que el número de personas pobres aumentó de 11 a 17 millones', más de la mitad de la población keniata (6).

Notas:

1) Gérard de Selys, Privé de public. A qui profitent les privatisations?, Ediciones EPO, Bruselas, 1995.

2) Un grupo de investigadores, que forma parte del Corporate Europe Observatory (CEO) ha publicado un estudio muy completo sobre el papel de las sociedades transnacionales en el seno de la Unión Europea: Belén Balanya, Ann Doherty, Olivier Hoedeman, Adan Ma"anit y Erik Wesselius, Europe Inc. Liaisons dangereuses entre institutions et milieux d’affaires européens, Agone Editeur, Marseille, 2do. trimestre del 2000. Edición original en inglés: Europe Inc. Regional and Global Restructuring and the Rise of Corporate Power, Pluto Press and CEO, 1999.

3) En el equipo dirigente de Carlyle se encuentran personajes tan significativos como George Bush, padre, el ex Secretario de Defensa de Estados Unidos y ex Director Adjunto de la CIA, Frank Carlucci (reemplazado en enero 2003 por Louis Gerstner, ex director de IBM), James Baker, ex Secretario de Estado de Estados Unidos, John Major, ex Primer Ministro de Gran Bretaña, que es Director del grupo Europa de Carlyle y Fidel Ramos, ex Presidente de Filipinas, Director del Grupo Asia. Y entre sus clientes se encuentran personajes como George Soros, el príncipe Alwaleed bin Talal bin Abdul Aziz Al Saud de Arabia Saudita y miembros de la familia Ben Laden, aunque se afirma, sin que sea posible verificarlo, que desde octubre 2001 la familia Ben Laden no tiene intereses en Carlyle.

4) Entre ellas en Volvo, miembro de la Mesa Redonda de los Industriales Europeos (ERT), MMO2 (telefonía), la compañía ferroviaria holandesa, las filiales en los Países Bajos de Mc Donald’s, Lucent (equipos telefónicos), Thales (antes Thomson) transnacional basada en Francia activa en las industrias aeroespacial, de la defensa, de la seguridad y en los servicios.

5) Veamos qué dice la UNICE de sí misma (http://www.unice.org/ Le porte-parole des entreprises en Europe). La UNICE es la voz del mundo de los negocios ante las instituciones de la Unión Europea. Sus 39 miembros son las organizaciones industriales multisectoriales y las organizaciones de empleadores de 31 países europeos y representa más de 16 millones de empresas, sobre todo pequeñas y medianas. La UNICE es también un interlocutor en el diálogo social europeo a nivel de la Unión Europea. La tarea principal de la UNICE es informar e influenciar los procesos de decisión en la Unión Europea, a fin de que las políticas y las propuestas legislativas con un efecto sobre la actividad económica en Europa tengan en cuenta las necesidades de las empresas. La primera prioridad de la UNICE es promover la competencia en el medio económico y la inversión a escala europea, el único camino para alcanzar un desarrollo más elevado y un empleo duradero. El mundo de los negocios necesita una Comisión eficaz.

6) Reports exposes impact of free trade deals. http://www.traidcraft.co.uk/template2.asp?pageID=1867

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