Los problemas políticos requieren soluciones políticas en el Estado francés

La violencia ha inundado nuevamente las ciudades en el Estado francés, mientras los saqueos se han ido mezclando con la revuelta. Durante estas semanas asistimos de nuevo a un guion que se repite… el estallido de violencia, escenas de saqueos, ataques contra edificios públicos y contra electos locales en algunas poblaciones.

Para algunos observadores, los datos macroeconómicos no son malos, aunque estén distorsionados por el peso de la deuda pública. Por eso a la hora de analizar los acontecimientos tienden a simplificarlos en base a una supuesta realidad “marginal y violenta” de ciertos sectores “minoritarios” de la sociedad.

Sin embargo, durante la presidencia de Emmanuel Macron se han sucedido tres importantes crisis: la crisis de los chalecos amarillos (2018-19), donde el protagonismo inicial de las protestas de la Francia “periférica” acabó contagiando a todo el país; las protestas contra el retroceso de las pensiones (2023) donde la ciudadanía salió a las calles en defensa de un derecho que podían perder (y perdieron); y ahora, la revuelta contra la muerte a manos de la policía de Nahel M.

Estas tres crisis, muestran que además de los motivos coyunturales, coexisten motivos de una trascendencia a más largo plazo y que directa o indirectamente influyen en los mismos. La transición ecológica (chalecos amarillos), el financiamiento del modelo social (pensiones), sistema policial y racismo estructural (estas semanas).

Una crisis estructural en torno al modelo policial

El peso de la historia colonial ha sustentado la llamada política de “control de identidad” sobre las poblaciones de los barrios más populares y desfavorecidos. Apoyado además en una perfilización racial por parte de las Fuerzas de Seguridad e incluso una discriminación racial dentro de la propia policía.

Cualquier intento de reforma para acabar con la violencia policial choca con la actitud del Estado, que sigue reforzando este modelo represivo con más apoyos a la policía (más armas, más leyes favorables y permisivas…) lo que ha traído un claro sentimiento de impunidad en las últimas décadas. Esas demandas de reforma se enfrentan también a la obstrucción sistemática de los sindicatos policiales (verdaderos lobbies de presión y defensores a ultranza del actual modelo de status quo) y de buena parte de la clase política (necesitada de los primeros para mantener su situación privilegiada).

Los datos deberían preocupar a más de un responsable: desde 2021 se han dado 18 muertes por disparos policiales. Y en ese período se han abierto 71 casos por el uso de armas de fuego por parte de la policía, lo que le sitúa a la cabeza de la lista negra de las policías europeas. A ello hay que añadir las decenas de mutilados en las manifestaciones y protestas de los chalecos amarillos y la reforma de las pensiones

El sentimiento de abandono se ha ido acumulando durante mucho tiempo

Buena parte de los habitantes de esos barrios populares sienten diariamente una segregación estructural: por su origen (a pesar de que se trata de generaciones plenamente “francesas”), su cultura, su religión, su clase, su barrio…y al mismo tiempo, “mientras se les discrimina por ser de esos barrios, los barrios les protegen”.

Un cóctel muy potente, donde se entremezclan la pobreza, la exclusión, la segregación política y étnica, el racismo, la violencia y la represión policial, en definitiva, la “guettización” de una parte de la sociedad. En esta ocasión, a las protestas se han unido dos nuevos componentes, el uso de las redes sociales como elemento catalizador de versiones y de movilización, y la juventud de buena parte de los manifestantes.

La indignación y la rabia dan paso a una especie de violencia autodestructiva

Pero, como señala un estudiante universitario en las páginas de opinión de Le Monde “podía haber sido yo». Y cuando el ciclo se ha repetido incansablemente durante 40 años, surge la cuestión de la responsabilidad política… hay que abandonar la sempiterna condena de la violencia para buscar comprender el sentido de estas protestas. ¿Cómo no ver en esto una reivindicación de un derecho a vivir como los demás y a gozar del mismo trato institucional, empezando por la policía?

Es evidente, que como en otros casos, la situación no puede resolverse negándose a afrontar y pensar en esta rabia y sus motivos, y apostando por una mera respuesta “de seguridad”. Porque no debemos olvidar que en el terreno del “orden y la ley” en el sistema neoliberal, siempre gana el discurso de la extrema derecha y de la derecha extrema.

Diferentes fuerzas de izquierda (políticas, sindicales y sociales) han firmado un manifiesto donde muestran el “duelo y la rabia por el asesinato de Nahel M.”, así como un pronunciamiento contra las lecturas de la derecha y la apuesta por la “seguridad” del gobierno. Fuera del mismo se han quedado el PCF (no comparte una lectura esencialmente represiva sobre la policía) y el PSF (no comparte la condena “sin reservas” hacia la policía ni las acusaciones de “racismo sistémico”).

La brecha social, territorial y política se agranda cada vez más, el sentimiento de injusticia social y el distanciamiento social siguen creciendo. Por ello, medidas de reforzamiento legal y material de las fuerzas policiales, junto al abandono de las medidas sociales seguirán fracturando aún más la realidad del Estado francés.

La Haine