Ministerio de Desarrollo Social y piqueteros: Tregua, por ahora

Después de una reunión realizada el día jueves entre representantes de las organizaciones piqueteras que acamparon en la avenida 9 de julio y el Ministro de Desarrollo Social se acordó una tregua hasta el lunes 11 de abril, cuando volverán a reunirse. .

Otra vez los piqueteros.

El acampe de la Unidad Piquetera en la avenida 9 de julio (https://lahaine.org/fO80) es un emergente de la situación social cada vez más agobiante para las mayorías populares de la Argentina. Los planes sociales, destinados a morigerar el desempleo formal y las situaciones de marginación y exclusión de importantes franjas de la población, no son un invento argentino. Existen en la mayoría de los países capitalistas con distintos nombres y programas.

La originalidad argentina se expresa en que en el país se organizó un poderoso movimiento de desocupados que tiene su orígenes en las provincias afectadas por la privatización de YPF a finales de los 90, pero que se extendió a todo el país. Estos movimientos sociales no sólo consiguieron extender el número de personas beneficiadas, sino que disputaron la administración de los planes a intendentes y gobernadores y a la red de punteros políticos que pretendían hacer un uso clientelar de estos beneficios para fortalecer a los mismos partidos politicos que aportaban a aumentar la pobreza, el desempleo y la indigencia.

Planes sociales hubo en los últimos tiempos de Menem, se ampliaron con De la Rúa y con Duhalde, se mantuvieron en el ciclo kirchnerista, aumentaron en cantidad durante el gobierno de Macri y ahora persisten en el Gobierno de Fernández.

Con nosotros no pasaba…

Las diferencias con lo ocurrido en los distintos gobiernos se expresa en el grado de conflictividad social que se manifestaron en tiempos políticos diferentes. Una frase reciente de María Eugenia Vidal [derecha], ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, da cuenta de algunos de estos cambios. Afirma Vidal: “En nuestro Gobierno nunca tuvimos un acampe de estas características porque había coordinación con Nación y Provincia”.

En realidad lo ocurrido durante el gobierno de Cambiemos es que hubo una activa política de neutralización ejecutada desde el Ministerio de Desarrollo Social, conducido por Carolina Stanley, que contribuyó a desmovilizar a un grupo importante de organizaciones nucleadas en la Confederación de los/as Trabajadores/as de la Economía Popular-CTEP. Este agrupamiento había sido creado en 2011, pero adquirió relevancia durante el gobierno de Macri cuando fue reconocido como interlocutor del conjunto del movimiento piquetero y recibieron una importante cantidad de planes, subsidios y proyectos.

La CTEP mantuvo fuertes vinculaciones con las organizaciones Libres del Sur y la Corriente Clasista y combativa- CCC, conformando lo que se conoció como “triunvirato piquetero”. Esta confluencia de movimientos tuvo algunos desencuentros con el macrismo y mostró su poder de movilización con sus masivas marchas-perigrinaciones en el Día de San Cayetano, pero privilegiaron el diálogo con el gobierno. En los primeros tiempos, argumentando que “no había que desgastarse porque tendremos que enfrentar dos períodos de gobierno de Cambiemos “, y cuando se advirtió que podría haber cambio de gestión, “por no poner en riesgo el triunfo electoral del peronismo“.

Quienes si enfrentaron consecuentemente al gobierno de Macri fueron organizaciones de la izquierda no partidaria, que conformaban el Frente de Lucha y organizaciones de partidos de izquierda como el Polo Obrero y el MST. Entre sus muchas jornadas de protestas, se incluye el acampe frente a Desarrollo Social en marzo de 2017, donde participaron mas de 8000 manifestantes.

Quienes se animan a encabezar la protesta social se convierten en protagonistas. El movimiento piquetero tiene reglas diferentes a las del mundo sindical. No alcanza con contener a una cúpula de dirigentes para impedir que se enciendan los conflictos. Las organizaciones piqueteras tienen juego propio y una gran movilidad para crear organizaciones nuevas, dividirse, concretar y desarmar alianzas. Esta movilidad determina que a veces resulta difícil retener algunas siglas, porque cambian con frecuencia.

Durante la pandemia los y las beneficiarias de los planes sociales han sido víctimas del deterioro de sus ingresos, como la mayoría de la población. Pero también ha ocurrido que casi todas las organizaciones piqueteras crecieron cuantitativamente. Cuando mejoraron las condiciones sanitarias para manifestarse colectivamente, y movilizadas por el deterioro de los ingresos en los barrios populares, las organizaciones no oficialistas salieron a a reclamar a las calles.

No ocurrió lo mismo con las organizaciones amigas del gobierno que hoy se agrupan en la UTEP, que han perdido el liderazgo de la protesta social. El acampe en la Avenida 9 de Julio fue organizado por la Unidad Piquetera donde confluyen alrededor de 40 organizaciones entre las que se cuentan la Coordinadora por el Cambio Social, otras organizaciones de la izquierda no partidaria y organizaciones vinculadas a los partidos del FIT-U.

Voces contra los que protestan

Frente a esa nueva realidad, en sectores del gobierno y de la oposición por derecha desempolvan la idea de que si es inevitable otorgar planes sociales, debe impedirse que sus beneficiarios los utilicen para organizarse y movilizarse. La misma alianza política [peronista] que se expresó en el voto positivo al acuerdo con el FMI comienza a manifestarse en forma conjunta para enfrentar al conflicto social. El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, identificado con el Albertismo, apelando a un tufillo xenófobo, advierte: “Basta de apretar a los argentinos”.

Rodríguez Larreta [derecha, intendente de Buenos Aires], amenaza “Hay que sacarles los planes sociales a quienes corten las calles y no cumplan con la ley”. Nestor Grandinetti, intendente de Lanús y referente del PRO [derecha], precisa: “No tengo dudas de que los intendentes estamos en condiciones de administrar con mayor sensibilidad y sentido común la asistencia social”. María Eugenia Vidal interpela: “¿En qué elección la gente los legitimó para que administren los planes?”. Juan José Mussi, jefe comunal de Berazategui, del FdT [oficialista], aseguró : “Estoy en contra de los planes, lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Me pone muy contento que el Presidente dijo estos últimos días que no va a dar más planes; se enoje quien se enoje, esa no es la forma de salir adelante”.

Los comunicadores de la Televisión estatal cierran el círculo titulando: “El Polo Obrero amenaza al gobierno nacional con nuevos acampes”. Desde algunas lecturas oficialistas, los piqueteros que en algún momento fueron caracterizados como “expresion del subsuelo de la Patria sublevada”, ahora se han convertido en “desocupados y planeros rehenes del Partido Obrero, que causan caos vehicular”, confirmando que el gorilismo no es patrimonio excusivo de determinadas fuerzas politicas, sino que es una posición de clase.

Una estrategia para desempoderar a los insumisos

En las filas del Frente de Todos hay posiciones diversas sobre si las organizaciones deben seguir gestionando planes sociales, porque algunos grupos como el Movimiento Evita y el MTE asientan su poder, precisamente, en la administración de cientos de miles de planes, más subsidios y proyectos sociales.

La preocupación del gobierno es que este conflicto empalme con otros reclamos en ciernes: aumentos de salarios y jubilaciones para trabajadores activos y pasivos que no llegan a fin de mes; reclamos contra el aumento del combustible y los alimentos, fogoneados por la guerra de Ucrania, etc. Lo que es seguro es que el malhumor social va a crecer en los próximos meses, cuando empiece el invierno y el FMI empiece a apretar las clavijas.

Por ahora, el consenso oficialista parece ser mantener los planes que gestionan las organizaciones, pero no otorgar nuevos cupos a quienes se movilizan con frecuencia. La estrategia a desarrollar sería identificar a quienes “causan problemas”, y operar desde el Ministerio de Desarrollo Social y las administraciones provinciales, para limitar el otorgamiento de nuevos planes a esas organizaciones y crear condiciones para que sus beneficiarios opten por ingresar en las plantillas que manejan los intendentes o movimientos afines al gobierno.

Por ahora, la intención del gobierno parece ser poner paños fríos en el conflicto. Pero, en el país que vivimos, el “por ahora”, puede durar apenas una semana.

La Haine