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25/07/2019 :: México

Neodesarrollismo y neoliberalismo frente a la Dependencia energética

x José Luis Ríos Vera
Contradicciones, tensiones y disputas. La ofensiva del gran capital y las amenazas de las calificadoras de crédito

Uno de los principales intereses de las clases dominantes locales y extranjeras reside en la riqueza energética de México. Históricamente, los recursos naturales han representado enormes reservorios de valorización para beneficio de las economías centrales a las que se enquista la oligarquía local promoviendo sus intereses de clase y con ello la des-acumulación nacional.

Hacia ello se abocó principalmente el “Pacto por México” liderado por la Reforma Energética de 2013-2014, la cual pretendió integrar a México en el proyecto energético de “Norteamérica” (EEUU, Canadá, México), bajo la falsas promesas de crecimiento, inversión, empleo.

Desde la Reforma Energética, los Megaproyectos vinculados a la explotación de hidrocarburos, gas, fracking, termoeléctricas, gasoductos, etc., fortalecieron su papel en el actual modo de reproducción del capital. El Estado y la oligarquía dominante desmantelaron la industria energética, profundizaron la dependencia energética, agravaron los problemas de seguridad nacional y agudizaron la crisis socio-ambiental. Para los bancos de inversión transnacionales, bancos comerciales, empresas petroleras, inversionistas de Bolsa, y grandes empresas privadas, locales y extranjeras, la industria energética y la multiplicación de megaproyectos atados a ella, representan un núcleo vital en el proceso de acumulación y reproducción del capital. Se encuadra así el marco de una disputa energética e industrial de cuyos impactos alcanzan el curso de las próximas décadas del siglo XXI.

Uno de los principales argumentos en contra de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), primero en campaña y hoy en gobierno, ha sido sobre el proyecto energético. Recuérdese la visita de 20 fondos de inversión y su entrevista con los candidatos presidenciables a finales de abril de 2018, en los que se pedía a los entonces candidatos la “implementación acelerada de las Reformas” del gobierno de Enrique Peña Nieto. En el momento actual, Pemex y los recursos emanados de los hidrocarburos se colocan como el epicentro de la disputa entre el gobierno presidido por AMLO y las clases dominantes.

Si algo mostró las experiencias del progresismo latinoamericano fue que la oligarquía de la región y el imperialismo nunca compartieron el llamado reformismo “de baja intensidad” que caracterizó a los modelos neodesarrollistas (Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador). Con los golpes “de nuevo tipo” y las estrategias de “cambio de régimen”, establecieron su ofensiva.

En esta medida, se entiende que si bien la izquierda progresista no se plasmó con proyectos antagonistas a las clases dominantes, sí evidenciaron contradicciones y fuertes tensiones que no deben de soslayarse, pues éstas determinan gran parte de los procesos políticos y el establecimiento de los “proyectos de nación” que le han seguido. El Golpe contra los gobiernos del Partido de los Trabajadores en Brasil, el cual ha llevado a la contraofensiva de extrema derecha de Jair Bolsonaro y la reestructuración económica hegemonizada por el capital financiero, es clara muestra de ello.

En lo que sigue, reflexionamos sobre la disputa en el campo de la industria energética que involucra al programa neodesarrollista que encarna el nuevo gobierno mexicano y la ofensiva de las clases dominantes locales-trasnacionales defensoras del neoliberalismo a ultranza. Cabe a los movimientos populares y emancipatorios profundizar en el debate y la construcción de alternativas a estas cuestiones medulares.

Neodesarrollismo subordinado

Como hemos señalado en otras ocasiones, no es correcto caracterizar el modelo económico del gobierno mexicano como uno puramente “neoliberal”, amalgamándolo de modo indistinto al proyecto de la oligarquía hegemónica. Del mismo modo, no puede aceptarse su caracterización en su sentido “posneoliberal”, dando por sentado las declaraciones oficialistas de “defunción neoliberal”. Los matices a este respecto son muy importantes.

Los rasgos del “modelo de desarrollo” actual no pueden interpretarse en un sentido dicotómico (es blanco o es negro), aunque muchas veces la mera retórica presidencial “antineoliberal” quiera contribuir ideológicamente a ello.

El modelo actual encierra elementos híbridos. Mientras defiende una pretendida mejor distribución de riqueza, el papel del “motor social”, y fortalecimiento del “bienestar social”, aprieta las tijeras al gasto social, acentúa la política de austeridad, y acata la política económica neoliberal y los mandatos del capital financiero. A ello le hemos denominado bienestarismo neoliberal o neodesarrollismo subordinado (a la hegemonía financiera).[1] Se trata en este sentido de un modelo compuesto por elementos contradictorios, y que conviven de un modo complejo y desigual, dadas las relaciones de fuerza existentes.

Sin cuestionar las políticas económicas del capital financiero (monetaria, fiscal), y rechazando una reforma hacendaria, el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación decidió recurrir al combate a la corrupción y a la política de austeridad (las “nuevas políticas económicas”, AMLO dixit) para financiar los programas de “bienestar”, “desarrollo” y metas fiscales. En este sentido, las políticas del nuevo desarrollismo están subordinadas al marco incólume neoliberal: disciplina fiscal (renuncia al gasto deficitario y del apalancamiento económico); autonomía del Banco de México; política de estabilización y metas inflacionarias; elevadas tasas de interés y sacrificio del crecimiento económico.

A ello es necesario añadir otra serie de compromisos contraídos por el depositario del poder Ejecutivo con la oligarquía financiera: el “control del tamaño de la deuda”, metas de “superávit primario” (transferencias de recursos al pago de la deuda), las enormes transferencias de riqueza por concepto del Costo Financiero (pago de intereses de la deuda, amortizaciones, comisiones). En suma, lo que tenemos es la aceptación de los compromisos con las bases del régimen de acumulación financiera que erosionan y subordinan los caminos hacia un Estado social de Bienestar.

A más de tres décadas de políticas económicas neoliberales que arrojaron estancamiento económico, el nuevo gobierno no cuestiona sus dictados de “estabilidad financiera”, “prudencia fiscal”, “responsabilidad de las finanzas públicas”. Paradójicamente, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, exfuncionario del Banco Mundial, el día de su ratificación ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados (16/7/2019), llamó a estas políticas precisamente como “premisas” y “prerrequisitos inamovibles” para lograr el crecimiento. ¿Acaso no quedó claro el firme fracaso neoliberal?

Convergencia neodesarrollista

Si los capitales mandatan “prudencia fiscal” (“déficit cero”), políticas de estabilización, elevadas tasas de interés y el Estado renuncia a una reforma hacendaria progresiva que le dote de las condiciones necesarias para una efectiva redistribución, se camina a su postración. Subordinado y fiscalmente desinflado, el Estado cede los espacios de inversión y valorización a las clases propietarias. El Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, quien coordina el Consejo de Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento, ha señalado que el papel que corresponde a los empresarios bajo un modelo “determinado a no incurrir en déficit fiscal” es el de “motor de la economía”.[2]

Un Estado subordinado a la política económica neoliberal fiscal, monetaria y hacendaria, agrava su debilidad y dependencia respecto al capital local e internacional. El resultado es lo que el mismo AMLO ha señalado: el Estado “no puede solo”, requiere de la inversión privada nacional y extranjera. Y a partir de aquí el gobierno actual reproduce la continuidad de la narrativa neoliberal que rinde culto a las inversiones. La rápida ratificación/subordinación del gobierno mexicano y del Senado respecto al TLCAN 2.0 con el nuevo acuerdo de libre comercio con EEUU y Canadá (T-MEC) respondió explícitamente a ello: fue “un aporte significativo [que] transmite confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros” (AMLO), particularmente la estadounidense, que hegemoniza el financiamiento de la reproducción de la industria maquiladora de exportación.

A esta asociación Estado y gran capital le denominamos convergencia neodesarrollista que abreva del viejo mito del “desarrollo” que aspira a una “transformación” “de la mano” con los agentes empresariales, sin contemplar al menos dos elementos centrales: la complejidad actual de la dialéctica entre dependencia/imperialismo y la naturaleza contemporánea de la crisis estructural y civilizatoria del capitalismo mundial.

Al interior del gobierno de la cuarta transformación, existen piezas que fungen como verdaderos “contrapesos”, y en esa medida trabajan en la línea de la continuidad, ello sin mencionar los organismos e instituciones pretendidamente “autónomas”, que fungen en realidad como la superestructura esencialmente política de los intereses promovidos por el neoliberalismo (por ejemplo, Banco de México, Comisión Nacional de Hidrocarburos CNH, Comisión Reguladora de Energía CRE, etc.).

Uno de los principales “contrapesos” es el mismo empresario Alfonso Romo, muy próximo a los núcleos empresariales del norte del país, dependientes de la economía estadounidense. Romo ha llamado a “convertir el bloque comercial norteamericano [EEUU, Canadá, México] en uno de los más fuertes del mundo” para competir frente a China.

Con creciente influencia en el gobierno, Romo tiene a su cargo la mayor relación con cámaras patronales y empresarios locales y extranjeros. En tanto pieza central de los cambios sin ruptura, no sorprendería ver a Romo escalar otras posiciones en el gabinete presidencial. En la inauguración de la Reunión Nacional de Consejeros Regionales del banco BBVA, expresó a directivos y consejeros del grupo: “Pemex, en nuestra opinión, y es un debate al interior (del gabinete), no puede solo, tenemos un rezago de muchos años, por eso es que necesitamos de inversión privada [...][3], y agregó: “El susto de los aranceles y la baja de la calificación de la deuda soberana es una gran oportunidad [sic] para que el sector privado tenga la fuerza y nos ayude a convencer de que en el sector energético si no hay participación, el país no tiene los recursos para la magnitud de lo que necesita"(Expansión, 11/6/2019, Op. cit.)

No obstante estos “contrapesos” y otras posiciones anti-transformadoras, hemos señalado al neodesarrollismo subordinado como un pluriclasismo de coexistencia compleja, contradictoria y desigual.

Contradicciones, tensiones y disputas

Es sintomático que en el mismo día (13/06/2019) del Convenio para Promover la Inversión y el Desarrollo Incluyente[4] firmado entre gobierno y principales organismos empresariales –en el marco del cual el gobierno se compromete ante el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) a promover certidumbre, confianza y Estado de Derecho para las inversiones (lo que incluyó el compromiso con contratos de inversión en petróleo, gas y electricidad), mientras que empresarios anunciaron inversiones para este año–, la Comisión Nacional de Hidrocarburos dio a conocer la cancelación de los contratos farmouts (“alianzas estratégicas” entre sector público y privado) para la exploración y producción de petróleo[5].

En este sentido, AMLO busca moverse dentro de ciertos márgenes de maniobra. Y Pemex, la defensa de la soberanía energética, es claro ejemplo de ello. De ahí que el actual gobierno se coloca en fuerte tensión con inversionistas, petroleras, bancos de inversión, bancos comerciales, agencias calificadoras internacionales, empresarios, etc., los cuales buscan la continuidad de la Reforma energética, el desmantelamiento de la industria energética, la privatización y apropiación de la renta petroeléctrica, sin reparar en la reproducción de la dependencia y el subdesarrollo que no hacen sino acentuar la profunda crisis social.

En lo últimos cinco gobiernos sexenales, Pemex, la compañía con mayores ingresos totales en México, realizó una contribución a la hacienda pública de poco más de 28 billones de pesos[6] (1.5 billones de dólares), de lo que se comprende la furia de los intereses privados en su desmantelamiento, destrucción y apropiación de sus actividades.

Las ruinas de Pemex

El Plan de Negocios de Pemex, presentado por Octavio Romero Oropeza (16/7/2019), director general de Pemex, sintetiza los problemas estructurales de la paraestatal. Fundamentalmente identifica los problemas en: 1) el derrumbe de la producción; 2) su elevada carga fiscal a la empresa; 3) el disparo de su deuda; 4) la caída de la inversión. Cuatro elementos que se inscriben en el legado de la política entreguista de los gobiernos anteriores asociados como “régimen cliente” del imperialismo.

En 2003-2004 la producción de petróleo en Pemex era de 3.4 millones de barriles diarios (mbd). En 2013 cae a 2.5 mbd, y en enero de 2019 cae a un millón 625 mil barriles diarios. De igual modo, los procesos de refinación de PEMEX cayeron a mínimos históricos. Pasaron de una producción diaria de un millón 224 mil barriles diarios a 507 mbd de 2013 a 2019.

Con la reducción de la inversión en refinerías en el gobierno anterior, la dependencia energética se agravó. La importación de combustibles pasó de 600 mil a 1 millón de barriles diarios, lo cual se reflejó en los precios. El litro de gasolina magna se disparó 81% en el sexenio anterior (de 10.79 a 19.62 pesos).

Con el programa de fortalecimiento de las seis refinerías, más la creación de la nueva refinería de Dos Bocas en el estado de Tabasco, cuya inversión es de alrededor de 150 mil millones de pesos (mmp), equivalentes a 8 mil millones de dólares (mmd), la cual iniciará a operar a partir de 2022 y tendrá capacidad para procesar 340 mil barriles de petróleo diarios, se busca atacar la dependencia de combustibles. El plan de Pemex pretende que para 2023, de cada 10 litros de gasolina que se consuman en México, 7 litros sean producidos por Pemex, es decir, el 70% del consumo interno. Ello modificaría la predominante condición importadora actual, en la que Pemex participa con una producción de menos del 30% de la gasolina que se consume en el país, cuyo resto es de importación.

Por otro lado, la deuda de la paraestatal se elevó de un billón 59 mil millones de pesos a 2 billones 123 mil millones de pesos (equivalentes a 106 mil millones de dólares). Se trata de un endeudamiento de poco más del 100% registrado en el sexenio anterior. ¿Por qué no someter a investigación y revisión las condiciones y repercusiones de dicho endeudamiento?

Al generar la petrolera estatal ingresos anuales de alrededor de 2 billones de pesos en los últimos años, se entiende que con una asfixia fiscal en impuestos y derechos de aproximadamente un billón de pesos (300mmd), que sumados con el pago de intereses de la deuda, Pemex incurre año con año en un déficit financiero (45mmp en 2013; 176mmp en 2015; 62mmp en 2018). Sin ingresos y con un balance financiero deficitario, se deterioró la inversión, la producción y con ello, la balanza comercial petrolera.

El legado neoliberal arrojó un Pemex en ruinas, esto es, con la empresa en “punto de venta”. A este respecto, el 18 de marzo de este año, en el marco del aniversario 81 de la expropiación petrolera, AMLO señaló: “Fue como un milagro, porque ya cuando estaban a punto de consumar la destrucción de la industria petrolera y de acabar con la economía nacional, tocó la campana, sonó la alarma el 1 de julio del año pasado, y el pueblo decidió por un cambio verdadero […] Hemos hecho el compromiso de que vamos a rescatar de nuevo a la industria petrolera nacional. No les dio tiempo de llevarse todo, porque entregaron contratos, pero sólo comprometen el 20 por ciento de todo el potencial petrolero, sólo el 20 por ciento, 80 por ciento sigue estando bajo dominio de la nación y así continuará”.

El Plan de recuperación

El Plan de recuperación de la estatal busca revertir la desindustrialización y desmantelamiento de PEMEX y con ello, enfrentar la acentuada dependencia energética del país. Básicamente, la estrategia contempla un periodo de transición 2020-2022, en el que se establece el apoyo del Estado en la disminución de la carga tributaria de la empresa, una mayor capitalización que incida en mayor inversión y producción, el fortalecimiento de las refinerías y la inversión de la nueva refinería en Don Bocas. El plan busca que la empresa genere mayores recursos, consolide la recuperación de la producción y pueda así contribuir al desarrollo del país.

En este periodo conjunto, El Plan de Negocios estima una disminución de la carga tributaria de alrededor de 128 mil millones de pesos (mmp) en el bienio 2020-2021, que serían sumados a los 30mmp de estímulo fiscal de este año 2019. Aunado a ello, el Plan establece inyecciones de capital por parte del Estado para Pemex por 66 mmp (2020), 38 mmp (2021) y 37 mmp (2022). En suma, un total de recursos públicos de 299 mil millones de pesos transferidos a la empresa estatal en este periodo. A ello habría que contabilizar las inversiones de Pemex financiadas con recursos propios, que son del orden de 221mmp (2020), 250mmp (2021) y 332mmp (2022).

Como Pemex indicara semanas atrás, la nueva estrategia concentrará los trabajos de exploración y producción en aguas someras y en tierra. Según el director de la petrolera, con los menores costos que involucran en estas áreas, ello permitirá duplicar las actividades de exploración con los mismos recursos, así como profundizar los trabajos en reservas probables y posibles.

Como el gobierno se subordina al mandato de la “prudencia fiscal” neoliberal, y aunado a la vulnerabilidad del sector externo que acentúa su dependencia financiera con el exterior, es importante señalar que el Estado consiente y promueve la participación de capital privado en el sector ­-­si bien bajo un esquema que no es bien recibido por los propios inversionistas, los Contratos de Servicios Integrales de Exploración y Extracción (CSIEE)-, con una inversión programada de 108mmp, de los cuales se programan en 14 mil millones de pesos (año 2020), 40mmp (en 2021 y en 2022) y 14mmp (2023).

En general, según el nuevo Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos, así se elevará la producción, logrando estabilizarla, y con ello acrecentará los recursos, podrá revertir su balance financiero deficitario, podrá hacer frente al problema de endeudamiento, y mejorará su contribución al fisco, a partir del año 2021-2022.

A la pregunta sobre qué esperaría de las calificadoras de crédito internacionales sobre este Plan de Negocios, AMLO respondió: “No sabemos, porque no han actuado con profesionalismo. No vieron nada, se quedaron callados cuando estaban saqueando a Pemex y calificaban a la empresa muy bien, no había ningún problema. Apenas llegamos, empiezan a bajarnos la calificación. Aumenta al doble la deuda, se cae la producción y le dan una mejor calificación a Pemex. Ahora que la estamos rescatando de ese desastre nos bajan la calificación”.

La ofensiva del gran capital y las amenazas de las calificadoras de crédito

En otras ocasiones hemos hecho alusión sobre la militarización económica que despliega el capital financiero internacional a través de las calificadoras de crédito, las cuales presionan y amenazan con una desestabilización y “caos económico” para disciplinar la política económica del gobierno dentro de la arquitectura hegemónica de acumulación financiera y en sus intereses fijados en los hidrocarburos. Fieles al unipolarismo imperialista de Trump, que como se evidenció a principios de junio, se mueven a la par del gobierno estadounidense (amenaza de aranceles y degradación de la calificación), promueven el “terrorismo económico” a base de extorsiones y amenazas con una especie de “sanciones” de excepción y de castigo (la baja en la calificación con impactos en la elevación de la deuda, caída de inversiones, fugas de capital, devaluación) en contra de la sociedad, cuyo verdadero significado ha sido definido como crímenes de lesa humanidad. ¡Es la economía criminal del capitalismo mundial!

A esta política de “terrorismo económico” imperialista, se adscribe la lumpenburguesía mexicana, enquistada en modus de “cliente” a los intereses imperiales. Claudio X. González Laporte, una de las principales personificaciones de la burguesía dependiente mexicana, sostiene su amparo en los organismos internacionales, calificadoras e instituciones vigilantes de la estabilidad macroeconómica, cuando señala nada menos que: “un contrapeso importante [al nuevo gobierno] van a ser los mercados, el tipo de cambio y la inversión” (El Universal, 20/08/2018).

Como un bloque monolítico, se han manifestado en los primeros días de la presentación del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos: Citigroup, Moddy’s, BBVA, Coparmex, Standard & Poor's, la minúscula oposición partidista del PRI y del PAN, distintos analistas financieros, entre otros. ¿Qué es lo que cuestionan? Veamos.

El primero en manifestarse fue el grupo estadounidense Citigroup, a través de su informe intitulado: “¿Pemex: Es todo lo que tienes?”. En dicho informe señala que el Plan “no cumplió las expectativas”, por lo que será “cuestión de tiempo” para que Moody’s degrade la nota crediticia de la empresa, dejándola “sin grado de inversión”. Así también, señaló que la estrategia producirá “presiones a las finanzas públicas” comprometiendo la meta fiscal del superávit primario de 1% del PIB (equivalente a 249mmp). Y se manifestó por el carácter “insuficiente” del financiamiento estatal a Pemex de alrededor de 7 mil 400 millones de dólares en tres años (141mmp), que según Citi, la inversión que Pemex requiere es de 10 mil millones a 15 mil millones de dólares anuales, para lo cual exige los farmouts.

La calificadora internacional Moody’s, que a principios de junio degradó –junto con la calificadora Fitch– la nota crediticia de Pemex y del país, se manifestó en el mismo sentido de Citi, y subrayó que la inyección de recursos del gobierno de AMLO a la empresa son insuficientes para aumentar la producción, e igualmente para sustituir las reservas probadas, una medida que permite indicar la capacidad de pago de una empresa petrolera. En este sentido, muestra su interés por la continuidad de la Reforma energética y la exploración y producción por parte de capitales privados. Así también, dicha calificadora señaló que no descarta una nueva baja de la calificación de Pemex, lo que podría ocurrir este año si la empresa no se apega a lo programado.

Émula de los organismos internacionales, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) declaró el carácter “insuficiente” del financiamiento a Pemex, objetó que se “deje fuera a la iniciativa privada”, se manifestó por el “alto riesgo” que el Plan de Pemex traslada a las finanzas públicas, y advirtió de la probable degradación de la nota por las calificadoras de crédito.

Para el banco BBVA, el Plan de negocios debería de acompañarse de cambios en la política de recaudación que ayuden a estabilizar los ingresos del gobierno y así no se comprometan las metas fiscales (superávit primario). De este modo, podría disminuirse el riesgo en la degradación crediticia “en el corto y mediano plazo” del país, lo que no impediría una reducción a la calificación de Pemex. Asimismo, se manifestó por la poca probabilidad de incrementar la producción, para lo cual reclamó la “reactivación” del esquema de negocios, los farmouts.

Standard & Poor's ha expuesto que bajo el apoyo del gobierno a la empresa petrolera “retoma un rol casi monopólico en el segmento de exploración y producción”, no obstante que dicha estrategia de negocios encierra una fuerte “exposición a riesgos”. Al mismo tiempo cuestionó que el esquema de los Contratos de Servicios Integrales de Exploración y Extracción (CSIEE) “no serán suficientes para capturar todas las ventajas que puede traer la participación del sector privado”.

Consecuentes con los intereses del “Pacto por México” y la Reforma energética, las posturas del PRI y del PAN, son las mismas del capital internacional y de la oligarquía subordinada. Para la senadora Vanessa Rubio (PRI), “lo más importante del plan era conseguir inversión privada vía farmouts o cualquier otra opción y, por otro lado, sanear las finanzas de Pemex”. Para Marko Cortés, dirigente del PAN, con el plan de rescate de Pemex es inminente la degradación crediticia de la empresa y la del país, ya que “sólo genera mayor incertidumbre en la empresa y en breve se encarecerán sus pasivos y el costo financiero que paga México por su deuda”.

Otro aspecto de la postura unívoca de estos agentes se presenta con el fuerte rechazo a la construcción de la nueva refinería y al hecho de que el gobierno destine alrededor de 150 mil millones de pesos a este proyecto. Al menos tres elementos explican su rechazo a ultranza por parte del conjunto de estos agentes: 1) los intereses de petroleras estadounidenses (aliadas al trumpismo) que viven de la importación del combustible desde México[7], y por ende, la acentuación de la dependencia energética que agudiza los problemas de seguridad nacional y la debilidad de las capacidades de negociación del país; 2) los “riesgos” para las metas fiscales y en general para la “estabilidad” de las finanzas públicas, que vigila el capital financiero en el marco del prevalecimiento del régimen de acumulación financiera y la transferencia de riqueza; 3) el interés del gran capital respecto a incrementar la inversión en la exploración y producción mediante asociaciones entre Estado y capitales privados.

No olvidemos que fueron las fracciones financieras y petroleras las principales “promotoras” de la Reforma energética en el gobierno anterior –por ejemplo, BlackRock–, pues son los grandes bancos de inversión, entre otros, quienes sustentan los proyectos de infraestructura energética, de inversión y especulación[8].

Así también, muy recientemente, los diarios internacionales Financial Times (FT) y The Wall Street Journal, como extensiones de la vigilancia “calificadora” sobre los ingresos presupuestales y la “estabilidad macroeconómica”, en verdad, del orden de reproducción de la acumulación financiera, se han manifestado en contra del gobierno a raíz de la renuncia del ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, “la voz más fuerte de la prudencia fiscal” (FT). El primero ha señalado que AMLO “debe aceptar la realidad económica”, y el segundo ha indicado que detrás de la polémica carta de renuncia de Carlos Urzúa “hay aún más razones para entrar en pánico”.

En resumen, el conjunto de estas posiciones hegemonizadas por el imperialismo financiero, pretenden imponer la continuidad de la Reforma energética, excluir a Pemex de la exploración y producción, revertir el plan de recuperación de la paraestatal bajo amenaza de la calificación crediticia (de Pemex y del país), disciplinar las finanzas públicas y con ello hacer prevalecer el flujo de recursos hacia los acreedores financieros, obligar al Estado a abrir la participación privada (bajo el particular modelo de negocios denominado farmouts) en la renta petrolera, socavar la soberanía energética, terminar con el desmantelamiento de la industria petroeléctrica (exploración, producción, refinación, petroquímica[9], generación eléctrica[10] y explotación del gas[11]), y sus efectos en la deteriorada estructura industrial, en suma, someter a México en un papel de dependencia abyecta en la redefinición contemporánea de la división internacional del trabajo cuya esencia reside en la reproducción de las relaciones de explotación internacionales.

Los intereses de las fuerzas populares

Si bien la lucha antiimperialista y por la defensa de la soberanía y autodeterminación de los pueblos es fundamental en nuestras sociedades dependientes, las clases trabajadoras y populares no pueden renunciar al cuestionamiento del gobierno actual para que éste construya nuevos caminos sobre la base de los derechos sociales, colectivos, sustantivamente democráticos y dotados de futuro.

La fuerza que alberga la cuarta transformación reside en el histórico fracaso neoliberal. Si ésta termina edificando sobre estructuras heredadas, extenderá los espacios y capacidades a las clases dominantes aislándose de los pueblos y de los trabajadores. Fue lo que precisamente experimentó el progresismo en Brasil y Argentina, cuando sus gobiernos se debilitaron ante el distanciamiento que tomaron las fuerzas populares respecto de éstos, y más recientemente ha vuelto a presentarse en Grecia con las traiciones de Tsipras que llevaron a la derrota de Syriza apenas unos días atrás.

Mediante el Plan de Pemex, pretende crearse en el conjunto del sexenio, alrededor de 284 mil 500 empleos. No obstante, Pemex planea evitar el incremento de gastos en “servicios personales”, por lo que tratará de conservar su plantilla laboral que es de 121 mil trabajadores (22 mil de confianza y 99 mil sindicalizados). Para ello, pretende dejar a las empresas privadas contratistas, la responsabilidad de asignar salarios y “prestaciones” a los nuevos trabajadores, lo que sin duda deberá llevar a la organización del mundo del trabajo y a profundizar el debate sobre la lucha contra la precarización e informalidad laboral, que de acuerdo con las propias prácticas empresariales de “racionalización de costos” y de austeridad implementadas en las propias funciones del Estado, a todas luces no es de atención central en el Plan Nacional de Desarrollo.

Por otro lado, para los trabajadores y clases populares en general no puede aceptarse el marco de la hegemonía financiera neoliberal, los “prerrequisitos inamovibles” que ha señalado el nuevo secretario de Hacienda Arturo Herrera –ya advirtió de metas fiscales (¡la dictadura del ajuste!) para los próximos años, lo que indica una austeridad permanente– como premisas del “nuevo” modelo económico de desarrollo. ¿Puede haber pacto social sólido con un Estado sin recursos?

El rescate de Pemex y la defensa de la soberanía energética no pueden sustentarse en la política fiscal, monetaria y de austeridad neoliberal que reproducen el dominio y la transferencia de riqueza pública a manos privadas, y que someten a la secretaría de Hacienda a la disciplina financiera del oligopolio calificador y organismos internacionales.

En este sentido, se hace necesario el impulso de una reforma tributaria progresiva que recaude impuestos a quienes más tienen así como se cuestionen las metas de superávit primario, de proscripción del gasto deficitario, las elevadas tasas de interés, y se impugne el corrupto y antipopular legado neoliberal del endeudamiento interno y externo que a partir de 2019 estará demandando un costo financiero anual de alrededor del 20% del presupuesto público federal, esto es, 1 billón de pesos (50mmd).[12]

Mientras ello no ocurra, los recursos públicos transferidos a Pemex –en un cuadro de desaceleración económica y por ende, de un deterioro de los ingresos– serán sustentados en ajustes, recortes y austeridad del gasto social, que además de profundizar el estancamiento económico, incrementará los despidos de trabajadores al servicio del Estado –que ha superado su sentido original orientado exclusivamente a la burocracia dorada–, así como acentuará el deterioro de los servicios públicos esenciales para la mayoría de la sociedad (agua, vivienda, salud, educación, cultura, ciencia, medio ambiente, deporte, seguridad, etc.).

Sin renunciar al mandato de Justicia y a que se devuelvan los recursos públicos sustraídos, el “combate a la corrupción”, además de no poder aceptarse como “política económica” que financie el “desarrollo”, opaca la subordinación del gobierno a las políticas económicas que promueve el neoliberalismo y sacrifican a la sociedad.

Ahora bien, en el gobierno de la cuarta transformación –si bien de manera distinta a las condiciones de dominación de los gobiernos anteriores– se presentan las mismas tendencias reaccionarias que amenazan los derechos sociales y colectivos de miles de comunidades. El patrimonio territorial es amenazado de subsumirse bajo las relaciones tanáticas conformadas en el eje capital-territorio-biodiversidad-infraestructura energética-comunidad. El proceso de neo expansionismo territorial de carácter neo colonial y de graves impactos socio-ambientales continúa su marcha.

En la actualidad, el país experimenta más de 400 conflictos de materia ambiental con decenas de organizaciones sociales y defensores del medio ambiente atropellados por los instrumentos represivos del Estado. Fundamentalmente, la disputa por la defensa del medio ambiente y el territorio de cientos de comunidades reposa en una creciente forma de acumulación del capital basada en la producción destructiva. Esta forma de acumulación centrada en megaproyectos de muerte construidos sobre la base del saqueo de minerales, explotación de hidrocarburos, explotación y privatización del gas, construcción de termoeléctricas, gasoductos, etc., asociada al patrón de reproducción del capitalismo dependiente mexicano (maquilador, superexplotativo, monopolista) pone en entredicho las condiciones de existencia de miles de comunidades y de la sociedad en general.

Los megaproyectos impulsados directamente por el gobierno de la cuarta transformación han estado permanentemente en el centro del interés del gran capital local/extranjero, más no así de las comunidades. Han sido abanderados e impulsados por las propias oligarquías y gobiernos anteriores (Zonas Económicas Especiales, Corredor Transístmico, parques maquiladores en el sureste, termoeléctricas, gasoductos, proyectos de infraestructura energética con Centroamérica, etc.). A ello se añade el rechazo de AMLO a trastocar uno de los pilares legados por el salinismo, como la Ley Minera de 1992, y con ello, su postura conservadora enfrentada a la demanda de miles de comunidades de revertir las más de 26 mil concesiones mineras (alrededor de un cuarto del territorio nacional) imperantes en el país.

Por último, para los trabajadores y pueblos en general no queda claro el papel que deberá representar Pemex en el vital y trascendente proceso de transición energética que demanda el colapso climático, la crisis socio-ambiental de alcance global y su exigencia de reemplazar los combustibles fósiles por energías limpias.

Del mismo modo, nada se dice respecto a cómo superar la apuesta de este proceso basado en el rentismo extractivista de modo tal que pueda incidirse en un salto hacia una nueva política industrial y el establecimiento de complejos procesos de diversificación-reestructuración industrial con centro en el mercado nacional con cargo en una real redistribución de la riqueza que supere la violencia estructural que prevalece sobre los trabajadores. ¿Alcanzará la “baja intensidad” del proyecto reformista para producir mudanzas estructurales en el patrón de reproducción del capitalismo mexicano y dirigirlo hacia uno de carácter, “redistributivo”, de “bienestar”, “democrático”?

Estos elementos sobre la reestructuración industrial se vuelven nodales, cuando con el T-MEC y el giro histórico de la política migratoria, vemos redoblarse las apuestas en el libre comercio, y con ello, en la reproducción ampliada de un aparato productivo subordinado a la dependencia exportadora, prístino proyecto de una lumpenburguesía que afirma sus condiciones de existencia a partir de la superexplotación del trabajo, y en consecuencia, de una esfera productiva divorciada de las necesidades y demandas de quienes trabajan.

En el marco de las contradicciones que necesariamente componen a los gobiernos construidos sobre la base de conciliación de clases, las fuerzas populares y de clase deberán estar atentas sobre la estrategia y horizontes de sus luchas en el corto, mediano y largo plazo (y su relación indisoluble), es decir, en la necesaria construcción económica y política de proyectos alternativos.

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Notas

[1] Ver nuestro trabajo anterior: “Hegemonía financiera y neodesarrollismo subordinado en México”, 9/7/2019, https://www.lahaine.org/mundo.php/hegemonia-financiera-y-neodesarrollismo-subordinado

[2] Por ejemplo, nos dice Alfonso Romo: "Yo les pido [a los empresarios] que se suban al balcón, vean desde arriba qué les molesta y qué no, qué es de percepción y qué no. Los únicos que pueden a cambiar el ánimo del país son los empresarios" (Expansión, 11/6/2019). https://expansion.mx/empresas/2019/06/11/el-gobierno-de-amlo-pide-ayuda-al-sector-privado-para-salvar-a-pemex

[3] Ver, https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/debaten-abrir-pemex-a-la-inversion-privada-ante-la-crisis-que-vive-3748356.html

[4]Ver, https://www.cce.org.mx/gobierno-federal-y-sector-privado-firman-acuerdo-para-fomentar-la-inversion-y-el-desarrollo-incluyente/

[5] Ver, https://www.elfinanciero.com.mx/economia/cnh-cancela-nueva-licitacion-petrolera-de-pemex-para-buscar-socios

[6] Ver, https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/07/20/aporto-pemex-casi-29-billones-de-pesos-en-tres-decadas-7540.html

[7] En días recientes la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes ha abierto una investigación sobre “acciones de cabildeo ilegal” (nexos con el trumpismo) de la petrolera estadounidense Marathon Petroleum (primera importadora de gasolina en México y con fuertes inversiones en el país) con funcionarios del gobierno de Trump, por ejemplo, con el propio secretario de Energía, Rick Perry (ex gobernador de Texas). Ver, https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/123957-los-democratas-investigan-los-vinculos-de-trump-con-la-petrolera-marathon-con-negocios-clave-en-mexico/

[8] Entre 2015-2017 BlackRock logró “el control directo e indirecto de cinco proyectos de infraestructura energética, incluidos dos gasoductos considerados de seguridad nacional, y seis bloques de exploración petrolera”. En el mismo sentido puede hablarse de los intereses de Citibanamex, y otros grupos financieros y petroleros respecto a los intereses e inversiones que depositan en la riqueza energética. Ver, “El control energético de BlackRock”, https://conoceblackrock.projectpoder.org/el-control-energetico-de-blackrock.html.

[9] En los últimos diez años cayó la producción de petroquímica en un 58%. De un millón 120 mil toneladas en enero de 2010 producidas, se pasó a sólo 461 mil 998 toneladas en enero de 2019. Con ello, se incrementó el volumen de importaciones en un 245%, al pasar de 24 mil 885 toneladas a 85 mil 969 toneladas en el mismo periodo (Reforma, 14/03/2019). Cabe señalar que con la privatización, desmantelamiento y abandono de las plantas de la industria petroquímica se encuentra en una grave crisis. En este marco, el gobierno de AMLO dio a conocer que se investiga la compra de plantas “chatarra” realizadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), y que anteriormente habían sido privatizadas en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Más que Huelga decir que se investigan todas plantas petroquímicas privatizadas en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que fueron adquiridas en el sexenio pasado, incluida la de Pajaritos. De agosto de 2017 a agosto de 2018, el valor de las importaciones de petroquímicos de Pemex aumentó 18.6 por ciento, mientras que la producción cayó 19 por ciento, en el mismo período.

[10] La Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa del Estado, al día de hoy genera alrededor del 50 por ciento de la generación de electricidad que se consume en México, restando para las empresas privadas (locales y extranjeras) el otro 50 por ciento.

[11]México es uno de los primeros diez países que cuenta con las mayores reservas de gas, esto es, cuenta con reservas en autoconsumo para los próximos 200 años. No obstante, es dependiente de este hidrocarburo al importar el 85% de su consumo desde EEUU. En 2018, alrededor de un tercio de estas importaciones fueron realizadas por empresas distintas a Pemex y CFE. Ver, https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-tiene-gas-para-200-anos-comision-de-hidrocarburos/1304225

[12] En contraste al gobierno que no cuestiona el costo financiero de la deuda, la oligarquía financiera pone el grito en el cielo (“alto riesgo para las finanzas públicas”) por la transferencia de los ingresos presupuestarios a Pemex de alrededor de 269mmp para el bienio 2020-2021.

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