Rumanía: ¿Roșia Montana es sólo el principio?

Convocadas en las ciudades de todo el país, las protestas se iniciaron con el objetivo de denunciar el proyecto promovido por la compañía Roșia Montana Gold Corporation, que pertenece en su gran mayoría a la compañía canadiense Gabriel Resources Limited, proyecto apoyado por el Estado rumano. Hubo movilizaciones incluso entre los rumanos de la diáspora, como las que se organizaron en Barcelona, en Arc de Triumf. Los protestatarios no solo se han manifestado contra la explotación y destrucción del medio ambiente, sino que, igual que en las protestas de la ciudad rumana de Bârlad donde la compañía Chevron quería implementar un proyecto de explotación del gas mediante el fracking, apuntan a una renegociación de las agendas políticas que marcaron la transición rumana y del papel de las compañías extranjeras en el país. Según un análisis publicado por Alain Deneault y William Sacher en 'Le Monde diplomatique' (http://www.monde-diplomatique.fr/2013/09/DENEAULT/49598) un 75% de las compañías mundiales de extracción minera se encuentran en Canadá y el 60% de estas compañías que cotizan en la Bolsa se registran en la Bolsa de Toronto (Toronto Stock Exchange,TSX): “Canadá recibe la industria minera con los brazos abiertos. Incluso más: configura sus reglamentaciones y su fiscalidad para favorecer estas industrias y protegerlas desde el punto de vista jurídico y diplomático. Es por esta razón que los australianos, israelíes, suecos, e incluso los belgas y americanos vienen a registrar aquí sus compañías de explotación. No sólo para aprovecharse de los recursos naturales del país, sino incluso para la explotación de los recursos obtenidos en Ecuador, Chile, Zambia, Burkina Faso, Indonesia o Rumanía.” Según Mediafax, el 27 de agosto, el Gobierno rumano aprobó un borrador de ley conforme al cual la explotación minera de Roşia Montana coordinada por la compañía Roşia Montana Gold Corporation "es de utilidad pública y de interés público nacional”. No obstante, en el mes de septiembre, bajo la presión de las protestas, tanto Victor Ponta, como Crin Antonescu rechazaron el proyecto Roșia Montana. Conforme a las declaraciones a la prensa rumana, el Primer Ministro considera que el proyecto de la explotación de Roșia Montana constituye un asunto controvertido. Culpabilizan al anterior gobierno, defendiendo que se trataba de una estrategia electoral, dado que la compañía extranjera prometía trabajo a las personas de la zona. El posible fracaso de la implementación del proyecto determinó el desplome de las acciones de la compañía Gabriel Resources con un 70% en la bolsa de Toronto. A su vez, la compañía Gabriel Resources emitió un comunicado explicando que, en caso de rechazo del borrador de ley que facilitaba la explotación, no descartaba presentar una queja judicial reclamando indemnizaciones. ¿Quién es quién en las protestas? Los medios han tenido un papel de cómplices en la difusión del proyecto: las compañías de publicidad emitidas en la televisión rumana se centraron en la presentación de la explotación minera como una oportunidad de crear empleo en la zona, sin mencionar las consecuencias negativas de la misma. Durante las protestas, se han puesto en marcha dos campañas mediáticas: el silencio de los protestatarios, hasta que la obviedad no pudo ser ocultada y la posterior desviación del mensaje al insistir en el pluralismo de los participantes en la protesta. Se ha defendido que Roșia Montana abre el camino a una protesta civil contra la corrupción, pidiendo más transparencia, más control sobre las empresas extranjeras, sin cuestionar la agenda política de la transición rumana. Por otro lado, se ha solicitado eliminar los eslóganes anticapitalistas de las protestas y centrar el debate en el surgimiento de una sociedad civil, democrática que defiende sus intereses, sin cuestionar los elementos de funcionamiento del capitalismo periférico. A la vez, se ha intentado maquillar las protestas, al mostrar ambientes festivos, con el objetivo de evitar una discusión política y atender sólo las demandas concretas de los protestatarios. Algunos analistas han considerado que una aceptación de las peticiones concretas de los protestatarios por parte del Gobierno llevaría al fin del malestar público. No obstante, solucionar el dossier de la explotación minera no quiere decir acabar con las protestas y el malestar social. El problema Roșia Montana ha abierto el debate sobre la corrupción dentro de las grandes corporaciones extranjeras. Al mismo tiempo, ha puesto sobre la mesa el espinoso asunto de la “compra” del Estado rumano por las grandes corporaciones extranjeras, dado que el Estado parece defender más bien los intereses de los inversores, que de sus propios ciudadanos. Desde los años 90, la política de la transición llevada a cabo por los diferentes gobiernos se ha centrado en dos procesos: la venta de la mano de obra barata, hecho que ha asentado en Rumanía salarios asiáticos y precios de capitales europeas y, en los últimos diez años, la posibilidad de explotación de los recursos naturales. Varios analistas se preguntan si la insistencia mediática en el pluralismo y el valor de una nueva sociedad civil no constituyen solo una desviación del mensaje de las protestas, una maniobra ideológica para frenar la adhesión de las largas categorías de población empobrecida. Roșia Montana ha empezado por “no queremos cianuro para nuestros niños” y acaba cuestionando las agendas políticas de la transición rumana. Queda por ver la futura incidencia política del movimiento, más allá de la aceptación de sus demandas inmediatas. Sin Permiso