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La memoria en ruinas
El Estado argentino se ha dedicado a gestionar los ex Centros Clandestinos de Detención con la misma ambigüedad con que encara el resto de sus políticas de Derechos Humanos. En particular se han dedicado a privilegiar algunos lugares por sobre el conjunto de la ex dependencias militares y policiales del Terror de Estado, a “resignificarlos” como si se tratara de cualquier galpón cultural, a marcarlos como prebenda que premie el apoyo a su proyecto político, o bien como simples emprendimientos inmobiliarios públicos o privados.
Desde junio de 2011 existe una ley nacional (N° 26.691) que declara Sitios de Memoria a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de represión ilegal hasta diciembre del ‘83. Claro, el articulado destaca que la ley comprende sólo los lugares sobre los que existen “pruebas suficientes sobre su funcionamiento como CCD” y que la constatación se hará sobre la base del informe de CONADEP, del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y los testimonios en procesos judiciales.
