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Estado español, Venezuela :: 01/11/2015

Venezuela, punto de inflexión en la política exterior de España

Marcos Roitman Rosenmann
La beligerancia y la guerra abierta declarada contra ese país es un paso adelante en la estrategia de sumisión a las políticas estadounidenses.

Si América Latina ha constituido una región natural donde España despliega su política exterior, siempre había guardado las distancias y el equilibrio, lo cual no impide visualizar momentos de tensión bilaterales o multilaterales.

Sin embargo, la beligerancia y la guerra abierta declarada contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela es un paso adelante en la estrategia de sumisión a las políticas estadounidenses. Si nos atenemos al periodo constitucional monárquico desde 1978 hasta hoy, los gobiernos del PSOE y del PP han seguido una misma doctrina. No contradecir la política exterior del Pentágono y la Casa Blanca diseñada para América Latina. Algunos ejemplos sirven para comprobar lo apuntado.

Con la llegada de los socialistas y Felipe Gonzalez al gobierno en 1982, España apoyó y financió a la contra nicaragüense, vendió armas a los gobiernos contrainsurgentes de El Salvador y Guatemala, boicoteando al Grupo de Contadora al inclinarse por el Plan Arias y el informe Kissinger para Centroamérica de los partidos Republicano y Demócrata estadounidenses. No condenó la invasión de 27 mil marines de Estados Unidos a Panamá el 20 de diciembre de 1989. El ministro de Relaciones Exteriores de la época, Fernández Ordóñez, señaló que el gobierno de España sólo se entristecía por los hechos.

Respecto de Cuba, las políticas del PSOE y del Partido Popular tienen matices. Felipe González abandonó los discursos solidarios del PSOE con la revolución, adoptando una posición claudicante al lado de Estados Unidos. Por su parte, el gobierno de José María Aznar promovió sanciones, la ruptura de acuerdos económicos entre la Unión Europea y la isla, y ha dado cobertura para que se radicasen en España las organizaciones terroristas que actúan contra el gobierno de Cuba. Los gobiernos de Rodríguez Zapatero y ahora de Mariano Rajoy siguieron el mismo camino, alentando acusaciones de violación de los derechos humanos y favoreciendo el bloqueo económico y político. El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, con la decisión de sacar a la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo internacional, se verifica en el cambio de la política exterior de España. El ex presidente Rodríguez Zapatero viaja a Cuba patrocinando empresarios e inversionistas, mientras el gobierno de Rajoy y el Partido Popular aplacan su ira hacia la isla centrando su odio hacia Venezuela.

Los fastos del quinto centenario y el saqueo de las empresas españolas, convertidas en aves de rapiña, expoliando recursos naturales y comprando empresas estatales bajo amenazas a precio de saldo, han sido formas de entender las relaciones entre España y América Latina. El apoyo del gobierno y del Partido Popular a las empresas españolas que actúan en la zona del canal de Panamá, exigiendo un sobrepago al presupuesto inicial, muestra sus intereses reales. Ni el asesinato de 39 personas tras el asalto de su embajada en Guatemala, el 31 de enero de 1980, conllevó un comportamiento digno. Rompió relaciones, para volver a intercambiar embajadores en 1984, aceptando la verdad oficial, apoyó el gobierno contrainsurgente de facto de Óscar Mejía Victores, olvidándose de las víctimas y dejando impunes a los responsables políticos de la masacre.

Pero cuando se trata de la República Bolivariana de Venezuela se unen la dinámica interna y la política exterior, violando cualquier límite de decencia y respeto a la soberanía de dicho país, su pueblo y su gobierno. Existen dos puntos de inflexión. El primero, cuando el gobierno de José María Aznar apoyó el frustrado golpe de Estado de empresarios liderados por Carmona y el bochornoso acto de prepotencia del entonces rey Juan Carlos I en la cumbre de Santiago de Chile, insultando al presidente Hugo Chávez, en 2007, afectando la política interna de España. La campaña de desprestigio y ridiculización de Hugo Chávez tenía como objetivo crear una corriente de opinión favorable a la monarquía, que comenzaba a vivir sus momentos bajos. La animadversión se concretó tildando a su presidente de tirano y caudillo, y señalando que Venezuela vivía una dictadura. Si en 2002, en el fallido golpe de Estado de abril, los grandes partidos, PSOE, PP, CyU, PNV y UPyD, se sumaron a la estrategia desestabilizadora, con excepción de Izquierda Unida, el Bloque Gallego y la Izquierda abertzale tras la muerte del presidente Hugo Chávez, el 5 de marzo de 2013, los partidos hegemónicos se pliegan a la campaña internacional para derribar el gobierno legítimo del mandatario Nicolás Maduro.

Tras la emergencia de Podemos en 2014, dado que algunos de sus dirigentes habían vivido en Venezuela, declararse en favor del gobierno democrático de Nicolás Maduro supone perder votos y un lastre. La campaña se ha convertido en arma arrojadiza, al señalar que Venezuela vive un régimen dictatorial y autocrático. En esta guerra, los dirigentes de Podemos ceden hasta negar los vínculos solidarios con el gobierno y el pueblo de Venezuela. Se rompen amarras y se suelta lastre.
Así, Pablo Iglesias y su secretario general declaran a Radio Nacional de España que la detención y juicio contra Leopoldo López es una verguenza y sus concejales en el ayuntamiento de Madrid, a propuesta del Partido Popular, votan condenando al gobierno de Venezuela por violación de los derechos humanos. Sólo los diputados de Ahora Madrid, pertenecientes a Izquierda Unida, votaron en contra.

En definitiva, Venezuela se incorpora a la política interna y es un arma arrojadiza para descalificar. Como apunta el asesor económico del partido Ciudadanos, Luis Garicano: Las opciones de España son Dinamarca o Venezuela. Así las cosas, nuevamente, los grandes partidos hegemónicos, más las nuevas fuerzas emergentes, como Ciudadanos y Podemos, se pliegan a las políticas desestabilizadoras contra Venezuela. Eso sí, con la honrosa excepción de Izquierda Unida, la izquierda abertzale y gallega.

La Jornada

 

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