Censura parental: un adoctrinamiento encubierto

Desde hace ya tiempo, VOX insiste en el establecimiento del mal llamado “PIN Parental” para que las familias decidan si sus hijos pueden ir o no a las actividades complementarias y extraescolares organizadas por los Centros. Sostienen que debe existir la posibilidad de no autorizar la asistencia de sus hijos a las actividades cuyo contenido confronte con sus “creencias y valores”.

Hay aquí una alarmante ignorancia respecto a la ley, o lo que es peor, una voluntad consciente e informada de saltársela con fines políticos.

Cualquiera que sepa lo mínimo acerca del funcionamiento de un centro educativo, conoce que, aparte de las clases en sí, las actividades que se realizan en un centro se clasifican en dos tipos: complementarias y extraescolares. Las actividades complementarias tienen estrecha relación con el currículo de la asignatura, son obligatorias y puntúan para nota. Por ejemplo, si se está estudiando arte, una visita al museo de El Prado sería una actividad complementaria. Sin embargo, las actividades extraescolares, no son obligatorias y para asistir a ellas es necesaria una autorización de los padres. No puntúan para nota y son un complemento a la formación del alumno. Por ejemplo, un viaje de esquí.

Las actividades complementarias están programadas desde principio de curso. Son aprobadas por el Consejo Escolar (en el que están representadas las familias) y por el profesorado en el Claustro y figuran en un documento que se llama Programación General Anual, documento de acceso público custodiado en el centro. Mayor transparencia, imposible.

VOX sabe de sobra que el tema LGTBI es un contenido transversal del currículo y que, por lo tanto, las actividades organizadas sobre este tema, son parte de la planificación, aún cuando, en este caso, no hay puntuación por no ser un tema específico de una materia. De manera que, desde el punto de vista legal, son actividades de obligada asistencia.

Con la no asistencia, se estaría incurriendo (como ya dijo la ministra de Educación, Isabel Celáa) en una objeción de conciencia encubierta y, por tanto, habría que acudir a la legislación que regula tales objeciones, estando este caso claramente descartado, pues ya en el 2009 el Tribunal Constitucional publicó en una sentencia que la Constitución no avala el derecho de veto de las familias sobre los contenidos del currículo escolar.

Así pues, desde el punto de vista legal, el llamado “PIN Parental” no sería más que un mecanismo de control, una censura parental sobre la actividad docente.

Pero analicemos el verdadero trasfondo de esta pretensión.

La derecha en este país no ha cesado de reclamar la libertad de las familias para educar a sus hijos según sus convicciones, desde los debates de la Constitución del 78 hasta el momento. Es lo que siempre se esgrime para defender la enseñanza privada concertada sostenida con dinero público.

Ahora estamos ante una nueva vuelta de tuerca. Se trata de un ataque más a la Escuela pública y a nuestra tarea como docentes, que ya está teniendo su efecto en diversos centros escolares.

Durante estos días, dirigentes políticos del PP y Vox han dicho verdaderos disparates sobre la pertenencia de sus hijos a sus familias. Pablo Casado ha llegado a afirmar “que sus hijos son suyos y no del Estado en manos de un gobierno radical”.

Efectivamente, sus hijos son suyos y pertenecen a su familia, por eso tiene su patria potestad, pero no son de su propiedad. En esto ni siquiera el Papa les da la razón: “los padres son custodios y no propietarios de sus hijos”, explicó Francisco el 31 de diciembre de 2017, es algo que José y María descubrieron bien pronto cuando perdieron a su hijo en Jerusalén y se lo encontraron en Templo investigando con los sabios y doctores.

Cuando una familia no escolariza a sus hijos en edad obligatoria, intervienen los servicios sociales para proteger los derechos de ese niño o niña. Se entenderá que tiene que ser así, pese a que según el dogma de la “libertad de los padres” para educar de acuerdo con sus convicciones, una familia podría decidir que su hijo de doce años se educa mejor trabajando en la tienda de su propiedad que en el instituto, otra que los suyos se educan mejor en la mezquita según los preceptos de la yihab y otra según los de la supremacía de la raza blanca. Sin duda, otras familias podrían optar por educar a sus hijos en una casa okupa según algún tipo de catecismo progre, negándose a vacunarles o, más tarde, a hacerles transfusiones de sangre si luego resulta que un día se convierten al evangelismo de Jehová. Como resultado, tendríamos una abanico curricular que dependería de las particulares creencias (y también de las neurosis) de cada familia.

Es para evitar este escenario por lo que existe la escuela pública, para librar a los hijos de la neurosis familiar que podría apoderarse de ellos de manera totalitaria, justo cuando, por su condición infantil están más indefensos. Carlos Fernández Liria, en su libro Escuela o Barbarie, ha argumentado largamente al respecto: los padres tienen derecho a educar a sus hijos según sus creencias, pero siempre y cuando a los hijos se les ofrezca alguna posibilidad de librarse de ellas. Y la escuela pública es la única posibilidad que tienen los niños para ver más allá de los prejuicios familiares. Ningún padre o madre debe de tener el derecho de someter a sus hijos a un totalitarismo ideológico particular. Pueden, sin duda, educar a sus hijos, bien o mal, según sus creencias más o menos sensatas o incluso más o menos delirantes. Pero tienen la obligación de dejar a sus hijos una ventana abierta para otras creencias y otros delirios. Y esto es lo que cualquier niño o niña encuentra en la escuela pública. Y del contraste de distintas creencias y prejuicios es de donde puede surgir algún tipo de objetividad y de crítica.

No nos engañemos: el razonamiento de VOX y del PP no va en contra del adoctrinamiento, sino todo lo contrario. Lo que les espanta es la posibilidad del “desadoctrinamiento” que los niños y niñas pueden encontrar en la Escuela pública, la posibilidad de que puedan hallar en el espacio educativo una puerta para escapar al adoctrinamiento familiar que, precisamente, por ejercerse en el ámbito doméstico, puede llegar a ser asfixiante. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Que los niños y niñas de este país tengan que vivir como un destino inevitable el hecho de haber nacido, por ejemplo, en una familia del Opus, que les ha educado según un catecismo del Opus, sin permitirles jamás abrir los ojos a nada que quede más allá de su peculiar maraña ideológica? Esta barbaridad totalitaria ya la practican en sus colegios privados. Pero es una ignominia que pretendan además extenderla a la escuela pública.

Para formar “ciudadanos” de un Estado de Derecho, hay que proteger a los niños de la dictadura familiar. No es pedir demasiado: los padres deben poder educar a sus hijos según todas las majaderías que puedan tener en la cabeza. Pero los padres no tienen derecho a cerrar a sus hijos las ventanas del mundo, porque una familia no debe ser una prisión.

Lo que busca la ultraderecha de este país es que la escuela pierda su función liberadora, la que permite a los niños a cuestionar nuestras creencias, para que puedan llegar a tener algún día el criterio propio que se exige a la condición de la ciudadanía. Porque si hay algo que la escuela debe tener por objetivo es la de formar futuros mayores de edad, capaces de pensar por sí mismos, como reza el viejo ideal kantiano de la Ilustración. Hace unos meses lo defendía con contundencia en la Asamblea autonómica el diputado de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño: la escuela pública debe alimentar la "capacidad de cada uno de servirse de su entendimiento sin verse guiado por algún otro”, y eso incluye también a las propias familias.

Ahora bien, lo grave ya no es que la propuesta de la censura parental pueda o no salir adelante. Lo grave son los efectos que ya ha generado y los que vendrán. El que sea concebible razonar así, sin sentir vergüenza propia y ajena, es ya un retroceso muy grave. El objetivo es, una vez más, desprestigiar la Escuela pública y el trabajo de sus docentes. Y la cosa ya está teniendo sus efectos. A la denuncia a un profesor andaluz por poner el vídeo de Ana Orantes el día 25 de noviembre, se suman varios casos, también en la Comunidad de Madrid, de profesores que son llamados al “orden” por las familias, por su propio equipo directivo o, incluso, por altos cargos de las administraciones educativas, que si bien nunca han abierto la boca por la falta de recursos o las altas ratios, no han pestañeado a la hora de descolgar el teléfono para llamar la atención a un director por las actividades realizadas en su centro en relación a la violencia de género.

Hechos como este y la defensa de la censura de los padres (el “PIN parental”) está llevando a muchos docentes a algo que en el mundo del periodismo se conoce muy bien: la autocensura para evitar problemas. Por este camino, la escuela pública se acostumbra poco a poco a un clima de terror, en el que se empieza suprimiendo las charlas del LGTBI y se continua no leyendo textos de Marx, no explicando a Darwin o reconvirtiendo las clases de historia según el gusto ideológico de algunas familias (que, por ejemplo, empiezan a tener muy claro que la guerra civil la inició el PSOE en el 34, según ha demostrado, al parecer, Federico Jiménez Losantos en algún programa de radio).

Creemos que la situación es grave. Atacar la escuela pública es socavar los cimientos del Estado de Derecho. Como decía Umberto Eco, las amenazas del fascismo pueden también camuflarse de inocencia: “El fascismo está a nuestro alrededor. A veces vestido de paisano. Sería muy cómodo para nosotros, que alguien se asomara a la escena del mundo y dijera: ¡Quiero volver a abrir Auschwitz, quiero que las camisas negras vuelvan a desfilar solemnemente por las plazas italianas! Por desgracia, la vida no es tan fácil. El fascismo puede volver con las apariencias más inocentes. Nuestro deber es desenmascararlo y apuntar con el índice a cada una de sus formas nuevas. Todos los días y en todos los rincones del mundo”.

La ley está de parte de los docentes, según el artículo 20 de la Constitución en referencia a la libertad de cátedra. Pero no nos va a bastar con esto. Vamos a tener que trabajar mucho colectivamente, defendiendo una Escuela Pública democrática y gritando muy alto: señores de VOX, señores del PP respeten las leyes y saquen sus doctrinas de la Escuela Pública.

* Silvia Casado Arenas y Guillermo Silva Uribarri son profesores de enseñanza secundaria en un centro público.
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