El PSOE logra la aprobación de su ataque a los derechos laborales

La Comisión de Trabajo del Congreso español aprobó ayer con el único voto a favor del PSOE el proyecto de Ley que reforma el mercado de trabajo, al que se añadieron 33 enmiendas, entre ellas, la que admite la posibilidad de despidos objetivos por causas económicas, es decir, con la indemnización de 20 días por año trabajado, por pérdidas previstas o por la disminución persistente de los ingresos.

El proyecto de Ley enmendado sólo recibió el apoyo del PSOE, mientras el PNV, junto a CiU y el grupo mixto se abstuvieron y el PP, ERC, ICV e IU votaron en contra. Al actuar con competencia legislativa plena, no es necesario que el texto sea ratificado en el pleno, con lo que se envía directamente al Senado.

El PNV no sólo se abstuvo para facilitar la aprobación de la ley, sino que además pactó con el PSOE a última hora una enmienda por la que se concretan las causas económicas para el despido objetivo.

En concreto, la enmienda dice que «se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo».

El portavoz del PNV en la Comisión de Trabajo, Emilio Olabarria, admitió que no se sabe si esta reforma será «buena, mala o regular» con respecto a la actual legislación, aunque agradeció las aproximaciones del PSOE sobre las causas del despido objetivo.

Absentismo y supresión de ayudas

En otra enmienda, pactada con CiU, se reduce del 5% actual al 2,5% el índice de absentismo total de la plantilla del centro de trabajo a partir del cual se tiene en cuenta las ausencias del trabajador como motivo de despido. Además, el despido será procedente cuando un trabajador falte de forma intermitente al trabajo el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un período de doce meses, aun de manera justificada.

Además, el PSOE aprovechó el trámite parlamentario para suprimir la propuesta para que los autónomos en paro que se queden sin ninguna prestación pública puedan percibir 425 euros durante seis meses, medida aprobada en el Congreso el pasado día 21.

Por lo que respecta al contrato de fomento del empleo estable, se añadió que tendrá que ser el trabajador quien pruebe en los tribunales la improcedencia de la extinción de su contrato, cuando hasta ahora correspondía al empresario demostrar la procedencia de su decisión.

Negociación colectiva

El PNV, además de facilitar la aprobación de la reforma, puso la condición de que el Gobierno español se comprometa a reformar también la negociación colectiva y, para ello, modifique el Estatuto de los Trabajadores cuanto antes.

Según explicó Olabarria antes de la votación, «si no se reforma la negociación colectiva laboral, cualquier reforma queda absolutamente amputada y va a ser insuficiente».

Precisamente, PSOE y CiU pactaron que en el caso de que no se alcance un acuerdo sobre la negociación colectiva, el Ejecutivo deberá impulsar dicha revisión en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la ley de reforma laboral, el mismo plazo que el PNV dio al Ejecutivo para que presente un proyecto de reforma del título tercero del Estatuto de los Trabajadores, donde se regula la negociación colectiva.

Esta reforma se comenzó a negociar el miércoles en Madrid entre la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CCOO. Unas de las claves será la anulación de la ultraactividad de los convenios (prórroga automática cuando finaliza su vigencia) y la desaparición del convenio autonómico y provincial.

A este respecto LAB criticó que la reforma laboral aprobada ayer «ataca gravemente la negociación colectiva» porque «facilita a las empresas incumplir lo acordado en los convenios tanto en salarios como en condiciones laborales», en referencia a la capacidad que da a las empresas para descolgarse del contenido de los pactos.

Pero advirtió de que «no será el único ataque a la negociación colectiva», ya que con la reforma de la misma que se ha comenzado a negociar «se está hablando de la desaparición de los convenios provinciales y autonómicos».

A su juicio, esto supone precarizar aun más las relaciones laborales porque los convenios se negociarían en Madrid, lo que supone menor cobertura salarial y menos garantías de derechos. LAB denunció que cada reforma va «en la misma dirección:, dar más poder a la patronal y precarizar las condiciones de trabajo», por lo que subrayó la necesidad de «una respuesta contundente» por parte de la clase trabajadora.