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El Gobierno suspende el plan de recortes hasta después de las elecciones
El Gobierno ha dejado en suspenso los planes de reequilibrio y reducción del gasto público de siete comunidades autónomas para reducir su déficit, entre ellas Castilla-La Mancha, que no tendrán el visto bueno para endeudarse hasta después de las elecciones del 22 de mayo, tras la constitución de los nuevos gobiernos regionales.
Han quedado en suspenso los planes de seis autonomías: Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura y Baleares, mientras que han sido aprobados los de otras siete.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha dado luz verde a los planes de reequilibrio económico financiero de Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Murcia, que si se unen a las medidas adoptadas por el País Vasco y Navarra supondrán un ahorro de 4.283 millones de euros, casi la mitad (47,6 %) del déficit registrado por estas comunidades en 2010. Las medidas afectan al sector público educativo, sanitario y la Administración pública, pero no contempla ninguna medida de progresión impositiva a las rentas más altas.
La Rioja y Madrid no han tenido que presentar planes de reequilibrio, al haber cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria en 2009 y 2010, y haber presentado en 2011 un presupuesto con un déficit inferior al 0,75 % del PIB.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, ha dado estos datos en la rueda de prensa posterior al CPFF, en la que ha asegurado que a "algunos" de los seis planes que quedan por aprobar "les faltan pocos detalles y ajustes" para ser refrendados "enseguida".
Salgado ha expresado su deseo de celebrar cuanto antes el próximo Consejo, si bien ha recordado que habrá que esperar hasta después de las elecciones y de que se constituyan los nuevos gobiernos regionales.
La aprobación de los siete planes otorga a estas comunidades la la autorización del Gobierno para endeudarse con cargo al déficit de 2011, equivalente al 0,65 % del PIB de cada comunidad, en el primer tramo que permite el Estado.
