El lobby del cemento culpa al gobierno de la situación de sus empresas

Las grandes constructoras españolas no dedican demasiados esfuerzos al ladrillo, la construcción de viviendas. Sus negocios están tan diversificados que cubren desde la construcción del TAV, edificación, gestión de autopistas y aeropuertos, pasando por el servicio de limpieza de varios municipios o el alquiler de los centros comerciales que construyen. Sin embargo, la piedra angular de sus beneficios está en el sector público, en la obra encargada por las administraciones. La verdadera fuente de ingresos está en el cemento inyectado en puentes, túneles, carreteras, autovías, hospitales, museos, instalaciones deportivas… Son las arterias que llevan el pulso al corazón de los gigantes del sector, un grupo muy reducido, apenas seis empresas, que se rebelan ahora ante las intenciones del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, de ahorrar 7.000 millones de euros este año y el próximo en infraestructuras. Además, otra importante pata del negocio, los servicios municipales de limpieza, también está sujeta al ajuste público. Los ayuntamientos deben 3.500 millones a la concesionarias de la recogida de basuras y, en principio, no podrán endeudarse para hacer frente a esos pagos demorados.

El lobby del cemento es una patronal de engranajes muy activos y engrasados. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de ACS, es su rostro más conocido. Junto a él, lideran el grupo herederos de históricas familias de la construcción como Esther Koplowitz (FCC), Rafael del Pino (Ferrovial) y José Manuel Entrecanales (Acciona); históricos empresarios como Miguel Ángel Villar Mir (OHL) -ministro de Economía durante el franquismo y candidato en varias ocasiones a la presidencia del Real Madrid-, y un magnate de nuevo cuño forjado al calor de la burbuja inmobiliaria, Luis Rivero (Sacyr Vallehermoso).

Todos ellos, Koplowitz representada por el consejero delegado de su empresa, Ildelfonso Falcones, iban a reunirse esta semana con el presidente del Gobierno español con el objetivo de hacerle cambiar de opinión y que no estrangulara el cordón que les garantizaba hasta ahora beneficios millonarios todos los años. Aquel encuentro se frustró debido a una filtración a la prensa.

La noticia corrió como la pólvora y pilló con el paso cambiado a La Moncloa, obligada primero a admitir la reunión y dos horas después a desconvocarla ante la compleja situación en la que quedaba Zapatero. Si el encuentro era un éxito para los intereses de las constructoras, el presidente quedaba en evidencia, cedía a las presiones del lobby ajustando el cinturón un par de agujeros menos y permitiendo tomar aire a los poderosos constructores.

Callejón sin salida

Si, por contra, el criterio del Gobierno no variaba, el simple hecho de haberlos recibido contribuiría a alimentar más los recelos de los pequeños y medianos constructores respecto a la capacidad del grupo de los seis para hacerse con las licitaciones públicas.Un callejón sin salida al que Zapatero había llegado debido a su estrecha relación con David Taguas, presidente de una de las cinco patronales del sector, Seopan, y ex director de la Oficina Económica de La Moncloa.

El aplazamiento de la cita, que incluso ha podido celebrarse ya debido al interés de Madrid por hacerla fuera del foco de la opinión pública, no ha rebajado la presión del lobby. Al contrario, los constructores, a través de Taguas y de diferentes agentes del sector, han mantenido activo su mensaje. Aseguran que sin el paraguas de la obra pública tendrán que despedir a otros cien mil trabajadores en una actividad que daba empleo a más de 2.600.000 personas a finales de 2007 y que en junio tenía una masa salarial inferior a 1.700.000 nóminas.

Como alternativa al parón de las obras, el sector propone la conversión de los contratos tradicionales de obra pública que no saldrán a licitación en derechos de futuras concesiones, que se convertirían en un aval para las empresas a la hora de renegociar con los bancos su deuda. En cualquier caso, su intención es tocar todos los resortes posibles con el objetivo de rebajar lo máximo posible las infraestructuras paralizadas e intentar continuar con todas las licitaciones adjudicadas. Entre sus argumentos, esgrimen los ingresos en las arcas del Estado que generarán las obras a través de los diferentes impuestos y las cotizaciones empresariales a la seguridad social. Es una batalla de largo recorrido que estará vinculada a los tiempos de salida de la crisis.