El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordena ejecutar todos los desalojos

El sistema no ha podido resistir las movilizaciones contra los desahucios que se están produciendo en todo el Estado a partir del momento en el que el movimiento 15M decidió apoyar los intentos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para paralizarnos.

El jueves, 7 de julio, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, exigió a los magistrados que dependen de su jurisdicción que cumplan las sentencias dictadas por los tribunales en relación con los desalojos. El presidente del TSJM ha puntualizado a sus subalternos que las resoluciones judiciales firmes sobre desahucios "tienen que ejecutarse". Francisco Javier Vieira quiso lavar su conciencia públicamente manifestando que “los desahucios son un problema social que le preocupa al órgano judicial al que pertenece, tanto como el resto de la sociedad”. El alto magistrado puntualizó en su declaración pública que deberían buscarse mecanismos para evitar que las resoluciones judiciales se vean incumplidas. "Se pueden buscar mecanismos para que se reduzcan las injusticias, pero lo que nunca se puede hacer es que cuando hay una resolución judicial firme, dedicada y motivada ésta no se ejecute”.

En Madrid, en el curso de esta semana el Movimiento 15M evitó dos desalojos. En Las Palmas de Gran Canaria, el pasado miércoles día 6 alrededor de un centenar de activistas sociales del 15M impidieron, asimismo, con la movilización ciudadana la ejecución de un desahucio. El jueves día 7 la Asamblea Popular del 15 M de Leganés llamó a los vecinos del municipio a que acudieran a evitar que dejasen sin techo a una mujer y sus dos hijos. Aunque el desalojo estaba previsto para las 11 del jueves, el juzgado de primera instancia número 69 de Madrid ha decidido suspender de manera cautelar su ejecución.

El movimiento contra los desahucios esta situando al sistema en una difícil contradicción. De generalizarse estas tentativas de impedir que los vecinos afectados por las hipotecas sean desalojados y puestos en la calle podría significar que el movimiento popular estaría logrando de facto algo que el Ejecutivo socialdemócrata ha sido incapaz de legislar.

Canarias Semanal