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17/12/2006 :: Estado español

El PSOE y la dictadura pinochetista

x Raúl Calvo Trenado
Felipe González en La Moncloa defendió el envío de armas a las dictaduras de Chile, Argentina, Honduras y Paraguay. Zapatero se desgañita contra la dictadura chilena a la vez que se niega a revisar los juicios sumarios del franquismo porque eso sería romper el orden constitucional.

La dictadura pinochetista y el Estado Español

"Aunque Pinochet cometió algunos excesos,dejó Chile mejor de lo que se lo encontró"
Manuel Fraga

La inmensa mayoría de las declaraciones de los dirigentes del Estado Español han estado muy alejadas de la anterior del ex ministro franquista Manuel Fraga. Incluso en buena parte del PP no habrá agradado este comentario debido a la impopularidad del régimen pinochetista -mucha más que la de la de la dictadura de Franco- y hubieran preferido, cuando menos, oír una pequeña crítica de su presidente fundador contra el general chileno.

También la prensa, incluso la más derechista, ha atacado al fallecido dictador mucho más de lo que sería esperable en el caso del franquismo, al cual le difienden esas estupideces acuñadas como reconciliación nacional, remover viejas heridas, etc.

Por supuesto, eso no quiere decir que no haya habido ocasión de leer y escuchar muchas sandeces sobre el fallecimiento del "penúltimo dictador de América Latina" (el último es, obviamente, Fidel Castro, con el cual los falsimedias han estado comparándolo una y otra vez).

El caso Pinochet como el de las demás dictaduras latinoamericanas es uno de los episodios más hipócritas del PSOE. Mientras el paternalismo español daba "consejos" a Argentina para transitar hacia la democracia, los asesinados por el franquismo en la guerra civil y la dictadura siguen en las cunetas.

Dejemos a un lado al juez super star, Baltasar Garzón, y recordemos cómo fue realmente la historia: en 1996, Miguel Miravet (presidente de la Unión Progresista de Fiscales) presentó ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional de Valencia una denuncia por genocidio y terrorismo de Estado contra Augusto Pinochet y otros ex miembros de la Junta Militar. A esta acción se sumó una querella presentada por la Fundación Presidente Allende de Madrid.

Este intento de condenar al dictador contó con el apoyo de Izquierda Unida, que todavía no se había convertido en un satélite del PSOE. Este último no prestó colaboración alguna al proceso más allá de alguna opinión insulsa a las cámaras ya que todavía no era un caso con impacto mediático en el que interesara presumir de progresista para atrapar votos. Y con respecto al PP, entonces en el gobierno, el tema era simplemente un incordio por motivos obvios.

Unas declaraciones poco afortunadas del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, y del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, dieron pie para que el PSOE atacara al PP pero poco más. Todavía el 3 de febrero de 1998, el periódico más sociata comunicaba tras una reunión del secretario general Joaquín Almunia con el presidente chileno Eduardo Frei: "El PSOE se distancia de la investigación sobre los desaparecidos en Chile". Cuando en octubre de ese año el caso salte al candelero, ya se interesará más por el asunto

(Un inciso. Estando Felipe González en La Moncloa, defendió el envío de armas a las dictaduras de Chile, Argentina, Honduras y Paraguay, con las que hicieron negocios muy suculentos empresas tales como Explosivos Río Tinto o ENASA. Según el entonces ministro de exteriores, Fernando Morán: "Vamos a tener relaciones muy intensas con Paraguay (...) no vamos a cometer la pedantería de descalificar no ya diríamos a un régimen, ni mucho menos a un país porque coyunturalmente esté en una situación concreta". Luego, declaración bonita a la prensa por los pobrecitos familiares de los desaparecidos. ¿Es que nadie quiere recordar este oscuro episodio?)

La brecha abierta en Valencia creció y a ella se sumaron más organizaciones políticas y de Derechos Humanos chilenas. De hecho, el 12 de enero de 1998, Gladys Marín, secretaria general del PCCH presenta la primera querella criminal en Chile contra Augusto Pinochet por tortura, secuestro, genocidio, asociación ilícita e inhumación ilegal. El juez Guzmán Tapia admitió la querella a trámite. A partir de entonces se presentarían muchas más.

Y por fin sucedió. El 13 de octubre, el juez Manuel García Castejón pidió interrogar a Augusto Pinochet, que se encontraba internado en Londres y la noche del 16 al 17 es detenido por Scotland Yard. Aquí es cuando entra en acción el justiciero hispánico, Baltasar Garzón.

El super juez volvía a la carga para presumir de abanderado progresista de las causas populares, pero cuando se le ha pedido colaboración para revisar los crímenes del franquismo siempre ha dado la misma respuesta: silencio absoluto. El respeto al régimen monárquico- franquista por encima de todo

Años después, el genocida murió sin condena. Era de esperar. Y la hipocresía continúa: Zapatero se desgañita contra la dictadura chilena a la vez que se niega a revisar los juicios sumarios del franquismo porque eso sería romper el orden constitucional.

El parlamento organiza su teatrillo sobre la Ley de Memoria Histórica: "los fachas del PP se oponen y el rojo de Zapatero defiende a los republicanos y a los represaliados del franquismo". Ciencia ficción de los noticieros progres.

Para el PSOE como para el franquismo, Granado y Delgado son dos terroristas y por eso en estos días se niega revisar en caso.

Pero, eso sí, sin problemas se recibe a otro genocida, Teodoro Obiang, con el que espera tener buena relación y así poder acceder a su petróleo.

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