Estado español: ¿caerá el gobierno de coalición centrista en 2026?

La crisis de otoño de 2025 ha sido una larga continuación contenida de la de junio, tras el estallido del caso Cerdán-Abalos-Koldo. Al atravesar el ecuador de la legislatura, el gobierno de coalición centrista parecía perdido en su particular triángulo de las Bermudas:

* sin mayoría legislativa para superar mediante reformas de calado los límites impuestos a su gestión por la crisis del régimen del 78, en concreto la insumisión reaccionaria de un sector del poder judicial, las estructuras del "capitalismo de amiguetes" y la crisis financiera del estado de las autonomías;

* limitado a los estrechos márgenes de la gestión de gobierno, sin posibilidad de aprobar los presupuestos, para llevar a cabo un "giro a la izquierda" (a pesar de la renovación del "escudo social" en 2025), por un lado, y recomponer, por otro, la mayoría de investidura tras el distanciamiento de Junts y ERC, compitiendo entre sí en Cataluña.

* con una erosión importante de su base social hacia la abstención, por la falta de alcance de sus medidas sociales y económicas, que siguen haciendo aumentar la percepción de desigualdad frente al coste de la vida y la vivienda (que ocurre en todos los países desarrollados y es una característica de la recuperación de la crisis del Covid);

* en un ciclo internacional marcado por la agresividad unilateral del trumpismo y la crisis del multilateralismo, la situación post-genocidio en Palestina, la partición de Ucrania entre Trump y Putin, los conflictos de Sudán, Yemen y Congo alentados por Occidente y por el enfrentamiento entre socios regionales, la parálisis de una UE "zombie" con mayoría conservadora y el control neocolonial de Venezuela con el secuestro del presidente Maduro, mientras Trump anuncia de forma clara y sin ambigüedades la toma de posesión de Groenlandia.

A su favor, el gobierno de coalición centrista podía alegar 23 razones de un balance positivo para "mejorar la vida de la gente" en junio, repetidas en buena medida en el balance de fin de año de diciembre. La macroeconomía, gracias al aumento del empleo y de la productividad, sigue creciendo el doble de la media de la zona euro, los márgenes empresariales y bancarios están en máximos tras la Gran Recesión e impulsan la subida continua de la bolsa, al tiempo que se revalorizan frente a la inflación salarios, pensiones y prestaciones sociales, aunque habiendo perdido poder adquisitivo las rentas salariales.

Todo esto es innegable, pero no seamos demasiado cautos. Hay datos malos para los no ricos. La pobreza, datos según criterio AROPE, de los últimos 6 años no ha variado de forma significativa. Veamos: desde 2019 (25,2 %) hasta 2024 (25,8 %), -las cifras de 2025 no han sido aún publicadas-, la pobreza se ha mantenido. Por claro contraste desde 2019 hasta hoy, el 1 % más rico ha ganado entre 2 y 3 puntos porcentuales de la riqueza total.

¿Qué se ha intentado hacer para mejorar la situación del 25% más pobre de la población del Estado español? Las medidas propuestas al respecto (básicamente mejorar el IMV y la subida del SMI) no han tenido efectos suficientemente significativos. Propuestas como la de una renta básica para jóvenes deben ser aplaudidas, pero está en hibernación. No son la renta básica universal (¿qué mecanismos político-psicológicos impiden dar el paso?) ni aún menos nada parecido a una renta o riqueza máxima (¡dios nos libre!), pero van en una dirección de ampliar la característica de universalidad contra la condicionalidad de tan tristes resultados hasta la fecha.

... y su profundización por el flanco judicial

La crisis de junio se ha visto agravada por un aspecto decisivo, que refleja además la debilidad y ambivalencia de la estrategia del PSOE frente al régimen del 78: la condena en noviembre del fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, por el Tribunal Supremo por revelación de secretos del sumario de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La sentencia -contra la declaración de testigos, basada en especulaciones- ha supuesto un auténtico pulso que ha llevado a la dimisión obligada de García Ortiz, desbarata la operación de contrapesos en el poder judicial emprendida desde el CGPJ por el ministro Bolaños.

Pero además establece precedentes para el desarrollo de los procesos pendientes contra el entorno de Pedro Sánchez, las causas contra su esposa Begoña Gómez, su hermano, Cerdán y Abalos, secretarios de organización del PSOE designados por él. Y ahora la querella admitida por la Audiencia Nacional de la secta ultraderechista Hazte Oir contra el ex-presidente José Luis Rodríguez Zapatero por complicidad con Nicolás Maduro.

La judicialización de la política del gobierno se ha convertido en el eje principal de la ofensiva reaccionaria del PP y Vox, a pesar de que se acumulan los casos de corrupción que les afectan y que se verán a lo largo del año, como el que afecta a Montoro y otros altos cargos del gobierno Rajoy por corrupción. Pero el Tribunal Constitucional vuelve a encontrarse con el mandato expirado de los cuatro nombramientos del Senado, incluyendo su presidente Conde-Pumpido, sin perspectivas de renovación, y en estas condiciones tendrá que decidir sobre los aspectos pendientes de la Amnistía del Procés, como el delito de malversación, el recurso del exfiscal García Ortiz, o la Ley Trans.

Los esfuerzos del gobierno para recuperar la iniciativa ante el ciclo electoral de 2026

Los esfuerzos del gobierno por recuperar la iniciativa y el liderazgo político, descartada cualquier reestructuración importante del gabinete -como pidió Yolanda Díaz tras el descalabro electoral del PSOE en las elecciones autonómicas extremeñas-, siguen concentradas en el frente social y en el internacional.

Pedro Sánchez vuelve a intentar reconstruir puntualmente una mayoría parlamentaria para asegurar el llamado "escudo social" en 2026, cuando la Comisión europea exige el giro hacia la austeridad y la OTAN el aumento del gasto militar. Sin posibles presupuestos por el momento ante la posición de Junts y Podemos, la reforma del sistema de financiación autonómica parece ser la vía previa a intentar. Frente a la propuesta del PP de que sus comunidades autonómicas recurran a los mercados privados de deuda para financiarse, la del PSOE es volcar en el sistema 21.000 millones de euros más y negociar bilateralmente otras fórmulas como el aumento de la cuota de transferencia del IRPF y el IVA.

La fórmula ha permitido cerrar un primer acuerdo con ERC, que a su vez debe reflejarse en la aprobación de los presupuestos de Catalunya y la estabilidad de la Generalitat gobernada por Salvador Illa y el PSC. Todavía quedan algunos aspectos por conocer de este pacto entre ERC y el gobierno español, y muchos análisis podremos leer, pero algunas cosas están claras: deja mucho que desear desde posiciones de izquierda soberanista. Al menos momentáneamente, como dirían los optimistas.

Números. El acuerdo, permitirá a Cataluña disponer de cerca de 5.000 millones más. Parece algo substancioso. Muy lejos del concierto fiscal que disponen las CCAA de Euskadi y Navarra, y que tan reivindicado ha sido por parte de distintos sectores políticos y sociales en Cataluña. Según distintos cálculos, el concierto supondría una cantidad de entre 2.000 millones y 8.000 millones adicionales a estos 5.000, dependiendo de si los cálculos son muy moderados o no tanto. En cuanto al déficit fiscal de Catalunya y tomando los cálculos más moderados (12.000 millones) que no los más citados por algunos economistas (que llegan a 22.000 millones), la cifra cercana a 5.000 millones se queda claramente corta.

De rebote, podemos observar un impulso a las candidaturas 'socialistas' en el nuevo ciclo de elecciones autonómicas, en especial en Andalucía -que recibiría más que Catalunya- y en las posibles de Valencia, donde los 3.000 millones de euros extras podrían ser decisivos en el pulso político tras la Dana y la catástrofe de la gestión del dimitido Carlos Mazón.

Sin presupuestos y sin reforma de la financiación autonómica, el gobierno puede encontrarse en un callejón sin salida que bloquee el posible "giro a la izquierda" y la recuperación de su base social abstencionista con la renovación del "escudo social" para 2026 pactado con Bildu. Si la crisis política no ha tenido peores consecuencias es debido también a la incapacidad de Feijóo de articular una mayoría conservadora más allá de Vox. Porque para hacerlo necesita depender menos de un Vox que marca la ofensiva reaccionaria gracias al crecimiento de sus expectativas electorales, pero hace imposible el acercamiento a Junts o el PNV. A lo que se añaden las dificultades para hacer compatible su posicionamiento con la todavía mayoría conservadora en la UE con las políticas imperialistas y unilaterales del trumpismo, apoyadas por la extrema derecha europea.

El ciclo electoral de 2026 no debería cambiar por si mismo la correlación de fuerzas de esta legislatura, que se sigue apoyando en los resultados del 23 de julio de 2023. No habrá cambios que refuercen el contrapeso de poder que pretende sostener Feijóo desde las once comunidades autonómicas que gobierna, con cesiones a las pretensiones de Vox, porque ni en Aragón ni en Castilla y León habrá cambios sustanciales, como en realidad tampoco se esperan en Andalucía más allá de un efecto limitado de la crisis sanitaria de los cribados. El cambio en la correlación de fuerzas solo puede ser consecuencia o bien de la erosión de la base electoral centrista -por la pérdida del voto feminista en el PSOE tras los escándalos de prostitución conocidos, o por la división entre las fuerzas de la centroizquierda alternativa- o por una desmovilización social que se vea empujada por la falta de un "giro a la izquierda" que inevitablemente debe provocar confrontación con las políticas privatizadoras de las autonomías del PP.

Frente al trumpismo internacional

Las iniciativas de Pedro Sánchez en el terreno internacional sobre Gaza, Ucrania o ahora Venezuela buscan rearticular las señas de identidad de la centroizquierda social frente al reflejo interno de la ofensiva imperialista de la Administración Trump. El trumpismo crea contradicciones internas en el PP y entre este y Vox, que dependerán de la evolución del bloque gobernante conservador-liberal en la Unión Europea frente a los tres bloques de la extrema derecha en el Parlamento europeo. Unas contradicciones que, si acaba teniendo lugar la desposesión anunciada de Groenlandia de Dinamarca, solo pueden acentuarse.

La agresividad unilateral del imperialismo es algo evidente y que han señalado muchos analistas. Pero lo que no ha sido tan comentado es el inusual estado de claridad, hasta para la persona más escéptica en analizar la realidad como conflicto de clases, que simboliza la reunión de las grandes multinacionales petroleras (Repsol entre ellas) con Trump.

Lo decíamos en este editorial: "la combinación del dominium -las relaciones de dominación que se dan en los ámbitos privados que conforman nuestras sociedades como los mercados de trabajo, hogares, etc.- con imperium que son las relaciones de dominación que posibilitan la capacidad de los poderes públicos de favorecer intereses particulares, conforman una tiranía como la que está configurando el régimen de oligarcas de Estados Unidos, y del que Trump es un buen y fiel representante y agresivo defensor". El Estado más poderoso del mundo que favorece de manera prepotente, por si algún académico despistado todavía se entretiene con las curvas de oferta y demanda, los intereses particulares de las grandes transnacionales petroleras (entre otras): de eso estamos hablando.

La resistencia como imperativo de las centroizquierdas

Resistir sigue siendo la consigna de las centroizquierdas, aunque en la práctica todas se preparen para lo peor. La crisis latente en el PSOE contra Sánchez puede tener consecuencias reales solo después de la derrota, a la búsqueda de un acomodo de nuevo con el PP como en 2016. Las divisiones entre las fuerzas a su izquierda amenazan con llevar a la abstención a la mitad de sus votantes. Pero la resistencia en una situación de clara adversidad geopolítica puede provocar la presión externa que haga superar estas divisiones, que responden endógenamente a un fin de ciclo político y generacional.

Utilizando un símil deportivo, la etapa no se gana hasta que se cruza la línea de meta, o el partido no se pierde hasta que el árbitro pita el final. Son demasiadas las incertidumbres sobre la situación internacional, ligadas a crisis políticas y a una economía inestable, que muchas cosas pueden pasar y decantar la situación en un sentido u otro. Reconocer que la tendencia sea favorable en la dirección contraria a los intereses de las clases trabajadoras no significa dar por perdida la batalla. Hay bases y elementos para que la resistencia pueda convertirse en una removilización social, política y electoral.

Las protestas en defensa de los servicios públicos, sanidad y educación, ponen en cuestión las políticas de las derechas: movilización sobre los cribados en Andalucía; en Madrid, huelga universitaria y movilizaciones en defensa de la sanidad pública. Masivas protestas en defensa del territorio en Galicia. La ciudadanía valenciana que no ceja de exigir responsabilidades por la inacción política del PP durante la Dana. Las cada vez mayores protestas juveniles contra la presencia de grupos fascistas o la masiva movilización de la juventud por Palestina. No todo se juega por arriba, se necesita una combinación de presión por abajo con iniciativas desde las instituciones y, sobre todo, acabar con la división que solo produce frustración.

Sinpermiso