Jueza del régimen decreta el desalojo de la Corrala Ilusión para el mes que viene

El paradigma hoy día sigue siendo el de gente sin casas y casas sin gente, protección de la propiedad privada sin atender al interés social. Abril de 2013, España. 27% de paro (y subiendo). Millares de personas se suman a las que ya eran pobres antes de la “crisis”. Derechos básicos, reconocidos en las cartas sobre Derechos Humanos, a su vez reconocidas en nuestra constitución, como la alimentación y la vivienda, no son asequibles para buena parte de la población del Estado Español. Un dato en cuanto a la vivienda: a causa de la especulación y la explosión de la burbuja inmobiliaria, hay de 100.000 a 120.000 viviendas vacías sólo en Sevilla, muchas abandonadas. No por menos conocida tan triste realidad deja de ser eso, real.

A finales de noviembre de 2012, 18 familias que no podían acceder a una vivienda, entre ellas menores de edad, mayores de 60 años, personas que en algunos casos estaban arruinadas de por vida (como Rocío) o que habían perdido hasta los muebles (como Vane) decidieron realojarse en un edificio de viviendas vacío que nunca había estado en venta desde su construcción, que ni siquiera tiene hoy día realizada la acometida de luz de la calle al inmueble, que ha permanecido vacío desde que se reformó hace años. Las 18 familias habían pasado por todos los servicios sociales y oficinas de ayuda municipal para el acceso a una vivienda sin obtener ninguna solución; como así lo atestiguan sus informes sociales. Su situación obligaba a preguntarse si vivir en la calle, en condiciones infrahumanas, u ocupar unas viviendas abandonadas.

El edificio que ocuparon pertenece a una pequeña inmobiliaria, Parque Inmobiliario Costa del Sol SL., registrada el 7 de agosto de 2003. El capital social de la entidad ascendía a 6000 € en 2012. Su sede social se encontraba en la calle San Francisco de Roquetas de Mar (Almería), pero los socios principales de Parque Inmobiliaria Costa del Sol, Manuel Periáñez Romero y Manuel Álvarez Tripero, el 13 de enero de 2006, trasladaron el domicilio social de la entidad a la céntrica Plaza Padre Jerónimo de Córdoba en Sevilla. En un piso 2º del bloque número 13 se instalan. El propósito seguir haciendo negocios a su manera en la ciudad sevillana. Ambos han ido tejiendo antes una serie de empresas afines a aquella con las que van urdiendo sus redes y procesos de actuación. Entre ambos se reparten los cargos de liquidador, liquidador solidario, administrador único, apoderado solidario, … en las sociedades Manjesa S.L., Fapsol S.L. y Barajas 29 S.L. (Manuel Carmona, Cómo se gesta una estafa inmobiliaria). Aunque el inmueble esté a nombre de la citada inmobiliaria, durante su construcción y su venta estuvo en manos de otras dos empresas, detrás de todas ellas se encontraban los mismos dos individuos: Manuel Periánez y Álvarez Tripero.

Tras más de dos meses de ocupación ambos socios accedieron a sentarse con portavoces de las familias, pero después cambiaron de estrategia y se ampararon en el Estado de Derecho, que les protege por mano de su abogado, y mantienen una inicial denuncia que ya ha dado sus frutos gracias a su codicia y falta de humanidad. Mientras el edificio, que no es el único de su propiedad de los dos citados, tiene deudas de todo tipo, tanto con entidades financieras desaparecidas como Bancaja como con la Diputación de Sevilla. Decir también que el abogado de la propiedad rechazó una oferta económica de las familias, que habían decidido hacer el esfuerzo necesario para pagar una hipotética renta que atendiese a sus circunstancias.

Las familias, alentadas por el movimiento por la vivienda de Sevilla, en particular por el 15M, habían decidido ocupar el inmueble sito en la calle Lumbreras números 13 y 15 durante el verano y parte del otoño, durante las muchas reuniones que mantiene el 15M. Entraron en el mismo el 22 de noviembre del año pasado y lo hicieron público dos días después con el nombre de Corrala Ilusión. Quisieron hacer público su realojo para llamar la atención sobre la dificultad de acceso a un bien básico como es la vivienda y presionar a las administraciones para que lo resuelvan. Conocían el delito de usurpación, que data de una reforma del mismo realizada con el PSOE en el gobierno en el año 1995 (antes sólo había sido delito en el Estado Español durante la dictadura de Primo de Rivera).

Tras 4 meses viviendo sin suministro de ningún tipo, varias vecinas pasaron por las oficinas del Defensor del Pueblo Andaluz y de la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y, en fin, por el Juzgado de Instrucción donde se les tomó declaración tras haber denunciado la propiedad la ocupación. Por mucho que se dilate la fase de instrucción de este procedimiento penal que, si bien no suele acarrear penas de prisión, sí de multas y los consecuentes antecedentes penales, las familias ya saben que están en otro sitio o en la calle. Y comprenden que la defensa que ejerce el Estado sobre la propiedad privada es mayor que la que realiza sobre la vivienda. Así queda patente desde el momento en que han sido denunciadas por procurarse un techo. La propiedad no ha contestado a los requerimientos del Defensor del Pueblo Andaluz ni de la Junta de Andalucía para sentarse a negociar una solución conjunta.

Así, el desalojo decretado por la jueza del Juzgado de Instrucción nº 3 de Sevilla dejará a las familias en la calle o, en el mejor de los casos, acogidas en casa de familiares o amigos, y la situación dentro de la Corrala empieza a hacerse tensa. El miedo embota la razón y ha habido discusiones, lágrimas y, en general, cunde el desánimo. Algunas vecinas han decidido abandonar la Corrala, por ejemplo en el caso de un vecino que, después de más de 40 años trabajados, ha podido jubilarse y percibir un dinero que le permite a él y su familia pagar de nuevo un alquiler.